El 2 de diciembre de 2013, GoDaddy, la empresa de gestión de nombres de dominio más grande del mundo, daba de baja el sitio web 1DMX.ORG, dedicado a informar y documentar los abusos cometidos contra la oposición al Presidente Enrique Peña Nieto.
Sin aviso previo, la web desapareció. Cuando los dueños preguntaron qué había ocurrido, GoDaddy se excuso diciendo que fue dada de baja debido a que el Departamento de Seguridad Nacional de la embajada estadounidense en México mantenía “una investigación policial en curso” sobre él.
Tres meses después, y con una investigación judicial de por medio, el sitio fue restituido sin ninguna explicación. Las pistas apuntan a la Comisión Nacional de Seguridad, dirigida por Manuel Mondragón y Kalb, responsable de ejecutar el operativo policial desplegado el 1 de diciembre de 2012. Pero la participación de la embajada estadounidense en el incidente jamás ha sido aclarada.
Es por eso que ONG Derechos Digitales, junto a Access, Electronic Frontier Foundation y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, ha enviado una carta al presidente estadounidense Barack Obama y a Jeh Johnson, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, demandando que se investigue la participación de agentes estatales en un grave caso de censura política.
Esto es particularmente grave, debido a los constantes pronunciamientos de Estados Unidos en favor de la libertad en Internet y la protección de los derechos humanos en línea.
La carta pide conocer las políticas que se siguen para procesar una orden de baja de contenidos de Internet, si es que esas políticas se siguieron y qué medidas se tomarán a raíz de este caso. Además, la carta pide a EE.UU. el nombre de la agencia mexicana que originalmente hizo la solicitud. En definitiva, que los responsables – mexicanos y estadounidenses – asuman su participación y den garantías de que no volverá a ocurrir nada parecido.
El 23 y 24 de abril ONG Derechos Digitales participará de NET mundial, una reunión global realizará en Sao Paulo, Brasil, donde las múltiples partes interesadas podrán debatir sobre el futuro de la gobernanza de Internet y proponer una hoja de ruta para el desarrollo del ecosistema regulatorio de la red.
La reunión se realizará en un contexto político marcado por las revelaciones de espionaje masivo de la NSA y GCHQ, denunciadas por Edward Snowden en 2013. Net mundial aparece como una oportunidad para redefinir la regulación internacional de Internet, a una basada en los derechos.
Uno de los aspectos interesantes de esta reunión es que está siendo organizada como un evento multisectorial, donde los representantes de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la comunidad técnica y la academia están moldeando la agenda en forma conjunta.
Es por eso que el 22 de abril, un día antes de que comience Net mundial, se realizará un encuentro de la sociedad civil, evento coorganizado por ONG Derechos Digitales y que busca que las distintas organizaciones participantes se coordinen y se presenten como un frente unificado y efectivo, capaz de lograr que los acuerdos alcanzados en la reunión respeten el interés público.
Para más información visita el sitio web oficial de Net mundial. También recomendamos la columna que Joana Varon escribió al respecto.
El próximo jueves 3 de abril se realizará el seminario “Democracia y Vigilancia: Internet y derechos humanos del siglo XXI”, una oportunidad para reflexionar sobre el estado de los derechos fundamentales, a la luz de las revelaciones de vigilancia masiva.
Como bien demostró Edward Snowden al hacer públicos los programas de espionaje británico y estadounidense, el desarrollo tecnológico nos presenta una gran paradoja: mientras Internet y las tecnologías digitales han sido una excelente herramienta para el ejercicio y promoción de los derechos humanos, también han propiciado la vigilancia a una escala inimaginable.
Para analizar este problema, contaremos con la presencia de Frank LaRue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, quien presentará la conferencia magistral “La libertad de expresión frente al Estado de vigilancia mundial”.
A su exposición le seguirá una mesa redonda, con la participación de Martin Waserman, Gerente de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales para Cono Sur en Google; Dr. Salvador Millaleo Hernández, profesor del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile, y Claudio Ruiz, director ejecutivo de ONG Derechos Digitales.
El seminario se realizará en el auditorio Alessandri de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (Pío Nono #1) a las 10:00 y la entrada es abierta, previa inscripción en este formulario.
Estamos muy contentos de anunciarles que, por segunda ocasión, ONG Derechos Digitales es parte del programa Google Policy Fellowship. Si quieres trabajar con nosotros, esta es tu oportunidad.
Estamos buscando candidatos interesados en participar en una amplia variedad de proyectos y campañas públicas sobre derechos en el entorno digital, en Chile y Latinoamérica.
Para más detalles sobre la postulación, por favor visita el sitio web de Google Policy Fellowship. Tienes hasta el 14 de abril para postular.
Este año, las áreas de trabajo que te proponemos son:
Políticas de gobernanza de Internet en Chile: gobernanza de las telecomunicaciones globales y, en particular, gobernanza de Internet. Análisis de los documentos de IGF, ICANN y OIT, y de cómo las instituciones públicas pueden impactar e influir en las políticas de gobernanza y desarrollo de Internet. El pasante realizará un informe comparando las políticas públicas de desarrollo digital en la región, con especial atención a los derechos fundamentales y el compromiso del gobierno, desde una perspectiva regional.
Derechos humanos en la era de la vigilancia: En los últimos meses, el debate en torno al uso de herramientas de vigilancia por parte de los gobiernos se ha tomado la discusión sobre el desarrollo de la tecnología. Existe una tensión clara entre las prácticas de vigilancia actuales y los derechos humanos. El pasante realizará una investigación jurídica y normativa, junto con la identificación y el análisis de casos de estudio, para realizar un diagnóstico apropiado que permita tomar acciones contra la vigilancia.
Derecho de autor y derechos humanos en acuerdos internacionales: El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) y el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP), son los intentos más recientes por regular el comercio, sin tener en cuenta los derechos fundamentales. Organismos internacionales como OMPI se están quedando fuera de la discusión que dará forma a los derechos de autor en el futuro. El pasante llevará a cabo una investigación y realizará un documento sobre el desarrollo actual y estrategias propuestas.
Directrices estadounidenses sobre la libertad de expresión, la privacidad y / o derechos de autor en el entorno digital: La importancia de los derechos humanos en la regulación de la tecnología queda demostrada en la tensión que existe en la regulación de las libertades en línea y las prácticas actuales. El pasante deberá preparar una guía de jurisprudencia estadounidense y prácticas relacionadas con la libertad de expresión, la privacidad y/o el derecho de autor, en temas actualmente debatidos en las regulaciones latinoamericanas, además de ayudar a desarrollar una guía normativa sobre derechos fundamentales y derechos informáticos.
ONG Derechos Digitales es una organización independiente, no gubernamental y sin fines de lucro, dedicada a la defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos en el entorno digital, desde el interés público, para Chile y Latinoamérica.
Este es nuestro equipo hoy, una combinación de profesionales que trabajan con nosotros desde la creación de la organización, con voluntarios y otros pasantes entusiastas de colaborar en nuestros proyectos. Ojalá te podamos tener en nuestro equipo. ¡Postula!
Si bien hoy existen múltiples foros donde se están abordando cuestiones relativas a la gobernanza de Internet, no todos cumplen con criterios básicos para proceder de manera correcta, como la transparencia, la eficacia, la rendición de cuentas y la participación abierta.
Es por ello que muchos asuntos no se han abordado de manera adecuada y algunos derechos humanos fundamentales están siendo amenazados. La falta de coordinación entre los distintos foros, la toma de decisiones sin incluir a todas las partes interesadas y el desequilibrio de poder entre los participantes de los foros existentes, son algunas de las causas del problema.
Con miras a la reunión de NetMundial que se desarrollará a fines de abril en Brasil, un grupo de organizaciones – entre las que se encuentra ONG Derechos Digitales- ha confeccionado un “mapa de ruta” para mejorar las instituciones existentes, a través de un sistema distribuido y coordinado de gobernanza de Internet.
Las directrices que conforman este mapa son el respeto y promoción de los derechos humanos, la preservación de la naturaleza de Internet, la participación abierta, informada, inclusiva y significativa, y la toma de decisiones transparentes, afectivas, adaptables y medibles.
Entre el 3 y el 5 de marzo se realizará RightsCon, una serie de conferencias donde expertos en derechos humanos, inversionistas, líderes empresariales, ingenieros, activistas y representantes de gobiernos de todo el mundo, trabajarán para avanzar en soluciones a los problemas de derechos humanos, concentrándose en las posibilidades dentro del sector de la tecnología.
Entre los expositores se encuentran Francisco Vera y Alberto Cerda, miembros de ONG Derechos Digitales, quienes participarán en un panel sobre Latinoamérica, Derechos Humanos y Tecnología.
RightsCon 2014 se realizará en Mission Bay Conference Center en San Francisco, California. Más información acá.
Como parte de IFEX, red de organizaciones que promueven y defienden la libertad de expresión alrededor del mundo, ONG Derechos Digitales se suma a la petición de libertad para Alaa Abd El Fattah y todos quienes permanecen injustamente detenidos en Egipto.
Alaa es un reconocido activista de la libertad de expresión y crítico acérrimo de las prácticas represivas del Estado. Tras la promulgación de leyes que prohíben las protestas pacíficas, Alaa fue detenido y encarcelado, junto a decenas de otros activistas.
Después del alzamiento del 25 de enero de 2011, Alaa creó una iniciativa colaborativa para que los ciudadanos pudiesen participar en la redacción de una nueva constitución. Además, Inició y albergó Tweet-Nadwas (“Simposio de Tweets”), que trajo activistas y bloggers de todo el mundo hasta la plaza Tahrir, en un diálogo abierto sobre temas difíciles, como el islamismo o la reforma económica.
¡Libertad para Alaa! BY (Electronic Frontier Foundation)
La noche del 28 de noviembre, las fuerzas de seguridad allanaron la casa de Alaa. Cuando pidió ver la orden de detención, lo golpearon junto a su esposa, y se lo llevaron esposado y con los ojos vendados a un lugar desconocido. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Tora, centro de detención de máxima seguridad, históricamente utilizado para albergar a los sospechosos de crímenes violentos y de terrorismo.
Pero el único crimen de Alaa es promover la libertad de expresión a través de plataformas web, lo que le ha significado ser perseguido por todos los gobiernos de Egipto: en 2006 fue encarcelado por el gobierno de Mubarak. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF) lo encarceló en 2011. Morsi presentó una demanda en su contra en 2013. Y ahora está encarcelado por el gobierno militar.
El actual gobierno ya condenó a Alaa a un año de cárcel en un juicio similar, pero independiente. Los cargos actuales pueden agregar años de reclusión a esa pena.
En vísperas del tercer aniversario de la revolución del 25 de enero, expresamos nuestra preocupación por el caso de Alaa y los atropellos a las libertades civiles en Egipto, y exigimos su liberación inmediata, como también un juicio justo para todos los detenidos, en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Egipto es signatario.
Por primera vez en Latinoamérica, INAPI impartirá el curso de verano sobre propiedad intelectual de la OMPI. ¿Cuáles son sus énfasis, quiénes son los expositores convocados y qué lugar ocupa la reflexión sobre acceso, entorno digital y limitaciones? Claudio Ruiz lo analiza en la siguiente columna.
INAPI junto a OMPI organizan el “Summer School on Intellectual Property”. BY (Warko)- SA
En octubre de 2013, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) anunció que durante el mes de enero se realizaría la versión chilena del “Summer School on Intellectual Property”, un curso de verano impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en conjunto con aliados locales en distintas partes del mundo.
Se trata de un curso pagado de diez días, que busca entregar herramientas a jóvenes profesionales, para profundizar sus conocimientos sobre propiedad intelectual. Una parte de las clases se dictará en INAPI y las restantes en la sede de una universidad privada en Viña del Mar.
El de la OMPI es un curso modular, que comparte currículum con otros programas similares que se han dictado alrededor del mundo. En él se incluyen aspectos generales y algo más específicos sobre propiedad intelectual, divididos en seis secciones, que van desde derechos de autor y conexos, hasta reflexiones sobre los desafíos del futuro, con un marcado acento en aspectos comerciales, en protección y en observancia.
Las referencias a aspectos vinculados con acceso son escasas y más bien oblicuas. De los 36 módulos en que consiste el curso, solo en dos ‘estudios de casos’ aparecen referencias más o menos directas, a aspectos clave, como son dominio público y salud pública. INAPI aparentemente ha decidido que es innecesario discutir respecto a los derechos de los usuarios y los desafíos del derecho de autor en el contexto digital, o realizar un análisis consistente de excepciones y limitaciones en favor de bibliotecas, discapacitados y público en general.
Pero lo que resulta más llamativo es la composición de los conferencistas invitados a dictar los módulos del curso: a pesar de estar coorganizado por ellos, solo hay un funcionario de la OMPI y un solo académico (de la UC Davis). En su mayoría se trata de abogados pertenecientes a connotados estudios jurídicos privados.
Como se aprecia en el gráfico, la mayoría de los expositores son abogados privados, vinculados a connotados estudios jurídicos. Haz clic en la imagen para agrandarla.
Mientras INAPI cuenta con casi el 26% de los relatores, los estudios privados representan un ilustrativo 48%. Es decir, en un curso organizado por un servicio público, casi la mitad de sus contenidos son dictados por abogados privados, clientes del sistema registral que administra INAPI, y por cierto, especialmente interesados en la promoción de un modelo de propiedad intelectual acorde a los intereses comerciales de los clientes que representan en sus horas laborales, como las grandes empresas de software y la industria cinematográfica.
INAPI es de los pocos servicios públicos en Chile que tienen competencias exclusivas en materia de propiedad intelectual; y en su calidad de registro, los estudios de abogados son sus mejores clientes. Es probable que sea INAPI quien asesora e informa al Gobierno en la toma de decisiones en materia de PI en TPP, y han sido explícitos en sostener la necesidad de una nueva institucionalidad de propiedad intelectual, que incorpore la gestión de derechos de autor. En este contexto, no solo es preocupante, sino también ilustrativa, la grave e inexplicable cooptación de iniciativas como este “Summer School” por parte de sus clientes privados, sin que exista equilibrio en los contenidos, ni prudencia respecto de los expositores invitados.
Las críticas son muchas. Primero, una actividad que se realiza (al menos parcialmente) con fondos del Estado, debiera considerar mayores cuotas de apertura y participación a los distintos actores, públicos y privados, involucrados en la toma de decisiones en materia de derechos de autor en el país, y no solamente a los vinculados a un puñado de industrias. Segundo, el énfasis comercial del programa y sus relatores parece desconocer no solamente el interés público comprometido, sino también el rol del Estado en la construcción de un sistema de propiedad intelectual útil a toda la sociedad. Por último, no resulta aceptable que INAPI, a través de esta colaboración con OMPI, tome partido por una visión parcial, sesgada y poco equilibrada de la propiedad intelectual.
Una discusión seria sobre estas materias al menos espera una postura imparcial por parte de un servicio público como INAPI. Y, lamentablemente, no parece ser el caso.
¿No pudiste ir al seminario “Tecnología y Propiedad Intelectual en el TPP”? Acá hacemos un resumen de las principales discusiones en una de las pocas oportunidades públicas que ha habido en Chile para hablar sobre este tratado.
Así, se presentó en primer turno Mathias Francke, por parte de la DIRECON, haciendo un análisis general (no cuantificado) de la importancia del tratado para Chile, poniendo como prioritaria la idea de que en el eje Asia Pacífico está el futuro de la economía mundial.
Se echó de menos, eso sí, un análisis algo más detallado respecto de los costos que tiene para Chile la firma del TPP, dado que si estos son más altos que los beneficios, la conveniencia de este tratado se pone en serio entredicho.
La nutrida concurrencia al seminario. Foto Comunicaciones Derecho U. de Chile.
De hecho, no sería coincidencia que estos fuesen argumentos utilizados por varios de los expositores siguientes en el seminario.
Por ejemplo, Carlos Furche, ex jefe de DIRECON y autor del informe «Chile y las negociaciones del TPP: Análisis del impacto económico y político», reafirmó que los antecedentes llevan a pensar que la única negociación con la que podría eventualmente obtenerse beneficios es con Japón; con los otros países del TPP, la oportunidad es prácticamente nula:
«Si el TPP se hubiese discutido en el año 1990, sería imprescindible para el país. Hoy, en la mejor de las hipótesis, el TPP tiene un impacto marginal para nuestra economía».
Teniendo esas escuetas ganancias, se hace más importante ver qué costos se pagan en los aspectos más sensibles de la negociación según Furche, como propiedad intelectual, derechos digitales, establecimiento de empresas del Estado, medio ambiente, entre otros.
En esa misma línea, Daniel Álvarez, coordinador de investigaciones [ref] CEDI[/ref] [fn]Centro de Derecho Informático [/fn] y director legal ONG Derechos Digitales, recordó que durante la negociación del [ref] TLC[/ref] [fn]Tratado de Libre Comercio [/fn] con Estados Unidos, se dijo que las concesiones en temas de propiedad intelectual eran el precio a pagar por la firma del tratado. Hoy, 10 años después, cuando con el TPP se piden aún más concesiones en estas materias pero los beneficios comerciales son marginales, no parecería lógico firmar el tratado.
Portada del informe de Carlos Furche.
En este sentido, Álvarez aprovechó de señalar cómo nos vemos afectados al no haber en Chile una política pública internacional sobre propiedad intelectual, sobre todo en negociaciones como el TPP. Hoy, en vez de tener una política consensuada en estas materias, hemos adoptado como piso lo negociado en el TLC con Estados Unidos, lo que nos pone en una situación problemática a la hora de defender nuestra propia agenda.
También este último recordó asuntos tan graves como el «Certification», mecanismo del TPP que condiciona la entrada en vigencia del tratado a la aprobación, por parte de Estados Unidos, de las regulaciones locales que se hayan ideado para este efecto. Álvarez se atrevió incluso de tildarlo de un posible mecanismo inconstitucional.
Por su parte, en la mesa sobre tecnología y TPP, Rodrigo León, presidente del capítulo chileno de [ref] LES[/ref] [fn]Licensing Executive Society [/fn], reconoció la importancia no solo de la protección de la propiedad intelectual, sino de la efectividad de la aplicación de las leyes sobre estas materias.
Claudio Ruiz, director ejecutivo de ONG Derechos Digitales y quien también estaba en esa mesa, apuntó a cómo el TPP hoy está reafirmando la idea de que los estándares sobre propiedad intelectual se fijen en tratados comerciales y no en instancias apropiadas como la [ref]OMPI[/ref] [fn]Organización Mundial de la Propiedad Intelectual[/fn], lo que termina poniendo barreras para la discusión y reforma de un sistema de derechos de autor que, a medida de las nuevas tecnologías, necesita sustanciales cambios.
La discusión del TPP sigue siendo secreta. CC BY (Gobierno de Chile)
En la mesa de propiedad industrial y patentes farmacéuticas, José Luis Cárdenas de Laboratorio Chile, afirmó que el TPP representa una pérdida de bienestar para el país y que los mayores estándares de propiedad intelectual no benefician a países pequeños como Chile, sino a grandes economías como Estados Unidos y Japón. En esta misma línea, el profesor de derecho de la Universidad de Chile, Rodrigo Cooper, reconoció que el actual régimen de derechos de autor no beneficia a los chilenos, sino a industrias como Disney; y que un tratado con tantas implicancias como el TPP merece un debate abierto.
Por su parte, los representantes de [ref] CIF Chile[/ref] [fn]Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile [/fn] y la [ref] ACTI [/ref] [fn]Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información[/fn] fueron los panelistas más ambiguos a la hora de expresar su apoyo o no al TPP. Ambos prefirieron no dar públicamente su posición, excusándose de no hacerlo hasta tener una versión oficial del texto.
Esto último no estuvo exento de polémica, sobre todo cuando una intervención desde el público manifestó su extrañeza que CIF Chile no conociera el texto del TPP, cuando las farmacéuticas internacionales que ellos representan han influido de forma rotunda en el texto en discusión, siendo especialmente claves en las posiciones de Estados Unidos.
Y si bien, con matices, en su gran mayoría los panelistas coincidieron en la necesidad de mayor debate sobre las implicancias del TPP, no dejó de ser contraproducente que, a la pregunta para el representante de DIRECON sobre la disponibilidad de documentación con los beneficios del TPP para Chile, éste haya respondido con un escueto: “son confidenciales».
Al parecer, a la sociedad civil solo le queda seguir organizando estas instancias para dar luces a la ciudadanía de lo que implicaría la firma de este tratado.
El martes 7 de enero de 2014 se realizará el seminario “Tecnología y Propiedad Intelectual en el TPP”, organizado por ONG Derechos Digitales en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información AG (ACTI) y el Centro de Estudio en Derecho Informático (CEDI).
El seminario busca informar sobre el estado de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico – TPP por sus siglas en inglés – y debatir el impacto que podría tener en el ámbito de las tecnologías y la propiedad intelectual e industrial, como también para los consumidores, proveedores de servicios de Internet y, en general, el país en su conjunto.
El seminario estará organizado en tres mesas de debate: “Análisis político económico del TPP”, “Derechos de autor y tecnología en el TPP” y “Propiedad Industrial y patentes farmacéuticas en el TPP”. La actividad se extenderá desde las 9.30 hasta las 13.00 horas y se llevará a cabo en el Auditorio Alessandri de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
La entrada es abierta y no requiere inscripción previa.
Exponen:
Carlos Furche (ex Director General de DIRECON, MINREL), Daniel Álvarez (Coordinador de Investigaciones CEDI y Director Legal ONG Derechos Digitales), Mathias Francke (Representante de DIRECON), Claudio Ruiz (director ejecutivo ONG Derechos Digitales), Rodrigo León (Presidente LES Chile), Rodrigo Rojas (Representante ACTI), José Luis Cárdenas (Laboratorio Chile), Rodrigo Cooper (Profesor Facultad de Derecho, Universidad de Chile) Jean-Jacques Duhart (Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile, A.G.)
