Vigilancia masiva y derechos humanos

Sonríe #EstamosVigilando

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Derechos Digitales, FLIP, IDHUCA, y Open Knowledge Brasil nos unimos para proteger a los derechos humanos que pueden verse afectados por el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia sin las salvaguardas, restricciones y controles necesarios.

La pandemia del COVID-19 ha llevado a muchos países de la región a adquirir, desarrollar e implementar estas tecnologías como mecanismos de respuesta al virus. Sin embargo, desconocemos mucho sobre los alcances, eficacia e impactos que pueden tener sobre derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, la igualdad y la integridad. 

Esta información es clave para proteger nuestros derechos. Exigimos que durante la pandemia y en todo momento, la transparencia, la debida diligencia y el acceso a la justicia guíen la adquisición y la  implementación de estas tecnologías como formas de garantizar su uso legal, necesario y proporcional.

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que las tecnologías con capacidad de vigilancia no violen derechos humanos.

 Los Estados deben generar procesos diligentes y garantizar el acceso a la información pública necesaria para fiscalizar la protección de nuestros derechos y permitir el acceso a la justicia. Buscamos promover el uso de los mecanismos de acceso a la información pública para empoderar el control ciudadano sobre la vigilancia llevada a cabo durante la pandemia. 

Para esto, de forma simultánea hemos presentado solicitudes de acceso a la información en Brasil, Chile, Colombia, y El Salvador para conocer los alcances e impactos de las tecnologías utilizadas para responder a la pandemia y sobre los procesos llevados a cabo por los Estados para garantizar que las mismas respeten los derechos humanos. Las respuestas que obtengamos las compartiremos y analizaremos en el sitio

https://www.estamosvigilando-cejil.org/solicitudes/

En el siguiente video, Michelle Bordachar, Analista de políticas públicas de Derechos Digitales comenta las características del proyecto.