La protección de las comunicaciones y la seguridad de las fuentes, fueron temas centrales de un taller dirigido a periodistas en el marco de nuestro Programa LAREDD, y que realizamos en Costa Rica. Esta jornada de formación permitió equipar a los reporteros y reporteras con herramientas esenciales para proteger su información y enfrentar los desafíos de la vigilancia en Internet.
El taller proporcionó a los y las participantes una comprensión profunda sobre la vigilancia en línea y la importancia de resguardar sus comunicaciones. Se abordaron temas fundamentales como el almacenamiento seguro de archivos, la encriptación, el funcionamiento de las nubes de contenido, y el uso de redes privadas virtuales (VPN). Además, se ofrecieron estrategias y herramientas prácticas para mejorar la seguridad digital en la vida cotidiana. La actividad contó con un módulo enfocado en la seguridad digital con perspectiva de género liderado por nuestra aliada en América Central, IPANDETEC.
También entregamos ejemplares de nuestra herramienta MicroSD a las participantes. Estas tarjetas no solo sirven como un recurso práctico, sino que también fomentan el aprendizaje lúdico sobre protocolos de seguridad digital, ayudando a los periodistas a incorporar estos conocimientos en su trabajo diario. Para explorar más sobre este proyecto y sus recursos, visita: https://derechosdigitales.org/microsd/es/index.htm.
Organizaciones de derechos humanos, derechos digitales y libertad de prensa se reunieron este 24 de julio con medios de comunicación para abordar los riesgos del tratado de la ONU sobre Cibercrimen. El tratado presenta serios riesgos para el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad de género, así lo señalaron las y los expertos, Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch, Paloma Lara-Castro, coordinadora de políticas públicas de Derechos Digitales, Katitza Rodriguez, directora de política de Privacidad Global de Electronic Frontier Foundation y Khadija Patel, presidenta del Instituto Internacional de Prensa.
El tratado de la ONU contra el cibercrimen, que lleva más de dos años de discusión, tendrá su última sesión la próxima semana donde se discutirá el último borrador. Si bien el argumento inicial de la construcción del tratado aludía a combatir al cibercrimen, el borrador actual contiene falencias importantes que pueden ser utilizadas para legitimar abusos contra los derechos humanos, con impactos diferenciados en activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, investigadores de seguridad. En su forma actual, el tratado podría legitimar la vigilancia y la criminalización de actividades legítimas, lo que podría tener impactos en la igualdad de género.
Tirana Hassan, profundizó en los informes de Human Rights Watch que abordan la represión a nivel global, donde la organización ha identificado que existen gobiernos que han hecho uso de la tecnología para vigilar, amedrentar y acosar a activistas, periodistas, dirigentes sociales y grupos históricamente marginalizados.
Katitza Rodríguez, de EFF advirtió que el ámbito de aplicación es muy amplio, generando una peligrosa base jurídica que pone en riesgo las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Además, mencionó la marcada falta de salvaguardas suficientes, complejizando con los antecedentes estatales de espionaje a grupos disidentes. De ser aprobado de esta manera, este tratado consolidaría esa opresión con la legitimidad y el apoyo de las Naciones Unidas.
Desde la visión de las y los periodistas, Khadija Patel, del Instituto Internacional de Prensa, expuso sobre cómo las leyes de cibercrimen han expuesto a los reporteros y al libre ejercicio de su profesión, socavando la libertad de expresión ante gobiernos autoritarios.
Paloma Lara-Castro, nuestra coordinadora de políticas públicas, resaltó las implicaciones que tiene este tratado en desmedro de los derechos humanos y la igualdad de género: “El último borrador de la Convención suscita importantes preocupaciones. Habilita la criminalización y otorga amplios poderes de vigilancia estatal, que podrían afectar desproporcionadamente a las personas en base al género. Es esencial que los Estados se aseguren de que la Convención se ajuste a sus obligaciones en materia de derechos humanos y se opongan activamente a cualquier aspecto que sea incompatible con este compromiso».
“No estamos hablando de riesgos potenciales, sino de afectaciones concretas” expresó Lara-Castro al referirse a la investigación realizada por Derechos Digitales y APC que demuestra -a través de 11 casos a nivel global- cómo las leyes que carecen de una perspectiva de derechos humanos y de género- caracterizadas por tener definiciones amplias y vagas, que permiten una aplicación arbitraria, son utilizadas como una herramienta legal para silenciar voce críticas, lo cual genera afectaciones al activismo de grupos que han estado históricamente excluidos del debate público como las mujeres y la comunidad LGBTIQA+. Los casos demuestran que, aunque las normativas sobre cibercrimen se multiplican en todo el mundo, no sólo son ineficaces para proteger la expresión de las mujeres y las personas LGBTQIA+, sino que las ponen en peligro.
En ese sentido, Paloma puntualizó que “la integración efectiva de la perspectiva de género es crucial para asegurar que el tratado no socave la igualdad de género ni los esfuerzos por proteger los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos ”.
El encuentro contó con más de 60 participantes entre los cuales, además de la presencia mayoritaria de periodistas representantes de varios medios de comunicación a nivel global, se sumaron académicos, universidades, centros de investigación y agrupaciones de defensa de la libertad de expresión. Puedes revisar más información en: https://ahc.derechosdigitales.org/.
Puedes revisar la conferencia de prensa completa en el video que está a continuación:
Esta semana tuvimos una presencia destacada en el encuentro CPDP Latam, que reunió a expertos y expertas en privacidad y datos en América Latina. Jamila Venturini, nuestra co-directora ejecutiva, junto a Lucía Camacho, coordinadora de políticas públicas, participaron activamente en varias sesiones clave.
Fue el caso de «Platforms accountability: transparency, privacy and labor», donde compartimos hallazgos clave del informe «Food delivery and online marketplace», y examinamos el manejo de datos en aplicaciones de comercio electrónico y delivery en la región, ofreciendo perspectivas valiosas para la discusión a nivel global. Acá estuvimos debatiendo con la Delegatura de Protección de Datos de Colombia, el CTS-FGV, Labor Prosecution Office (MPT), y Personal Data IO.
Además, participamos en el panel «Innovation or Human Rights: data governance and sandboxes for AI in LAC». Acá reflexionamos junto a representantes de Vinci Ventures, Meta y la Academia Mexicana en Ciberseguridad sobre el papel de los sandboxes en la gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe.
Otro tema destacado fue la sesión sobre «Estándares Interamericanos de DDHH e IA», donde exploramos la intersección entre derechos humanos, y directrices globales en el contexto digital. Puedes encontrar todo nuestro trabajo sobre cómo implementar la Inteligencia Artificial desde una perspectiva en Derechos Humanos aquí https://ia.derechosdigitales.org
Para más detalles sobre las sesiones y los ponentes participantes, puedes visitar la página oficial de CPDP Latam.
El 15 y 16 de julio, en colaboración con el Centro de Solidaridad, la Red ILAW y la Fundación Ford, reunimos a sindicatos, organizaciones civiles, profesionales del derecho y académicos de América Latina. Nuestro objetivo fue abordar los desafíos y riesgos del trabajo a través de plataformas digitales de comercio, delivery y transporte, explorando estrategias para enfrentar este nuevo contexto global.
El encuentro permitió coordinar nuevas instancias para abordar el litigio estratégico, la incidencia política y las normativas afines a derecho, trabajo y tecnologías. Así como también compartir experiencias exitosas en la protección de derechos laborales frente a las tecnologías y recopilar recursos relevantes que puedan impulsar acciones sobre esta materia, fortaleciendo la discusión a nivel latinoamericano.
El creciente aumento de trabajadores que están realizando sus labores bajo plataformas digitales ha levantado la necesidad a nivel global de mayor legislación, y creación de políticas públicas transfronterizas que apunten a estas nuevas formas de campo laboral, las cuales no están exentas de precariedad, subcontratación y desigualdades. Las y los expertos, señalaron la importancia abordar estas temáticas de forma integral, es decir, considerando los diferentes derechos humanos, económicos y sociales que convergen en esta temática.
Desde Derechos Digitales participamos del evento organizado por DiploFoundation, titulado «UN Cybercrime Convention: Will states give in disagreements for the sake of a global common threat?». En este foro global, expusimos nuestras preocupaciones frente a la propuesta de tratado sobre cibercrimen, donde resaltamos los riesgos de legitimar prácticas de vigilancia y criminalización que podrían tener efectos severos sobre defensores de derechos humanos, periodistas y expertos en seguridad informática.
En el evento, Paloma Lara Castro, coordinadora de políticas públicas de Derechos Digitales, contribuyó también con una perspectiva enfocada en los impactos de género de la criminalización, abriendo la puerta para la persecución de las personas por expresar su orientación sexual o identidad de género en internet, sobre todo en países que castigan a las personas LGBTQI+ .
La instancia contó con destacados expertos como Alexander Seger del Consejo de Europa, Tatiana Tropina de la Universidad de Leiden, Katitza Rodriguez de la Electronic Frontier Foundation, Yuliya Morenets de Together Against Cybercrime International, Anita Ramasastry de la Universidad de Washington y y Paloma Lara-Castro de Derechos Digitales.
Derechos Digitales expuso en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, para abordar el listado de riesgos que puede implicar una legislación ambigua sobre Inteligencia Artificial en nuestro país.
Juan Carlos Lara, co-director ejecutivo de Derechos Digitales, presentó una serie de hallazgos fundamentales para el debate sobre esta temática, entre ellos casos de estudio, informes que hemos elaborado en conjunto a consorcios de investigación en estas temáticas, y organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional para abordar el impacto que las soluciones basadas en IA pueden tener en los Derechos Humanos, y en la explotación de información sensible, que pueden poner en riesgo el libre ejercicio de nuestros derechos económicos, sociales y culturales.
Un ejemplo de ello, es la gestión totalmente automatizada de trabajadores, incluida su contratación, despido y asignación de tareas; y que se puede ver reflejada en la gestión de aplicaciones de transporte, delivery, entre otras. También con tecnologías altamente intrusivas, el uso de biometría o reconocimiento facial automatizado en la vía pública, entre otras.
Lara señaló además, que si bien la regulación es sumamente necesaria, se debe adoptar un enfoque que impida vacíos legales que podrían ser potencialmente usados para amplificar el campo de acción de dichas tecnologías.
El pasado 3 de julio fue publicada la lista de las primeras organizaciones seleccionadas por nuestro Fondo para la promoción de los Derechos Digitales (FDD), destinado a sensibilizar a las comunidades sobre sus derechos digitales y promover un entorno digital libre, seguro y en favor del desarrollo íntegro de las personas.
El rol del FDD es complementario a la labor que ya realizamos por medio del Fondo de Respuesta Rápida (FRR) y brinda apoyo administrativo y financiero a iniciativas valiosas que no necesariamente surgen a partir de situaciones urgentes de amenaza a los derechos humanos en los entornos digitales, sino que buscan fortalecer esos derechos de manera sostenible.
FDD tiene dos ciclos de financiamiento al año. Para cada ciclo, el FDD tiene un presupuesto definido por lo que el número de proyectos aprobados por ciclo será limitado y variable. Cada organización puede recibir un máximo de 5.000 USD por proyecto aprobado, pudiendo extenderse excepcionalmente hasta 8.000 USD.
¡Nos espera un gran año de arduo trabajo y lo esperamos con mucho entusiasmo! Felicitamos a las iniciativas seleccionadas. Postula la de tu organización a través de nuestro Sistema de Gestión de Fondos, en este enlace.
¿Resultarán más de dos años de negociaciones interestatales en la ONU en una convención integral global sobre el cibercrimen? ¿Por qué los estados no lograron anteriormente llegar a un acuerdo final? ¿Dónde residen los principales desacuerdos? ¿Cuáles son las expectativas de las partes interesadas, incluidas la sociedad civil y la industria, para la ronda final de negociaciones de la ONU?
El objetivo del encuentro fue identificar las expectativas de la sesión final sesión final del Comité Ad Hoc para elaborar una convención internacional integral para combatir el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos.
También, resaltar los elementos que definen un resultado positivo de este proceso, basándose en las ideas de diferentes expertos y partes interesadas.
Paloma Lara Castro, coordinadora de políticas públicas en Derechos Digitales participó como oradora en el evento. Habló sobre preocupaciones que como organización tenemos respecto de la convención de cibercrimen: un tratado que puede legitimizar la vigilancia y la criminalización con impactos diferenciados en defensores de Derechos Humanos, periodistas y security researchers. En tal sentido se refirió a los impactos de género de la criminalización, y concluyó con la obligación de los estados de respetar el derecho internacional de los DDHH.
La Coalición por los Derechos en la Red (NRC, por sus siglas en inglés), está profundamente alarmada por el apagón de Internet que ocurrió el pasado 25 de junio de 2024, junto con otras violaciones a los derechos humanos destinadas a reprimir las protestas en Kenia en respuesta al Proyecto de Ley de Finanzas de 2024. Esta lamentable situación en Kenia representa un retroceso democrático, especialmente considerando que el país constaba de una buena reputación respecto de la libertad de Internet.
Las manifestaciones continúan bajo el hashtag #RejectFinanceBill2024, con las plataformas de redes sociales desempeñando un papel crucial en la movilización de un amplio espectro de la población keniana. Desde Derechos Digitales, nos sumamos a la preocupación de esta red que promueve los derechos digitales en África, y denunciamos las persistentes violaciones a los derechos humanos, que incluyen reportes de arrestos masivos arbitrarios, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, amenazas contra medios de comunicación y la confirmación de apagones de Internet en el país.
Puedes leer la declaración completa (en inglés) aquí.
Organizado por GQUAL, se trató de un evento paralelo a la 54ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Paraguay que se llevó a cabo entre el 26 y el 28 de junio de 2024 en Asunción, Paraguay. Derechos Digitales estuvo representado por la coordinadora de políticas públicas, Paloma Lara Castro
El objetivo del evento fue promover un diálogo entre diversos actores, incluidos los Estados, la sociedad civil y representantes de instituciones y órganos internacionales sobre las medidas necesarias para lograr la paridad de género en los espacios interamericanos de toma de decisión.
Además de destacar algunos de los avances y desarrollos interamericanos, internacionales y comparados recientes sobre este tema, e intercambiar sobre las medidas y los compromisos concretos necesarios para efectivizar su implementación y volverlos realidad.
