La actividad, realizada en inglés, buscó promover un espacio de intercambio con expertos, académicos y representantes de sociedad civil sobre los impactos y desafíos de la inteligencia artificial (IA) en la política exterior, la diplomacia y las relaciones internacionales.
Catalina Balla, directora de Comunicaciones de Derechos Digitales, participó en el encuentro, donde se discutieron temas clave como la cooperación internacional en materia de IA, los avances y desafíos de Chile en la regulación de estas tecnologías y la importancia de incluir múltiples partes interesadas en su gobernanza. Además, se abordaron los principales hallazgos del documento “AI and Foreign Policy”, presentado por Branka Panic, asesora senior del Data Innovation Lab.
La instancia permitió reflexionar sobre el rol que puede desempeñar la IA como herramienta para el análisis de datos, la prevención de conflictos o la participación ciudadana en procesos multilaterales. Sin embargo, también se abordaron con fuerza los riesgos que su uso implica en contextos de poder y geopolítica, especialmente cuando se aplica sin controles adecuados. Se discutieron los peligros de la vigilancia masiva, la censura automatizada, la discriminación algorítmica y el uso de estas tecnologías para reforzar desigualdades estructurales o restringir libertades fundamentales. Asimismo, se advirtió sobre la creciente concentración de poder en manos de grandes empresas tecnológicas, cuya influencia en la definición de estándares, prioridades y marcos regulatorios globales puede socavar la soberanía de los Estados y debilitar la protección de los derechos humanos.
Entre el 17 y 19 de agosto se realizó en Santiago de Chile el Community Workshop de Internet Society (ISOC) para América Latina. La actividad reunió a fellows de la región con el propósito de fortalecer sus capacidades de incidencia en políticas públicas vinculadas a Internet.
El programa incluyó sesiones sobre comunicación estratégica, narrativas de incidencia, negociación en foros multilaterales y liderazgo para el desarrollo de proyectos de incidencia en conectividad y telecomunicaciones.
Paloma Lara Castro, directora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, lideró la sesión “Advocacy in Practice: Strategies, Challenges, and Regional Lessons”. Allí, presentó a Chile como un caso exitoso de incidencia, destacando la relevancia del trabajo en coalición, la construcción de mensajes claros y la participación ciudadana como elementos fundamentales para lograr transformaciones en políticas públicas del ámbito digital.
Su intervención abrió un espacio de reflexión colectiva entre las y los fellows sobre cómo adaptar estas lecciones a sus propios contextos nacionales y regionales, enriqueciendo el intercambio de experiencias en torno a los desafíos comunes de la región.
Las organizaciones firmantes saludamos la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de admitir a trámite el caso 86-50-IN, mediante el cual se impugna la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley Orgánica de Inteligencia, así como de su Reglamento General. Este auto, que incluye la suspensión provisional de más de 20 disposiciones legales, advierte la existencia de un riesgo de afectación inmi- nente y posiblemente irreversible a varios derechos fundamentales.
La Corte ha actuado en coherencia con su mandato constitucional de protección de derechos, al consi- derar que se presentaron argumentos suficientes para presumir que podría existir una incompatibilidad normativa entre los artículos demandados y los derechos a la seguridad jurídica, intimidad, protección de datos personales, inviolabilidad de la correspondencia, acceso a la información pública y debido proceso.
Denunciamos nuevamente que dicha Ley:
Viola el derecho a la privacidad y al debido proceso: Al permitir el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial, se habilita una vigilancia masiva e inconstitucional sobre la ciudadanía.
Otorga impunidad a los agentes de inteligencia: Exime de responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes cometan abusos en el marco de sus funciones, generando un sistema paralelo fuera del Estado de derecho.
Impone una entrega obligatoria de información sin garantías: Obliga a instituciones, empresas y personas a entregar datos bajo amenaza legal, sin protección de confidencialidad ni posibilidad de oposición.
Legaliza el uso de gastos reservados sin fiscalización: Se establece el uso de recursos públicos bajo la figura de «gastos reservados», sin controles independientes ni auditorías externas, reproduciendo las mismas condiciones que permitieron escándalos de corrupción y espionaje político en el pasado (como con la extinta SENAIN).
Permite el uso político del sistema de inteligencia: Con un ente rector nombrado directamente por el Presidente y sin mecanismos de supervisión autónoma, el sistema puede ser fácilmente instrumentalizado para perseguir a críticos, opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, incluso a adversarios económicos.
Debilita la transparencia y la democracia: La clasificación arbitraria de información como “secreta” o “secretísima” limita el acceso ciudadano y periodístico, erosionando la rendición de cuentas y alimentando la opacidad institucional.
Incumple estándares internacionales de derechos humanos en materia de inteligencia: Desconoce el fallo Cajar vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Principios de Tshwane, que, entre otras cosas, exigen proteger los datos personales en sistemas de inteligencia y garantizar derechos como la cancelación, corrección y actualización, reconociendo la autonomía informativa.
En Ecuador los sistemas de inteligencia han sido usados para espiar a periodistas, atacar y hostigar a opositores políticos, criminalizar la protesta social y vulnerar derechos de pueblos indígenas y movi-mientos populares. La admisión de este caso por la Corte es un paso importante para frenar estas prác- ticas de persecución, corruptas y abusivas.
Exigimos, en concordancia con lo planteado en la demanda admitida por la Corte:
La declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas, por ser contrarias a la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares internacionales en materia de inteligencia, privacidad, debido proceso, libertad de expresión y acceso a la información. Y, por lo tanto, que sean expulsadas del ordenamiento jurídico ecuatoriano.
La garantía de que no se vuelva a legislar en esta materia sin procesos participativos y con enfoque de derechos.
La apertura de un proceso de debate público y técnico, abierto a la ciudadanía, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos y nacionalidades, organizaciones sociales y expertos/as en seguridad y Derecho Constitucional, que permita construir desde la sociedad una política de inteligencia democrática y con garantías.
La eliminación total de cualquier figura de gastos reservados sin fiscalización independiente, por ser incompatibles con los principios de transparencia, control y rendición de cuentas establecidos en la Constitución.
Que se establezcan límites claros y responsabilidades efectivas en el accionar de los agentes de inteligencia, incluyendo la eliminación de toda autorización para el uso de identidades ficticias (art. 41) y la incorporación de un régimen de sanciones administrativas, civiles y penales conforme al artículo 233 de la Constitución, que garantice la rendición de cuentas ante cualquier abuso o violación de derechos.
El fortalecimiento de los mecanismos de control ciudadano y judicial, que garanticen que cualquier sistema de inteligencia opere bajo principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, control independiente y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
La historia reciente de Ecuador ha demostrado que los sistemas de inteligencia sin control son herra- mientas para el espionaje, la persecución política, la censura y la corrupción. No podemos repetir ese ciclo. La seguridad no puede servir de excusa para perpetuar la corrupción, los abusos, la impunidad y vulnerar los derechos de todas las personas.
Adicionalmente, expresamos nuestra preocupación sobre el reciente llamado a consulta popular por parte del Presidente de la República, y especialmente a la pregunta 6 que tiene una clara intención de menoscabar el accionar de los jueces constitucionales que, como en el mencionado caso en este mani- fiesto, han tomado decisiones técnicas y jurídicas frente a la posible vulneración de derechos que los proyectos de ley del ejecutivo acarrean.
Finalmente, rechazamos las recientes declaraciones del gobierno y su postura en contra de la decisión de la Corte de suspender varios artículos de esta y otras normas que consideramos inconstitucionales, así como la convocatoria a una marcha planteada por el Presidente Daniel Noboa. Todas estas, acciones que pretenden desacreditar el accionar técnico y jurídico de la Corte Constitucional y menoscabar sus funciones.
Nos mantenemos vigilantes ante de la sustanciación de las acciones públicas de inconstitucionalidad admitidas por la Corte Constitucional, en particular de la causa No. 86-50-IN en, y exigimos que se res- pete la autonomía y la integridad de dicha institución.
Varias organizaciones de la sociedad civil expresamos, en un comunicado conjunto, nuestra profunda preocupación por la decisión sin precedentes del Gobierno de los Estados Unidos de imponer sanciones a Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
La declaración alerta sobre esta medida en tanto contribuye al silenciamiento de especialistas y activistas en Derechos Humanos. Además, brinda detalles sobre el reciente informe de Albanese, “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, el cual identifica cómo la IA, los servicios en la nube, la vigilancia biométrica y las tecnologías de control predictivo han reforzado las operaciones militares, el control de la población y los ataques ilegales contra civiles en el genocidio que se está produciendo en Gaza.
El texto completo del comunicado puede encontrarse acá.
Del 21 al 25 de julio se llevó a cabo de manera virtual el 193 período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de un espacio destinado a la escucha sobre la situación de los Derechos Humanos en países específicos o en la región en torno a temáticas concretas, contando con la participación de organizaciones de la sociedad civil, los Estados y la Comisión, y sentando demandas y recomendaciones para la garantía de los derechos y libertades fundamentales. Derechos Digitales siguió de cerca este conjunto de sesiones, donde se desarrollaron siete audiencias dedicadas a la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos y el cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe.
Este período es resultado del monitoreo continuo que realiza la CIDH al deterioro de la institucionalidad democrática y los graves retrocesos en Derechos Humanos en la región. En esta ocasión, reunió las voces de representantes de la sociedad civil de Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Como tendencia evidenciada en las audiencias públicas, encontramos la creación de un paquete legislativo sistemático para ahogar a la sociedad civil y amedrentar el ejercicio de defensa de los Derechos Humanos, las bien nombradas leyes anti-ONG. Distintos gobiernos latinoamericanos han instrumentalizado discursos de fiscalización y marcos legales contra el lavado de dinero para imponer controles desproporcionados y sanciones arbitrarias a este tipo de organizaciones. Estos mecanismos, basados en criterios ambiguos, no solo intensifican modelos de vigilancia y control hacia personas defensoras de Derechos Humanos, sino que también ponen en riesgo su integridad física y facilitan la persecución financiera contra las entidades.
Lo que vemos es un patrón alarmante: la instrumentalización de la vía legal para legitimar la persecución, la vigilancia y la criminalización hacia personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y periodistas, paralizando, silenciando y generando miedo en el ejercicio de su labor. A este escenario se suma la denuncia recurrente, expresada en cada una de las audiencias en cuestión, sobre el hostigamiento y acoso facilitados por las TIC contra miembros de la sociedad civil y periodistas. Prácticas como el descrédito en redes sociales, las campañas y los discursos de odio, el hackeo a dispositivos personales y cuentas de correo institucionales, así como el espionaje mediante el uso del software Pegasus –en el caso específico de El Salvador-, fueron señaladas como patrones represivos que amenazan a las democracias.
Desde Derechos Digitales rechazamos la sistematicidad del cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe. Los marcos legales que están siendo utilizados para tal fin se multiplican día a día, obstaculizando la defensa y promoción de los Derechos Humanos tan necesaria en nuestra región e, incluso, llevando al cierre de operaciones de organizaciones que brindan asistencia y acompañamiento a personas y colectivos víctimas de vulneraciones de derechos, como el caso reciente de Cristosal en El Salvador.
En un contexto regional y global marcado por crecientes desafíos en derechos humanos, el trabajo de las personas defensoras se vuelve no solo esencial, sino apremiante. Los patrones de criminalización y persecución física y digital a las voces críticas en la región, manifestados en este período de audiencias públicas de la CIDH, intensifican todas las alertas y amenazan la democracia en nuestras comunidades. Las organizaciones de la sociedad civil prestan servicios esenciales y vitales a individuos y grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad, defendiendo sus derechos ante violaciones de diferente índole. La protección de la sociedad civil es un elemento clave de cualquier democracia, por esto es imperioso el establecimiento de mecanismos de control institucionales efectivos en la formulación e implementación de las leyes mencionadas.
La integridad informativa es una condición fundamental para el desarrollo de elecciones libres y transparentes. La participación política en democracia requiere el acceso a información plural, de calidad y útil para la conversación pública. En reiteradas ocasiones, nuestra región ve amenazados estos valores democráticos por la desinformación y las fake news. Para poder comprender este fenómeno y construir herramientas para enfrentarlo, Derechos Digitales participó esta semana del conversatorio internacional “Elecciones con/sin desinformación: La integridad informativa como condición democrática”.
En medio de un contexto electoral, La Paz fue escenario del evento que se llevó adelante el pasado 31 de julio, convocado por la Fundación Friedrich Ebert, Internet Bolivia.org y OXFAM. Nuestra coordinadora de Políticas Públicas, Marina Meira, fue parte del panel que contó también con la participación de investigadores, funcionarios públicos y periodistas de toda la región.
Moderado por Cristian León, director de Internet Bolivia.org, nuestro diálogo llevó el título “La desinformación como problema para las elecciones. ¿Qué hacer?” Allí, Meira afirmó: “El acceso a información íntegra es la base para una ciudadanía activa y una decisión electoral bien fundamentada.”
En su presentación, nuestra coordinadora de Políticas Públicas esbozó varias reflexiones en torno a la idea de “Integridad de la información”, entendida como la existencia de un entorno comunicativo donde la información relevante para la vida democrática circula con precisión, consistencia y confiabilidad. También explicó las características particulares del fenómeno de la desinformación electoral en América Latina, el cual se entrelaza con otras problemáticas locales. En ese sentido, compartió casos y ejemplos concretos de esta situación en distintos países de nuestra región.
Ante la pregunta de ¿qué hacer?, detallamos tres ejes de políticas públicas que pueden colaborar en el combate contra la desinformación. Por un lado, construir herramientas que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad de fuentes de información. Por otra parte, generar acciones para fortalecer la resiliencia social, como por ejemplo la alfabetización mediática. Y por último, mejorar la gobernanza con regulaciones basadas en los Derechos Humanos.
Para ver el conversatorio completo con todas las intervenciones, ingresar acá.
En esta ocasión, Paloma Lara-Castro, directora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, realizó una contribución centrada en la IA desde una perspectiva del Sur Global y con enfoque de género: “La IA está remodelando el ecosistema digital global, pero lo hace dentro de una arquitectura que refleja y refuerza asimetrías que existen desde hace mucho tiempo. Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta el uso acelerado de la IA en las políticas públicas”. Lara-Castro además añadió que “la concentración del desarrollo de estas tecnologías en unos pocos países y empresas del Norte Global está generando nuevas formas de colonialismo. La extracción de datos, el sesgo algorítmico y la centralización de la infraestructura digital reflejan patrones históricos de dependencia. La soberanía digital requiere no solo el acceso a la tecnología, sino también la propiedad y el control de las comunidades sobre los datos y los medios de producción digital.”
Durante su intervención, hicimos un llamado a que el proceso WSIS+20 promueva enfoques decoloniales y con perspectiva de género para la gobernanza de los datos y la IA. Estos deben priorizar los derechos colectivos, la gestión comunitaria y el interés público por encima de los modelos de negocio extractivos.
Asimismo, nuestra directora de Políticas Públicas destacó la necesidad de establecer evaluaciones obligatorias de impacto de género para todos los sistemas de IA, a fin de garantizar una participación significativa y un análisis de género sólido en el diseño y la gobernanza de estas tecnologías. Subrayó, además, la urgencia de contar con una línea de acción específica sobre género, así como de transversalizar este enfoque en todas las áreas del proceso WSIS, como condición clave para avanzar hacia un futuro digital justo y equitativo.
Por último, abordamos el impacto social profundo de la IA, especialmente en relación con la violencia de género digital, incluyendo los deepfakes, las herramientas de vigilancia y la desinformación selectiva, que debe abordarse como una cuestión de Derechos Humanos. Las respuestas deben basarse en las experiencias de las víctimas y sobrevivientes de las violencias. En ese sentido, advertimos sobre la dependencia de medidas punitivas: en su lugar, las estrategias deben ser multifacéticas, basadas en un enfoque de derechos y abordando las causas fundamentales.
Los ejes principales de nuestra participación en estos eventos están respaldados con documentos y declaraciones conjuntas que venimos desarrollando junto a organizaciones aliadas y articulaciones globales. Entre ellos, se destaca Coalición Global por los Derechos Digitales para la WSIS (GDRC-WSIS): Contribución conjunta al documento sobre los elementos para la revisión general de WSIS+20. Se trata de un aporte colectivo, redactado por 18 organizaciones, en el cual se formulan recomendaciones para afianzar el proceso de revisión de WSIS y sus resultados en materia de Derechos Humanos y participación significativa de múltiples partes interesadas.
La revisión WSIS+20 representa una oportunidad histórica para evaluar los compromisos adoptados hace dos décadas y proyectar un modelo más inclusivo, sostenible y centrado en los Derechos Humanos para el desarrollo digital de todas las personas. En ese camino, seguimos trabajando.
El objetivo del evento fue promover el involucramiento entre distintas partes interesadas en una discusión sustantiva sobre el “Marco de Naciones Unidas de comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio”, con foco especial en la aplicación del derecho internacional en el entorno digital.
Lara expuso en el panel “Normas y derecho internacional en los debates multilaterales sobre el uso de las TIC por los Estados”. Allí, destacamos el rol de la formación de capacidades en la implementación del Marco de la ONU, y enfatizamos en la importancia de elementos del enfoque centrado en las personas y reconocimiento del marco de Derechos Humanos en las estrategias nacionales de ciberseguridad. Además, nuestro codirector ejecutivo realizó un llamado a la promoción de la participación multisectorial significativa en espacios sobre seguridad digital, tanto en ámbitos nacionales como internacionales.
Como muestra el Portal de Política Cibernética del UNIDIR, buena parte de nuestra región ya cuenta con estrategias nacionales en materia de ciberseguridad. Derechos Digitales viene siguiendo este asunto de cerca, y es por eso que unos meses atrás publicamos el informe “Ciberseguridad en América Latina: estrategias nacionales en 2024”. El mismo da cuenta de la existencia de políticas de ciberseguridad en la región durante 2024, identificando los puntos comunes y desafíos que persisten en su implementación.
“Comprender y responder a la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV por sus siglas en inglés)” fue el título de la formación online desarrollada durante los días 24 y 25 de julio por la organización africana GenderRights in Tech (GRIT). La propuesta convocó a expertas de todo el mundo especializadas en derechos digitales e inclusión desde una perspectiva de género.
Paloma Lara-Castro, directora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, participó del evento con una presentación centrada en el trabajo que realiza nuestra organización respecto a la intersección entre género y tecnología. Por un lado, nuestra labor de incidencia basada en evidencia, con ejemplos de los aportes realizados para la Convención de Cibercrimen, el Global Digital Compact y la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (WSIS por sus siglas en inglés). Además, remarcamos los principales vacíos en materia de regulación y políticas públicas sobre TFGBV.
Por último, nuestra representante realizó un llamado general a establecer normativas balanceadas, basadas en derechos humanos desde una perspectiva interseccional, con el fin de asegurar un abordaje centrado en las víctimas y sobrevivientes. Enfatizó la necesidad de evitar la predominancia del sistema penal y de abordar estas violencias como fenómenos estructurales, mediante estrategias multifacéticas que incluyan prevención, alfabetización digital, reparación integral y acompañamiento psicosocial.
GRIT, la organización convocante del curso, viene desarrollando herramientas tecnológicas (chatbot, línea de ayuda, app móvil) para acompañar en términos jurídicos, sociales y psicológicos a las víctimas de violencia de género digital. Agradecemos la invitación a participar en este espacio, que nos permitió fortalecer alianzas para construir un entorno digital libre de violencias.
Del 22 al 24 de julio, La Paz fue sede de una nueva edición de AbreLatam/Condatos: el evento anual dedicado a los datos abiertos, donde convergen activistas, agentes públicos e investigadoras. “Un encuentro abierto por una región abierta” fue la consigna de las jornadas de este año. Derechos Digitales participó activamente organizando un taller y exponiendo en diversos paneles.
Nuestra organización llevó adelante el taller “Hacia la equidad sustantiva en la inteligencia artificial: un diálogo entre sociedad civil y agentes públicos”, dirigido a funcionarias y funcionarios públicos. La convocatoria se realizó en conjunto con nuestras aliadas ILDA, Fundación Internet Bolivia.org, y Electronic Frontier Foundation (EFF); y contó con el apoyo del Instituto de Inteligencia Artificial de Quebec (MILA). Marina Meira, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, moderó el encuentro, en el que también expusieron: Nicole Sánchez y Cristian Leon de Internet Bolivia.org, Gloria Guerrero de ILDA, y Veridiana Alimonti de EFF.
En esta instancia, presentamos los resultados del proyecto “Towards Real Diversity and Gender Equality in AI: Evidence-Based Promising Practices and Recommendations” desarrollado por la Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI). El programa buscar fortalecer la capacidad de los Estados y otros sectores en impulsar entornos de IA inclusivos, equitativos y justos. Los documentos del proyecto presentado pueden encontrarse en este enlace y también acá.
El taller resultó un espacio útil para escuchar a las personas invitadas sobre sus propias experiencias y dificultades concretas en los ámbitos en los que trabajan. A través de dinámicas participativas, logramos identificar de forma colectiva oportunidades y desafíos para la implementación de la IA en nuestra región.
Por otra parte, Meira también moderó el panel “Hacia la X Cumbre de las Américas: el rol de las tecnologías digitales en la construcción de una agenda regional”. Compartió la mesa junto a Veridiana Alimonti de EFF, Gloria Guerrero de ILDA y Eduardo Hernández representando a la OEA. Allí, presentamos detalles sobre el funcionamiento del proceso de la Cumbre, y describimos cuáles son las oportunidades de colaboración entre la sociedad civil y los Estados.
Nuestra coordinadora de Políticas Públicas, Marina Meira, señaló: “Un ejemplo claro del impacto de la Cumbre en la intersección entre tecnologías y Derechos Humanos es la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Funciona como un órgano permanente e independiente, con el mandato de promover y defender el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en las Américas, con un rol muy relevante de apertura al trabajo conjunto con la sociedad civil y organizaciones de Derechos Humanos y en temas de derechos digitales. Es un caso concreto que demuestra el potencial transformador del espacio de la Cumbre.”
AbreLatam/ConDatos se ha consolidado como un escenario regional clave para discutir temas relacionados con el aprovechamiento responsable de tecnologías, datos e innovación. Desde Derechos Digitales, continuaremos aportando al fortalecimiento de esta articulación latinoamericana para consolidar un diálogo regional en torno al desarrollo del marco interamericano de gobernanza de datos e IA, así como identificar, de manera colaborativa, acciones prioritarias relacionadas con estos temas.
