Comparación de la manera en que cinco aplicaciones de alimentación y dieta en dos países diferentes (Chile y Uruguay) recolectan información, con distintos estándares de protección en materia de datos personales.
Temática: Protección de datos
Migrantes sin papeles y su regularización
Quienes hemos migrado a otro país, o quienes han soñado en hacerlo, tenemos como una gran prioridad contar con “los papeles al día” lo que incluye, entre otros, portar un pasaporte y visado vigente, y obtener el documento de identidad o permiso temporal de estadía en nuestro lugar de destino.
No tener los papeles al día tiene consecuencias relevantes. Sin ellos es casi imposible matricularse en una universidad o colegio, reduce los chances de conseguir empleo formal, puede alejarnos del acceso a servicios de salud y ni hablar de abrir una cuenta bancaria para emprender o recibir un sueldo, o de la posibilidad de enviar o recibir mesadas. Todo esto sumado al miedo continuo de ser deportados o devueltos a nuestro lugar de origen por las autoridades migratorias.
La situación de migrantes indocumentados ha motivado al Relator Especial de los Derechos Humanos de los Migrantes de las Naciones Unidas a publicar un informe dedicado a llamar la atención de los Estados para que su situación se regularice. El informe, quizá por primera vez, advierte algunos aspectos sobre el rol que las tecnologías digitales juegan en ese tipo de políticas y que vale la pena explorar de cerca.
¿Qué es eso de la regularización?
Según el Relator Especial, la regularización es el proceso que emprenden los Estados para poner fin al limbo en que viven los migrantes indocumentados, a través de políticas diversas que buscan dotarlas de los permisos necesarios para normalizar su estadía o residencia en el país.
Estas políticas casi siempre tienen un período de duración limitado y operan bajo restricciones o requisitos exigentes, por lo que beneficiarse de estas no es fácil. El informe del Relator Especial menciona el caso de las políticas de regularización de migrantes indocumentados en Ginebra durante 2017 y 2018. Dicha política regularizó a indocumentados siempre que llevasen residiendo allí más de 10 años — 5 para personas con hijos—, tuviesen un empleo formal e independencia económica, un certificado A2 de francés y ningún antecedente penal.
Las políticas de regularización pueden llegar a ser tan exigentes, poco transparentes y discrecionales, que terminan excluyendo a los migrantes más vulnerables.
Regularización: entre la digitalización y la biometría
El informe menciona cómo, fruto de los procesos de transformación digital que están experimentando las políticas y proceso migratorios en distintos países, el trámite de las solicitudes de regularización depende cada vez más de los canales digitales. Para los migrantes sin papeles que no tienen acceso estable a internet o dispositivos para navegar en línea, o que no cuentan con las habilidades necesarias para navegar los sitios web o aplicaciones móviles a través de las cuales enviar y consultar el estado de su solicitud, la digitalización puede suponer un reto adicional. La brecha digital, recordemos, puede agravar desigualdades de base y el informe enfatiza que no tener papeles al día es un factor de vulnerabilidad muy serio.
Pero otro asunto que menciona el informe tiene que ver con la captura de datos biométricos de migrantes indocumentados como un obstáculo adicional en la postulación a los procesos de regularización. No obstante, no explora cuál es el impacto que podría tener la recogida de ese tipo de información en esos contextos. Una oportunidad perdida de cara a la progresiva masificación de ese tipo de prácticas en países como Colombia y, más recientemente, en Chile.
En ese contexto, distintas preocupaciones e intereses opuestos convergen. Por un lado, los migrantes indocumentados son titulares del derecho a la privacidad y protección de datos con la autonomía para decidir a quién entregan o no su información personal sensible. No obstante, el ejercicio del consentimiento en los contextos de regularización se ve en entredicho cuando la entrega de los datos biométricos supone una condición para acceder a los procesos de regularización migratoria. Ahora ¿qué finalidades cumple esta captura de datos?
En el caso de Chile, el más reciente caso en nuestra región, la toma de datos biométricos no tiene un fin del todo claro, pero abstenerse a su entrega puede influenciar negativamente la decisión de regularización migratoria que depende de si la persona solicitante tiene o no un empleo formal, vínculos familiares, ausencia de antecedentes penales, entre otros. Sin embargo, la política omite que las oportunidades de formalización de empleo para los migrantes sin papeles son escasas, si es que existen.
La creciente tendencia de recopilación de datos biométricos dice justificarse en la necesidad de identificar a las personas migrantes sin papeles, pero ¿qué otras alternativas menos invasivas de su privacidad podemos imaginar en aras de normalizar su situación migratoria? Urge fortalecer la rendición de cuentas de los Estados que despliegan políticas de regularización, al tiempo que aumenta su apetito por datos cuyo abuso puede ser instrumentalizado en contra de personas en condición vulnerable. Las políticas migratorias suelen tener reglas esquivas sobre privacidad y protección de datos, incluso cuando estas puedan estar vigentes.
En el caso chileno hay un proyecto de ley de protección de datos que lleva más de dos décadas en trámite. ¿Qué tema no ha sido discutido en la futura ley? La protección de los datos biométricos de personas migrantes en situación irregular, incapaces de negarse a entregar sus datos sensibles. ¿No valdría la pena corregir el rumbo ahora, que todavía estamos a tiempo? Ojalá en futuros informes el Relator Especial pueda profundizar en este tipo de prácticas.
Hasta entonces, les sugiero estar pendientes de nuestra próxima publicación sobre programas de identidad digital en la región. En ella hay hallazgos relevantes para avivar la discusión también en esta materia.
Celulares, Privacidad y Libertad
Gran parte de nuestras vidas suceden en los teléfonos móviles. Las interacciones personales o profesionales a través de chats de WhatsApp, las búsquedas en Google, la búsqueda de romance a través de aplicaciones de citas o el uso de mapas para movilizarnos por las ciudades. Todas estas interacciones están mediadas por aplicaciones y empresas que lucran de nuestros datos, que son en gran medida representación de nuestra vida privada.
En esta columna explicaré como podemos utilizar nuestro teléfono celular de una forma distinta a la que se acostumbra utilizando aplicaciones alternativas o incluso sistemas operativos alternativos. Esta no es una columna sobre seguridad digital, es una columna sobre privacidad y libertad frente a las grandes corporaciones que están en nuestros teléfonos.
Los celulares con sistema operativo Android son los más utilizados en América Latina por lo que este artículo se enfocará en este tipo de dispositivos. La primera característica de estos teléfonos es que son dependientes de Google. En un teléfono nuevo, lo primero que se pide es una cuenta de Google que permitirá instalar aplicaciones, acceder al correo electrónico de Gmail, pero además se generará un perfil asociado a cada persona. La georeferenciación, las búsquedas, los videos vistos en Youtube son algunos de los datos recolectados por Google. Al ingresar con una cuenta de Google a “Mi Actividad en Google” se puede tener una idea de lo que Google sabe de nosotres.
Google sabe mucho de las personas que usan sus servicios, probablemente más que ellas. Pero no es la única empresa que conoce nuestra actividad, Meta, Tik-Tok, Twitter, Waze o cualquier aplicación que funciona como servicio en la nube, lucran de nuestros datos y tienen información sensible que nos describe. El primer paso para proteger nuestra privacidad es usar aplicaciones alternativas que respeten nuestra privacidad.
En lugar de utilizar WhatsApp, se puede utilizar una aplicación como Signal que es software libre, utiliza cifrado fuerte y además su trabajo es gestionado por una organización sin fines de lucro. Probablemente no es el modelo ideal, pero al menos no es una empresa que lucra de nuestros datos.
Si se piensa en una aplicación de mapas, estas normalmente requieren acceso a internet y una cuenta para funcionar, entonces es muy probable que esta aplicación esté monitoreando la actividad de las personas que la usan. OSMand es una aplicación alternativa de software libre que permite descargar mapas de todo un país o regiones y utilizar el GPS sin necesidad de internet. No es perfecta, la función ofrecer rutas donde existe menor tráfico vehicular no es algo que se tendrá con esta aplicación, pero sí podrás saber como llegar a tu destino sin que tu privacidad sea invadida.
Aquí cité dos ejemplos, pero existen muchas más aplicaciones y sitios como Privacy Guides, Privacy Tools, Prism Break u otras se puede encontrar recomendaciones.
De manera predeterminada para instalar una aplicación en Android se quiere utilizar Google Play, pero existen otras tiendas de aplicaciones. F-Droid es una tienda de dónde se pueden descargar aplicaciones sin necesidad de registrar una cuenta donde todas sus aplicaciones son software libre. Adicionalmente F-Droid alerta sobre posibles características controversiales en las aplicaciones. Por ejemplo si una aplicación es libre, pero depende de una red centralizada como es el caso de Telegram se nos informará.
Desde F-Droid se puede instalar otra tienda de aplicaciones que se llama Aurora Store. La misma permite instalar aplicación desde los repositorios de Google sin usar Google Play. Hasta hace poco se la podía utilizar de forma anónima, pero lamentablemente al momento de escribir este artículo Google ha bloqueado esta posibilidad.
Si realmente se quiere sacar a Google de nuestro teléfono un paso a seguir es probar un sistema operativo alternativo. Gran parte de Android es software libre y existen versiones modificadas de este sistema operativo. La más popular se llama LineageOS y está disponible para decenas de modelos de teléfono. Lamentablemente no siempre estos teléfonos se venden en todos los países de América Latina o los modelos soportados son antiguos.
LineageOS trae muy poco software instalado, por lo que se puede instalar solo el software necesario. Menos software significa mejor rendimiento y mayor seguridad. Para instalar software es se puede utilizar tiendas como F-Droid o Aurora Store, sin embargo también existe la posibilidad de instalar las aplicaciones de Google y sus servicios.
Además de LineageOS existen otras versiones modificadas de Android. GrapheneOS y CalyxOS son alternativas a destacar porque se enfocan en la seguridad y la privacidad. Replicant también tiene este enfoque pero además está pensada para funcionar solamente con software libre. A diferencia de LineageOS, estas distribuciones tienen muchos menos modelos de teléfonos soportados.
Si bien Android es un sistema operativo basado en Linux, es una versión muy limitada de este sistema operativo. Existen otras versiones que también se pueden instalar en varios teléfonos móviles y algunas de las más conocidas son PostmarketOS, Ubuntu touch o PureOS. Estos sistemas son Linux completo y se puede hacer prácticamente lo mismo que harías en una computadora. Una desventaja a tomar en cuenta es que las aplicaciones de Android no funcionan de forma nativa pero se las puede ejecutar con un emulador.
Estos sistemas operativos están disponibles para varios modelos de teléfonos celulares, sin embargo existen teléfonos que vienen con estos sistemas pre-cargados. Algunas de los modelos más conocidos son Librem de Purism y Pinephone. Estos teléfonos permiten, a través de un adaptador USB C, conectar un teclado, monitor y ratón al teléfono conviertiéndole en una computadora de escritorio.
Si bien somos muy pocas las personas que utilizamos aplicaciones como OSMAnd, Fdroid o un sistema operativo alternativo en los celulares, es positivo que esto pueda hacer. Que se puede instalar y que no en un dispositivo por el que se pagó es algo que debería decidir la persona dueña del teléfono, no su fabricante, ni Google.
La libertad no es gratuita y la conveniencia es una droga muy adictiva. Los teléfonos inteligentes forman parte importante de nuestras vidas y sin embargo no son nuestros. Las grandes empresas ofrecen aplicaciones que resultan útiles a cambio de datos personales e interacciones sociales. La existencia de proyectos que buscan dar el control a las personas por sobre la tecnología es esperanzadora si queremos vivir en una sociedad libre y no en una dominada por pocas empresas tecnológicas.
Torifícate
En Derechos Digitales creemos que proteger la privacidad en línea es clave para defender la libertad en Internet. Con Torifícate queremos acercar a más personas en América Latina a la red Tor, explicando de manera sencilla qué es, cómo funciona y por qué es una herramienta fundamental para navegar de forma segura y anónima.
A través de guías, recursos y materiales descargables, buscamos no solo enseñar a usar Tor, sino también invitar a sumarse activamente a esta red global. Al instalar nodos, compartir conocimientos o promover su uso en nuestras comunidades, contribuimos a fortalecer un ecosistema digital más libre, descentralizado y seguro para todas las personas.
Justicia de datos y bienes públicos digitales en América Latina: ¿Cómo será nuestra participación en el futuro digital?
Un grupo de especialistas en derechos humanos y tecnologías digitales nos reunimos para dialogar sobre la justicia de datos, en febrero de 2023. Esta es una sistematización de aquel debate, en el que se identificaron narrativas dominantes y posibles acciones a implementar para garantizar la justicia de datos.
Ecuador: muchos cambios, poco que celebrar
Semanas después de la declaración de inocencia de Ola Bini, el final, una persecución emblemática de los riesgos que viven las personas expertas en seguridad digital en la región, Ecuador aprobó una polémica ley para reformar a varios cuerpos legales en el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad.
La nueva “Ley Orgánica Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral” modifica partes importantes del Código Integral Penal y otras leyes enfocadas en la seguridad pública y la inteligencia.Por otro lado, en una semana se celebrarán los dos años de la aprobación de la Ley general de protección de datos de Ecuador, aún sin plena aplicación.
En ambos casos, no tenemos mucho que celebrar, pero sí la necesidad de responsabilizar a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos.
Reformas contra derechos humanos
En años anteriores, hemos visto intentos de aprobar leyes por parte de la asamblea ecuatoriana, que intentan aumentar la vigilancia estatal en internet. Hace una década, en 2013, varias organizaciones de la sociedad civil y personas expertas alertaron de los graves problemas de este tipo de ciberpatrullaje.
Este año, la reforma llevada a cabo por el estado ecuatoriano contiene muchos puntos problemáticos. En primer lugar, la ley no fue discutida adecuadamente con las múltiples partes interesadas. No hubo intercambio con personas expertas ni con la sociedad civil en general, en lo que fue una discusión rápida y marcada por la contingencia.
En general, los cambios legales no hacen referencia expresa a principios de legalidad y proporcionalidad que “debieran ser los parámetros inspiradores de las políticas de vigilancia”. Uno de los dispositivos permite que tanto los inspectores como la policía soliciten información sobre los suscriptores de servicios de telecomunicaciones, como el nombre o la dirección de una persona, a un proveedor de servicios ubicado en el Ecuador o que ofrezca servicios en el territorio ecuatoriano. En otras palabras, los cambios facilitan una recolección de información que no pasa por suficientes resguardos para la privacidad de forma previa.
Luego de los retrocesos en materia de derechos humanos que también se han visto en otros países de la región, como se vio en el caso de las muy criticadas reformas legales de El Salvador, la creación del “agente encubierto informático” es otro punto preocupante, que ya hemos criticado cuando fue propuesto en Chile. Con licencia para infiltrarse en plataformas informáticas para realizar seguimiento de personas, vigilar, realizar compras controladas. Esta reforma facilita la intrusión de personas en las vidas privadas en nombre de la seguridad. Para combatir “ciberdelitos puros o replicas o cualquier otro tipo de delito”, el agente podrá intercambiar, enviar de manera directa archivos, ficheros con contenido ilícito o aplicar técnicas para preservar y descifrar información recolectada que sea útil para la investigación. Podrá obtener imágenes y realizar grabaciones en audio o video, de las conversaciones que podría llegar a mantener con el o los investigados.
En la contribución del último Examen Periódico Universal del Estado de Ecuador, llamamos atención de que el Estado ecuatoriano debe “abstenerse de utilizar tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial o biométrico que no cumplan con los estándares y obligaciones internacionales, así como regular la venta, la transferencia, el uso y la exportación de estas tecnologías”. Como bien resume Franco Giandana, las reformas de Ecuador introducirán “mecanismos desproporcionados y potencialmente invasivos para la ciudadanía”. En vez de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, hemos visto un incumplimiento generalizado por parte del Estado ecuatoriano de estos derechos a través de la aprobación de leyes penales amplias, sin respecto a proporcionalidad y necesidad.
Cumpleaños, pero sin celebración
El 21 de mayo de 2021, Ecuador aprobó su Ley general de protección de datos personales. Desde Derechos Digitales, junto con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y con Access Now, colaboramos con las discusiones de este proyecto de ley, así como continuamos un seguimiento de los desarrollos posteriores a su aprobación. A pesar de ser un instrumento que cristaliza la autodeterminación informativa en el ámbito digital, el país aún está lejos de una cultura de protección de datos. Una de las razones es clave: casi dos años después de la aprobación de la referida ley, mucho de lo que debería regularse para hacer efectiva la ley aún está pendiente. A modo de ejemplo, hay 44 menciones en la ley a la necesidad de hacer un reglamento, como la creación del registro de los responsables y Encargados del Tratamiento de Datos Personales y parámetros para definición de un volumen relevante de datos personales. Por si esto fuera poco, aún no se ha definido la autoridad de protección de datos personales, por lo que no se ha iniciado la institucionalización de dicha ley de datos. Se cumplen así dos años con pocos avances, pese a la buena base existente.
Una triste travesía sin fin
“Frustrado, cansado, y triste” fueron los adjetivos que Ola Bini utilizó para hacer referencia a cómo se siente luego de tener la confirmación del juez de primera instancia de su inocencia en el enjuiciamiento de que ha sido objeto por años. Esa falta de alivio se debe a que la Fiscalía apeló de la sentencia absolutoria, lo que significa que Ola estará con las mismas restricciones para retomar su vida a pesar de la confirmación de que es inocente. Si bien es un gran avance la declaración de que no hay evidencia sobre la acusación, el informático sueco todavía tiene sobre sí una persecución penal pendiente aún después de cuatro años de acusación sin pruebas, como fue descrito en el libro de Diego Cazar.
La necesidad de un nuevo rumbo
Resulta preocupante que, a pesar de mostrar pequeños avances en materias judiciales y regulatorias, todavía persistan algunas situaciones que ponen en entredicho el ejercicio de derechos humanos en relación con las tecnologías digitales en Ecuador.
El Estado ecuatoriano, que tiene la obligación de respetar derechos humanos, debe declarar la inconstitucionalidad de los mecanismos legales que no se ajustan a principios constitucionales y convencionales para la afectación de derechos en nombre de la seguridad, ante los probables excesos e ilegalidades en su aplicación. Además, el Estado Ecuatoriano debe cumplir con sus obligaciones para protección de la privacidad y de los datos personales, designando la Autoridad de Protección de Datos Personales, con autonomía técnica y administrativa.
Finalmente, deben abandonarse prácticas de persecución que, como en el caso de Ola Bini, pongan bajo riesgo la actividad de activistas e investigadores en seguridad. El compromiso de todos los estados en América Latina con los derechos humanos se extiende a todos los órganos y procedimientos en manos de organismos públicos, sin importar las contingencias o disputas políticas.
Informe regional sobre políticas y libertades en el uso del cifrado en América Latina y el Caribe
El debate sobre el cifrado en todo el mundo sigue enmarcándose como una tensión entre, por un lado, la seguridad de la información y la privacidad de las comunicaciones y, por otro lado, la accesibilidad para las investigaciones criminales y la aplicación de la ley y con fines de seguridad nacional
Declaración de Derechos Digitales durante la quinta sesión del Comité Especial encargado de Elaborar una Convención Internacional Integral sobre la Lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos
PubliElectoral Plebiscito 2022 Chile
La presente investigación tuvo por objetivo observar el impacto de las interacciones en Facebook/META en la campaña del plebiscito de salida para una nueva constitución realizado en Chile en 2022, y evaluar la compatibilidad de tales prácticas con la normativa electoral vigente.
¿Por qué la privacidad y la protección de datos son clave para la igualdad de género?
Cuando hablamos de protección de datos y privacidad en el ámbito digital es necesario comprender que la temática es compleja y que cuenta con una multiplicidad de debates que intentan abarcarlo de la mejor forma posible. Es necesario tener un espacio para cuestionar por qué esta temática es importante a nivel individual y general, y cómo estas reflexiones podrían generar cambios para que mujeres y personas pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+ puedan aprovechar de forma libre y segura plataformas digitales y, en general, su día a día.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la privacidad y protección de datos?
La privacidad y la protección de datos, son usualmente temas vistos de la mano. El derecho a tener una vida privada asegura la libertad y dignidad de las personas, y a su vez está directamente relacionado con garantías tan importantes como la libertad de expresión y protección de datos personales.
Esta relación usualmente es vista en simples palabras, que definen la privacidad de datos como el medio por dónde se define quién accede a los datos; mientras que la protección de datos refiere a la provisión de herramientas y políticas dedicadas a establecer cómo se accede a los datos. Es crucial estar conscientes de que esto tiene mayor profundidad, ya que las definiciones sustantivas varían dependiendo de los marcos normativos de cada país, e instrumentos internacionales a los cuales se asocian.
En la medida en que nuestras vidas se asocian a la actividad online, es más sencillo identificarnos y recolectar información sobre nuestros cuerpos, datos biométricos, gustos, opiniones, entre otros. Y esto, finalmente, pasa por procesos en los cuales las personas consienten o no, a entregar estos datos, sea desde una firma electrónica hasta hacer “clic” al aceptar los términos y condiciones de alguna página web o app.
En este sentido, el cómo se obtienen los datos, y cómo estos se utilizan posteriormente es clave para entender estas temáticas.
Por ejemplo, existen hoy en día aplicaciones que se utilizan para hacer tracking de salud reproductiva de mujeres, que ayudan a monitorear la regularidad menstrual, entre otros temas, que han sido denunciadas por compartir datos con terceras partes, sin protección de privacidad y generando beneficios económicos a partir de esto.
¿Por qué es importante considerar esta temática desde una perspectiva feminista?
El estado actual de desigualdad a nivel socio-económico que afecta a mujeres y comunidades LGTBIQIA+ atraviesa el espacio digital.
El derecho a la privacidad desde una perspectiva de género es particularmente crucial porque el acceso a plataforma digitales permite comúnmente limitaciones que derivan desde una estructura patriarcal. Un ejemplo de esto es la asimetría de poderes, pérdida de privacidad, violencias digitales, discriminación y falta de consideración de la intersección de raza, clase, género, entre otros.
La noción de privacidad ha sido un tema clave desde las perspectivas feministas, sobre todo desde la división entre lo privado y lo público. De esta forma, después de varias décadas abogando por la importancia de considerar lo que pasaba en el ámbito “privado” y no sólo en el público, fue posible comenzar a indagar en temáticas de violencia para tratar con estas temáticas desde lo público. Y es así, como hay que considerar también la dicotomía de lo “online” y lo “offline”. Aunque estas temáticas sean pertinentes a lo “online” y a lo privado, no deben dejar de ser importantes de considerar desde una perspectiva feminista.
En este sentido, un reciente estudio del proyecto alemán llamado Forum Privacy, presenta diferentes perspectivas que se han presentado para considerar perspectivas feministas, destacando sobre todo el cuestionamiento de la noción de “protección”, donde se deben dejar de lados las dinámicas asimétricas de poder, y se debe trabajar formas implementar estas dinámicas desde el respeto y empoderamiento.
La importancia de considerar perspectivas que se integren desde el respeto horizontal y el empoderamiento permite preguntarse quiénes están asegurando la protección de datos y la privacidad, reflexionar quién obtiene beneficios de estos procesos; y sobre todo, como podemos asegurar que nuestras acciones del día a día sean en pos de justicia social y los derechos humanos.
¿Qué está pasando hoy en día en Latinoamérica en cuanto a estas temáticas?
En nuestra región la protección efectiva de datos no es una realidad concreta ya que muchos países no poseen marcos regulatorios generales en la materia, y en temáticas de privacidad a veces no se encuentran actualizadas para que sean consideradas en el área digital. Sin embargo, varios países han considerado el habeas data en sus constituciones y marcos legales, y otros han tomado como ejemplo el caso de la Unión Europea siguiendo los ejemplos del GDPR (General Data Protection Regulation).
Todavía existen muchas oportunidades a futuro para seguir trabajando con estos temas, en esta línea Derechos Digitales ofreció el 2022 un resumen de las legislaciones vigentes en países Latinoamericanos en temáticas de protección de datos.
Abarcando la complejidad
La mayor dificultad, que bien aprovechada presenta una oportunidad, es que esta temática no es un tema que concierne solamente políticas públicas, o leyes, si no, concierne una gran complejidad de variables y actores que lo involucran. Una perspectiva feminista en estas temáticas puede otorgar visiones que comprendan las vivencias desde diversas perspectivas, dónde, por ejemplo, el consentimiento informado y activo – considerando igualdad de poderes – puede representar autonomía, libertad y privacidad.
Desde Derechos Digitales se han creado varias campañas para acompañar a las personas en cuanto a la concientización de la importancia de proteger su privacidad y datos, tanto como la Amistosa Caja Anti-Vigilancia, El Anonimato Nos Defiende, No Temas a Internet, entre varias iniciativas.
Para avanzar hacia la igualdad de género sustantiva es necesario reflexionar desde esta perspectiva que comprende a toda la sociedad, invitando a la creación de marcos normativos que garanticen transparencia e igualdad permitiendo considerar la privacidad y protección de datos.