Más de veinte organizaciones de la sociedad civil y la academia, entre ellas Derechos Digitales, entregaron un documento conjunto con propuestas para que la transformación digital en el continente se base en la inclusión, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
En diciembre de 2025 se celebrará en República Dominicana la Décima Cumbre de las Américas, bajo el lema “Construyendo un hemisferio seguro, sostenible y de prosperidad compartida”. La cita reunirá a jefas y jefes de Estado del continente para debatir los principales retos de la región.
Ante ello, un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil presentó un documento con recomendaciones que buscan asegurar que las discusiones y los compromisos asumidos por los Estados incorporen la dimensión digital y garanticen que el desarrollo tecnológico esté basado en los derechos humanos. Aunque la nota conceptual de la Cumbre no contempla de manera explícita los desafíos vinculados a las nuevas tecnologías, se trata de un ámbito crucial para el futuro de la región.
La aportación conjunta plantea que la prosperidad y la seguridad que son el objetivo de la Cumbre no pueden construirse sin una transformación digital inclusiva y justa, con la justicia social como principio rector. Para ello, las organizaciones identifican áreas críticas en las que los Estados deben avanzar: infraestructura y conectividad, alfabetización digital, vigilancia estatal, digitalización del Estado, protección de datos y cooperación regional.
Uno de los ejes centrales del documento es el fortalecimiento del espacio cívico digital. Para las organizaciones firmantes, garantizar una conectividad segura, asequible y universal es condición indispensable para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en línea. Pero el acceso no es suficiente: se requieren también programas de alfabetización digital y mediática con perspectiva de género, junto con políticas que promuevan la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones tecnológicas. Solo de esta manera se podrá evitar la reproducción de exclusiones y desigualdades que ya existen fuera del entorno digital.
Las organizaciones también advierten sobre los riesgos del uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia. En la última década, varios Estados de la región han adoptado sistemas cada vez más intrusivos, muchas veces sin los controles adecuados. Esta situación amenaza derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión, y puede abrir la puerta a abusos contra voces críticas. Frente a ello, se hace un llamado a prohibir las prácticas de vigilancia ilegal o desproporcionada, garantizar la supervisión independiente y la autorización judicial, y establecer moratorias cuando las tecnologías impliquen riesgos graves e imposibles de mitigar. Recordaron, además, que la seguridad ciudadana solo puede sostenerse dentro de marcos regulatorios compatibles con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Otro de los aspectos abordados es la digitalización de los Estados. Aunque varios gobiernos han impulsado el uso de sistemas automatizados e inteligencia artificial para modernizar la gestión pública, en muchos casos estas iniciativas se implementaron sin diagnósticos adecuados ni evaluaciones de impacto en derechos humanos. Experiencias recientes en Brasil, Chile y Colombia muestran cómo el despliegue de estas tecnologías puede derivar en discriminación, opacidad y debilitamiento de la soberanía tecnológica. Por ello, el documento recomienda la adopción de marcos normativos claros, cláusulas de transparencia en los contratos públicos y el impulso de soluciones tecnológicas abiertas y auditables.
La protección de datos personales y la ciberseguridad también aparecen como prioridades urgentes. La creciente recolección de información sensible por parte de organismos públicos y las frecuentes filtraciones de bases de datos han dejado en evidencia la fragilidad de los sistemas actuales. Las organizaciones proponen fortalecer las leyes de protección de datos, dotar de independencia a las agencias supervisoras y prohibir que la información personal sea reutilizada para fines distintos a los previstos, como el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial sin consentimiento.
Finalmente, el documento subraya que ningún país puede enfrentar estos desafíos de manera aislada. La cooperación regional es clave para avanzar hacia estándares comunes de gobernanza de datos, detener inversiones de agencias de cooperación en tecnologías de vigilancia hasta que dejen de vulnerar derechos, y promover espacios de diálogo multisectorial sobre el futuro digital de la región.
Desde Derechos Digitales nos sumamos a este esfuerzo convocando los Estados y la Secretaría de Cumbres de las Américas a no dejar los compromisos asumidos previamente como meras declaraciones de intención. Tanto el Programa Regional para la Transformación Digital aprobado en la IX Cumbre de las Américas, como la Declaración y Plan de Acción sobre la Inteligencia Artificial aprobadas en la 7a Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología y los Lineamientos Interamericanos de Gobernanza de Datos e Inteligencia Artificial son referencias fundamentales para avanzar una agenda regional en materia de tecnologías. Hemos contribuido y esperamos seguir contribuyendo activamente al fortalecimiento de una perspectiva de derechos humanos a las políticas de desarollo tecnológico y transformación digital.
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