Nuestra incidencia en la decisión del Consejo Asesor de Meta contra la censura de un poema sobre la protesta política en Argentina

El Consejo Asesor de Contenido de Meta revirtió la eliminación de un poema político crítico hacia el Gobierno argentino, publicado en formato de imágenes. Al tomar esta decisión, el Consejo consideró los comentarios enviados por Derechos Digitales y Conectando Derechos, sentando un precedente fundamental para la moderación de contenidos que combinan expresiones artísticas y políticas contextuales con formatos visuales como los carruseles.

¿Sobre qué trataba el caso?

En junio de 2025, el Consejo Asesor de Contenido de Meta seleccionó el caso de una persona usuaria de Instagram que interpuso dos apelaciones contra la censura de un poema político publicado en el marco de las movilizaciones sociales en Argentina durante el mes de enero. La publicación consistía en un carrusel de imágenes con texto en español que, en conjunto, formaban un poema con tono crítico y lenguaje artístico frente al contexto sociopolítico del país. El post llamaba a la protesta social luego del discurso del Ejecutivo durante el Foro Económico Mundial en Davos y frente a los retrocesos en materia de Derechos Humanos y libertades fundamentales en ese país, especialmente de la comunidad LGBTIQA+ y las mujeres en toda su diversidad.

La segunda imagen del carrusel expresaba una postura hacia quienes no se interpelan por la situación política y social de forma directa, en tanto no son «puto, trava, mujer, jubilade o estudiante”. El poema, una expresión artística per se, destacaba que las movilizaciones sociales, así como quienes participan en ellas, luchan también por los derechos de quienes no se suman activamente.

La publicación no fue denunciada por ninguna persona usuaria. No obstante, los sistemas automatizados de Meta identificaron una potencial infracción a la política de conducta de odio por el uso de términos calificados como insultos: “puto” y “trava”.

La imagen fue revisada por dos personas moderadoras de contenido quienes, la vieron fuera del contexto del carrusel y del país, determinando su eliminación y aplicando una sanción estándar a la cuenta. La persona usuaria apeló sus decisiones elevando el caso al Consejo Asesor de Contenido. El caso se enmarcó en las prioridades estratégicas del Consejo, en específico en la categoría sobre elecciones y espacio cívico que contempla aquellos contenidos con expresiones políticas en contextos de protesta.

Nuestros comentarios y la decisión del Consejo

Junto a Conectando Derechos, presentamos comentarios al caso que informaron la decisión del Consejo a partir de tres aspectos: primero, la importancia de considerar los contextos sociopolíticos en los cuales las personas usuarias publican opiniones críticas legítimas en redes sociales. Estas opiniones son ejes para el debate público y formas de expresión de grupos que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad, especialmente en contextos donde el estado de derecho y la democracia se ven socavados.

Segundo, la relevancia de proteger las expresiones políticas y artísticas en redes sociales. Así, instamos al Consejo Asesor de Meta a reconocer, por un lado, que Internet deviene en una fuerza para la expresión sociopolítica y artística crítica; y por el otro, a atender estándares en Derechos Humanos internacionales e interamericanos que reconocen las expresiones artísticas y políticas como acciones privilegiadas para el ejercicio y goce del derecho a la libertad de expresión. Además, cuando estas expresiones tienen lugar en Internet, favorecen la diversidad de la información y el debate democrático.

Y tercero, los desafíos de la moderación de contenido frente a expresiones contextuales que, lejos de constituir incitaciones al odio, se enuncian desde la reivindicación de identidades políticas de la comunidad LGBTIQA+ en Argentina y la región. De esta manera, como fue citado por el Consejo Asesor de Meta en su decisión, el uso de los términos “puto” y “trava” hace parte de una respuesta desafiante de la comunidad LGBTIQA+ a insultos que se han usado en su contra, revistiendo un acto de resignificación y reapropiación del lenguaje.

El Consejo de Meta determinó la importancia de mantener el contenido en Instagram protegiendo el derecho a la libertad de expresión de las personas usuarias, así como el debate público y las expresiones artísticas en contextos de protesta política. Además, el Consejo enfatizó que los procedimientos y herramientas de moderación de contenido de Meta deben ir en concordancia con las responsabilidades a las que adhirió la compañía en materia de Derechos Humanos.

Los precedentes que marca este caso

Este caso muestra las consecuencias del uso de clasificadores automáticos de contenido que perpetúan prácticas discriminatorias y terminan por censurar expresiones legítimas debido a sesgos en el entrenamiento de los algoritmos. Como señalamos en nuestra contribución, estos sistemas suelen ser diseñados por equipos monodemográficos, sin datos representativos y sin tener en cuenta experiencias específicas, o la vivencia y expresión de género de las personas.

De igual manera, el caso evidencia la necesidad de incluir personas LGBTIQA+ de América Latina a los equipos de moderación de contenido, avanzando, por ejemplo, en la identificación del uso de términos específicos por parte de las comunidades de la diversidad en la región para la reivindicación de sus identidades políticas.

Por último, es clave que Meta, en su compromiso con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y en consonancia con un proceso de debida diligencia en Derechos Humanos, implemente consultas con organizaciones y activistas LGBTIQA+ en los contextos donde opera. Este diálogo también permite identificar símbolos y expresiones reapropiadas por la comunidad que puedan ser erróneamente removidos, protegiendo la libertad de expresión y la participación política de este grupo social.

Derechos Digitales participó de una nueva edición del Global Gathering en Portugal

Entre los días 8 y 10 de septiembre, se llevó adelante el Team CommUNITY Global Gathering 2025 en Estoril, Portugal. Un espacio clave que reunió a activistas y organizaciones de todo el mundo para debatir los desafíos que plantea la intersección entre Derechos Humanos y tecnología. A través de nuestra codirectora ejecutiva, Jamila Venturini, Derechos Digitales estuvo presente en varias instancias de articulación y diálogo.

Seguridad en línea para la sociedad civil y derechos digitales, fueron algunas de las temáticas centrales que recorrieron los paneles. Para nuestra organización, este encuentro resultó una excelente oportunidad para volver a conectar con colegas de las redes que integramos, como Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD), Global Network for Social Justice and Digital Resilience (DRN) y Al Sur.

“A partir de todo el trabajo de incidencia e investigación que venimos desarrollando desde Derechos Digitales, nos sumamos a enriquecedores espacios de intercambio con activistas y organizaciones latinoamericanas, compartiendo reflexiones sobre el complejo contexto actual y las perspectivas colectivas para alcanzar un entorno digital más justo e inclusivo”, expresó Jamila Venturini.

Además, destacamos la participación de nuestra organización en dos instancias fundamentales. Por un lado, Venturini fue parte de la reunión de la red “Rendición de cuentas y Responsabilidad en los Ecosistemas del Sur” (ARISE por sus siglas en inglés), un colectivo de más de 50 organizaciones que trabajan para que las Big Tech rindan cuentas por sus políticas diferenciales en el Sur Global. Por otro lado, asistimos a un taller interactivo para explorar las nociones del “Altruismo Eficaz” (EA por sus siglas en inglés) y su influencia en la gobernanza y la filantropía de la IA.

Derechos Digitales participará en seminario internacional sobre IA y sistemas de Justicia en América Latina

Los días 9 y 10 de octubre, São Paulo será la sede del Seminario Internacional “Inteligência Artificial e Sistema de Justiçana América Latina: Aprendizados e Caminhos para a Garantia de Direitos”. El evento está organizado por Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP), Electronic FrontierFoundation (EFF) y Escola da Defensoria do Estado de São Paulo (EDEPE). En función de los estudios que Derechos Digitales viene realizando en relación a la aplicación de IA en los Estados de nuestra región, nuestra codirectora ejecutiva, Jamila Venturini, participará de varias instancias del seminario.

Las inscripciones están abiertas hasta el 3/10 y pueden hacerse a través de este formulario.

Con el título “Inteligencia Artificial, Digitalización y Políticas Públicas”, el jueves 9 de octubre (2.30pm) se llevará adelante una mesa de debate moderada por Luã Cruz, coordinador en Telecomunicaciones y Derechos Digitales del Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). Jamila Venturini formará parte del panel junto a Juan David Gutiérrez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes; Fernanda Campagnucci, directora ejecutiva de InternetLab; e Isabella Henriques, directora ejecutiva del Instituto Alana y consejera consultiva de la Ouvidoria-Geral da DPESP. Esta instancia busca trazar un panorama regional acerca de cuál es el estado de situación actual en relación al uso de la IA y la digitalización en políticas públicas de América Latina, así como también reflexionar sobre las acciones y objetivos de las entidades públicas y de la sociedad civil en esta materia.

Por otro lado, desde Derechos Digitales estaremos promoviendo también un taller sobre IA junto a organizaciones aliadas. En esta instancia, presentaremos los resultados del proyecto “Towards Real Diversity and Gender Equality in AI: Evidence-Based Promising Practices and Recommendations” desarrollado por la Global Partnershipon Artificial Intelligence (GPAI). El programa buscar fortalecer la capacidad de los Estados y otros sectores en impulsar entornos de IA inclusivos, equitativos y justos.

La agenda completa se encuentra en este enlace

Las actividades contarán con interpretación simultánea Portugués – Español.

Nuestra organización presentó a la UIT recomendaciones para alcanzar una conectividad significativa en Paraguay y Bolivia

La conectividad significativa es clave para el ejercicio de los Derechos Humanos. Sin embargo, en América Latina los países enfrentan diversos desafíos según sus características territoriales. No contar con salida al mar, como es el caso de Paraguay y Bolivia, representa obstáculos particulares para garantizar el acceso a la red. Ante este panorama, Derechos Digitales participó este viernes en la Consulta del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Internet (CWG-Internet por sus siglas en inglés), convocada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agencia dependiente de la ONU.

En el marco de los procesos de consulta abierta del CWG-Internet, presentamos, junto con TEDIC, una contribución conjunta sobre conectividad significativa en países en desarrollo sin litoral. En este documento ofrecimos un análisis contextual que evalúa los principales retos y plantea estrategias para avanzar hacia marcos más equitativos e integrales de conectividad en Bolivia y Paraguay, desde una perspectiva interseccional de Derechos Humanos.

En la sesión, Laura Mantilla-León, analista de Políticas Públicas de Derechos Digitales, representó a nuestra organización y compartió las principales reflexiones del informe.

Entre los desafíos más relevantes identificamos el alto costo de Internet, junto a su baja calidad, las infraestructuras para Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) deficientes y una cobertura de red desigual en sus territorios.

Desde Derechos Digitales propusimos una serie de estrategias y medidas para superar estos retos. Destacamos la importancia de adoptar políticas que reconozcan legalmente a las redes comunitarias y garanticen su sostenibilidad,  al mismo tiempo que fortalezcan las habilidades digitales en poblaciones rurales e históricamente marginadas. También, subrayamos la necesidad de aumentar la inversión estatal en conectividad, priorizando la autodeterminación de las comunidades y disminuyendo la dependencia de las grandes empresas proveedoras de internet. Finalmente, recalcamos la urgencia de acciones por parte de los Estados para prohibir las interrupciones y apagones de internet, y para que sitúen este servicio de red como una herramienta fundamental para la diversidad y pluralidad informativa y cultural.

Estos espacios de consulta son clave porque permiten que las múltiples partes interesadas (Estados, sociedad civil, sector técnico y sector privado) se reúnan, presenten y discutan sobre temas centrales como el acceso significativo a internet.

Las contribuciones presentadas buscan enriquecer este debate y avanzar hacia un acceso a internet que sea justo, inclusivo y seguro para todas las personas de la región.

Para ver la grabación completa de la consulta virtual, haz click aquí.

Derechos Digitales en diálogo sobre regulación de la convergencia tecnomediática

Derechos Digitales participó en la Reunión Científico-Técnica “Regulación de la convergencia tecnomediática desde la evidencia. Un diálogo con agentes relevantes”, realizada el pasado 2 de septiembre en la Casa Central de la Universidad de Chile.

El encuentro tuvo como propósito compartir la metodología, los instrumentos y los hallazgos preliminares del proyecto Fondecyt Regular N°1230748, “Factores críticos para el establecimiento de una Institucionalidad Reguladora Convergente de las Comunicaciones (IRCC) desde la perspectiva de los sistemas mediáticos comparados”. Esta investigación busca identificar buenas prácticas a partir de experiencias internacionales para aplicarlas en el diseño de instituciones regulatorias en Chile, capaces de responder a los desafíos de la convergencia de telecomunicaciones, radiodifusión y servicios digitales.

La instancia reunió a investigadoras e investigadores especialistas en temáticas relacionadas con la convergencia tecnomediática, junto con representantes de centros de pensamiento, academia, sociedad civil y responsables de políticas públicas. Entre los principales debates abordados estuvieron los vacíos regulatorios actuales, la asimetría entre actores tradicionales y plataformas digitales, la desinformación en redes sociales, la protección de datos personales, la importancia de crear instancias con múltples partes interesadas y la sostenibilidad de la diversidad cultural.

En representación de Derechos Digitales asistió nuestra directora de Comunicaciones, Catalina Balla, quien subrayó la importancia de identificar con claridad quiénes son los actores más relevantes en la discusión sobre regulación. Asimismo, planteó la necesidad de orientar el debate hacia una conversación que no se limite a los sectores tradicionales, sino que también incorpore la reglamentación de las plataformas digitales, cuya resistencia a ser reguladas plantea desafíos significativos. En este sentido, remarcó también el valor de que estudios como este aporten evidencia y propuestas que puedan traducirse en políticas públicas sólidas y sostenibles para el contexto chileno.

Derechos Digitales se presentó como Amicus curiae ante la Corte del Ecuador para solicitar la inconstitucionalidad de la Ley de Inteligencia

El pasado 1 de septiembre, nuestra organización participó de la audiencia convocada por la Corte Constitucional del Ecuador para tratar la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Inteligencia (LOI), aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de ese país. En esta instancia, nuestra directora de Políticas Públicas, Paloma Lara-Castro, junto a nuestro líder del Programa LAREDD, Rafael Bonifaz, plantearon los elementos centrales del Amicus curiae presentado por Derechos Digitales.

“Solicitamos a este Honorable Tribunal que declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las disposiciones de la Ley Orgánica de Inteligencia y su Reglamento. Solo así se garantizará que las tareas de inteligencia se desarrollen dentro de un marco compatible con las obligaciones internacionales de Derechos Humanos asumidas por el Ecuador”, expresamos en la audiencia.

En materia de inteligencia y vigilancia, se requieren marcos legales claros y salvaguardas efectivas, como autorización y control judicial independiente. Nuestro equipo planteó que la ausencia de estos mecanismos genera graves dudas sobre la legalidad y proporcionalidad de las injerencias y expone a riesgos de abuso, más aún frente a tecnologías que facilitan la recolección masiva de datos personales. Además, esta normativa propone una concentración en el Sistema Nacional de Inteligencia que representa un poder informativo sin precedentes en la región.

La ausencia de legalidad y transparencia no solo amenaza la privacidad, la libertad de expresión y de asociación, sino también la seguridad jurídica y el equilibrio democrático. Por ello, desde Derechos Digitales planteamos que un sistema de inteligencia sin límites claros ni controles robustos se convierte en una herramienta de arbitrariedad, que debilita el Estado de derecho.

Nuestra presentación se realizó en coordinación con varias acciones que venimos desplegando desde la sociedad civil ante este preocupante escenario. A fines de agosto, varias organizaciones difundimos un comunicado público que se sumó a una declaración conjunta previa. Además, Derechos Digitales había puesto a disposición un análisis sobre el proyecto de ley y venía participando de diversas instancias de debate sobre el mismo.

Para poder acceder a la grabación de la audiencia completa, haz click aquí.

Fondo para Derechos Digitales 2025: Presentamos a las organizaciones ganadoras

Luego del proceso de evaluación de más de 100 propuestas, el Comité de Selección definió cuáles serán los proyectos para la edición 2025 del Fondo para la promoción de los Derechos Digitales (FDD). La micro subvención está destinada a sensibilizar a las comunidades sobre sus derechos digitales y promover un entorno digital libre, seguro y en favor del desarrollo íntegro de las personas.

El rol del FDD es complementario a la labor que ya realizamos por medio del Fondo de Respuesta Rápida (FRR) y brinda apoyo administrativo y financiero a iniciativas valiosas que no necesariamente surgen a partir de situaciones urgentes de amenaza a los Derechos Humanos en los entornos digitales, sino que buscan fortalecer esos derechos de manera sostenible.

Las organizaciones seleccionadas en esta instancia fueron: Fundacion Plurales de Argentina, Corporación Jóvenes Maicao y ZoqueLabs de Colombia, Fundación por la libertad de expresión y democracia en Nicaragua, Barracon Digital de Honduras, Laboratorio Popular de Medios Libres de México, y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela.

El FDD tiene un presupuesto específico definido para cada ciclo, por lo que el número de propuestas aprobadas en cada período es limitado y variable. Las organizaciones pueden recibir un máximo de 5.000 USD por proyecto, pudiendo extenderse excepcionalmente hasta 8.000 USD. Este año, el FDD modificó algunas de sus características: ahora es anual y a través de convocatoria.

Para enterarse de los nuevos llamados a presentación de proyectos, síguenos en nuestras redes. Para obtener más información sobre los fondos, accede a nuestro micrositio. Las consultas se pueden enviar a fondos@derechosdigitales.org.

Desde Derechos Digitales queremos felicitar a todos los proyectos seleccionados en esta nueva etapa del Fondo. Esperamos que las iniciativas enriquezcan el entramado de esfuerzos por un ecosistema digital más libre y justo en América Latina.

WSIS+20: Derechos Digitales participó en seminario web sobre los retos de la sociedad civil ante el panorama digital actual

El 2025 marca un hito histórico para la gobernanza digital global: el proceso de revisión de 20 años de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (WSIS+20). Este acontecimiento, desarrollado durante todo el año, representa una oportunidad clave para impulsar la protección de los Derechos Humanos, como requisito previo para alcanzar una sociedad centrada en las personas, tal como prevé la Cumbre. La participación efectiva y significativa de múltiples partes interesadas es fundamental, tal como lo establecieron los eventos fundacionales de la Cumbre en Ginebra (2003) y Túnez (2005), y procesos posteriores como NetMundial+10.

Con el objetivo de reflexionar acerca de los retos que enfrenta la defensa y garantía de los Derechos Humanos en el contexto global actual, el pasado 28 de agosto Internet Ciudadana convocó a Derechos Digitales a exponer junto a otras organizaciones en un seminario web titulado “A 20 años de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información: ¿Qué retos enfrentan los pueblos ante el actual panorama digital?”

Nuestra directora de Políticas Públicas, Paloma Lara-Castro, discutió alrededor de múltiples puntos clave junto a Valeria Betancourt de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), y Carlos Baca de Redes AC y Rhizomática, bajo la moderación de Sally Burch de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).

Durante su intervención, Lara-Castro resaltó cómo la revisión de WSIS+20 se está dando en un momento marcado por retrocesos globales en derechos y libertades fundamentales, avances del autoritarismo y reducción del espacio cívico. En ese sentido, señaló que es vital la coordinación estratégica por parte de la sociedad civil en torno a varios ejes.

En primer lugar, fortalecer las líneas de acción del proceso WSIS en términos del enfoque de inclusión con perspectiva de género e interseccional. Además, articular WSIS+20 con otros procesos cruciales para la defensa de Derechos Humanos y la agenda de género como el Global Digital Compact (GDC). Por otra parte, centralizar los Derechos Humanos en el proceso de revisión de acuerdo con resoluciones y estándares internacionales establecidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y, por último, precisar y garantizar la operacionalización de la perspectiva multisectorial, por ejemplo a través de la permanencia del mandato del Foro de Gobernanza de Internet, e incluyendo explícitamente las Directrices Multisectoriales de São Paulo producto de Netmundial+10.

A la luz de estos focos de discusión, y otros aportes sumamente relevantes del resto del panel, resaltamos la oportunidad que representó este seminario web para reflexionar conjuntamente sobre cómo las negociaciones y acuerdos de WSIS+20 se reflejan en la vida de las personas y los pueblos. Asimismo, destacamos que la participación significativa y organizada de la sociedad civil es una piedra angular para llevar a dicha instancia voces distintas y diversas de la mayoría global, contextualizando el proceso de revisión WSIS+20 en sus realidades y necesidades, y promoviendo una sociedad digital centrada en las personas, inclusiva y con justicia de género y medioambiental.

Para poder ver la grabación completa del seminario, haz click acá.

Derechos Digitales expuso en el lanzamiento de nueva publicación sobre ciberseguridad de la OEA y UNIDIR

En mayo de este año, durante el Cyber Week de Ginebra, se presentó por primera vez la nueva publicación conjunta de la Sección de Ciberseguridad de la OEA/CICTE y UNIDIR que introduce un marco con enfoque de género para interpretar e implementar las 11 normas de comportamiento responsable de los Estados en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Ahora fue el turno del lanzamiento oficial de la versión bilingüe del documento (inglés y español) a través de un evento virtual el pasado 28 de agosto. J. Carlos Lara, codirector ejecutivo de Derechos Digitales, fue invitado a exponer en una mesa redonda.

“En esta valiosa instancia, desde nuestra organización planteamos los desafíos para incorporar un enfoque de género en la implementación de medidas de ciberseguridad, especialmente en estrategias a nivel nacional”, expresó Lara al cierre del encuentro. Además, aclaró que se hizo especial énfasis en la importancia de una participación significativa de la sociedad civil, tanto en los procesos de diseño y ejecución como en los de evaluación y monitoreo de esas políticas.

La mesa redonda “Exploración de oportunidades para integrar las consideraciones de género en la labor del Mecanismo Mundial” se desarrolló luego de unas palabras institucionales de apertura y la presentación de la publicación. El panel también contó con la participación de Allison Pytlak, directora del Programa Cibernético del Centro Stimson y, Rosario Gutiérrez Bernal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Resultó un diálogo oportuno para analizar cómo esta investigación puede apoyar políticas y prácticas de ciberseguridad que sean inclusivas, con perspectiva de género y centradas en las necesidades de las personas. Para ver la grabación completa del panel haz click aquí.

El documento “Un enfoque novedoso para las 11 normas de la ONU sobre el comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio: Directrices para una implementación con perspectiva de género” ya está disponible para descargar en la página web de UNIDIR. Basado en la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad (WPS por sus siglas en inglés), este informe presenta un enfoque novedoso que no solo destaca cómo las amenazas cibernéticas existentes pueden afectar de manera diferencial a las personas en función de su género, sino que también proporciona orientaciones prácticas para desplegar una gobernanza de la ciberseguridad más justa y equitativa.

Nuestra organización participó de nueva consulta de la ONU para la aplicación de Derechos Humanos en los estándares técnicos

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR por sus siglas en inglés) se encuentra trabajando en un proyecto de informe sobre “Nuevos modelos para los derechos humanos en las organizaciones de desarrollo de normas técnicas”. El objetivo es poder integrar de manera efectiva los derechos digitales en la creación de estándares técnicos, como por ejemplo las normas relacionadas con la IA. Para poder fortalecer este nuevo documento, el organismo de la ONU convocó el pasado 25 de agosto a organizaciones de la sociedad civil a una nueva consulta. En representación de Derechos Digitales, nuestra directora de Políticas Públicas, Paloma Lara-Castro, realizó una presentación en línea.

Nuestra intervención buscó aportar una mirada regional que enriqueciera el informe desde una perspectiva latinoamericana. Acá destacamos el borrador presentado por la OHCHR ya que reconoce que las normas técnicas no son neutrales y tienen un enorme impacto en los Derechos Humanos.

En la exposición, pusimos énfasis en la necesidad de garantizar una participación significativa en estos procesos, lo que requiere reformas estructurales en el funcionamiento de los organismos normativos. Sin estas reformas, la participación corre el riesgo de mantenerse en un plano meramente simbólico. Además, resaltamos la importancia de considerar la perspectiva de género y la interseccionalidad en la elaboración de normas. Es imprescindible reconocer que los impactos en los Derechos Humanos son desproporcionados para los grupos marginados y se deben abordar sus necesidades como una prioridad en la agenda.

Lara-Castro también reflexionó sobre los Derechos Humanos y la fragilidad normativa. Cada nuevo estándar técnico debe evaluarse no solo en función de su eficiencia, sino también mediante un análisis centrado en los derechos, y adaptados al ecosistema normativo. En el cierre de su presentación, sugirió que el informe final vaya más allá del reconocimiento de prioridades e incluya recomendaciones concretas a las organizaciones de normalización, los Estados y el sector privado, con el fin de apoyar la consecución de sus objetivos.

La mirada regional de Derechos Digitales ofrece valiosos aportes al debate global sobre los estándares técnicos, contribuyendo a vincularlos con los Derechos Humanos, no sólo desde un punto de vista ético sino, y principalmente, como una perspectiva integral.