El virtual anonimato que brindaba Internet está siendo cada vez más acotado. Al creciente uso de tecnologías de identificación, se suma la adopción de leyes que obligan a las empresas que proveen acceso a Internet a recolectar, procesar, y dar a conocer la identididad de sus usuarios, de nosotros. Se trata de las llamadas leyes sobre rentención de datos.
América Latina no ha estado libre de este riesgo. Recientemente la Corte Suprema de Argentina declaró la inconstitucionalidad de la ley que obligaba a revelar este tipo de información, y lo propio sucedió en Chile, cuando el Tribunal Constitucional anuló la ley que intentaba obligar a los dueños de cibercafé a identificar a sus usuarios. Pero los riesgos de suman. Recientemente, el gobierno de Ecuador adoptó una reglamentación que autorizaría a la autoridad policial y al gobierno a acceder a información personal de los usuarios de Internet, sin orden judicial siquiera. Con ello, ya sólo falta declarar abierta la «temporada de caza de brujas» e identificar al enemigo de turno.
En la siguiente columna, Alberto Cerda, director de asuntos internacionales de ONG Derechos Digitales, se refiere a las leyes sobre retención de datos, cómo ellas afectan el derecho a la vida privada, y menoscaban otros derechos fundamentales.
“’En Internet, nadie sabe que eres un perro’. Con esa leyenda, hace más de una década, un perro frente al computador explicaba a otro el anonimato que Internet proveía a sus usuarios. Internet era concebido como un entorno plagado de avatares y users sin correspondencia con el mundo real, donde la identidad del usuario podía ser ocultada o encubierta fácilmente. El anonimato dejó de ser la regla en Internet. Como resultado de las necesidades propias del creciente desarrollo del comercio electrónico y la prestación de servicios en línea, que requieren certeza en cuanto a la identidad de quienes participan de ellos, los usuarios de Internet han perdido aquel virtual anonimato del que parecían gozar a finales del siglo XX. Contraseñas y passwords, sistemas de localización geográfica en línea, números de tarjeta de crédito y dispositivos de firma electrónica, entre otros muchos mecanismos técnicos, han contribuido a la clara identificación de los usuarios de la Red.”
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Diversos tratados internacionales obligan a los gobiernos a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos. Pero, ¿qué pasa cuando dichos derechos son violados por un privado? ¿Son los derechos humanos exigibles de entidades privadas? Responder a estas preguntas es crucial, especialmente para Internet, ya que la mayor parte de quienes interactuan en Internet son precisamente privados, tales como empresas de telecomunicaciones, prestadores de servicio de Internet, o simples oferentes de servicio en línea.
Hace unos 10 años, Naciones Unidas consideró la posibilidad de hacer exigible el respeto de los derechos humanos a las empresas a través de un tratado internacional. La iniciativa fue bloqueda por los países desarrollados y, en cambio, las empresas se movilizaron en torno a la llamada responsabilidad social empresarial.
En la siguiente columna, Alberto Cerda, director de asuntos internacionales de ONG Derechos Digitales, contextualiza alrededor de la responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos en línea.
«Una red de computadores interconectados. Esa es la explicación básica de qué es Internet. Sin embargo, poco se dice acerca del enorme tramado de voluntades y esfuerzos que permiten el funcionamiento de Internet. Organismos técnicos que administran los recursos de la Red, proveedores de comunicaciones transatlánticas, prestadores de servicio de telecomunicaciones, empresas de acceso a la Red, proveedores de contenidos y de servicios en línea. Un largo suma y sigue de actores que hacen de Internet un entorno esencialmente privado.»
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Para obtener adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual, a través de los tratados de libre comercio, varios países latinoamericanos han comprometido la adopción de normas sobre bajada de contenidos supuestamente infractores de los derechos de autor. Dicho procedimiento puede entrar en directa colisión con las normas constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales consagran la libertad de expresión.
En la siguiente columna, Alberto Cerda, director de asuntos internacionales de ONG Derechos Digitales, revisa brevemente las iniciativas de Chile, Costa Rica y Colombia que han intentado implementar las normas de libre comercio sin infringir la libertad de expresión de los usuarios de Internet.
«La excesiva protección brindada a los derechos de autor está entrando en seria colisión con los derechos fundamentales de las personas, especialmente con la libertad de expresión en Internet. Inicialmente, los derechos de autor fueron concebidos como el derecho de los creadores a controlar el uso de sus obras, permitiéndoles labrarse un modo de vida, liberándose del mecenazgo privado y de la censura estatal. Esto había de favorecer la libertad de expresión de los creadores. Sin embargo, la naturaleza monopólica de los derechos de autor también implica una significativa restricción a otros para la expresión de ideas sobre la base de las creaciones de terceros. En otros términos, el derecho de autor encierra un dilema: al favorecer la libertad de expresión de los creadores limita la libertad de expresión del resto de las personas.»
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Esta semana se ha discutido en Ginebra la posible adopción de un tratado que garantice acceso a las personas con discapacidad a las obras protegidas por derecho de autor. Desfortunadamente, la resistencia de la Unión Europea y de los Estados Unidos parece posponer una vez más una solución para dichas personas. ¡Una iniciativa que lleva ya 30 años en discusión!
La siguiente columna, Alberto Cerda, de ONG Derechos Digitales, pone la iniciativa en el contexto del derecho humano a acceder a los progresos y beneficos de las artes, ciencias y tecnología.
Imagina que vas a una biblioteca pública para acceder a contenidos educativos o de esparcimiento. Ya en su interior, te desplazas por pisos, secciones, anaqueles y estantes, buscando aquel libro que deseas leer. Finalmente, lo encuentras, pero no lo puedes sacar siquiera del estante, ni leer, ni menos llevar a casa. Desistes, vas por otro libro. Lo encuentras, pero tampoco está disponible. Y por otro, y otro. Y así sucesivamente, hasta que das con uno que te interesa y está disponible. Imagina que, de acuerdo a la política de la biblioteca, solo uno de cada veinte libros está disponible para tu lectura, los restantes no. Ese es exactamente el nivel de acceso a la cultura de que gozan las personas con discapacidad visual: solo un cinco por ciento de los libros está disponible para ellos en un formato apropiado.
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¿Cuál es la relación entre Internet y los derechos humanos? Para responder a esta y otras preguntas Fundación CIDEAL ofrece un blog con las opiniones de diferentes expertos. Entre estos destaca en catedrático español Antonio Perez Luño; la activista neozelandesa Joy Liddicoat; la periodista española María Dolores Masana; y el director de asuntos internacionales de ONG Derechos Digitales, Alberto Cerda. A través de columnas periodicas, los autores nos invitan a debatir sobre la conexión de nuestros derechos con el medio on-line, la protección de los datos personales, la neutralidad en la Red, la defensa de los derechos ciudadanos en Internet, y otros temas emergentes.
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El podcast de esta semana del Partido Pirata de Argentina incluye una entrevista con Alberto Cerda, de ONG Derechos Digitales. En ella se habla de neutralidad de la red, privacidad y protección de datos, derechos de autor y otros temas relativos a la regulación de Internet. La entrevista está disponible aquí.
Un completo reporte sobre el TPP también ha aparecido en El Mostrador. En la nota, los miembros de ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz, Francisco Vera y Daniel Álvarez, explican de qué se trata este tratado, sus similitudes con la ley SOPA y las acciones que nuestra organización ha llevado adelante para hacer oposición a su firma.
Todo, acá.
En El Ciudadano también cubren las implicaciones de la posible firma por parte de Chile del TPP, y en su reporte, entrevistan al miembro de ONG Derechos Digitales, Daniel Álvarez que entre otras cosas, declara que si con la actual legislación “en Chile en los próximos 20 años el dominio público de obras y bienes culturales no crecerá; de aceptarse que sean 95 años, una generación entera quedaría sin derechos a acceder de manera libre a importantes obras culturales”.
Más sobre el TPP según El Ciudadano, acá.
El diario La Nación da cuenta de la advertencia que nuestra organización ha hecho de forma permanente sobre el Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio (TPP), ya que entre unos de sus efectos, está la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, entregando facultades policiales a los prestadores de servicios de Internet, al igual que lo que proponía la polémica ley SOPA.
Para más información, acá.
Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales, explica de forma resumida por qué el proyecto de ley SOPA de Estados Unidos está siendo tan polémico en el mundo. Y lo hace en una columna en Las Últimas Noticias.
