Tipo de contenido (Recurso): Incidencia

TLCAN. Sociedad civil internacional exige transparencia y respeto a los derechos digitales

Las organizaciones aquí firmantes defendemos y promovemos las libertades en internet. En los tres países involucrados con el TLCAN -México, Canadá y Estados Unidos- nuestro trabajo se centra en que los usuarios y usuarias de internet tengan derecho a acceder a la cultura y al conocimiento, que disfruten de una red libre y abierta, y que puedan innovar dentro de la misma.

En el contexto de la renegociación de este tratado, nos preocupa el impacto que este puede tener en las funciones críticas de internet y que en última instancia amenace el derecho de acceso a la información, la difusión de noticias, el intercambio cultural y la organización democrática.

Primero que nada, hacemos un llamado para que los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos reformen sustancialmente el proceso de negociación de tratados para hacerlos más transparentes e inclusivos. Consideramos que es inaceptable que las reglas que rigen la vida pública se formulen en foros inaccesibles para los ciudadanos, sin permitir comentarios ni debates al respecto. En específico, exigimos lo siguiente: la publicación de los textos propuestos por cada gobierno antes de las negociaciones, así como los procesos para que miembros del público los comenten; que se publiquen las versiones consolidadas de los textos negociados entre cada ronda y que se anuncie la hora y el lugar de las reuniones principales con suficiente antelación. Además pedimos el establecimiento de grupos de consulta que sean ampliamente representativos tanto de las empresas como del interés público y que estos se comprometan a conducir las discusiones de forma abierta.

Sin estas reformas mínimas, la confianza frente a la conformación de tratados comerciales seguirá en declive. Esto a su vez implica que el contenido de los tratados enfrentará gran resistencia pública por falta de legitimidad en el proceso mismo.

Por otro lado, manifestamos nuestra preocupación porque los tratados comerciales no son mecanismos idóneos para crear políticas y reglas prescriptivas que gobiernen el uso de internet, la innovación, la creación cultural y los mecanismos para compartir contenido. En nuestra era digital, la tecnología se desarrolla más rápido que los mecanismos y reglas comerciales que pronto quedan obsoletos sin reflejar los cambios técnicos y sociales. En la práctica, esto impide que nuestros respectivos gobiernos hagan los cambios que se necesitan en temas tan dinámicos como la propiedad intelectual, lo cual a su vez impacta nuestros derechos a la cultura y a la libertad de expresión.

Sabemos que la tendencia de las reglas de propiedad intelectual en tratados comerciales es endurecer drásticamente las sanciones para favorecer a los titulares de derechos. Estos esfuerzos están encaminados a aumentar los plazos de protección y aplicar duras sanciones penales, sin que exista un contrapeso efectivo que proteja también los intereses de los usuarios.

Creemos firmemente que este tipo de reglas no pertenecen al ámbito de los tratados comerciales, y dado el plazo ambicioso para completar las negociaciones del TLCAN, la inclusión de medidas prescriptivas de este tipo impedirá que los gobiernos busquen consensos públicos para lograr un acuerdo comercial que beneficie a todas las personas.

Si a pesar de esto se decidiera incluir un capítulo de propiedad intelectual en el TLCAN, consideramos que es primordial que los derechos de los usuarios se garanticen de forma equilibrada frente a las demandas de los titulares de derechos. Deben existir mecanismos obligatorios para proteger regímenes de excepciones y limitaciones, de uso justo / uso legítimo y salvaguardas amplias para preservar el dominio público. Adicionalmente, no se deben extender los plazos de protección de derechos de autor que castigan a nuevos artistas y creadores, y no se debe sancionar penalmente la elusión de medidas tecnológicas de protección.

En esta misma línea, las reglas que busquen promover el libre flujo de datos a través de internet o que pretendan reducir las barreras al comercio de productos digitales deben respetar la voluntad de cada país al proteger la privacidad y la seguridad de sus ciudadanos. Esto incluye la posibilidad de poner límites a los flujos transfronterizo de datos y a la protección de secretos industriales.

La renegociación del TLCAN no debe desarrollarse en secreto y tampoco conducir a que las normas de propiedad intelectual se reescriban inclinando la balanza lejos del interés público o socavando una internet libre, abierta e interoperable.

Firmantes

Electronic Frontier Foundation

Creative Commons

OpenMedia

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales

Public Interest Advocacy Centre

Derechos Digitales

Just Foreign Policy

Public Knowledge

Media Alliance

Engine

Data Roads Foundation

Public Citizen (Access to Medicines, Innovation and Information)

Red Mexicana de acción frente al Libre Comercio (RMALC)

Common Frontiers

SPARC

Voices-Voix

May First/People Link

Internet Archive

SonTusDatos (Artículo 12)

STRM

Horizontal

Authors Alliance

Sierra Club Canada Foundation

Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC)

National Family Farm Coalition

Sobre los limitantes a los derechos fundamentales en internet producto del estado de excepción en Venezuela

El pasado 16 de mayo, el Gobierno de Venezuela emitió el Decreto Presidencial N° 2849, que prorroga el estado de excepción en Venezuela, vigente desde mayo de 2016. En esta nueva prórroga se autoriza la vigilancia en internet y el filtrado de contenidos. Esta medida profundiza aún más las restricciones al libre flujo de contenidos en línea, que recientemente ha incluido el bloqueo de medios de comunicación vía streaming, como VivoPlay, VPITV y CapitolioTV. Otras graves tendencias que prevalecen en Venezuela son la agresión de los funcionarios militares y policiales a periodistas y reporteros ciudadanos, y el arresto de ciudadanos a raíz de contenidos publicados en redes sociales.

Esto ocurre en el contexto de un deterioro general de las telecomunicaciones, como consecuencia de la desinversión en el sector durante los últimos 10 años, lo que ha conducido a que Venezuela sea actualmente el país de Latinoamérica con peor calidad de conexión a internet. Sin embargo, frente a la censura enfrentada por los medios tradicionales, internet es también la herramienta indispensable para la libre expresión y el acceso a la información por parte de los venezolanos.

Las medidas tomadas por el Estado venezolano para restringir los contenidos en línea constituyen restricciones a los derechos fundamentales de sus ciudadanos y, como tales, no cumplen con los requisitos mínimos de proporcionalidad, legalidad e idoneidad. El Estado venezolano ha ignorado sistemáticamente las solicitudes de la sociedad civil para conocer la cifra total de sitios web bloqueados; a la fecha, se ha comprobado el bloqueo de 41 sitios web, pero se sospecha la existencia de muchos más. Se desconocen los procedimientos jurídicos y técnicos para determinar y llevar a cabo estos bloqueos.

Este tipo de prácticas afectan el ejercicio de los derechos humanos. En un comunicado conjunto, los relatores sobre libertad de expresión de la ONU y la CIDH repudiaron «la censura y el bloqueo de espacios informativos en medios tradicionales y en Internet». Durante los últimos meses, tres proveedores de televisión por streaming fueron bloqueados sin orden judicial previa. Por otra parte, el Estado ha hecho uso de tecnologías de vigilancia no reguladas que afectan los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como el uso de drones para vigilar y perseguir manifestantes, al mismo tiempo que ha ampliado progresivamente sus potestades para la vigilancia de las comunicaciones en internet, a través de la creación de órganos como el CESPPA.

Además se han implementado mecanismos para la recolección de datos biométricos, sin que los ciudadanos puedan determinar su finalidad ni quiénes tienen acceso a ellos. El discurso gubernamental hacia internet, y específicamente hacia las redes sociales, es preocupante: el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones declaró recientemente que las redes sociales son «un peligro» y una herramienta para «la guerra no convencional» en Venezuela.

La suma de estos factores, agravada por el paso del tiempo y la profundización de la crisis social y política, perfila la creación de un estado de censura, control y vigilancia que afecta gravemente el ejercicio ciudadano de los derechos humanos. El acceso a un internet libre, neutral y de calidad ha sido reconocido internacionalmente como una condición necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión, las comunicaciones y el acceso a la información, y como precondición de la existencia de una sociedad democrática. En este sentido, las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la sociedad civil y académica de la región, fijamos nuestra posición en los siguientes términos:

  1. Expresamos nuestro rechazo a la prórroga del estado de excepción en Venezuela, así como a las restricciones que de ésta se derivan al libre flujo de contenidos en Internet.
  2.  Manifestamos nuestra preocupación ante el creciente deterioro de la infraestructura de acceso a internet y a las telecomunicaciones en Venezuela, cuyo mantenimiento es de vital importancia para la educación, la innovación y la comunicación de los venezolanos.
  3. Recalcamos que el uso e implementación de herramientas tecnológicas, tales como drones y sistemas de identificación biométrica, deben adecuarse a estándares de derechos humanos y no afectar las libertades fundamentales de los ciudadanos, en particular su privacidad y autonomía.
  4. Insistimos en que toda medida que restrinja el libre ejercicio de los derechos fundamentales, tales como los bloqueos de páginas web, deben cumplir con los requisitos mínimos de proporcionalidad, legalidad e idoneidad, y, en consecuencia, deben ser adoptados únicamente por autoridades judiciales en el marco del debido proceso.
  5. Solicitamos que cesen las acciones de hostigamiento y discurso agraviante por parte de funcionarios públicos en la red, en contra de ONG y activistas de derechos humanos, que documentan y denuncian hechos a través de las plataformas digitales.
  6. Exigimos que cese la agresión de los órganos militares y policiales en contra de los periodistas y reporteros ciudadanos.
  7. Solicitamos transparencia en las acciones tomadas para restringir tráfico y contenidos en internet, y pedimos que se dé respuesta a las solicitudes de información pública entregadas por la sociedad civil con respecto a las prácticas de bloqueo y filtrado de contenidos llevadas a cabo por la administración pública.

Suscriben:

Derechos Digitales
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
Acceso Libre (Venezuela)
(DTES-ULA) Dirección de Telecomunicaciones y Servicios de la Universidad de los Andes
Venezuela Inteligente
Public Knowledge
Access Now
Espacio Público (Venezuela)
Hiperderecho (Perú)
Son Tus Datos (México)
Alfa-Redi (Perú)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
IPANDETEC (Panamá)
Sursiendo, comunicación y cultura digital
Red en defensa de los derechos digitales, R3D (México)
Global Voices Advox
Asuntos del Sur
Internet Sans Frontières (Internet Without Borders)
Center for Media Research – Nepal
Index on Censorship
Artículo 19 (Brasil y Sudamérica)
Observatorio de DDHH de la Universidad de los Andes (Venezuela)
Consejo de Tecnologías de la Información y Comunicación Académica de la Universidad de Los Andes (CTICA – ULA)
EsLaRed
Digital Rights Watch
Fundación Karisma (Colombia)
Witness

 

 

Sociedad Civil de América Latina rechaza software espía de Hacking Team

El domingo 5 de julio se expusieron públicamente 400GB de información de la empresa italiana Hacking Team, dedicada a la comercialización de software de espionaje a gobiernos. Los documentos incluyen facturas, correos electrónicos, datos fiscales, código fuente, entre otros archivos. Las revelaciones permiten entender los alcances a nivel global de Hacking Team, una compañía que fue catalogada en 2013 por Reporteros Sin Fronteras como uno de los “enemigos de Internet”.

El software de espionaje comercializado por Hacking Team, conocido también como DaVinci o Galileo, es un programa que infecta los dispositivos de la persona atacada, permitiendo sustraer datos, mensajes, llamadas y correos. El atacante también obtiene acceso al micrófono, cámara y teclado para registrar imágenes, audio o cualquier otra actividad sin conocimiento de la persona afectada.

En la filtración se halló que seis países de América Latina son clientes de Hacking Team: Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá. Dependencias como la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Secretaría de Inteligencia de Ecuador (SENAIN)  la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia (DIPOL) o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México (CISEN) han adquirido licencias de software de control remoto (RCS) a la empresa italiana. En el caso de México, se identificaron hasta 14 contratos individuales con la compañía, por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales, algunos de ellos sin facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas. 

Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina rechazamos la venta y adquisición de estos programas de vigilancia, que sin controles adecuados, ponen en riesgo los derechos humanos de la región, por los siguientes motivos:

1.El proceso de compra ha sido realizado con total opacidad. Exigimos que los Estados involucrados realicen esfuerzos para asegurar la transparencia de sus actividades de inteligencia, en particular relativos a la compra y tipo de utilización efectiva de tecnologías que permiten vigilancia informática, ante la posibilidad real de que este software esté siendo utilizado para espiar a activistas y disidentes sin causa justificada. En 2013, la firma Kaspersky ya demostró que DaVinci fue usado para el espionaje de activistas políticos en el Medio Oriente.

2.Debido a los bajos estándares de control legal en la adquisición y uso de las tecnologías de vigilancia en la región, se necesita una discusión abierta en los Congresos nacionales acerca de las leyes que rigen y regulan las actividades de vigilancia, sometidas al escrutinio público. Ante la posibilidad técnica de que estas actividades pongan en riesgo derechos humanos, estas legislaciones deben reflejar los estándares más altos y sujetar las acciones de los organismos de inteligencia a la autorización previa de un organismo judicial imparcial e independiente.

3.Las labores de vigilancia de los gobiernos deben regirse bajo el principio de proporcionalidad, agotando todas las instancias legales posibles antes de violar la privacidad de un individuo. Se debe abogar por las medidas menos intrusivas y por la existencia de puntos de control estrictos. De lo contrario, no solo se violenta el derecho a la privacidad, sino que se atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de circulación y de asociación; así como el completo ejercicio de los derechos humanos.

La empresa Hacking Team y los gobiernos involucrados son responsables de dicho espionaje en la esfera internacional. Exigimos que las empresas tengan como prioridad el respeto de los derechos humanos y no los contratos de prestación de servicios con gobiernos opresores y abusivos. A los Estados, exigimos que respeten los derechos humanos de sus ciudadanos, cesen dichas prácticas ilegales de vigilancia y transparenten el objetivo de la compra de software, el presupuesto público gastado en cada caso y las garantías tanto legales como procedimentales para evitar la violación masiva de derechos.

Adhieren:

Asociación por los Derechos Civiles (Argentina)

Artículo 19 (México y Centroamérica)

ACI-Participa (Honduras)

Contingente MX (México)

Derechos Digitales (América Latina)

Enjambre Digital (Mexico)

Electronic Frontier Foundation

RedPato2 (Colombia)

R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales (México)

Fundación Karisma (Colombia)

Hiperderecho (Perú)

Asociación para el Progreso de las Comunicaciones

Data Uruguay (Uruguay)

Tedic (Paraguay)

Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia)

Fundación Datos Protegidos (Chile)

Declaración pública a propósito del proyecto de ley de medios digitales

Respecto de los proyectos de ley 9460-19 y 9461-19, actualmente en trámite en el Congreso Nacional, que pretenden modificar la ley 19.733 “Sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo”, queremos precisar lo siguiente:

  • Los proyectos de ley no resuelven ningún problema relevante de la actual ley 19.733, sino por el contrario: su redacción la hace aplicable a medios electrónicos muy diferentes a los diarios electrónicos que, aparentemente, se quiere regular.
  • La ley 19.733 requiere una urgente actualización a la realidad de los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo en Chile, incluyendo a los medios digitales. Estos proyectos no  modernizan la normativa ni mejoran el estado actual de la libertad de expresión en el país.
  • La llamada «Ley de medios digitales” es técnicamente deficiente: imposible de implementar en la práctica, su redacción es vaga y amplia, pues no distingue entre diarios electrónicos y otro tipo de publicaciones en Internet, haciéndolos homologables a cualquier plataforma en la red, afectando el ejercicio de la libertad de expresión.
  • Como entendemos que la intención de los señores parlamentarios es mejorar la situación de los medios digitales profesionales y no afectar la libertad de expresión en Internet, es necesario que se discuta una modificación sustantiva a la ley 19.733, la que debe realizarse de manera amplia, con todos los interesados, en un diálogo abierto y democrático en el que estamos abiertos en colaborar.
  • Internet es una plataforma que ha sido fundamental en los últimos años para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de manera abierta y plural. Es clave garantizar que la red siga siendo un espacio para el florecimiento de discursos y contenidos críticos.
  • Es por todo lo anterior que solicitamos a la Cámara de Diputados retirar los boletines 9460-19 y 9461-19, para mejorar sustantivamente su articulado, de manera de no estorbar, sino favorecer, la libertad de expresión en Internet.

 

 

Colegio de Ingenieros de Chile AG

Colegio de Bibliotecarios de Chile AG

Salvador Millaleo, Director de Investigación Facultad de Derecho Universidad de Chile

Alejandro Barros, ex director ejecutivo de la Estrategia Digital de Chile

ONG Derechos Digitales