Otros datos

Hoy más que nunca sabemos que los datos son una herramienta poderosa. Permiten visibilizar las dimensiones de los problemas sociales, transparentar las gestiones institucionales y medir el impacto de las acciones ciudadanas. A nosotras, el acceso a datos claros y confiables nos permite tomar decisiones más conscientes e informadas. Pero los datos son también, hoy más que antes, un objeto de valor, la moneda de cambio de los negocios que durante la pandemia se han vuelto más centrales y necesarios.

Hace pocos días, la organización Ciudadanía Inteligente publicó el informe “¿Qué tanta información están entregando los gobiernos latinoamericanos sobre COVID-19?”. Colombia aparece en el primer lugar y México en el segundo, lo cual significó que algunos medios reconocieran la buena actuación gubernamental. Pero al mismo tiempo generó polémica, pues el informe se limita a evaluar la cantidad de datos disponibles, pero no hace mención a la relación entre cantidad de datos y cantidad de pruebas realizadas, por ejemplo, lo cual supone una brecha que redunda en la percepción ciudadana sobre las dimensiones del riesgo.

Y es que la manera como se producen los datos es otro problema más complejo. A comienzos de mayo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, declaró que durante el confinamiento no necesariamente aumenta la violencia intrafamiliar, ya que “tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia”, y declaró luego que “el 90 %» de las llamadas sobre maltrato son «falsas»”. Frente a estas y otras declaraciones oficiales se creó la campaña #NosotrasTenemosOtrosDatos, para exigir respuestas contundentes de parte del gobierno, en la prevención y actuación efectiva contra la violencia hacia las mujeres, los niños y las niñas.

Durante la cuarentena, más de 347 mujeres han sido asesinadas en México, los ingresos de mujeres a refugios han aumentado en un 50% y 8 de cada 10 mujeres no han denunciado la violencia que enfrentan. Y si bien durante el pasado mes de abril en la Ciudad de México las investigaciones penales por violencia familiar bajaron un 20% respecto del año anterior, comparando en los mismos periodos, las llamadas a la Línea Mujer por violencia familiar aumentaron un 97%.

Aunque existan iniciativas gubernamentales para responder al aumento de la violencia contra las mujeres, es muy pobre el balance sobre su efectividad e impacto. En Chile, durante el mes de abril, las denuncias por violencia intrafamiliar se redujeron en casi todas las regiones, con respecto al mismo periodo del año anterior. Frente a este hecho, se implementaron líneas de atención telefónica y vía chat. Y, reconociendo las limitaciones de acceso que pueden tener las mujeres para denunciar, también se implementó una medida de ayuda que consiste en utilizar una clave en las farmacias -pedir una “mascarilla 19”- para levantar una alerta con las autoridades.

A pesar de la enorme promoción que se hizo de esta iniciativa, que también ha sido implementada en otros países, de acuerdo a lo que han denunciado algunas organizaciones, en la práctica muy pocas farmacias tienen información sobre dicho mecanismo de alerta. Esta situación no solo desincentiva la denuncia sino que puede significar mayor riesgo para cada mujer que intenta levantar una alerta y recibe una respuesta negativa de parte de quien la está atendiendo.

En Bogotá, Colombia, desde que comenzó la cuarentena obligatoria nacional el pasado 24 de marzo, también se implementó un sistema de alerta en farmacias, mercados y estaciones de gasolina, aunque hasta ahora no hay un balance oficial de la medida. Además se creó una ruta de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio durante la emergencia del Covid19 con distintos mecanismos de denuncia a nivel local y distrital, que incluye la Línea Púrpura, de atención telefónica gratuita y a través de WhatsApp, las 24 horas.

Aunque existe desde 2015 como una línea para que las mujeres sean escuchadas por mujeres, desde noviembre de 2019 el sistema de la Línea Púrpura permite llevar un “registro de las llamadas atendidas, perdidas o no respondidas, abriéndose la opción de devolverlas” y además es posible grabar “las llamadas, lo que posibilita una respuesta integral ante las autoridades judiciales y administrativas en caso de requerir las conversaciones como elementos probatorios”. Si bien esta parece una buena noticia, resulta frustrante la ausencia de datos disponibles sobre cómo ha sido la respuesta institucional hasta el día de hoy, y específicamente durante el la cuarentena obligatoria.

En respuesta a la poca transparencia, y a la efectiva dificultad que enfrenta una mujer para acceder a apoyo estatal en casos de violencia, en Bogotá se creó la Red Solidaria de Mujeres, una línea de atención durante la emergencia ocasionada por el COVID-19, que funciona a través de WhatAapp. De acuerdo con los datos publicados por ellas mismas en su sitio web, hasta el día de hoy han dado apoyo jurídico, asistencia psicosocial, asesoría de rutas y auxilio material a 137 mujeres en 15 de las 20 localidades del Distrito Capital.

Pero más allá de los datos concretos, tanto movimientos como instituciones a nivel mundial han alertado sobre cómo las medidas de confinamiento propician un aumento en la violencia contra las mujeres, un problema que no es nuevo y no es menor. Solo en México, tanto las movilizaciones feministas de los últimos años como la emergencia de respuestas solidarias durante la pandemia son una muestra clara de las dimensiones del problema y la urgencia con que debe ser atendido y erradicado. La experiencia es similar en países como Chile o Colombia, donde quizás las últimas movilizaciones masivas que presenciamos antes que empezaran las medidas de confinamiento fueron precisamente las del 8 de marzo feminista.

Ahora que hablamos de datos y cómo nos permiten visibilizar un problema al cuantificarlo, vale decir que la cuantificación está en los detalles, y cuando hablamos de violencia, los detalles pueden también ponernos en riesgo. Por eso es necesario preguntarse quién, cómo y dónde se colectan esos datos, y para qué exactamente. Para el movimiento Data for Black Lives, frente a los sistemas de opresión impuestos “los datos son protesta, los datos son responsabilidad y los datos son acción colectiva”. Por eso han hecho un minucioso monitoreo de los datos oficiales disponibles, complementado con las voces de personas negras expertas en epidemiología, política, activismo y organización social.

Cuando hablamos de mujeres nos referimos a muy diversos tipos de mujeres y necesitamos encontrar maneras para que los datos no nos homogenicen ni nos invisibilicen. Ningún dato es neutral, como no son neutrales las narrativas ni las acciones de quienes capturan, procesan y publican datos. Durante la cuarentena en Bogotá se implementó una medida de Pico y Género que, de acuerdo con la administración distrital, resultó ser muy positiva para la prevención del contagio. Pero los datos parecen poco confiables y en últimas, como han reclamado muchas organizaciones, significó un aumento en la -tradicional- violencia institucional contra personas trans y no binarias en las ciudad.

Ante la enorme cantidad de datos que se producen, agregan y visualizan cada día, en estos tiempos de COVID-19 y big data, hagamos que los datos trabajen para la erradicación de todas las formas de violencia y opresión, porque no es lo mismo cruzar variables que mirar los problemas de manera interseccional.

#DíaDeInternet: Aquí también hacemos frente a la(s) violencia(s)

Hoy es 17 de mayo y celebramos el día de internet, pero también hoy se conmemora el “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”. En América Latina hoy es un día en el que vale la pena reflexionar sobre las experiencias de las víctimas de violencia de género que han tenido que sobrellevar sus manifestaciones también en los entornos digitales.

En distintos países de la región, la violencia de género existe de forma intrínseca a las estructuras que sostienen las sociedades que habitamos: sociedades que se basan en códigos hegemónicos, conservadores, con sesgos y con impunidad respecto a una serie de violencias que se han normalizado históricamente. Estas violencias no se han quedado en la cotidianidad de los espacios físicos, sino que se han trasladado a los entornos digitales donde se replican estrategias para intimidar, censurar, amedrentar e incluso ejercer acciones de desprestigio y/o exposición de información sensible con consecuencias fatales para las personas que son atacadas.

El discurso de odio y las vulnerabilidades que radican en las plataformas digitales implican que la participación de quienes pertenecemos a estos grupos esté acompañada de un riesgo inherente a la expresión de nuestras opiniones, preferencias e identidades que son usadas como punto de referencia para quienes aún propagan el rechazo de la diversidad; la diversidad que existe y resiste en cada una de las personas que aún luchan por vivir libres, sin miedo y sin ser sometidas a prejuicios anacrónicos.

La existencia de la diversidad no es un tema a discusión. La realidad misma es diversa, está compuesta por un sinfín de perspectivas que se entrelazan para sostener los sistemas que dan sentido a lo que se manifiesta en nuestras sociedades; así como opera la “red de redes”, en nuestras sociedades diversas -pero aún no incluyentes- también hemos creado redes de resistencia en las que sostenemos a nuestras comunidades: donde nos informamos, compartimos, nos retroalimentamos y acompañamos frente a los retos que implica pertenecer a comunidades históricamente señaladas por “ser diferentes”.

Inclusión en internet

Internet es clave para el acceso a información, pero también es clave para la existencia de distintas iniciativas de apoyo fundamentales para quienes viven en contextos donde se impone la represión de su identidad como mecanismo de supervivencia frente a las violencias que el entorno ejerce en su contra. La participación de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en los espacios sociales, también en internet, es fundamental para permitir que esta(s) comunidad(es) formen parte de la construcción del mundo que queremos habitar. Censurar las expresiones de identidad, género y diversidad es coartar la posibilidad de transitar hacia entornos incluyentes donde genuinamente la libertad de expresión pueda habitar sin represalias.

Para identificar las violencias, nombrarlas, denunciarlas y hacerles frente es necesario tener acceso a información y redes de apoyo; para desactivarlas es necesario que logremos desarrollar sociedades incluyentes, donde la diversidad sea un elemento de construcción y no un reto en el que la identidad y seguridad de las personas se ponga en entredicho. Celebrar y potenciar la visibilidad de las identidades sexogenéricas y unirnos para erradicar las violencias en torno a la diversidad sexogenérica es una tarea que nos involucra a todas las personas, pues este tema está enraizado en los sesgos que alimentan las estructuras que han fomentado las violencias misóginas, raciales, capacitistas e incluso el prejuicio hacia las personas neurodivergentes.

Para llevar a acabo esta tarea es necesario escuchar a quienes forman parte de estos grupos, ya que son sus experiencias las que podrán alimentar las propuestas en torno a las medidas que podemos tomar como sociedad para responder a los llamados de apoyo que externen quienes enfrentan este tipo de discriminación en contextos tan plurales como los que habitan nuestra región.

En el contexto de la pandemia que enfrentamos, la violencia doméstica representa un riesgo sumamente delicado para quienes han tenido que llevar el confinamiento en espacios donde también reciben agresiones constantes por su identidad sexogenérica. Frente a esto, el Hackerspace Marialab de Brasil publicó una guía para denunciar la violencia doméstica en portugués; esta iniciativa fue retomada por Florencia Goldsman y Graciela Nathanson para desarrollar una versión adaptada al español, disponible aquí.

Como en muchos otros temas que analizamos a través de la lente de la defensa de derechos humanos en los entornos digitales, no hay una forma sencilla de abordar esto; pero aquí cabe hacer un llamado hacia apelar a la empatía, hacia cuestionar los prejuicios y sus orígenes y ejercer la escucha activa de quienes valientemente han alzado la voz para compartir sus experiencias como víctimas y sobrevivientes de las violencias que aún existen hacia quienes cuestionan lo que se ha impuesto hegemónicamente en nuestras sociedades.

¡Libres y sin miedo, también en internet!

La otra crisis: cómo el COVID-19 se está utilizando en Brasil para despojar a las poblaciones más vulnerables de sus derechos

Brasil es actualmente el sexto país del mundo en número de víctimas del COVID-19, con más de 13 mil muertes hasta el momento.La manera como el presidente brasileño ha respondido al avance del coronavirus en el país ha llamado atención internacional. Como si no bastara con la sostenida negación de la gravedad de la enfermedad y la falta de compasión con las más de 10 mil víctimas y sus familias, Jair Bolsonaro insiste en hacer apariciones públicas contrariando las recomendaciones de aislamiento social de las expertas en salud y los gobiernos locales. Al avance del COVID-19 se suma una crisis política que incluye la dimisión de dos ministros – incluso el ministro de salud responsable por las primeras respuestas a la pandemia – y una denuncia de intentar manipular la policía federal en beneficio personal.

Menos transparencia, más intrusión

A pesar de las declaraciones del presidente en contra de la cuarentena y a favor de dudosas soluciones al COVID-19, en su ya tradicional estrategia de polarización política, el Gobierno Federal no ha perdido la oportunidad de usar la emergencia de salud para atentar contra los derechos conquistados. El 23 de marzo, por medio de una medida provisional, ha intentado restringir los mecanismos existentes de transparencia y acceso a la información al suspender por tiempo indeterminado los plazos máximos de respuesta a solicitudes a instituciones públicas. La acción fue considerada desproporcionada e inconstitucional por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y terminó anulada por la Suprema Corte Federal.

Mientras intenta ocultar sus acciones del ojo público y se muestra incapaz de ofrecer informaciones oficiales de calidad sobre el avance de la crisis, el gobierno busca obtener más poderes sobre los datos personales de la ciudadanía. Nuevamente aprovechando la emergencia de salud, por medio de otra acción unilateral, ha retrasado la entrada en vigencia de la primera ley de protección de datos del país para mayo de 2021 – casi un año después de lo inicialmente previsto.

La acción dialoga con el intento del gobierno de apoderarse de información privada por medio de una medida provisional del 17 abril que autorizaba el acceso de la autoridad estadística nacional a datos telefónicos de millones de personas. Según el texto, las empresas telefónicas deberían entregar el nombre, número de teléfono y dirección de todos sus clientes para facilitar la realización de encuestas en el período de emergencia de salud pública. La reacción fue inmediata, con la presentación de cinco acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que rápidamente decidió por suspender sus efectos. La mayoría de los ministros entendió que la transferencia de los datos de empresas telefónicas viola el derecho a la intimidad, vida privada y secreto de datos previsto en la Constitución.

Aunque algunas medidas hayan sido acertadamente anuladas por el Poder Judicial, estas se contraponen directamente a las recomendaciones de expertas y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, con respecto a que “cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria”.

Sin límites para vigilar

La ausencia de una respuesta coordinada de parte de la autoridad federal ha dejado la responsabilidad de desarrollar estrategias para contener el avance del COVID-19 a los estados de la unión. A pesar de algunas variaciones en la rigidez de las medidas de aislamiento social, las soluciones adoptadas combinan restricciones de movilidad con monitoreo y control tecnológico.

Cuando se trata del uso de datos de conexión a la red celular, la municipalidad de Rio de Janeiro fue pionera en establecer un acuerdo con una operadora para identificar flujos de movimiento. La estrategia se complementa con el uso de drones para emitir alertas en caso de aglomeraciones en la ciudad, que cuenta con un aparato de vigilancia heredado de los megaeventos deportivos realizados en Brasil. El estado de São Paulo también estableció una alianza que involucra no a una, sino a todas las empresas de telefonía celular operando nacionalmente. Siguiendo su ejemplo, hasta fines de abril 15 estados y dos ciudades habían buscado soluciones similares.

Otras localidades han obtenido informes de movilidad basados en datos de geolocalización ofrecidos por una empresa especializada en su recolección y uso para fines de vigilancia y publicidad. La empresa, una start-up nacional llamada In Loco, dispone de una base de datos de alrededor de 60 millones de dispositivos monitoreados por medio de códigos incorporados en aplicaciones de celular. Además de calcular índices de aislamiento social, la solución permite alertar personas individualmente en caso de que se identifique un nivel de movimiento superior a la media esperada.

Llama la atención la adopción de estrategias que pueden facilitar acciones discriminatorias. En Florianópolis, por ejemplo, el sistema implementado permite notificar por SMS a las habitantes de una región si una persona en las cercanías de su casa fue diagnosticada con COVID-19. Este tipo de alerta puede incentivar intentos por ubicar el caso o levantar sospechas que lleven a actos de exclusión. La herramienta fue desarrollada por un grupo de empresas locales de tecnología y usa datos de la municipalidad para identificar a quien destinar los mensajes. La solución permite suponer que las empresas tienen acceso a informaciones sensibles, como la identificación y dirección de personas infectadas, lo que también es preocupante debido al desconocimiento de potenciales usos futuros de los datos y sus consecuencias.

Un grupo adicional de aplicaciones ha sido lanzado por estados y municipalidades para brindar información a la población y permitir el autodiagnóstico. Este tipo de solución también busca apoyar al Estado a identificar y hacer una estimación de los nuevos casos en un contexto de escasez de tests. Un estudio desarrollado por InternetLab muestra preocupantes niveles de intrusión de algunas aplicaciones de este tipo y sus deficiencias en términos de consentimiento, necesidad, transparencia y seguridad.

Una crisis más allá de la salud

La falta de transparencia sobre los términos de las alianzas público-privadas detrás de gran de parte de las iniciativas de monitoreo mencionadas tiene como consecuencia la ausencia de garantías expresas de que los datos no serán utilizados para otros fines o de que medidas suficientes de seguridad serán implementadas. En el caso de São Paulo, incluso hay sospechas de que el acceso a la información de datos de celular por parte del gobierno se inició antes de la firma del acuerdo con las empresas.

Sumada a la postergación de la ley de protección de datos personales y la ausencia de una autoridad nacional de protección de datos hasta la fecha, se abre el margen de posibilidad de abusos por agentes públicos y privados, dejando la población más vulnerable aún más expuesta a la discriminación durante y después de la pandemia. Es decir, lejos de ser una crisis que golpea a todos por igual, la crisis de gobernanza y de protección de derechos que ha producido la acción conjunta de estados y empresas ha asegurado que los mayores perjudicados sean las personas más vulnerables del país.

Como hemos señalado anteriormente, “necesidad, adecuación y proporcionalidad en la respuesta tecnológica es lo que separa una crisis de salud global de una renuncia de los derechos fundamentales, tejido básico de sociedades como las nuestras, que se han jugado su sangre e historia por escapar del autoritarismo y garantizar una vida digna para todos”. La ausencia de esos criterios también puede ser, y es, literalmente fatal. Las víctimas no se distribuirán uniformemente en la sociedad brasileña. Ellas ya tienen género, color y lugar de origen.

¿Pero qué necesidad? La filtración de datos de salud del MINSAL no es una contribución a la transparencia en política pública

Con consternación y mucha preocupación hemos visto como el periódico digital Interferencia ha publicado hoy información georreferenciada sobre las personas que dieron positivo al examen de COVID-19. Se trata de una serie de mapas de distintas comunas de la región metropolitana con información verídica, confirmada por el Ministerio de Salud (MINSAL), y actualizada a la semana pasada, que señala la ubicación de quienes están o han estado en tratamiento contra la enfermedad. Si bien no figuran las direcciones completas, sí aparecen señaladas las calles y la altura aproximada de las viviendas de las y los pacientes, que permite inferir con bastante precisión su localización. Se trata de una situación gravísima, que pone de manifiesto problemas de seguridad en el manejo confidencial de información sensible que deben ser resueltos del modo más expedito, y ejerciendo todas las facultades que otorga la ley para sancionar y enmendar el daño causado.

En primer lugar, la filtración deja al descubierto los negligentes mecanismos de control con los que el Ministerio de Salud protege información sensible que la ley le obliga a resguardar con confidencialidad. De acuerdo con lo declarado por el mismo medio de comunicación, “ni siquiera los Seremi de Salud pueden acceder abiertamente a esta información”, por lo que no se explica cómo Interferencia no solo accede a los datos, sino que además los publica. Esto da cuenta de un problema grave de seguridad del MINSAL, que requiere no solamente una explicación detallada respecto al problema y sus soluciones, sino además sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables.

De igual forma, existen responsabilidades en el medio de comunicación, quienes de forma completamente irresponsable y carente de ética profesional han divulgado información altamente sensible, con resultados potencialmente devastadores para las personas afectadas. De manera sumamente indolente el medio declara:

“La información disponible en esa Base de Datos reservada del Minsal permite ubicar la dirección exacta de una persona que dio positivo en el examen de Covid-19. INTERFERENCIA tuvo a la vista esos mapas ultra detallados, pero decidió no publicar ese nivel de detalles. ¿Por qué? Para evitar peleas entre vecinos o actos de discriminación en contra de comunidades inmigrantes, donde el Coronavirus está causando estragos.
¿Tiene relevancia publicar esta información? Desde luego que sí, toda vez que la transparencia en los datos puede informar a expertos y encargados políticos para estudiar o aplicar medidas que ayuden al país a contener esta crisis”.

Interferencia, en su intento por dar un golpe periodístico, no solamente ha decidido ignorar las directrices editoriales que deben regir la cobertura de la crisis, sino que posiblemente no las comprenden, y eso es sumamente grave. No publicar el detalle de la información no es una muestra de cortesía por parte del medio, sino un imperativo ético y legal pues, tal como indica Edison Lanza — Relator para la Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— no existe en ello un interés público prevalente.

En una nota aclaratoria publicada posteriormente, Interferencia declaró que los puntos señalados en el mapa habían sido movidos “entre 50 y 100 metros de su lugar original hacia direcciones aleatorias”, de modo que, además de poner en riesgo a una cantidad importante de personas, la información proporcionada además es poco fiable y pone en riesgo adicional a más personas.

Por otro lado, la nota incurre en un error conceptual: la comunidad científica ha reclamado mayor acceso y transparencia de las cifras relacionadas con el COVID-19, pero esta información debe entregarse de forma anonimizada y con el debido tratamiento para el análisis estadístico de los datos. No se necesita la identidad y dirección de cada infectado para hacer políticas públicas.

Es importante recalcar que el acceso a la información por parte de personas no facultadas legalmente para ello es responsabilidad del MINSAL, no del medio. Interferencia es responsable de la divulgación de información sensible y por ello debe responder de acuerdo con lo establecido en la ley.

El combate al COVID-19 requiere de medidas excepcionales, pero no pueden llevarse a cabo sin consideración por el respeto a los derechos fundamentales. Del mismo modo, la acción de privados que tienen una responsabilidad social, como es el caso de los medios de prensa, debe hacerse de manera consciente y considerada con los derechos de las personas sobre quienes se informa: la necesidad de informar en tiempos excepcionales no es excusa para difundir información veraz cuando esa difusión trata de cuestiones sensibles. La información referente al estado de salud de las personas, más todavía en un contexto de pandemia, es sumamente delicada, pues las podría exponer a distintas formas de discriminación, tanto en el presente como en en el futuro. Algunas de ellas ya las hemos padecido: vecinos incómodos con la presencia de funcionarios de la salud o contagiados en sus edificios, condominios o barrios, a las que podrían sumarse o acciones de discriminación en oportunidades de empleo basadas en el desarrollo de anticuerpos o la determinación de primas de salud futuras por posibles secuelas, entre muchas otras.

Por último, este episodio vuelve a recalcar la importancia de que las instituciones implementen medidas técnicas y disposiciones organizacionales enfocadas a la seguridad y la confidencialidad de estos datos sensibles. En adelante deberíamos discutir como transparentar información que es realmente útil para entender la evolución de la pandemia como número de tests negativos y positivos, o tiempo de demora en la comunicación de resultados, y dar más acceso a los datos estadísticos o correctamente anonimizados cuando sea oportuno, pero en caso alguno entregar aquellos datos personales y sensibles de la población que la sitúa en riesgo severo de discriminación.

¿A qué hora hablamos de derechos humanos en México?

Desde finales de 2019, en México se han impulsado una serie de propuestas en materia de políticas públicas para transformar algunos de los marcos legales que regulan lo que sucede a través de las plataformas digitales.

Algunas de estas propuestas tienen que ver con temas técnicos, como la gestión de tráfico y la neutralidad de la red; otras tienen que ver con temas cercanos a las industrias de entretenimiento y comunicación, en cuanto a la producción de contenidos audiovisuales nacionales. Y otras se enfocan en el aspecto económico del acceso al conocimiento.

Sin embargo, lo que todas estas iniciativas tienen en común es una serie de presunciones problemáticas que ponen en entredicho el ejercicio de derechos fundamentales, a partir de una serie de sesgos que reducen problemas complejos a discusiones donde pareciera que los únicos intereses a defender son los de las empresas y que lo único importante es el control que el Gobierno podría ejercer sobre el derecho a la libertad de expresión.

Anteproyecto de lineamientos sobre gestión de tráfico en internet

Como ya abordamos en un análisis previo, la propuesta del “Anteproyecto de lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet” tiene la particularidad de ir contra la neutralidad de la red, poniendo en riesgo este eje fundamental para la democratización de contenidos y habilitando la posibilidad de que se articulen mecanismos de censura que también atentan contra el derecho a la privacidad.

Organizaciones locales han puesto en marcha la campaña #SalvemosInternet, que a la fecha ha recabado más de 120 mil comentarios que prueban el descontento de la ciudadanía con las amenazas a la neutralidad de la red que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) busca legitimar.

Desde la apertura de la consulta pública sobre los lineamientos, en diciembre de 2019, el IFT no ha propuesto ni participado en los diálogos multidisciplinarios y abiertos promovidos por las organizaciones detrás de la campaña #SalvemosInternet. El cierre de la consulta se ha postergado en tres ocasiones, siendo mayo 18 -un día después del día de internet- la última fecha anunciada para esto. Aún no hay claridad respecto a las medidas o propuestas alternativas tras la recepción negativa del anteproyecto.

Dictamen sobre los catálogos de los servicios restringidos de audio y video por internet

El “Dictamen de las comisiones unidas de hacienda y crédito público, y de estudios legislativos, segunda, correspondiente al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, en materia de plata formas digitales” propone incentivar la producción audiovisual nacional y robustecer los medios para su difusión. Sin embargo, la forma en que se busca implementar estas intenciones son sumamente preocupantes y permite que se articulen mecanismos que -lejos de fortalecer el acceso a la cultura- repercturirían en la diversidad de contenidos a los que podemos tener acceso a través de las plataformas digitales en el país.

Como apuntó Vladimir Cortés en su análisis sobre el dictamen, “el Estado no es el único actor cuando se refiere al entorno digital”. Para encontrar medidas que cumplan con lo que esta propuesta —en teoría— busca lograr, es imprescindible establecer diálogos interdisciplinarios que involucren la participación de las distintas partes interesadas; más allá de las industrias y los entes gubernamentales, es necesario abrir el foro a quienes conforman la academia, los gremios artísticos y promueven la defensa de derechos humanos para evitar sesgos que pongan en riesgo los entornos que habilitan la libertad de expresión y el acceso a la información.

Iniciativa para establecer compensaciones económicas por copia privada

La “Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de remuneración compensatoria por concepto de copia privada” busca promover un marco jurídico que contemple los impactos de las tecnologías en las ganancias de algunas industrias creativas, apelando a una exacerbación de un problema que se ha simplificado como una falsa correlación entre una cuotas adicionales por el uso de dispositivos digitales —independientemente del uso que le den sus usuarios finales— y el fortalecimiento económico de una industria amenazada por una serie de controversias al interior del Gobierno.

Ante esta propuesta, organizaciones como R3D, Creative Commons México, Wikimedia México y Artículo 19 se han movilizado en torno al denominado #MocheDigital, publicando un comunicado donde exponen los motivos que hacen tan conflictiva esta propuesta para el interés público y los derechos de acceso tanto al conocimiento como a las tecnologías de la información.

¿Quién vela por los derechos humanos?

Actualmente nos encontramos en un contexto donde no es poco común escuchar el impacto de lo que la OMS ha determinado como infodemia, frente a la gran exposición que tenemos a los medios masivos de difusión de información. Sin embargo, esta auto-exposición responde a una necesidad de encontrar algo que pueda darnos certeza en medio de las incertidumbres desbordadas que enfrentamos.

Proteger el derecho a la información es esencial para fomentar el desarrollo de las personas, pero también para permitir que en el intercambio de esa información -a través de la libertad de expresión y el acceso a plataformas para ejercerla- se enriquezcan las propuestas colectivas que, eventualmente, llevarán a la innovación y a la retroalimentación cultural.

Coartar alguna de estas libertades y derechos es poner en riesgo el tejido social, afectado además por la crisis que enfrentamos, donde la desinformación y las brechas sociales potencian la vulnerabilidad de los grupos históricamente marginalizados. No podemos permitir que se aprovechen estos momentos altamente complejos para pasar medidas que se convertirán en mordazas. Es de suma importancia llamar la atención y que propuestas como las descritas anteriormente en México o las que se están observando en países como Colombia y Perú no pasen desapercibidas en medio de todos los temas delicados y complejos que acaparan la atención “en tiempos de COVID-19”.

El respeto a los derechos humanos no puede estar menguado por medidas de emergencia. La defensa de los derechos de acceso a la información y a las tecnologías, la libertad de expresión y la privacidad es la garantía que realmente necesitamos para sortear esta crisis que enfrentamos a nivel mundial, si queremos comenzar a construir la “nueva normalidad” que habitaremos cuando salgamos de esto.

La pandemia de COVID-19 y la pulsión por la vigilancia estatal

Desde hace semanas, hemos visto cómo gobiernos mundiales, incluidos los de América Latina, han comenzado a utilizar información de teléfonos móviles y de aplicaciones para teléfonos móviles con el propósito de controlar la expansión de COVID-19 en sus países, fundamentalmente a través de aplicaciones para smartphones. Aunque muchos de los esfuerzos gubernamentales coinciden en carecer de suficiente legitimación y de resguardos de derechos fundamentales, el pánico aparente se convierte en el caldo de cultivo para medidas inidóneas y abusivas.

En un contexto de emergencia global, el problema que surge no es una cuestión solamente del respeto a los derechos en una situación excepcional, sino también del riesgo que significa mantener esa excepcionalidad para el ejercicio de derechos fundamentales a lo largo del tiempo.

El poder sanador de los datos personales

Una tradicional expresión de la vigilancia estatal es la relativa al seguimiento de personas en sus movimientos y en sus comunicaciones, con las tecnologías de comunicación (y en particular, las digitales) como vía principal para la observación estatal. En un contexto donde resulta conveniente hacer el seguimiento de personas específicas o de grupos numerosos para trazar rutas de contagio o medir situaciones de riesgo, aparecen estas tecnologías como un mecanismo en apariencia idóneo. Varias medidas estatales reflejan esa intuición.

La proliferación de aplicaciones móviles para la pandemia, especialmente a nivel gubernamental, son una muestra básica de esta pretensión. En el caso de las de nuestra región, tanto el rastreo como la entrega de información para el autodiagnóstico de síntomas asociados a COVID-19 parecen objetivos de política pública razonables para una crisis de salud. Sin embargo, un examen apenas superficial permite encontrar incontables puntos de duda: cómo se anonimizará y agregará la información para no identificar individuos, quién tiene acceso a la información, cómo será utilizada (y en contraste con qué otros datos), por cuánto tiempo y bajo qué condiciones se almacenará, etcétera. Su utilidad en relación con sus niveles de penetración, en tanto, son todavía un misterio.

Como era de esperarse, una situación de crisis para los gobiernos constituye una enorme oportunidad para quienes quieren vender soluciones. Esto es especialmente notorio en el caso de la tecnología, donde cada vendedor ajusta su oferta para convertirla en solución. Es el caso de NSO Group, compañía de tecnologías para la vigilancia, que comenzó a ofrecer y a probar sus capacidades de vigilancia para hacer el seguimiento de personas contagiadas y de las que por estar en contacto con ellas fueran susceptibles al contagio, a partir del cruce de información de dispositivos y de redes de comunicación. Es decir, convirtiendo en una situación deseable parte de la tecnología que ha sido usada incluso en nuestra región, para espiar a periodistas y activistas en México. Además de la falta de credibilidad de oferentes así, ¿cómo puede garantizarse que la información no se usará con otros fines ni más allá de la emergencia actual?

Fue en la Ciudad de México donde el anuncio de implementación de georreferenciación de telefonía móvil para monitorear movimiento y contacto y controlar el aislamiento social. Como señal a R3D, otras autoridades estatales dirigen solicitudes de información a las empresas de telecomunicaciones, sin condición alguna de transparencia para medir su cumplimiento de los estándares de derechos humanos y de la legislación nacional.

En sentido similar, hemos hecho mención al caso de Ecuador, donde se ha dispuesto el uso de “plataformas satelitales y de telefonía móvil” para el control de movimiento de la población bajo aislamiento y cuarentena. A pesar de la preocupación de la sociedad civil a nivel regional y global por la necesidad de resguardos explícitos, en un país donde todavía no existe siquiera una ley de protección de datos personales, la medida de aparente carácter excepcional parece haber seguido su curso, aun cuando Ecuador sigue siendo uno de los países más afectados en número total y proporcional de casos fatales en la región.

En el caso de Brasil, aun cuando por su carácter federal han sido varios los estados que han tomado medidas de prevención y de seguimiento, incluyendo mediante órdenes de aislamiento y del recurso a datos de empresas de telecomunicaciones, la ausencia de órdenes a nivel nacional ha sido patente, y ha estado marcada por el liderazgo temerario del actual presidente de la unión. Una situación particularmente preocupante en atención a que Brasil mantiene el número más alto de contagios en la región. A la anticipada postergación de la entrada en vigor de la Ley General de Datos Personales, se sumó otra preocupación: hace semanas, se hizo público el acuerdo entre empresas de telecomunicaciones y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación, para facilitar información sobre teléfonos móviles relativas a ubicación geográfica y movilización. Días después, tal acuerdo fue rescindido por el presidente Bolsonaro, no necesariamente por preocupaciones sobre los datos personales, como por su actitud temeraria frente a la pandemia. No obstante, los estados conservan capacidad –y más importante, voluntad– para acordar tales usos, como ocurre con los populosos San Pablo y Río de Janeiro.

Otras medidas son aun menos sofisticadas, y pueden igualmente derivar en recolección de información personal. Así, por ejemplo, aplicaciones como el número de WhatsApp dispuesto por el gobierno argentino para recibir consultas facilitando el autoexamen, permiten a la vez identificar números telefónicos y por esa vía a las personas que buscan esa información.

Sea que se trate de georreferenciación mediante antenas de telefonía celular, mediante GPS, mediante señal de WiFi o mediante la entrega voluntaria de información del lugar de cuarentena, resulta al menos cuestionable su real efectividad, en la medida en que no es tanto el rastreo como lo son el aislamiento y las medidas de contención las medidas mejor convocadas a la prevención, como hemos señalado. Es necesaria en cualquier caso una mayor precisión de la información generada –junto a todos los resguardos latamente reiterados– para que ella tenga real capacidad preventiva e informativa en torno a posibles focos de contagio. De lo contrario, la información agregada y anonimizada es la que mejor serviría a la toma de decisiones, también en tal caso bajo resguardos serios, y sin por ello ser por sí sola información suficiente.

Síntomas de un problema mayor: el control social

Al creciente listado de corona-apps presentes en América Latina se ha sumado más recientemente la anunciada aplicación CoronApp del gobierno de Chile. Como otras, permite el autoexamen y la entrega de información, y permite asimismo registrar el lugar de cuarentena, aun cuando no entrega información de proximidad con personas infectadas. Pero agrega una funcionalidad que varios estados de la región han convertido también en una prioridad: la vigilancia mutua y el control social, más allá de los contagios.

En el caso de la CoronApp chilena, existe una funcionalidad específica para “informar y/o denunciar conductas o eventos de alto riesgo”, esto es, para acusar a la autoridad (en teoría, el Ministerio de Salud) que se están presenciando eventos de aglomeración de personas, incumplimiento de las cuarentenas obligatorias, o existencia de filas para servicios. Es fácil adivinar que esta función puede servir para actos de revancha o enemistad social, quizás empeorando la distancia que ya se ha vuelto costumbre entre personas que comparten áreas con alta densidad demográfica, invocando tal vez innecesariamente a autoridades ya sobreexigidas por una crisis sanitaria global.

Tampoco se trata de una medida de control única. Así, Río de Janeiro controla aglomeraciones mediante denuncias telefónicas y mediante WhatsApp, además de servirse de información de telefonía móvil, y desde esta semana del uso de drones para seguir movimientos de personas y dirigirse a ellas por altoparlante. En tanto, en sentido similar, Argentina ha dispuesto diversos mecanismos de denuncia, incluida una línea telefónica para denunciar infracciones del aislamiento social. Así, la irresponsabilidad de las personas que insisten en romper situaciones de cuarentena pasa a ser una preocupación adicional de quienes sí la respetan, una fuente de desconfianza social, y una motivación para el control mutuo.

Otro nivel de control que toma como excusa a la pandemia es el realizado por el estado argentino, en el denominado ciberpatrullaje, consistente en la revisión de la discusión en redes sociales “para la prevención de delitos promovidos según el ‘humor social’”. Si bien se trata a menudo de discusiones al alcance del público, esta acción de vigilancia estatal, de no ser transparente y sujeta a protocolos de ejercicio y de control, puede además de ser arbitraria impactar negativamente en las personas, incitando a la autocensura. En ausencia de resguardos sobre su procedencia y su supervisión, puede ser también una forma de vigilancia masiva contraria a los derechos humanos. Y nos recuerda a la vez al uso para el control social que el gobierno de Chile ha dado en un contexto de crispación social, poniendo en entredicho su relevancia como parte de medidas relativas a una crisis sanitaria.

Contra los brotes de vigilancia en la región

Recolectar y procesar información sensible de las personas, como es la relativa a su condición de salud y a sus movimientos corporales, constituye una acción intrínsecamente riesgosa para las titulares de esos datos. Pero en lo relativo a aplicaciones, existen principios que pueden aplicarse para prevenir buena parte de ese daño. Como relata Sursiendo, hay ya grupos de investigación dedicados al desarrollo de aplicaciones y protocolos de seguimiento respetuosos de la privacidad, y cabe a los gobiernos tanto hacer eco de las preocupaciones de la sociedad civil como recoger y apoyar tales iniciativas. Los requerimientos delineados por el Chaos Computer Club para las aplicaciones son un punto de partida crucial para ese desarrollo.

Por cierto, el desarrollo tecnológico por si solo está condicionado por factores sociales, incluyendo los normativos, que sirven como garantía al respeto a los derechos fundamentales. Como hemos indicado, es también posible recurrir a legislación de emergencia no para facilitar la acción del estado vigilante, sino para asegurar el pleno respeto de los derechos de las personas afectados por la recolección y uso de su información personal. Además de ese rol protector, la regulación puede así procurar la prevención de que el estado de excepción se convierta en el de normalidad, y que la vigilancia pueda extenderse mucho más allá de la emergencia actual, incluso con aprobación popular producto de una distorsionada percepción de la realidad.

Pero además del deber de discutir apropiadamente cómo utilizar la tecnología que involucra vigilancia, es relevante discutir también el porqué. ¿Por qué es la vigilancia una posibilidad de acción percibida como “necesaria”, cuando ni siquiera su carácter de conveniente es inconcuso? ¿Por qué justificar, y finalmente normalizar, que bajo ciertas condiciones sea aceptable monitorear nuestras expresiones, o llenar nuestros cuerpos, hogares y poblados con cámaras, georreferenciación, reconocimiento facial, detección de calor, reportes voluntarios de salud, y más? El no despliegue de la acción vigilante del Estado es también una opción, especialmente de cara a los riesgos involucrados y de la existencia de medidas de salud pública con un impacto comprobadamente mayor. Insistir en soluciones tecnológicas puede llevarnos a eludir discusiones más profundas sobre fallas sistémicas que no son causadas por virus o desastres naturales, sino por decisiones políticas sobre la organización de la economía y de la vida en sociedad.

Desinformación y salud pública en tiempos de pandemia

Navegamos en una tormenta de información: cada día, cientos de tuits, mensajes de Facebook, cadenas de WhatsApp, videos, audios y noticias llegan a nuestras pantallas, a las que cada día nos encontramos más pegados a causa del necesario aislamiento social y de la ansiedad por estar informados. Incluso para los más duchos en la materia, se ha vuelto cada vez más difícil discernir entre la información confiable y útil y la que es falsa o busca confundir, y el esfuerzo constante por filtrar este ruido genera una fatiga que hace más costoso mantenerse informado.

Ya en Febrero, el director de la OMS advertía sobre los peligros de una “infodemia”, una abundancia de información imprecisa con respecto al contexto de la salud pública que dificultaría a los ciudadanos guiar sus acciones y decisiones en momentos de necesidad.

En momentos como este, se hace necesario poder recurrir a fuentes confiables y autorizadas que puedan transmitir información verificada. En su ausencia, la necesidad de información confiable genera un entorno fértil para el flujo de la desinformación: el rol de los gobiernos, al entregar información cruzada y cambiante, ha sido fertilizar ese entorno. Los propios gobiernos latinoamericanos han sido culpables de difundir información errada e imprecisa con respecto a la salud: mientras Nicolás Maduro recomendaba brebajes de hierbas como cura, López Obrador llamaba a los mexicanos a “salir de sus casas y seguir con su vida normal”. Actos como estos no solo generan en sí mismos desinformación, sino que contribuyen a la pérdida de valor de las fuentes autorizadas, pues el sector que no termine creyendo en estas falsedades dejará de escuchar lo que las autoridades tengan para decir.

El pánico, la incertidumbre y la angustia hacen que sea fácil pescar en río revuelto: vender mentiras a cambio de clics. En este momento, las redes están plagadas de información falsa vendida como verdadera, ya sea para generar mayor pánico o para promover pretendidas soluciones que representan riesgos graves para la salud: señalar dióxido de cloro pueda curar el covid-19, sostener que el coronavirus es un arma biológica creada en los Estados Unidos, los flujos informativos actuales están plagados de pseudociencia, noticias falsas, manipulación y rumores, y sus efectos pueden ir desde fomentar acciones de odio, afectar la economía y influir sobre la agenda política hasta producir daños graves a la salud de quienes terminen creyendo en estos bulos.

Los riesgos de la censura

Por otro lado, tanto la desinformación misma como su presunto “combate” son utilizadas como herramientas políticas. Del mismo modo en que los gobiernos han aprovechado el momento para imponer medidas de mayor control y vigilancia, también lo han hecho en lo que respecta a este tema. El pasado 25 de marzo, el gobierno boliviano dictó un decreto “para hacer frente al COVID-19” que, entre otras medidas de diferente índole, señalaba que se perseguirá penalmente a quienes “desinformen o generen incertidumbre a la población”. También Perú decidió sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes difundan noticias falsas. Circunstancias similares suceden en varios otros países; entre tanto, en Venezuela se utiliza la acusación de «generar zozobra» para llevar a las personas a la cárcel en el contexto de la pandemia.

Este tipo de medidas no solo resultan completamente inútiles para combatir la desinformación, sino que al mismo tiempo desincentiva la libertad de expresión y el libre flujo de información. Las fronteras que distinguen lo aceptable de lo inaceptable y lo cierto de lo falso en este tipo de leyes suelen ser borrosas, lo que genera una incertidumbre inaceptable que causa un efecto de enfriamiento, llevando a las personas a autocensurarse por temor a represalias.

De acuerdo con una encuesta de Reuters Institute, la gente joven es más propensa a creer en la información que recibe por vía de redes sociales, así como la gente con grados más bajos de educación, lo que los sitúa en una posición de riesgo combinado. Si es alto el costo (en términos de tiempo y energía) que tiene verificar y contrastar constantemente la información que recibimos, lo es mucho más para quienes no cuentan con las herramientas tecnológicas, el conocimiento o el tiempo, para quienes se encuentran desempleados o precarizados y enfrentan situaciones de inestabilidad e inseguridad en sus vidas, es decir, para quienes necesitan más el acceso a información veraz.

La sociedad civil y un sector de los medios de comunicación se han hecho cargo de la responsabilidad de verificar información: iniciativas como Latam Chequea se han convertido en repositorios de la veracidad en medio de la tempestad. Sin embargo, otros medios han sido perjudiciales, y no se limita

Casi la totalidad de las grandes plataformas de internet han creado espacios donde dan presencia prominente a información oficial pertinente al sitio desde el cual se accede, pero -al mismo tiempo- han sido los mayores caldos de cultivo para la información falsa: ni la baja de contenido ni el cese de cuentas masivo han sido efectivos para poner coto al modo en que se replican.

Esta situación muestra, una vez más, que el problema de la desinformación no puede ser resuelto mediante una medida única, sino que requiere de educación, responsabilidad de medios, plataformas, usuarios y gobiernos. Si bien no puede permitirse que el Estado, los medios y el sector empresarial se laven las manos de responsabilidades en cuanto a cómo se difunden las mentiras, tampoco podemos dar luz verde a un sistema que trate al ciudadano de manera infantilizada, teniendo que confiar en la verdad de lo que le cuentan meramente por una apelación a la autoridad: es necesario que cada uno de nosotros cuente con las herramientas y la capacidad crítica para distinguir las señales de una noticia falsa, que nos dicen que debemos combatirla, no replicarla, pues esa también es nuestra responsabilidad.

CoronApp: La inutilidad del atajo tecnológico desplegado por el Gobierno y sus riesgos

La gravedad de la crisis sanitaria que ha producido el COVID-19 ha motivado a las autoridades de Chile y el mundo a mirar a la tecnología como un recurso útil al combate más efectivo de la pandemia. La tecnología puede cumplir un rol apoyando una estrategia científicamente sólida, basada en principios epidemiológicos, orientados a la adopción de medidas útiles, que provean información científicamente correcta y logísticamente eficiente para la toma de decisiones individuales y colectivas. Pero no existen atajos tecnológicos.

En este escenario no basta con hacer «algo». Se necesita entregar herramientas útiles, sin exponer a la población a riesgos adicionales producto de información confusa, la sobrecarga del sistema de salud a causa de la demanda creada por el autodiagnóstico, la generación de expectativas que no puedan ser satisfechas en la capacidad de testeo, o el desvío de capacidades de fiscalización por información errónea, falsa o maliciosamente aportada respecto de localización o desarrollo de eventos de riesgo.

La información recolectada, aún sobre la base de consentimiento de los titulares, debe ser solo la necesaria para ayudar al combate de la epidemia. La guerra es contra un «enemigo invisible y poderoso», y no contra las ciudadanas y ciudadanos, víctimas del virus, ni sus derechos. Las exigencias de entrega de información sobre su condición de salud expone a quienes descarguen la aplicación a abusos derivados de la falta de control sobre el acceso y uso de tal información, y las condiciones de seguridad en su almacenamiento y tránsito.

Lamentablemente, la CoronApp lanzada por el gobierno de Chile no satisface ninguno de los criterios anteriores. Varias de las funcionalidades propuestas son problemáticas por diversas de razones, que examinamos aquí en detalle.

Utilidad limitada y recolección innecesaria de datos

Para su activación, la app requiere los siguiente datos personales: RUN o número de pasaporte del usuario, correo electrónico, número telefónico, nombre y apellido, edad, comuna y ciudad de residencia, geolocalización, medicamentos que toma o han sido prescritos, preexistencia de enfermedades, datos de seguimiento de la enfermedad, tales como síntomas, contacto con personas contagiadas confirmadas y viaje a países de alto riesgo. Los usuarios además pueden agregar otros “usuarios dependientes” sin su consentimiento, ya sean familiares o personas que no tengan acceso a un dispositivo móvil propio. Es decir, los datos exigidos permiten un total perfilamiento del usuario, su condición de salud y su entorno de relaciones.

De acuerdo a la regulación vigente, estos datos califican como datos personales o datos personales sensibles, ya que dan cuenta del estado de salud o hábitos personales del usuario (información de localización espacial). La autoridad pretende salvar la cuestión del uso de los datos través de un consentimiento que los titulares de los dispositivos deben otorgar para poder utilizar la app, y que que simplemente no existe en el caso de la información referida a terceros, que potencialmente pueden llegar a incluir hasta al vecino.

La finalidad del consentimiento sería el «seguimiento de síntomas y acompañamiento de pacientes sospechosos y confirmados con COVID-19» y para facilitar «el proceso de seguimiento del COVID-19 en nuestro país». La finalidad declarada es muy importante por cuanto, bajo la legislación nacional vigente, los datos entregados bajo regla de consentimiento solo pueden ser utilizados «para los fines para los cuales hubieren sido recolectados». Revisemos si las funcionalidades principales ofrecidas satisfacen la finalidad declarada, y si los datos personales solicitados son los adecuados para satisfacer tales finalidades.

a) Autoevaluación de síntomas

Esta funcionalidad entrega un formulario que permite enviar diariamente a la autoridad la autoevaluación de síntomas y así guiar decisiones de atención de salud de quienes descarguen la aplicación o de quienes han sido agregados como usuarias de la misma.

La información entregada por las usuarias de la aplicación —su condición de salud, patologías preexistentes y condiciones de riesgo específicas (contacto con personas infectadas o viajes a zonas de riesgo)— no necesita ser combinada con datos de identificación individual para hacer una contribución efectiva al diagnóstico. La app podría recoger toda esa información y entregar recomendaciones en forma anónima o seudónima (si la persona crea un perfil con un avatar y alias), con exactamente la misma efectividad. La información de identificación individual requerida no cumple función alguna y solo expone a sus titulares a que terceros, dentro o fuera del Estado, accedan a estos datos con fines distintos a los estipulados por la app, y con consecuencias múltiples, que incluyen ser objeto de distintas formas de discriminación, tanto en el presente como en en el futuro; algunas manifestaciones de este fenómeno ya se han hecho visibles: vecinos incómodos con la presencia de funcionarios de la salud o contagiados en sus edificios, condominios o barrios, a las que podrían sumarse o acciones de discriminación en oportunidades de empleo basadas en el desarrollo de anticuerpos o la determinación de primas de salud futuras por posibles secuelas, entre muchas otras.

Si el objetivo es entregar recomendaciones más precisas, por ejemplo, acerca de los centros asistenciales más cercanos, y mejorar así la logística del testeo, tampoco se requiere la información individualizada; bastaría con información agregada y anónima por áreas, sin necesidad de geolocalización específica.

Adicionalmente, resulta problemática la opacidad con la cual se definirá la clasificación de riesgo a partir de la cual se realizan las recomendaciones. ¿Cuáles son los criterios epidemiológicos y de capacidad de respuesta del sistema de salud que se tendrán en consideración para generar una autoselección adecuada y no generar una demanda no satisfecha en las áreas en que la aplicación cuente con más usuarios?

Finalmente, resulta altamente problemática la funcionalidad de vincular a personas dependientes a la aplicación, entregando sus datos personales sin su consentimiento. Esto es una infracción expresa a la normativa vigente en materia de protección de datos personales que la política de privacidad declara cumplir.

b) Recibir contenido informativo

Esta funcionalidad incluye notificaciones del Ministerio de Salud con información general de las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia (tales como toque de queda y zonas de confinamiento obligatorio, entre otros) y enlaces a contenido informativo sobre la contingencia y la evolución de la pandemia.

Esta es sin duda la función menos problemática y puede constituir un canal ágil de entrega de información a la población. Sin embargo, queda por dilucidar cómo se determina la información relevante y cómo esta aplicación aporta al conocimiento acumulado y ya compartido a través de diversos otros medios por epidemiólogos, urgenciólogos, especialistas en pacientes críticos y expertos en enfermedades respiratorias, entre otros. La entrega eficiente de esta información tampoco requiere tener acceso a información individualizada de los usuarios de la app, ni de su localización.

c) Proveer una instancia para informar y/o denunciar conductas o eventos de alto riesgo

La posibilidad de entregar alertas a través de la app sobre situaciones de alto riesgo abre un abanico extenso de posibilidades para que el mecanismo sea utilizado erróneamente o derechamente abusado, ya que la información que se busca recopilar descansa sobre una declaración voluntaria de cada usuario y no está claro cómo será sometida a un juicio de calificación por parte de la autoridad que determine en qué casos pueda gatillar o no acciones de fiscalización. La funcionalidad así presentada es terreno fértil para actos de venganza y malos entendidos entre vecinos que, lejos de aportar al control de la pandemia, van a generar más instancias de fricción social en comunidades ya tensas por el encierro y el miedo. Adicionalmente, se trata de una función altamente falible, pues descansa en un componente humano y está asociada a la data de localización provista por GPS, por lo que está sujeta a los defectos de esta tecnología, es decir baja precisión —pues puede variar de 5 a 500 metros (no menos de 2 metros como requiere el contagio del Covid-19)— e inestabilidad, que depende de la calidad de la conexión.

d) Indicar el lugar dónde se realizará la cuarentena

La descarga y uso de la aplicación es absolutamente opcional. Resulta curioso que se destinen recursos y esfuerzos a un desarrollo tecnológico que, al descansar en la voluntariedad, estará fiscalizando a aquellos ciudadanos más comprometidos con un combate efectivo de la pandemia. No tiene mucho sentido esperar que sean los ciudadanos rebeldes los que voluntariamente descarguen la app y activen la funcionalidad de geolocalización que permitiría fiscalizar el incumplimiento de una medida de confinamiento. Además, el acceso a información de localización puede ser revocado en cualquier momento, con lo cual es absolutamente marginal la eficacia de la función propuesta para facilitar «el proceso de seguimiento del COVID-19 en nuestro país».

Así, estamos frente a un mecanismo duplicativo de esfuerzos respecto de aquellos comprometidos con el cumplimiento de las medidas dictadas por la autoridad sanitaria, y que resulta completamente inútil frente a quienes han decidido incumplir, pero que expone a quienes descarguen la aplicación a todos los riesgos de privacidad y seguridad antes explicados. Se genera además un riesgo adicional de asignar equivocadamente los recursos de fiscalización, producto de la falta de precisión de las localizaciones a través de GPS antes explicadas. En otras palabras, el usuario estaría entregando sus datos sensibles de salud y ubicación a cambio de un mecanismo ineficaz para fiscalizar el cumplimiento de una obligación que ya se propuso voluntariamente acatar.

Una política de privacidad negligente

En su Política de Privacidad, la CoronApp informa que los datos recogidos serán almacenados fuera del país, por Amazon Web Services en Virginia, Estados Unidos, sin precisar bajo cuáles medidas de seguridad y confidencialidad serán almacenados; solo se mencionan las directrices generales de seguridad de la información del Ministerio de Salud, vinculados en forma genérica a los términos y condiciones de uso de la app. La dispersión de documentos en que se abordan las diferentes temáticas de seguridad y privacidad hacen poco transparentes y poco precisas las condiciones de almacenamiento, acceso y uso de la información recolectada. Incluso se concibe el eventual acceso por parte de terceros a los datos, el que queda vagamente condicionado a una disposición que establece que “eventualmente el Ministerio de Salud podría ser requerido a entregar acceso o divulgar los datos a terceros, en virtud de una orden judicial o administrativa”.

Finalmente, la CoronApp no provee ninguna claridad acerca de la forma en la cual se procederá a la eliminación o destrucción de la información recogida, ni el plazo en que ello sucederá. Por el contrario, se hace una referencia genérica a que los datos «serán almacenados y tratados durante el tiempo que sea necesario para la protección de la salud pública, en el contexto de la emergencia sanitaria», sin detallar ningún parámetro de cuándo y cómo se definirá este periodo, ni establecer mecanismos de control externo que permitan supervisar que ello efectivamente suceda. Como si esto no bastara, se permite la preservación de la información recogida hasta por 15 años «para fines históricos, estadísticos, científicos y de estudios o investigaciones», «con las debidas medidas de seguridad y garantías de anonimización», pero sin mandatar la agregación de tal información, como es propio de esfuerzos con propósitos similares que resguarden adecuadamente los derechos de los titulares de los datos. No se especifica cuáles serán las medidas de seguridad ni cómo se garantizará la irreversibilidad de la anonimización.

Ignorando la brecha digital y otras inequidades

Además de los problemas hasta aquí examinados, esta CoronApp ignora el elefante en la habitación: las condiciones de acceso a infraestructura y conectividad necesarias para su uso, lo que implica que la utilización de esta app y los datos que ella recoja contendrán un sesgo representado por aquellos chilenos y chilenas que tienen acceso a un dispositivo móvil inteligente que soporte la descarga de la aplicación y que cuenten con acceso a una conexión a internet confiable y constante, que permita el funcionamiento correcto de la tecnología. De acuerdo a los más recientes estudios científicos en la materia, para que una app tenga utilidad en la contención de la pandemia su nivel de adopción debe ser cercano al 60%.

La crisis ha constatado múltiples desigualdades estructurales significativas a la hora de evaluar el resguardo de los derechos fundamentales, tanto en Chile como en América Latina. Es de esperar que el afán por la implementación de soluciones tecnológicas no suponga acrecentar tales diferencias.

Como ya indicamos hace unos días, a propósito de la contribución de la tecnología en el conjunto de medidas para contener la expansión de la pandemia, cualquier sistema que implique la recolección y uso de datos personales no puede implementarse sin que se tomen medidas de resguardo y control para su uso, y seguridad en su almacenamiento, que permitan precaver el surgimiento de abusos que repercutan en el ejercicio de los derechos fundamentales, más allá de lo que se implemente resulte proporcional para combatir seria y efectivamente la pandemia. Del mismo modo, deben entregarse garantías de que cualquier medida extraordinaria de acceso a datos personales durante el transcurso del estado de excepción será revertida luego de controlada la pandemia.

La rápida acción para enfrentar la expansión del COVID-19 requiere de medidas excepcionales, pero no pueden llevarse a cabo violando los derechos fundamentales. Este es un mal momento para experimentar con los derechos fundamentales por cuyo reconocimiento hemos luchado, y que tanto vamos a necesitar cuando la emergencia pase, para construir una sociedad más justa, que nos permita superar las inequidades que hoy tienen en exacerbada condición de vulnerabilidad a gran parte de nuestras ciudadanas y ciudadanos.

¡El tecnoptimismo volvió! En forma de coron-apps

En distintos países de la región se han tomado medidas para frenar los impactos de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), comunmente conocido como coronavirus. En América Latina nos enfrentamos a un panorama incierto, donde los esfuerzos por intentar aplanar la curva pandémica han agudizado problemas que yacían invisibilizadas.

Frente a la incertidumbre han surgido propuestas que pretenden colocar a la tecnología como eje fundamental para guiar a los gobiernos en dirección a las medidas adecuadas o medir la eficiencia de las ya implementadas. Sin embargo, de nueva cuenta volvemos a caer en el espiral de la opacidad, donde se apuesta a implementaciones técnicas que, por falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, abren la posibilidad de menoscabar derechos humanos a través de la tecnología.

Y es que, como hemos hablado anteriormente, el uso de tecnología desapegado de una perspectiva de derechos humanos posibilita distintos tipos de abusos, sustentados por la falta de claridad respecto a las normativas, objetivos, facultades y restricciones que debieran enmarcar la implementación de herramientas técnicas.

¿Qué está pasando en América Latina?

En Argentina, se desarrolló la app Covid-19 Ministerio de Salud que permite una autoevaluación de síntomas. Si bien esta app no ofrece más información ni alertas en tiempo real, en el país se han difundido aplicaciones y plataformas de análisis no oficiales que pretenden predecir el comportamiento de la pandemia a través de inteligencia artificial.

En Bolivia el Ministerio de Educación presentó Coronavirus Bolivia, una app que brinda información sobre prevenciones y cuidados, síntomas, preguntas frecuentes y números de emergencia, además de publicar datos y comunicados oficiales actualizados. Además, se dispuso el sitio boliviasegura.gob.bo donde -además de lo que ofrece la app- se puede ingresar a boliviaverifica.bo un esfuerzo que “se dedica a la verificación de noticias falsas y del discurso público para luchar contra la desinformación”.

En Brasil, se lanzó la app Coronavírus-SUS que además de permitir autoevaluación, también ofrece información sobre prevención, unidades de salud disponibles y alertas emitidas por el Ministerio de Salud. Aunado a esto, en colaboración con el Hospital Israelita Albert Einstein se ha puesto a disposición del público el sitio autoavaliacaocoronavirus.einstein.br para brindar autoevalución en línea.

En Colombia, CoronApp – Colombia fue la propuesta del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para monitorear el estado de salud de las personas en Colombia (residentes y extranjeras), también brinda información sobre las medidas gubernamentales, recomendaciones de prevención, ubicación de centros de salud y canales de atención. Además de esto, se ha puesto a disposición un sitio web con información sobre el progreso del contagio en el país: coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html

En Ecuador, la app SaludEc busca ser un canal de telemedicina que complemente las estrategias del Ministerio de Salud Pública. Además de ofrecer autoevaluación de síntomas y proveer información oficial, esta app permite agendar citas médicas de especialidades no relacionadas con el coronavirus. También se creó el sitio coronavirusecuador.com/ donde además de lo que ofrece la app existe una sección dedicada a reportar las noticias falsas que circulan a propósito de la emergencia médica.

En Guatemala, se presentó Alerta Guate, una app desarrollada –de acuerdo a lo declarado por el presidente Alejandro Giammattei- “en colaboración con Israel y Google”. Esta app está basada en la plataforma de comunicación de emergencia móvil In-telligent y ofrece alertas específicas de acuerdo a la ubicación de las personas (que también se reproducen de forma audible), instrucciones e información general y comunicación con personal de asistencia a través de un botón SOS.

En Honduras, Alerta Honduras fue creada como un esfuerzo independiente al gobierno ya que este no ha apostado por plataformas digitales para brindar servicios de información oficial centralizada. Ante esto, la necesidad de las personas por informarse llevó a que hubiera un auge de aplicaciones maliciosas, propiciando la popularización de un ransomware (software que permite el secuestro de datos) en marzo.

En México, la aplicación COVID19-MX fue presentada a inicios de abril y ofrece accesos directos a los canales de atención, autodiagnóstico, ubicaciones de centros de salud cercanos, información, noticias y consejos de prevención. Este esfuerzo se suma al sitio web oficial coronavirus.gob.mx, la implementación de un chatbot para autodiagnóstico y la recientemente anunciada colaboración entre empresas de telefonía y autoridades gubernamentales para monitorear el movimiento de quienes residen en la Ciudad de México.

En Uruguay, se presentó Coronavirus UY, una aplicación enfocada a permitir el autodiagnóstico y ofrecer soluciones de telemedicina a quienes sospechen haber contraído el virus. Esta aplicación, como estipuló el secretario de Presidencia, es un elemento adicional a las vías de comunicación ya implementadas por el gobierno, tales como el sitio web del Plan Nacional Coronavirus, un chatbot y canales de comunicación alterna a través de WhatsApp y Messenger.

¿Qué casos nos preocupan?

Si bien estas medidas parecen inocuas, particularmente en los casos de Brasil, Ecuador y México distintas organizaciones e instituciones de la región nos hemos posicionado para señalar una serie de inquietudes respecto a las propuestas gubernamentales de estos países respecto a implementaciones tecnológicas para rastrear la propagación del virus.

En distintas prefecturas de Brasil se han implementado tecnologías que pretenden utilizar servicios de geolocalización para identificar a quienes incumplieran con la cuarentena establecida. En Ecuador se implementa la georreferenciación de personas en el cerco sanitario a través de rastreo satelital. En la Ciudad de México se anunció la implementación de georreferenciación de telefonía móvil para “un monitoreo del movimiento y contacto entre personas, con el objetivo de identificar si cumplen con el aislamiento”.

Aunque el contexto de emergencia exija medidas extraordinarias, es preocupante que más allá de las declaraciones de uso de ciertas tecnologías no exista claridad respecto al uso, limitaciones y medidas de resguardo en el tratamiento de datos personales y sensibles que serán capturados masivamente a través de estas implementaciones. En esa vaguedad es donde se instaura la posibilidad de que estas medidas excepcionales no solamente se normalicen, sino también sean usadas de forma abusiva en detrimento de los derechos humanos para fortalecer mecanismos de vigilancia y control social.

Medidas excepcionales y abusos cotidianos

Como hemos señalado anteriormente, la tecnología provee de oportunidades valiosas para potenciar esfuerzos encaminados al desarrollo social. Pero si la tecnología se implementa sin controles claros esta potencia puede devenir en la instrumentalización de las capacidades de recopilación de datos, identificación o incluso diseminación de información con fines que distan del respeto a los derechos humanos y se acercan más a formas de control social.

Aunque enfrentamos una situación excepcional a nivel global, las discusiones en torno al abuso de la tecnología por actores gubernamentales en la región no son nuevas. Es por esto que distintas organizaciones de América Latina y el mundo hemos señalado en reiteradas ocasiones la importancia de analizar estas implementaciones con el fin de evitar que estas conlleven el detrimento de derechos y libertades.

Además es importante señalar que en el contexto regional la brecha digital no es un tema que debería pasar desapercibido en este tipo de discusiones, pues 45% de las personas en América Latina no tiene acceso a los servicios derivados de la conectividad digital. Si los gobiernos apuestan a centralizar esfuerzos de comunicación, educación y asistencia a través de tecnologías y servicios que dependan del acceso a dispositivos conectados a internet, se refrenda una distinción social donde las desigualdades de acceso y privilegio económico impactarán profundamente en el apoyo que las personas más vulnerables puedan recibir.

Desde Derechos Digitales, en coalición con Al Sur y junto a nuestras aliadas en distintos países de la región, seguiremos observando el desarrollo e implementación de las tecnologías que -en el contexto de la pandemia- sean desplegadas en América Latina.

Tecnología contra la pandemia: derechos fundamentales mucho más que daño colateral

Cuando el COVID-19 nos obliga a aislarnos socialmente para proteger la salud de todos y todas, surge la legítima pregunta de cómo puede la tecnología asistir un combate más efectivo a la pandemia. Desde la aceleración de la telemedicina a la predicción de riesgos de contagios, al control del aislamiento involuntario, a la eficiencia en la asignación de prioridad de testeo, la tecnología parece ofrecer un abanico atractivo de soluciones. Pero si la crisis es novedosa para la humanidad en sus desafíos, la respuesta debe venir de una experiencia acumulada por siglos de excesos y desaciertos.

Necesidad, adecuación y proporcionalidad en la respuesta tecnológica es lo que separa una crisis de salud global de una renuncia de los derechos fundamentales, tejido básico de sociedades como las nuestras, que se han jugado su sangre e historia por escapar del autoritarismo y garantizar una vida digna para todos. Las tecnologías de información pueden jugar un rol coadyuvante en el monitoreo y control de la pandemia, pero su implementación irresponsable puede impactar negativamente el ejercicio de los derechos humanos, particularmente la privacidad, el derecho a la integridad física y psíquica, y el derecho a no ser discriminado arbitrariamente (en el ámbito laboral, de salud, previsión social y acceso a beneficios sociales). Así lo señalaron el 16 de marzo pasado expertas y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, precisando que los Estados no deben abusar de las medidas de emergencia para vulnerar derechos humanos: «Si bien reconocemos la gravedad de la actual crisis de salud y reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia en respuesta a amenazas significativas, recordamos urgentemente a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria».

La necesidad extraordinaria en este caso está representada por la emergencia sanitaria misma y que amenaza no solo la salud pública, si no también la estabilidad económica y social. Esto es particularmente cierto en los países de América Latina, con una fuerte precariedad laboral, representada por industrias extractivas y trabajo informal basado en el ingreso diario.

En cuanto a la adecuación del sistema que se proponga, lo que típicamente separa las buenas de las malas ideas es formular preguntas rigurosas y contextuales acerca de la idoneidad de los sistemas para alcanzar los objetivos propuestos, y un diseño que incorpore la experiencia médica, las instituciones de salud y los enfoques científicos desarrollados, para aumentar lo que se sabe que funciona y no trabajar excluyéndolos o desafiando la confianza de la población en ellos. Los sistemas que se desarrollen deben encontrarse al servicio de la respuesta médica y del uso proporcionado de controles sociales para limitar la transmisión. La tecnología por si sola no es efectiva si no va acompañada de contextos de gobernanza institucional que aseguren el cumplimiento de sus objetivos.

La credibilidad de las instituciones de salud pública juega un papel importante en el éxito del cambio de comportamiento y respuesta que se pueda desarrollar durante la pandemia. Desarrollos tecnológicos que prescindan o hagan cuestionar esa respuesta coordinada pueden terminar resultandos contraproducentes para su combate. Un efecto no deseado de intervenir con tecnologías es generar confusión o una falsa seguridad en la población sobre la capacidad de las tecnologías de realizar un control efectivo, conduciendo al relajo de otras medidas más estrictas. Lo último que desearíamos en medio de una pandemia es que las instituciones de salud pública tengan que competir por la legitimidad, ya sea con otros órganos del Estado o con terceros intermediarios de las tecnologías provistas.

El objetivo no es evitar el uso de la tecnología, si no que precaver que cualquier sistema digital que se desarrolle lo haga desde criterios médicos que se sabe funcionan -al menos en circunstancias limitadas, basado en experiencias previas de respuesta específicas- y se implementen en una forma bien institucionalizada para causar aumentos marginales en la capacidad de combatir la pandemia.

La experiencia internacional

El uso de tecnologías de vigilancia preestablecidas, como es el caso de China, Irán e Israel, resulta particularmente problemático. La emergencia no puede prestar ocasión a que se profundicen sistemas de control social implementados en forma oscura y sin mecanismos de rendición de cuentas, que usen la pandemia para realizar un lavado de imagen que les permita sobrevivir a la crisis con una renovada justificación autoritaria.

Además, hay que considerar que los países que se citan como ejemplos exitosos de contención de la pandemia a la fecha (China, Corea del Sur, Singapur y Taiwán) realizaron grandes inversiones en capacidad de testeo proactivo, infraestructura de respuesta y disponibilización de información confiable en forma coordinada, todos elementos que son citados por expertos como componentes vitales de una respuesta efectiva. El componente digital aporta solo una fracción de lo anterior y, por ejemplo en el caso de Corea, el despliegue de la Self-quarantine Safety Protection App a partir del 7 de marzo de 2020, se produce cuando las principales medidas de contención a través del testeo masivo y aislamiento de individuos y grupos infectados, ya se encontraban ampliamente desplegadas y la expansión de la pandemia mostraba signos relevantes de contención.

Una reflexión es necesaria en relación a la adecuación de la geolocalización como tecnología para el combate efectivo de la pandemia. Aquí cabe precisar que reportes de especialistas dan cuenta de que esta parece ser mucho menor a la que optimistas tecnológicos parecen atribuirle. Los datos que proveen las torres de celulares de las que se vale la telefonía móvil carecen de la granularidad requerida para monitorear contactos de 2 o 3 metros como los necesarios para el contagio del COVID-19; lo mismo sucede con personas que se conectan a una misma red WiFi. Un poco más precisas resultan en ciertas condiciones las redes de Bluetooth (usadas por ejemplo en Singapur). Las señales de GPS proveen un poco más de precisión, pero solo funcionan bien en el exterior, por lo que pueden determinar si dos personas estuvieron en un mismo edificio, pero no que tan cerca estuvieron la una de la otra.

Aproximaciones menos lesivas para el ejercicio de derechos son posibles de adoptar aprovechando el poder de los datos agregados para el combate de la pandemia. Ese es el tipo de trabajo que operadores de telefonía han estado desarrollando en Europa, en países como Alemania, Austria, Francia e Italia. En España, algunas de ellos han ofrecido sus capacidades de big data y de gestión de datos anonimizados y agregados de su red, datos de movilidad, centros de procesamiento de datos en la nube, así como capacidades de atención telefónica o digital para contener la expansión de la pandemia. Y la autoridad de Protección de Datos de la Unión Europa, señala a este respecto que: “Las reglas de protección de datos no obstaculizan las medidas tomadas en la lucha contra la pandemia de coronavirus”. Pero enfatiza que “incluso en estos momentos excepcionales, el controlador de bases de datos debe garantizar la protección de los datos personales de sus titulares».

La más reciente iniciativa presentada en este sentido se trata de un sistema en desarrollo en Alemania, con miras a expandir su uso en toda Europa, que busca preservar la privacidad de la información, pero proveyendo una herramienta tecnológica útil al control de la pandemia. Funciona bajo el principio de trazar proximidad de casos comprobados de contagios, no a través de datos de geolocalización, si no midiendo proximidad en una red Bluethooth. Se trata de una App voluntaria que generará un identificador único que se almacenará en forma cifrada en los dispositivos en forma local. La App descargada en un dispositivo almacenará localmente información de contacto de proximidad con otros dispositivos y luego, cuando se confirme un caso en esa red de proximidad, los miembros recibirán un mensaje de alerta. A partir de ahí, el usuario tendrá dos opciones: entregar toda su data cifrada almacenada en su dispositivo para análisis científico del caso o, a partir de la alerta, pedir acceso al test y partir con las medidas de cuarentena si el resultado es positivo. A partir de abril se pretende comenzar a desplegar esta tecnología en forma interoperable a nivel europeo, con interfaces usuario a nivel nacional y con la información de diagnóstico almacenada por cada autoridad de salud nacional.

Proporcionalidad

Luego de evaluada las implicancias de adecuación de la tecnología, cabe la ponderación de la proporcionalidad de su uso atendida la afectación de distintos derechos. Ello implica considerar las regulaciones que acoten los plazos de las facultades extraordinarias, que lo sujeten a las condiciones específicas de la emergencia para que no se extiendan a largo plazo, en formas no controladas e indefinidas.

Una clara distinción debe trazarse -aunque a veces sea difícil de establecer- entre la “vigilancia de la expansión del virus” y la “vigilancia de las personas” que resultan ser portadoras de este. ¿Y por qué esto es importante? Lo es desde la perspectiva de la proporcionalidad en el diseño, pues la información a la que se deba tener acceso excepcional, en relación con las reglas generales de privacidad, debe minimizarse a aquello que científicamente sea razonable para frenar la expansión del virus, pero no para generar un recuento exhaustivo de las vidas de los pacientes y su círculo de contactos. Debe tratarse de un sistema de vigilancia epidemiológico, con base científica sólida, no de la implementación de un sistema de control de la autonomía de los ciudadanos que permita ser fácilmente reconducido a otros propósitos de control social con posterioridad.

Es por ello que no es posible generar una autorización excepcional de acceso y uso a datos personales sin clara visibilidad de los criterios predictivos que se usarán para obtener modelos de intervención a partir de los datos a los que se quiere tener acceso. Ello porque sin tener acceso a esa caja negra no existe forma de entender la equidad (o falta de ella) subyacente a la adecuación de la herramienta, o poder pronunciarse acerca de la legitimidad de la intervención en función de la proporcionalidad de la afectación que significa un acceso irrestricto a bases de datos personales y datos sensibles de todos los ciudadanos.

De larga data es el reconocimiento de que los derechos fundamentales no se plantean como imperativos absolutos, pero si como ejercicios de ponderación, y de ahí la necesidad de que cualquier restricción que se adopte a su ejercicio sea proporcionada y no afecte la esencia del ejercicio del derecho restringido. Ese trade-off requiere de salvaguardias en su autorización de limitación de ejercicio que se contengan en normas de carácter legal, ya que este es el instrumento democrático que permite balancear con transparencia los distintos derechos en juego.

Así, una legislación de emergencia en el contexto de COVID-19 que busque una autorización extraordinaria para que a través del uso de tecnologías se pueda acceder a datos sensibles de salud de las personas (condición de encontrarse infectado de COVID-19, síntomas, monitoreo de tratamiento, entre otros) o de datos personales (información de geolocalización, contactos próximos, agenda de contacto en dispositivos, entre otros) en manos de diferentes servicios públicos o proveedores privados, requeriría de los siguientes componentes:

caracterizar en forma estricta la situación de emergencia y/o el plazo que habilita acceder a los datos personales y sensibles de salud en manos de los distintos órganos del Estado;
especificar quiénes estarán a cargo del acceso extraordinario a tales datos;
detallar cuáles son y cómo se utilizarán los datos a los cuales se solicita acceso extraordinario;
establecer provisiones de término del acceso y uso extraordinario a los datos con medidas efectivas de control de acceso o eliminación, en su caso;
ordenar medidas específicas de seguridad operacional para evitar acceso y uso malicioso de los datos; y
establecer mecanismos de control externo y rendición de cuentas que permita fiscalizar y sancionar fuertemente la desviación de finalidad en el acceso y uso de los datos. Esto último en particular para proteger a los titulares de los datos personales y sensibles de salud de futuras discriminaciones arbitrarias en materia laboral, de salud, previsión o beneficios sociales, ya sea por el Estado o por agentes privados, por haber sido portadoras de COVID-19.

El uso de los datos asociados a la expansión de la pandemia COVID-19 debiera hacerse bajo técnicas de pseudonimización o disociación (con algoritmos de anonimización suficientemente robustos) cuando se trate de ofrecer información públicamente disponible, además de tener la seguridad como requisito indispensable, incluyendo el tránsito cifrado de la información y su almacenamiento seguro y resiliente.

La rápida acción para enfrentar la expansión del COVID-19 requiere de medidas excepcionales, pero no pueden llevarse a cabo violando los pilares de un Estado democrático regido por la regla de derecho. El combate de una pandemia no es ni puede ser antónimo del respeto de derechos fundamentales, ni la puerta al autoritarismo del que nuestro continente ha luchado tan duro por escapar.

Las malas ideas siguen siendo malas en tiempos de pandemia y este es un mal momento para experimentar con los derechos fundamentales que tanto vamos a necesitar cuando la emergencia pase, para construir sociedades más justas y solidarias que nos permitan superar las deficiencias estructurales que exacerban las inequidades de nuestra región. De esta salimos todos juntos y con nuestros derechos intactos.