Derechos Digitales tendrá una participación activa en el IGF 2025 de Noruega

Del 23 al 27 de junio, Noruega será la sede del Foro para la Gobernanza de Internet (IGF por sus siglas en inglés), el mayor evento global dedicado al debate sobre el desarrollo de internet y las nuevas tecnologías.

El IGF reúne anualmente a representantes de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la academia para conversar en torno a las tecnologías, principalmente desde una perspectiva de política pública. Esta edición será especial: el IGF celebra 20 años de historia, un aniversario que coincide con el recorrido de nuestra organización, que también cumple dos décadas defendiendo los derechos digitales en América Latina.

Presencia de Derechos Digitales en IGF 2025

Nuestro equipo viajará a Noruega para participar en más de una decena de sesiones y reuniones del Foro que convocará a representantes de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la academia de todo el mundo.

Día 0 / Evento #16 / Espacio IGF LAC

Paloma Lara Castro, directora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, expondrá el lunes 23 de junio (16h CEST / Workshop Room 6) en este espacio dedicado a abordar la gobernanza de Internet desde una mirada desde América Latina y el Caribe. Además, la sesión estará enfocada en debatir y reflexionar sobre los procesos globales de regulación de las tecnologías, como la WSIS+20.

Foro de Apertura #68 / Revisión WSIS+20 y los ODS: Un Diálogo Global Colaborativo

Nuestro codirector ejecutivo J. Carlos Lara participará el miércoles 25 (13.30h CEST / Workshop Room 1) en este Foro dedicado a analizar el estado actual del proceso de revisión WSIS+20. Se presentarán los esfuerzos de distintas organizaciones para alinear las iniciativas digitales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo de esta sesión es elaborar un conjunto de recomendaciones prácticas que la UE y sus socios puedan aplicar en el período previo a la revisión histórica de la WSIS.

Sesión Principal / Gobernanza global de la IA: Repensando el rol y el impacto del IGF

El miércoles 25 (15.45h CEST / Plenary Hall), Paloma Lara Castro representará a Derechos Digitales en esta sesión que explorará el papel actual y futuro del IGF en la gobernanza global de la inteligencia artificial. La conversación se enmarca en el proceso de implementación del Pacto Digital Mundial y la revisión de la WSIS+20, con foco en cómo el IGF puede incidir en estos debates.

La representación regional es indispensable

Además de las exposiciones principales, nuestro equipo participará en diversas reuniones junto a nuestras aliadas y redes regionales y globales. Llevar una voz latinoamericana y desde la sociedad civil es esencial para construir un Foro realmente representativo y democrático, capaz de orientar un futuro digital justo e inclusivo.

El IGF fue creado en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas en inglés), que próximamente entrará en su revisión histórica WSIS+20. Derechos Digitales ha venido contribuyendo activamente a este proceso, impulsando una mirada crítica y situada desde América Latina.

El IGF 2025 se desarrollará de forma híbrida, se puede asistir de manera virtual a las actividades accediendo a la Plataforma Virtual aquí. El cronograma completo se puede consultar en la web oficial.

Derechos Digitales participó en el Evento anual del IGF Chile

Del 10 al 13 de junio se desarrolló el Evento anual 2025 del Foro de Gobernanza de Internet (IGF por sus siglas en inglés) en Chile, una instancia trascendental para discutir acerca de las telecomunicaciones y su gobernanza. J. Carlos Lara, codirector ejecutivo de Derechos Digitales, fue invitado a exponer en una sesión en representación de nuestra organización.

En su presentación, Lara enfatizó en la necesidad de reconocimiento a la participación multisectorial efectiva, especialmente en procesos globales de gobernanza de internet, a través de mecanismos para incorporar sus perspectivas. Además, resaltó la importancia de contar con espacios para contribuciones multisectoriales a nivel nacional. Por último, nuestro codirector ejecutivo habló sobre la necesidad de congruencia entre las agendas de órganos públicos con distintas competencias, desde la diplomacia hasta la implementación de los compromisos internacionales a nivel doméstico.

El Panel “Gobernanza de Internet” también contó con la participación de Catalina Frigerio, directora de Incidencia y Políticas en Wikimedia Chile; y la moderación de Ignacio Sánchez González, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile (IEI), y Patricia Peña, presidenta de Internet Society Capítulo Chile. El debate completo así como otras sesiones del Evento se pueden ver en el canal de You Tube del IGF Chile.

Derechos Digitales refuerza con estas acciones su seguimiento de las diversas instancias del IGF con el horizonte de construir colectivamente las herramientas tecnológicas que una sociedad más justa e igualitaria necesita.

Derechos Digitales participó del encuentro global de Privacy International

La red global de Privacy International convocó en Londres a más de 25 organizaciones de la sociedad civil de Asia, África, América Latina y Europa para intercambiar aprendizajes y estrategias frente a los crecientes desafíos que plantea el entorno digital. Además de Derechos Digitales, participaron actores clave como Coding Rights (Brasil), TEDIC (Paraguay), DRF (Pakistán), ADC (Argentina), SMEX (Líbano), Paradigm Initiative (Nigeria), entre muchas otras organizaciones que, desde sus contextos, defienden la privacidad, combaten la vigilancia y promueven derechos humanos en entornos digitales.

En ese espacio, Catalina Balla, directora de Comunicaciones de Derechos Digitales, presentó experiencias y reflexiones de la organización en tres sesiones temáticas. En la sesión sobre ciberseguridad, seguridad digital y resiliencia, compartió los hallazgos del informe “Líneas de ayuda para atender casos de violencia de género en línea”, destacando la importancia de los mecanismos de respuesta desde la sociedad civil frente a la violencia digital con enfoque de género.

Luego, en el panel sobre prácticas de vigilancia en contextos democráticos y no democráticos, presentó el estudio “En la mira: seguridad y principales amenazas digitales en América Latina”, que mapea los riesgos actuales en la región vinculados al uso de tecnologías de vigilancia. Finalmente, en la conversación sobre construcción de narrativas y comunicación creativa, expuso sobre cómo comunicar más allá de las plataformas extractivas y qué alternativas pueden explorar las organizaciones de derechos digitales en un entorno marcado por la desinformación, la hostilidad y la concentración del poder.

Este encuentro permitió fortalecer redes de trabajo globales y avanzar en la construcción de respuestas colectivas frente a un entorno digital en crisis, en el que defender la privacidad, la autonomía y los derechos humanos sigue siendo urgente.

Derechos Digitales alerta sobre los riesgos de la polémica Ley de Inteligencia recientemente aprobada en Ecuador

El Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional de Ecuador amenaza las libertades, la privacidad y la democracia. Esta normativa generó un alerta entre las organizaciones sociales por el riesgo que implica para los derechos fundamentales. En ese marco, Derechos Digitales fue invitada a exponer en un Conversatorio organizado en Quito por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador(CONAIE).

“¿Una ley para protegernos o para espiarnos?” fue el título del foro que unió voces de distintos sectores de la sociedad civil ecuatoriana para analizar la flamante ley de Inteligencia. Rafael Bonifaz, Líder del Programa Latinoamericano de Seguridad y Resiliencia Digital (LAREDD), representó a nuestra organización en el conversatorio.

En su intervención, Bonifaz expresó: “En un país democrático esperábamos que una ley de estas características incuyera algún tipo de involucramiento de la sociedad civil, pero en este caso hubo cero participación ciudadana, no nos permitieron presentar nuestras propuestas para este proyecto. Se acaba de aprobar en Ecuador la creación de una policía secreta, con fondos sin control y total impunidad. Esto es muy peligroso para toda nuestra región porque sienta un precedente gravísimo”.

El panel también contó con la presencia de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE; Raúl Lema, asesor parlamentario; Susana Godoy del Taller de Comunicación Mujer; y Ariadne Celi de la Fundación INREDH. Se puede acceder al video completo de la charla a través de las redes sociales de CONAIE.

Días antes de la votación en el parlamento, un conjunto de organizaciones realizamos un llamado urgente a rechazar el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia advirtiendo sobre el debilitamiento de los derechos humanos. Además, Derechos Digitales publicó un análisis del proyecto de ley con un claro mensaje al cuerpo legislativo: la protección de la seguridad nacional del Estado no debe ser una justificación para sacrificar garantías constitucionales.

Desde la sociedad civil reiteramos nuestra preocupación por esta endeble aprobación de una normativa tan importante y seguiremos monitoreando las discusiones buscando presionar por una declaración de inconstitucionalidad. En Ecuador y en toda América Latina necesitamos que las legislaciones sobre inteligencia cumplan con los más altos estándares de derechos humanos, transparencia y supervisión democrática.

Lee nuestro análisis completo de la ley aquí.

WSIS+20: Participamos en la reciente consulta informal de la ONU destacando la necesidad de una gobernanza digital democrática, inclusiva y sostenible

Durante 2025, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS por sus siglas en inglés) se someterá a su revisión de 20 años. La revisión WSIS+20 será una cita clave para la gobernanza digital global en las próximas décadas. La relevancia de este proceso compromete desde hace meses a Derechos Digitales con una participación activa y articulada. Por ello, esta semana nuestra organización participó de la “Consulta virtual informal de las partes interesadas sobre la revisión de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información”. Nuestra directora de Políticas Públicas, Paloma Lara Castro, expuso en una sesión de la Consulta remarcando la importancia que supone este proceso para proteger los derechos humanos, reducir la desigualdad y mitigar los daños medioambientales.

¿En qué medida y cómo ha evolucionado la visión de una “Sociedad de la Información centrada en las personas, integradora y orientada al desarrollo” en los últimos 20 años desde la WSIS? ¿Cuáles son hoy las prioridades y los retos para la aplicación de los resultados de la Cumbre? Bajo estas preguntas orientadoras, entre otras, nuestra organización intervino destacando que, aunque las instancias WSIS han contribuido significativamente a la protección de los derechos humanos -por ejemplo, a través de su modelo de múltiples partes interesadas y la creación del FGI, facilitadores clave de los derechos humanos-, creemos que puede ir más allá, reconociendo desigualdades estructurales como las relacionadas con el género y con las dinámicas de poder entre el Norte y el Sur Globales, considerando el papel del sector privado, para que el proceso y sus resultados estén realmente centrados en las personas.

“Este proceso no se trata sólo de actualizar la agenda de WSIS: se trata de defender los derechos humanos, reducir las asimetrías globales y garantizar que el futuro de la gobernanza digital sea democrático, inclusivo y sostenible”, expresó Lara Castro en la sesión. Además, sugerimos con énfasis: priorizar anclar la interpretación y aplicación de los resultados de la Cumbre en el marco internacional de los derechos humanos; mantener el modelo multistakeholder asegurando una amplia participación; fortalecer protecciones a la privacidad y la protección de datos; avanzar hacia una conectividad significativa; y crear una línea de acción específica en género.

En la Consulta también estuvieron presentes representantes de otras organizaciones de la sociedad civil tales como Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Global Partners Digital, Colnodo, Access Now y Data Privacy, entre otras.

La participación de Derechos Digitales en el proceso de revisión se consolida cada vez más. Dos meses atrás, realizamos aportes fundamentales en la 28° sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de Naciones Unidas (CSTD por sus siglas en inglés). Para brindar asistencia práctica, publicamos recientemente junto a más de 150 organizaciones y personas expertas un “Plan de Cinco Puntos para una Revisión Inclusiva de la WSIS+20”. Y hace pocos días, en Chile, organizamos un taller multisectorial para articular la participación nacional de cara a este evento internacional.

La revisión WSIS+20 representa una oportunidad histórica para evaluar los compromisos adoptados hace dos décadas y proyectar un modelo más inclusivo, sostenible y centrado en los derechos humanos para el desarrollo digital de todas las personas. En ese camino, seguimos trabajando.

Derechos Digitales lanza campaña global para promover los derechos fundamentales en el trabajo mediado por plataformas

Millones de personas trabajan cada día en aplicaciones digitales de reparto y transporte bajo condiciones marcadas por la inestabilidad, la falta de garantías laborales y la ausencia de protección social. En un contexto donde los algoritmos determinan jornadas, ingresos y sanciones, la promesa de flexibilidad se desvanece ante la realidad de un modelo profundamente precarizador.

Con el objetivo de visibilizar esta problemática global y abogar por marcos normativos que garanticen derechos fundamentales en el trabajo mediado por plataformas, Derechos Digitales lanzó la campaña “Con los derechos no se juega” durante un Webinar realizado en el marco de la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT2025) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“En esta campaña queremos sensibilizar al público sobre el alto nivel de desprotección al que están expuestas las personas que trabajan en plataformas y visibilizar demandas que materializan años de reivindicaciones de las personas trabajadoras. Esta Conferencia de la OIT es una oportunidad fundamental para avanzar en garantías concretas en materia de derechos, más allá de la modalidad o el lugar de trabajo”, afirmó Jamila Venturini, codirectora de Derechos Digitales, en la apertura del evento. “La economía de plataformas está y seguirá presionando por precarización laboral en todos los ámbitos de la vida y necesitamos poner un freno a este proceso si queremos garantizar un futuro más justo”, completó.

Durante el conversatorio “Derechos fundamentales para el trabajo en plataformas” realizado por Derechos Digitales en alianza con IT for Change, Privacy International, Humans Rights Watch y Central Autónoma de Trabajadores de Perú, hubo importantes reflexiones sobre los desafíos que enfrentan las personas que trabajan a través de plataformas digitales, además de visibilizar las condiciones de precarización que se reproducen en estos entornos, y debatir avances hacia políticas que aseguren condiciones de trabajo decente y resguarden derechos de quienes trabajan en aplicaciones.

Venturini moderó el encuentro de debate virtual que contó con la participación de panelistas representantes de distintas organizaciones de sociedad civil: Pía Garavaglia, coordinadora de Investigación en Derechos Digitales; Lena Simet, investigadora principal en Pobreza y Desigualdad en Human Rights Watch; Sadhana Sanjay, investigadora de IT For Change; y Alexandrine Pirlot de Corbion, directora de Estrategia de Privacy International.

“La promesa de las empresas para que los trabajadores disfruten de una flexibilidad no es verdad. Las mayores beneficiarias son ellas, que están logrando un lucro increíble mientras que, en Estados Unidos por ejemplo, los trabajadores ganan en promedio 5 USD por hora, por debajo del salario mínimo”, declaró Lena Simet de Human Rights Watch también en el Webinar.

Por su parte, Sadhana Sanjay de IT For Change expresó: “El algoritmo no es neutral y funciona en contra de los derechos de trabajadores, a quienes estas plataformas cada día le están haciendo la vida más difícil. Este es un modelo de negocios en el cual los costos están externalizados en los trabajadores y todo esto se gestiona desde algoritmos y datos recolectados de forma oculta.”

“Es imprescindible insistir para aprobar un instrumento normativo vinculante y obligatorio que regule mejor estas tecnologías del trabajo para lograr mayor transparencia en el uso de los datos. Para ello, necesitamos que la Conferencia del Trabajo sea más abierta y participativa, que incluya a todas las múltiples partes interesadas”, agregó en su intervención Alexandrine Pirlot de Corbion de Privacy International.

Por último, la coordinadora de Investigación en Derechos Digitales Pía Garavaglia afirmó: “Las iniciativas regulatorias en América Latina demuestran la intención de nuestra región en esta temática. Sin embargo, aún quedan desafíos como el uso de datos, los seguros, la libertad de asociación y la gestión algorítmica. Este es un momento clave para avanzar en estos grises y lograr un trabajo decente en plataformas.”

Al cierre del Webinar (se puede ver completo aquí), se presentó el video central de la campaña: una pieza audiovisual con estética de videojuego que retrata los abusos, la opacidad algorítmica y la precarización que enfrentan millones de personas trabajadoras en todo el mundo.

Esta campaña forma parte de un esfuerzo más amplio de incidencia de la sociedad civil en el marco de la CIT 2025. En este contexto, diversas organizaciones firmaron una declaración conjunta que urge a los Estados y a la OIT a adoptar normas internacionales que protejan de forma efectiva los derechos laborales en la economía de plataformas.

Además, puedes revisar la nota técnica sobre la CIT, desarrollada por Derechos Digitales, con antecedentes y recomendaciones.

Hacia una IA con perspectiva de género: Derechos Digitales participó en encuentro internacional en Brasil

Las tecnologías digitales, como la Inteligencia Artificial, ofrecen un gran potencial para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de nuestras sociedades. También pueden mejorar las condiciones de vida de las personas al facilitar el acceso a la educación, el empleo y las plataformas para amplificar sus voces. Sin embargo, estos beneficios muchas veces vienen acompañados de importantes riesgos para los derechos humanos, que a menudo afectan de manera desproporcionada a los grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas, pueblos indígenas, entre otras. Dentro de estos grupos, las mujeres y las niñas se enfrentan a riesgos elevados debido a la perpetuación de los patrones ya existentes de desigualdad de género y al refuerzo de los estereotipos.

Para poder debatir en torno a esta situación, Derechos Digitales fue invitada a participar del Workshop “Inteligencia Artificial y Derechos Humanos – Los derechos de las mujeres y las niñas en foco”, realizado el pasado lunes 2 de junio en Sao Paulo. La jornada fue organizada por el Proyecto B-Tech de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, InternetLab y Law & Tech Lab de la Universidad de St.Gallen’s.

Jamila Venturini, codirectora ejecutiva de Derechos Digitales, intervino compartiendo nuestros insumos respecto de los problemas identificados en la aplicación de criterios de derechos humanos para el uso de IA en el sector público en América Latina, a partir del trabajo que desarrollamos en nuestro Proyecto IA & Inclusión. Además, puso a disposición recomendaciones sobre cómo abordar estos problemas desde las políticas públicas que actualmente se discuten en Brasil. Nuestra participación estuvo basada en las reflexiones que publicamos junto a otras organizaciones en “Applying a gender lens to the implementation of the UNGPs in the digital age (13th March 2025 version)”.

El objetivo del Workshop fue establecer una base común entre las partes interesadas, tendiendo puentes entre debates nacionales e internacionales en relación con la política de IA y las normas internacionales de derechos humanos, con especial atención a la igualdad de género. Este taller multisectorial, reunió a reguladores, sociedad civil, mundo académico, organizaciones internacionales, y actores del sector privado.

Nuestra organización viene siguiendo de cerca estos temas. A fin del año pasado participamos de la “Consulta de Expertos sobre la aplicación práctica de los UNGPs (Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los Negocios y los Derechos Humanos) a las actividades de las empresas tecnológicas, incluidas las relacionadas con la inteligencia artificial”. Los aportes de las organizaciones de la sociedad civil son indispensables para poder contar con una IA que respete y garantice los derechos fundamentales para toda la ciudadanía.

Por una tecnología soberana: Derechos Digitales compartió su experiencia con Matrix en la Digital Resilience Network

El pasado 28 de mayo, nuestra organización fue invitada a exponer en una formación interna de la Global Network for Social Justice & Digital Resilience (DRN), de la cual Derechos Digitales forma parte, para profundizar la conversación acerca de la importancia y la viabilidad de contar con servidores y aplicaciones de software libre en la gestión de nuestras organizaciones. Nuestro Líder del Programa Latinoamericano para la Resiliencia y la Defensa Digital (LAREDD), Rafael Bonifaz, expuso en el taller que también contó con la presencia de nuestro director de Tecnología, Miguel Flores.

En “Reflexiones sobre la cooperación técnica”, Derechos Digitales presentó su trabajo de implementación de una instancia federada de Matrix que podría servir como primera herramienta de comunicación colaborativa para la DRN. Además, la organización SMEX mostró la estructura de su Laboratorio de Amenazas, las iniciativas relacionadas y el proceso de trabajo.

“Migramos de Slack a Matrix porque las comunicaciones internas son estratégicas en cualquier organización. Por este motivo, buscamos una herramienta que nos permitiera tener control de nuestros datos al gestionar un servidor propio y además ofreciera cifrado extremo a extremo para garantizar las comunicaciones. La federación que provee Matrix además permite que podamos interactuar con otras organizaciones con independencia, autonomía y seguridad.” expresó Rafael Bonifaz al terminar su presentación.

Matrix es nuestra oficina en línea, nos ayuda a separar nuestra vida privada del trabajo. Luego de implementar esta herramienta durante tres años, se ha convertido en una parte integral del funcionamiento de nuestra organización. Bonifaz desarrolló en esta instancia algunas de las características y los beneficios de Matrix. Se trata de un protocolo que permite a cualquier organización sumarse a la red de ella, y además habilita la gestión interna: Derechos Digitales mantiene el control total sobre sus datos. Por un lado, la federación es una función valiosa que facilita la colaboración entre organizaciones, junto con la cultura FLOSS (Free/Libre and Open Source), que nos invita a colaborar para que otras organizaciones puedan tener su propia instancia. Por otra parte, ofrece cifrado de extremo a extremo por defecto para asegurar la confidencialidad de las comunicaciones

Esperamos que los saberes compartidos dentro de la DRN nos permitan consolidar una red global que tenga como horizonte una tecnología justa y soberana, y al software libre como el camino para alcanzarla.

Chile hacia WSIS+20: Derechos Digitales organizó un taller multisectorial para articular la participación nacional

Un taller organizado por Derechos Digitales, con el apoyo de Global Partners Digital y Global Network Initiative, reunió en Santiago de Chile a actores relevantes para estructurar la participación del Estado chileno en la revisión de 20 años de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS+20 por sus siglas en inglés). “Camino hacia WSIS+20: Perspectivas clave desde Chile” se desarrolló este miércoles 28 y contó con la participación de representantes del sector público, la sociedad civil, la academia y la comunidad técnica y buscó fortalecer la articulación nacional de cara al Evento de Alto Nivel WSIS +20 que se celebrará en julio próximo en Ginebra, Suiza.

Preparar una gobernanza digital con perspectiva de derechos

Entre los ejes que nutrieron este encuentro se destacan: examinar el estado actual del proceso WSIS+20; reforzar la articulación nacional en el marco de iniciativas multilaterales; y generar insumos orientadores para el posicionamiento en vísperas de la revisión histórica de la Cumbre de la Sociedad de la Información.

Nuestro codirector ejecutivo J. Carlos Lara realizó una exposición centrada en los desafíos y oportunidades a considerar en la construcción de una postura nacional frente a este evento mundial. Por su parte, Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, siguió con unas reflexiones enfocadas en las distintas perspectivas que se pueden tener en cuenta desde Chile para este proceso. Además, María Paz Canales, head of Policy and Advocacy de Global Partners Digital, hizo una presentación con los puntos esenciales que implica la próxima WSIS+20.

“El proceso hacia WSIS+20 requiere instancias de preparación que permitan alinear visiones, fortalecer capacidades y promover el compromiso de los Estados con una gobernanza digital centrada en derechos humanos. Este taller representa un espacio estratégico de encuentro entre sectores como la sociedad civil, comunidad técnica, gobierno, academia, entre otros, donde el diálogo abierto y multisectorial es fundamental para construir políticas inclusivas y sostenibles en el marco de la sociedad de la información”, expresó J. Carlos Lara al finalizar el taller.

La posición estratégica de América Latina

Para América Latina, la revisión WSIS+20 cobra especial relevancia en un contexto donde persisten desafíos de conectividad, inclusión digital y protección de derechos fundamentales. Este taller preparatorio en Chile sienta un precedente importante para otros países de la región que buscan articular posiciones coherentes y participativas de cara a Ginebra.

Desde Derechos Digitales planteamos que el mandato de esta Cumbre debe reafirmar y enfatizar la importancia de mantener el enfoque de múltiples partes interesadas para garantizar el derecho a una participación significativa en los procesos de toma de decisiones sobre el futuro digital.

El WSIS+20 será una cita clave para definir el rumbo de la gobernanza digital global en las próximas décadas. La preparación que se viene desarrollando en Chile, con énfasis en la participación multisectorial y el enfoque de derechos, podría servir como modelo para otros países latinoamericanos que precisan fortalecer su voz en estos espacios internacionales.

La Junta de Supervisión de Meta le dio la razón a organizaciones de derechos humanos sobre contenido que incitaba a la violencia

El caso

La publicación fue realizada en julio de 2024 por el dirigente del grupo La Resistencia, Juan Maelo, conocido en Perú por incitar a la violencia en línea y fuera de ella contra personas defensoras de derechos humanos. Para entonces, Perú vivía uno de los episodios más críticos de protesta social en contra del gobierno de turno.

La publicación mostraba el rostro de la secretaria ejecutiva de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la cual había sido manipulada con inteligencia artificial para mostrarla cubierta en sangre junto a un mensaje que la acusaba a ella y su organización de supuestos actos de corrupción y violencia. La publicación alcanzó más de 1000 visualizaciones y 100 reacciones.

A los tres días de la publicación inicial, ésta fue denunciada por un usuario de la red social por violar las políticas de Meta. La denuncia fue atendida por un moderador humano que determinó que la publicación debía permanecer en línea al estar conforme a las políticas. La decisión fue apelada, pero automáticamente cerrada por Meta, por lo que la publicación siguió circulando.

Meta con posterioridad interpretó que como la imagen compartida no mostraba heridas visibles en la defensora atacada, ni que la sangre fuese producida por estas, la imagen no constituía por sí misma una incitación a la violencia y el odio.

El caso llega con posterioridad a la Junta de Supervisión de Meta (Oversight Board, en inglés) luego de que fuera seleccionado para su revisión. En enero de este año, la Junta convocó a personas y organizaciones interesadas en comentar al respecto, proceso al que contribuimos con comentarios.

La decisión: la publicación incita a la violencia y se debe retirar de Facebook

La Junta de Supervisión de Meta decidió de manera unánime que la publicación en cuestión constituía una amenaza “implícita o velada” de violencia, en contravía de la Política de Incitación al Odio de Meta. Y rechazó, desde luego, la interpretación hecha por Meta respecto de la imagen como no problemática.

Nuestra tesis apuntaba a que la publicación debía ser interpretada y entendida en razón al contexto social peruano donde la imagen ensangrentada de una defensora de derechos humanos (generada artificialmente), constituye un tipo de violencia de género que implícitamente hace un llamado a la acción para atentar contra la integridad física de la defensora amenazada.

Recordemos que, desde 2022 y hasta ahora, Perú ha enfrentado un serio debilitamiento del espacio cívico, que ha hecho de las personas defensoras de derechos humanos un objetivo de ataques de actores públicos y privados. Altos niveles de represión durante las protestas sociales, leyes antiONG, acusaciones infundadas de corrupción de organismos de derechos humanos de trayectoria y prestigio, así como la violencia digital sistemática que se traslada a los entornos físicos, hacen de la defensa de los derechos humanos en Perú una labor de alto riesgo.

Esta situación ha sido documentada, de hecho, por distintos organismos internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que, en un informe de 2023, ya había alertado sobre la situación crítica que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y cómo varias de ellas, incluida la CNDDHH, habrían sido objetivo de los ataques de La Resistencia sin que se reportaran actuaciones contundentes por parte de las autoridades.

La Junta de Meta reprodujo de hecho la propuesta que sugerimos al sostener que se trataba de una publicación con una incitación velada o implícita de violencia pues (i) por su contenido, hacía un llamado de acción a la violencia física -ensangrentar el rostro de una mujer defensora de los derechos humanos-, y (ii) que, en razón a elementos del contexto peruano, se podía entender que una imagen como la difundida solo podría tener un efecto negativo y perjudicial para la defensora de derechos humanos atacada. Por tanto, la publicación resulta incompatible con la Política sobre Conducta que Incita al Odio

Qué sigue: Meta debe cumplir de manera consistente

La publicación sigue siendo reproducida por otras cuentas de usuario idénticas a las del autor original de la publicación, por lo que todavía circula en línea.

La Junta de Supervisión, en atención a este hecho, hizo un llamado de atención para que Meta actúe de manera consistente eliminando también esos contenidos, a menos que se compartan con el ánimo de sensibilizar a las personas o condenar los hechos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.

La Junta Supervisora también elevó otras recomendaciones a Meta, como evaluar en razón a la Política de Incitación al Odio las amenazas contenidas no solo en modalidad de texto sino de imagen, y a que genere reportes anuales sobre qué tan consistente es la compañía aplicando su propia política en esta materia cuando se trata de amenazas veladas, donde el contexto social es un elemento significativo en la determinación del potencial violento del contenido denunciado, y que informe sobre la frecuencia en que se presentan falsos positivos y falsos negativos en la aplicación de dicha política tratándose de personas defensoras de derechos humanos y la circulación de contenido con discurso político.