Entre el 3 y el 5 de marzo se realizará RightsCon, una serie de conferencias donde expertos en derechos humanos, inversionistas, líderes empresariales, ingenieros, activistas y representantes de gobiernos de todo el mundo, trabajarán para avanzar en soluciones a los problemas de derechos humanos, concentrándose en las posibilidades dentro del sector de la tecnología.
Entre los expositores se encuentran Francisco Vera y Alberto Cerda, miembros de ONG Derechos Digitales, quienes participarán en un panel sobre Latinoamérica, Derechos Humanos y Tecnología.
RightsCon 2014 se realizará en Mission Bay Conference Center en San Francisco, California. Más información acá.
Como parte de IFEX, red de organizaciones que promueven y defienden la libertad de expresión alrededor del mundo, ONG Derechos Digitales se suma a la petición de libertad para Alaa Abd El Fattah y todos quienes permanecen injustamente detenidos en Egipto.
Alaa es un reconocido activista de la libertad de expresión y crítico acérrimo de las prácticas represivas del Estado. Tras la promulgación de leyes que prohíben las protestas pacíficas, Alaa fue detenido y encarcelado, junto a decenas de otros activistas.
Después del alzamiento del 25 de enero de 2011, Alaa creó una iniciativa colaborativa para que los ciudadanos pudiesen participar en la redacción de una nueva constitución. Además, Inició y albergó Tweet-Nadwas (“Simposio de Tweets”), que trajo activistas y bloggers de todo el mundo hasta la plaza Tahrir, en un diálogo abierto sobre temas difíciles, como el islamismo o la reforma económica.
¡Libertad para Alaa! BY (Electronic Frontier Foundation)
La noche del 28 de noviembre, las fuerzas de seguridad allanaron la casa de Alaa. Cuando pidió ver la orden de detención, lo golpearon junto a su esposa, y se lo llevaron esposado y con los ojos vendados a un lugar desconocido. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Tora, centro de detención de máxima seguridad, históricamente utilizado para albergar a los sospechosos de crímenes violentos y de terrorismo.
Pero el único crimen de Alaa es promover la libertad de expresión a través de plataformas web, lo que le ha significado ser perseguido por todos los gobiernos de Egipto: en 2006 fue encarcelado por el gobierno de Mubarak. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF) lo encarceló en 2011. Morsi presentó una demanda en su contra en 2013. Y ahora está encarcelado por el gobierno militar.
El actual gobierno ya condenó a Alaa a un año de cárcel en un juicio similar, pero independiente. Los cargos actuales pueden agregar años de reclusión a esa pena.
En vísperas del tercer aniversario de la revolución del 25 de enero, expresamos nuestra preocupación por el caso de Alaa y los atropellos a las libertades civiles en Egipto, y exigimos su liberación inmediata, como también un juicio justo para todos los detenidos, en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Egipto es signatario.
Por primera vez en Latinoamérica, INAPI impartirá el curso de verano sobre propiedad intelectual de la OMPI. ¿Cuáles son sus énfasis, quiénes son los expositores convocados y qué lugar ocupa la reflexión sobre acceso, entorno digital y limitaciones? Claudio Ruiz lo analiza en la siguiente columna.
INAPI junto a OMPI organizan el “Summer School on Intellectual Property”. BY (Warko)- SA
En octubre de 2013, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) anunció que durante el mes de enero se realizaría la versión chilena del “Summer School on Intellectual Property”, un curso de verano impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en conjunto con aliados locales en distintas partes del mundo.
Se trata de un curso pagado de diez días, que busca entregar herramientas a jóvenes profesionales, para profundizar sus conocimientos sobre propiedad intelectual. Una parte de las clases se dictará en INAPI y las restantes en la sede de una universidad privada en Viña del Mar.
El de la OMPI es un curso modular, que comparte currículum con otros programas similares que se han dictado alrededor del mundo. En él se incluyen aspectos generales y algo más específicos sobre propiedad intelectual, divididos en seis secciones, que van desde derechos de autor y conexos, hasta reflexiones sobre los desafíos del futuro, con un marcado acento en aspectos comerciales, en protección y en observancia.
Las referencias a aspectos vinculados con acceso son escasas y más bien oblicuas. De los 36 módulos en que consiste el curso, solo en dos ‘estudios de casos’ aparecen referencias más o menos directas, a aspectos clave, como son dominio público y salud pública. INAPI aparentemente ha decidido que es innecesario discutir respecto a los derechos de los usuarios y los desafíos del derecho de autor en el contexto digital, o realizar un análisis consistente de excepciones y limitaciones en favor de bibliotecas, discapacitados y público en general.
Pero lo que resulta más llamativo es la composición de los conferencistas invitados a dictar los módulos del curso: a pesar de estar coorganizado por ellos, solo hay un funcionario de la OMPI y un solo académico (de la UC Davis). En su mayoría se trata de abogados pertenecientes a connotados estudios jurídicos privados.
Como se aprecia en el gráfico, la mayoría de los expositores son abogados privados, vinculados a connotados estudios jurídicos. Haz clic en la imagen para agrandarla.
Mientras INAPI cuenta con casi el 26% de los relatores, los estudios privados representan un ilustrativo 48%. Es decir, en un curso organizado por un servicio público, casi la mitad de sus contenidos son dictados por abogados privados, clientes del sistema registral que administra INAPI, y por cierto, especialmente interesados en la promoción de un modelo de propiedad intelectual acorde a los intereses comerciales de los clientes que representan en sus horas laborales, como las grandes empresas de software y la industria cinematográfica.
INAPI es de los pocos servicios públicos en Chile que tienen competencias exclusivas en materia de propiedad intelectual; y en su calidad de registro, los estudios de abogados son sus mejores clientes. Es probable que sea INAPI quien asesora e informa al Gobierno en la toma de decisiones en materia de PI en TPP, y han sido explícitos en sostener la necesidad de una nueva institucionalidad de propiedad intelectual, que incorpore la gestión de derechos de autor. En este contexto, no solo es preocupante, sino también ilustrativa, la grave e inexplicable cooptación de iniciativas como este “Summer School” por parte de sus clientes privados, sin que exista equilibrio en los contenidos, ni prudencia respecto de los expositores invitados.
Las críticas son muchas. Primero, una actividad que se realiza (al menos parcialmente) con fondos del Estado, debiera considerar mayores cuotas de apertura y participación a los distintos actores, públicos y privados, involucrados en la toma de decisiones en materia de derechos de autor en el país, y no solamente a los vinculados a un puñado de industrias. Segundo, el énfasis comercial del programa y sus relatores parece desconocer no solamente el interés público comprometido, sino también el rol del Estado en la construcción de un sistema de propiedad intelectual útil a toda la sociedad. Por último, no resulta aceptable que INAPI, a través de esta colaboración con OMPI, tome partido por una visión parcial, sesgada y poco equilibrada de la propiedad intelectual.
Una discusión seria sobre estas materias al menos espera una postura imparcial por parte de un servicio público como INAPI. Y, lamentablemente, no parece ser el caso.
¿No pudiste ir al seminario “Tecnología y Propiedad Intelectual en el TPP”? Acá hacemos un resumen de las principales discusiones en una de las pocas oportunidades públicas que ha habido en Chile para hablar sobre este tratado.
Así, se presentó en primer turno Mathias Francke, por parte de la DIRECON, haciendo un análisis general (no cuantificado) de la importancia del tratado para Chile, poniendo como prioritaria la idea de que en el eje Asia Pacífico está el futuro de la economía mundial.
Se echó de menos, eso sí, un análisis algo más detallado respecto de los costos que tiene para Chile la firma del TPP, dado que si estos son más altos que los beneficios, la conveniencia de este tratado se pone en serio entredicho.
La nutrida concurrencia al seminario. Foto Comunicaciones Derecho U. de Chile.
De hecho, no sería coincidencia que estos fuesen argumentos utilizados por varios de los expositores siguientes en el seminario.
Por ejemplo, Carlos Furche, ex jefe de DIRECON y autor del informe «Chile y las negociaciones del TPP: Análisis del impacto económico y político», reafirmó que los antecedentes llevan a pensar que la única negociación con la que podría eventualmente obtenerse beneficios es con Japón; con los otros países del TPP, la oportunidad es prácticamente nula:
«Si el TPP se hubiese discutido en el año 1990, sería imprescindible para el país. Hoy, en la mejor de las hipótesis, el TPP tiene un impacto marginal para nuestra economía».
Teniendo esas escuetas ganancias, se hace más importante ver qué costos se pagan en los aspectos más sensibles de la negociación según Furche, como propiedad intelectual, derechos digitales, establecimiento de empresas del Estado, medio ambiente, entre otros.
En esa misma línea, Daniel Álvarez, coordinador de investigaciones [ref] CEDI[/ref] [fn]Centro de Derecho Informático [/fn] y director legal ONG Derechos Digitales, recordó que durante la negociación del [ref] TLC[/ref] [fn]Tratado de Libre Comercio [/fn] con Estados Unidos, se dijo que las concesiones en temas de propiedad intelectual eran el precio a pagar por la firma del tratado. Hoy, 10 años después, cuando con el TPP se piden aún más concesiones en estas materias pero los beneficios comerciales son marginales, no parecería lógico firmar el tratado.
Portada del informe de Carlos Furche.
En este sentido, Álvarez aprovechó de señalar cómo nos vemos afectados al no haber en Chile una política pública internacional sobre propiedad intelectual, sobre todo en negociaciones como el TPP. Hoy, en vez de tener una política consensuada en estas materias, hemos adoptado como piso lo negociado en el TLC con Estados Unidos, lo que nos pone en una situación problemática a la hora de defender nuestra propia agenda.
También este último recordó asuntos tan graves como el «Certification», mecanismo del TPP que condiciona la entrada en vigencia del tratado a la aprobación, por parte de Estados Unidos, de las regulaciones locales que se hayan ideado para este efecto. Álvarez se atrevió incluso de tildarlo de un posible mecanismo inconstitucional.
Por su parte, en la mesa sobre tecnología y TPP, Rodrigo León, presidente del capítulo chileno de [ref] LES[/ref] [fn]Licensing Executive Society [/fn], reconoció la importancia no solo de la protección de la propiedad intelectual, sino de la efectividad de la aplicación de las leyes sobre estas materias.
Claudio Ruiz, director ejecutivo de ONG Derechos Digitales y quien también estaba en esa mesa, apuntó a cómo el TPP hoy está reafirmando la idea de que los estándares sobre propiedad intelectual se fijen en tratados comerciales y no en instancias apropiadas como la [ref]OMPI[/ref] [fn]Organización Mundial de la Propiedad Intelectual[/fn], lo que termina poniendo barreras para la discusión y reforma de un sistema de derechos de autor que, a medida de las nuevas tecnologías, necesita sustanciales cambios.
La discusión del TPP sigue siendo secreta. CC BY (Gobierno de Chile)
En la mesa de propiedad industrial y patentes farmacéuticas, José Luis Cárdenas de Laboratorio Chile, afirmó que el TPP representa una pérdida de bienestar para el país y que los mayores estándares de propiedad intelectual no benefician a países pequeños como Chile, sino a grandes economías como Estados Unidos y Japón. En esta misma línea, el profesor de derecho de la Universidad de Chile, Rodrigo Cooper, reconoció que el actual régimen de derechos de autor no beneficia a los chilenos, sino a industrias como Disney; y que un tratado con tantas implicancias como el TPP merece un debate abierto.
Por su parte, los representantes de [ref] CIF Chile[/ref] [fn]Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile [/fn] y la [ref] ACTI [/ref] [fn]Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información[/fn] fueron los panelistas más ambiguos a la hora de expresar su apoyo o no al TPP. Ambos prefirieron no dar públicamente su posición, excusándose de no hacerlo hasta tener una versión oficial del texto.
Esto último no estuvo exento de polémica, sobre todo cuando una intervención desde el público manifestó su extrañeza que CIF Chile no conociera el texto del TPP, cuando las farmacéuticas internacionales que ellos representan han influido de forma rotunda en el texto en discusión, siendo especialmente claves en las posiciones de Estados Unidos.
Y si bien, con matices, en su gran mayoría los panelistas coincidieron en la necesidad de mayor debate sobre las implicancias del TPP, no dejó de ser contraproducente que, a la pregunta para el representante de DIRECON sobre la disponibilidad de documentación con los beneficios del TPP para Chile, éste haya respondido con un escueto: “son confidenciales».
Al parecer, a la sociedad civil solo le queda seguir organizando estas instancias para dar luces a la ciudadanía de lo que implicaría la firma de este tratado.
El martes 7 de enero de 2014 se realizará el seminario “Tecnología y Propiedad Intelectual en el TPP”, organizado por ONG Derechos Digitales en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información AG (ACTI) y el Centro de Estudio en Derecho Informático (CEDI).
El seminario busca informar sobre el estado de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico – TPP por sus siglas en inglés – y debatir el impacto que podría tener en el ámbito de las tecnologías y la propiedad intelectual e industrial, como también para los consumidores, proveedores de servicios de Internet y, en general, el país en su conjunto.
El seminario estará organizado en tres mesas de debate: “Análisis político económico del TPP”, “Derechos de autor y tecnología en el TPP” y “Propiedad Industrial y patentes farmacéuticas en el TPP”. La actividad se extenderá desde las 9.30 hasta las 13.00 horas y se llevará a cabo en el Auditorio Alessandri de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
La entrada es abierta y no requiere inscripción previa.
Exponen:
Carlos Furche (ex Director General de DIRECON, MINREL), Daniel Álvarez (Coordinador de Investigaciones CEDI y Director Legal ONG Derechos Digitales), Mathias Francke (Representante de DIRECON), Claudio Ruiz (director ejecutivo ONG Derechos Digitales), Rodrigo León (Presidente LES Chile), Rodrigo Rojas (Representante ACTI), José Luis Cárdenas (Laboratorio Chile), Rodrigo Cooper (Profesor Facultad de Derecho, Universidad de Chile) Jean-Jacques Duhart (Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile, A.G.)
ONG Derechos Digitales se suma a la carta abierta que un grupo de organizaciones civiles, académicos y ciudadanos ha enviado a los negociadores del TPP, con el fin de impedir que aumenten los plazos de protección del derecho de autor.
Tras la muerte del autor de una obra, esta se mantiene protegida para explotación exclusiva por un número de años, para después entrar al dominio público. El estándar internacional es de 50 años, que el TPP quiere expandir a 70.
Y aunque Chile ya asumió una protección de «la vida del autor +70 años» tras la firma del TLC con Estados Unidos, tal como dice la misiva «cada vez se hace más firme la idea de que fue un error», puesto que no existen beneficios comprobables en una medida de este tipo.
Por el contrario, se trata de una política lesiva del dominio público y se teme que su adopción, en el marco del TPP, se convierta en una medida de presión para que los demás países aumenten los plazos de protección más allá de lo recomendado por OMPI y OMC.
Ante la completa falta de información oficial respecto al TPP, esta semana ONG Derechos Digitales se ha acogido a la Ley de Transparencia y ha solicitado reportes de gastos, informes, minutas y comunicaciones recibidas.
El Gobierno de Chile ha guardado con recelo cualquier información concreta sobre el Trans Pacific Partnership (TPP). Las explicaciones han sido confusas y se sostienen en la necesidad de resguardar posiciones estratégicas de los países sobre un texto que, al parecer, está en continua revisión.
BY (Gobierno de Chile)
Pero la confusión es anterior a la negociación del tratado: nadie ha sido capaz de explicar cuáles son los beneficios reales que tiene para nuestro país firmar un compromiso de esta envergadura. Hay que recordar que Chile tiene acuerdos comerciales con todos los países que son parte del TPP; volver a negociar los términos de estos acuerdos requiere razones poderosas y las que el Gobierno vagamente ha esbozado simplemente no dan el ancho.
En los últimos años hemos visto la arremetida de los principios de transparencia y apertura en nuestros gobiernos, a través de alianzas como Open Government Partnership, de la cual nuestro país es parte desde 2011. En el marco de dicho acuerdo internacional, uno de los compromisos del Gobierno es el “Fomento de la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas” que, pese a tener escasas medidas de [ref]accountability[/ref] [fn] se utiliza como sinónimo de responsabilidad, de dar cuenta, responder por, dar cumplimiento, básicamente a nivel de gestión pública.[/fn], parece ser un primer paso hacia el establecimiento de estándares más altos de participación y deliberación, cuando se trata de decisiones importantes en el seno del Gobierno.
Pese a estos compromisos, las negociaciones del TPP responden a un paradigma distinto, a una forma victoriana de entender la política y la discusión pública.
Según la información extraoficial con la que se cuenta – y de acuerdo a todos los mensajes que los gobiernos han entregado en los últimos meses – se mantiene firme la intención de concluir las negociaciones antes de fin de año. Entre el 7 y el 10 de diciembre se realizará en Singapur una reunión ministerial, donde autoridades políticas de alto nivel tomarán decisiones estratégicas respecto del curso de las negociaciones. En concreto, se espera que en tres días se resuelva a nivel político lo que los negociadores técnicos no han podido hacer en tres años.
Es por eso que ONG Derechos Digitales ha enviado comunicaciones formales a todos los ministerios sectoriales que tratan asuntos vinculados con regulación y tecnología, con el fin de informarles sobre estos y otros puntos de interés ciudadano relativos al TPP.
Adicionalmente, hemos solicitado vía Ley de Transparencia reportes de gastos, informes, minutas y comunicaciones recibidas desde el sector privado, que nos permita poder tener más información respecto de un tratado que se insiste en mantener bajo una ridícula y poco democrática capa de misterio, quizás para ocultar lo que es un secreto a voces: que Chile no tiene nada que ganar y demasiado que perder.
El próximo jueves 12 de diciembre se realizará una charla/ taller sobre seguridad y privacidad en Internet, dictada por Paz Peña y Francisco Vera de ONG Derechos Digitales , y organizada en conjunto con Girls in Tech Chile.
La actividad tiene como fin responder a preguntas tales como “¿Qué pasa con mis datos online?” y “¿Cómo puedo mejorar mi seguridad cuando compro a través de Internet?”, en un contexto donde las revelaciones que Edward Snowden ha hecho sobre el trabajo de la NSA son de suma importancia.
La actividad se realizará entre las 18.30 y las 20 horas, en el Centro Movistar Innova (Av. Providencia 229) y puedes reservar tu cupo haciendo clic aquí
La firma del tratado se produciría con la falta de acuerdo local, con declaraciones de importantes personeros públicos que se muestran cautos ante los beneficios que obtendría Chile, como el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos. Por su parte, ONG Derechos Digitales hace nuevas solicitudes de transparencia para conocer los argumentos del Gobierno.
En la declaración final de la ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) ocurrida en Salt Lake City desde el 18 al 25 de noviembre, se anunció que se está muy cerca de llegar a un acuerdo final de las negociaciones, el que no pasaría de la conferencia ministerial de Singapur que ocurrirá entre este 7 y 10 de diciembre.
El TPP es un polémico tratado de libre comercio entre 12 naciones del Asia Pacífico, empujado por Estados Unidos, y donde también hay países latinoamericanos como México, Perú y Chile. La ronda de Salt Lake City, que ocurrió en paralelo a una nueva filtración del capítulo de propiedad intelectual por Wikileaks, estuvo marcada por las intensas negociaciones debido a la aceleración de las negociaciones por parte de Estados Unidos.
¡Ayúdanos a detener esta amenaza!
«Las diversas organizaciones movilizadas por reparos con el acuerdo, y que tuvieron la oportunidad de estar en esta ronda, confirman que los negociadores presentes tuvieron la instrucción de disminuir sus desacuerdos en los capítulos del TPP que aún quedan por resolver, de manera que los ministros de sus países tengan la última palabra en Singapur», declaró Claudio Ruiz, director ejecutivo de ONG Derechos Digitales, organización que coordina la iniciativa ciudadana «TPP Abierto«.
Las críticas locales al acuerdo liderado por el Gobierno han sido múltiples. La mayoría de ellas, lideradas por ex negociadores de tratados de libre comercio como Carlos Furche, Osvaldo Rosales o Rodrigo Contreras, apuntan a que los beneficios comerciales para Chile no están claros. Tanto es así, que el programa de gobierno de Michelle Bachelet se muestra cauto ante el tratado. También en agosto de este año el Senado aprobó de manera unánime un proyecto de acuerdo para solicitar al propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, abrir un debate público, de carácter técnico y político, sobre las implicancias del TPP.
CC BY (US Embassy Santiago, Chile) – NC – SA
“A pesar de que hasta el mismo Senado de la República ha emplazado al Gobierno chileno a transparentar el debate y a dar a conocer los argumentos del por qué a Chile le conviene este tratado, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) ni DIRECON se han hecho cargo de dar explicaciones públicas”, sentencia Ruiz. Debido al hermetismo del Gobierno, Ruiz confirmó que hoy ONG Derechos Digitales presentó nuevamente solicitudes de transparencia a diversos ministerios con respecto a la información que maneja el Ejecutivo sobre el TPP.
Entre los efectos del polémico acuerdo comercial, destaca el aumento del costo de las medicinas, o las graves amenazas a la libertad de expresión en Internet. Esto último, debido a que se podrán bajar o bloquear contenidos de Internet sin orden judicial previa; permite la desconexión de usuarios de Internet; y cualquier persona que utilice una obra protegida sin autorización podrá ser encarcelada y obligada a pagar grandes multas, independiente si ese uso tiene o no fines comerciales.
El anuncio del final de las negociaciones del TPP se produce en conjunto a las recientes declaraciones de importantes personajes públicos de Chile preocupados por el alcance del TPP, como la ex ministra y senadora Soledad Alvear, el ex senador y ministro Sergio Bitar, o el ex Presidente de la nación, Ricardo Lagos. De hecho, este último también declaró en contra del secretismo del tratado: “Sé que toda negociación tiene que tener momentos de privacidad pero también ciertos elementos básicos tienen que en algún momento trascender, y según muchos, lo que se está fortaleciendo mucho es la propiedad intelectual y eso es un tema en el cual hay que ser muy cuidadosos”.
El lunes 2 de diciembre, Paz Peña y Francisco Vera de ONG Derechos Digitales, presentarán la charla “¿Cómo funciona Internet”, que busca describir los nodos críticos y analizar de forma práctica cómo se desenvuelven temas polémicos a nivel mundial y nacional, como derechos de autor, privacidad, neutralidad en la red y delitos informáticos.
En la ocasión, se regalará a los asistentes el libro “¿Cómo funciona Internet”, en el que se basa la charla.
Esta actividad se enmarca en el seminario “Internet para Periodistas: Desafíos y Oportunidades” , que también contempla el panel “Periodismo: Derechos y Datos”, con la participación de Carlos Basso, Rodrigo Agurto y Constanza Gajardo.
La actividad se desarrollará en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción (Casilla 160), y comenzará a las 9 de la mañana. La entrada es abierta, previa inscripción en contacto@periodismoudec.cl
