El martes 30 de julio, 5 organizaciones de la sociedad civil fueron invitadas a exponer frente a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, a propósito del TPP, el acuerdo de libre comercio que nuestro país negocia junto a 11 naciones. ONG Derechos Digitales, Colegio de Bibliotecarios, ONG Cívico, Consumers Intenational y Conadecus – todos parte de TPP Abierto – y la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos fueron hasta el Congreso. Esto fue lo que pasó.
“¿Ese computador está licenciado?” pregunta el diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriel Asencio. La pregunta va dirigida a José Huerta, Director Ejecutivo de ONG Cívico, quién está listo para exponer. “Sí, no nos va a pasar como a Fernando Ubiergo”, le contesta Huerta, aludiendo al famoso episodio en que el músico fue sorprendido utilizando software pirata, que le costó el puesto como presidente de la SCD. Algunos ríen con la broma.
La sala está repleta. Dos representantes del Colegio de Bibliotecarios comparten una silla, alguien de Derechos Digitales se acomoda en el suelo a tipear. En total son seis las organizaciones que han venido hasta Valparaíso a exponer sus principales dudas y críticas al Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica, que nuestro país negocia junto a otras 11 naciones.
José Huerta comienza su exposición. Habla sobre la Ley de Neutralidad en la red y el comunicado de prensa lanzado por la IFPI, donde afirman haber contactado a 4 mil usuarios de Internet que fueron detectados descargando música de forma ilegal, a su juicio, utilizando métodos legalmente cuestionables. “Eso es espionaje” clama un diputado. “Con el TPP las formas de acción de las asociaciones de derecho serán todavía más draconianas». Huerta explica que el TPP representa los intereses de la industria de los contenidos estadounidense. “Una industria que está muriendo” declara.
Las críticas a Estados Unidos son recurrentes en la sesión. “Un buen punto de partida sería mantener lo que se logró en materia de líneas de defensa en el TLC con EEUU” dice Juan Trímboli, director de Consumers International para América Latina y el Caribe, quien centra su presentación en como el TPP debilita las posibilidades de de los países para establecer regulaciones internas, en materias como el flujo de capitales, el etiquetado de productos y las patentes farmacéuticas.
«Las grandes empresas podrán demandar a los gobiernos ante un tribunal internacional por introducir leyes que regulen sus negocios», advierte Trímboli. Hernán Calderón de Conadecus añadiría luego que el TPP “importa reglas de Estados Unidos, pero no hace lo mismo con su sistema de protección de consumidores».
Tanto Calderón como el Colegio de Bibliotecarios de Chile hacen hincapié en que la implementación del TPP tendrá impactos considerables en los presupuestos públicos de salud, educación y cultura. «Hay que equilibrar los derechos y legítimos intereses de todos los sectores involucrados” dicen los bibliotecarios; “tenemos que jugar en una cancha pareja, donde los intereses de los consumidores y las empresas se nivelen», añade Trípoli.
José Luís Cárdenas de Asilfa (http://www.asilfa.cl) califica de “aberrante” la pérdida de soberanía asociada al sistema de certificación legislativa del TPP, que pretende que cualquier proyecto de ley que busque implementar lo dispuesto en el tratado, deba ser aprobados primero por Estados Unidos.
¿Qué espacio le queda al congreso? se pregunta Cárdenas. “Bueno, ir a Estados Unidos a explicar en qué consiste la ley” le contesta Ascencio – “O ir a hacer reverencias”- agrega la diputada María Antonieta Saa. Más risas.
Daniel Álvarez, de ONG Derechos Digitales le recuerda a la comisión que Estados Unidos ha buscado legislar a través de los tratados internacionales aquello que su mismo congreso no le permite por excesivo.
«¿Están dispuestos ustedes, como diputados, a firmar con los ojos cerrados?» pregunta Álvarez, aludiendo al excesivo secretismo con el que se han llevado las negociaciones. Todo lo que se sabe del tratado se ha conocido a través de filtraciones de los textos oficiales. Esta preocupación es central en cada una de las exposiciones.
“Por la cláusula de confidencialidad, el estado de Chile se comprometió a no hacer públicos los textos” explica la representante de DIRECON – “¿También para el Congreso?” pregunta la diputada Saa. Direcon acepta revelar detalles de la negociación en sesión secreta.
“¿Y se firma a final de año?” pregunta Ascencio, en relación a octubre, plazo impuesto por Estados Unidos para firmar el tratado. Direcon esquiva la pregunta. La sesión se levanta.
