En una Internet bajo vigilancia, NetMundial intenta convertirse en una plataforma para repensar la forma en que se administra globalmente Internet. Si la nueva mirada a la gobernanza de la red no se hace desde el interés público, ésta y otras reuniones serán irrelevantes para nuestros derechos.
Net mundial es un encuentro multilateral sobre gobernanza de Internet, pero ¿es eficaz este modelo?
¿Es la gobernanza de Internet una farsa? Y su modelo multisectorial, donde participan múltiples partes interesadas, ¿es algo más que solo una ilusión? En el contexto de la vigilancia en Internet y violaciones de nuestro derecho a privacidad por organismos de inteligencia como los de Estados Unidos, no son pocos los que se hacen estas preguntas, resumidas hace algunos días en la columna del activista Jérémie Zimmermann. La poca relevancia de la gobernanza de Internet y su modelo multisectorial para detener o controlar las prácticas masivas que violan nuestros derechos humanos, hacen pensar a algunos que el modelo está, a lo menos, obsoleto.
Pero más allá de posiciones particulares, una cosa parece cierta: las revelaciones de Edward Snowden han dejado en evidencia que la administración global de Internet es un elefante grande y pesado, con poca reacción ante atentados que apuntan directamente contra la libertad en Internet.
Lo de la NSA no es una excepción a la regla: muchas veces pareciera que las grandes discusiones sobre derechos en Internet están jugándose en otro campo, lejos de los Internet Governance Forum (IGF): los derechos de autor en tratados económicos como el TPP o la neutralidad de la red como meros acuerdos entre privados, son solo algunos ejemplos de cómo instancias fuera de estos procesos terminan llevando a resoluciones mucho más vinculantes y efectivas que afectan y amenazan globalmente la red.
Las revelaciones realizadas por Edward Snowden demuestran que las grandes decisiones sobre materias como la vigilancia en Internet se realizan lejos de las reuniones multilaterales. CC BY (mw238) SA
Para Zimmermann y muchos otros, el modelo multisectorial de la gobernanza de Internet (más conocido como multistakeholder) ha posibilitado el estancamiento en infructuosas conversaciones y, por ende, no ha sido una herramienta concreta de defensa de Internet y derechos de los usuarios.
El modelo multisectorial tiene su lado bueno: ha sido un esfuerzo consistente en los últimos años, donde las múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet pueden participar. Allí se encuentran no solo gobiernos, sino también la sociedad civil, las empresas y el mundo docente. Aquello ha significado que participen en la discusión actores que antes simplemente estaban excluidos, enriqueciendo el diálogo entre partes que no tienen otra instancia para conocerse.
Pero no hay que ser inocentes. El modelo multisectorial no implica un proceso completamente democrático, solo porque todos los actores se sienten en la misma mesa. Las relaciones de poder entre cada uno de esos actores distan de ser iguales. Sería iluso pensar que Gobierno chileno pesa lo mismo que el Ruso, o Comcast lo mismo que alguna empresa local proveedora de Internet.
No obstante, culpar solo al modelo multisectorial de la poca efectividad de la gobernanza en Internet puede ser exagerado. Es necesario avanzar a un modelo descentralizado, participativo y efectivo, donde los actores honren los consensos y compromisos adoptados, pero debe reforzarse un marco de acción que hoy parece ser prácticamente invisible: el interés público.
Es necesario crear una agenda de gobernanza de Internet decidida a avanzar desde el interés público. De otra forma será irrelevante para la defensa de nuestros derechos. CC BY (Junior Melo) – SA
Internet es un bien común. Por eso es que instancias globales de administración de la red se han erigido: no pertenece a ningún gobierno, a ningún país, a ninguna empresa. Es una plataforma que nos pertenece a todos los ciudadanos del mundo. En ese contexto, cualquiera que sea el modelo que tome la gobernanza de Internet, el interés público debiera ser el norte de cualquier actor, independiente de su agenda y de su poder.
Hoy, el interés público ha perdido protagonismo entre otros intereses y dobles discursos que se camuflan en la participación del modelo multisectorial. Antes de volver a revisar de nuevo el modelo de administración, se debe reafirmar un marco general: una agenda de gobernanza de Internet decidida a avanzar desde el interés público, para fortalecer este bien público llamado Internet. Y es necesario que esto ocurra en todos los frentes, ya sea un acuerdo de libre comercio, un contrato entre privados, o la presentación de un nuevo proyecto de ley. De otra forma, independiente del modelo, la administración global de la red corre el riesgo de ser un espacio irrelevante para la defensa de nuestros derechos.
Lollapalooza Chile anunció que los asistentes podrán pagar por estar en una zona con Wi-Fi habilitada, a cambio habrá un monitoreo constante. ¿El verdadero costo? La privacidad de los usuarios y la neutralidad de la red.
Haz saber tu molestia a los organizadores, participa en la campaña #FreeLolla.
Para evitar que te quedes sin tuitear mientras ves a tu músico favorito, el popular festival de música Lollapalooza, en su versión chilena (que se hará este 29 y 30 de marzo) anunció que habilitará una zona de 5000 m2 con Wi-Fi, al que los asistentes podrán acceder comprando un vale de $6000 pesos chilenos (un poco menos de 11 dólares), válido para ambos días.
Pero eso no es todo. La productora anunció el “monitoreo constante” de la red, asegurándose el derecho a bloquear a cualquier usuario por “uso inapropiado”. Si bien los organizadores se han referido públicamente diciendo que pretenden evitar “el mal uso” de la red – por ejemplo, usándolo como hotspot – la forma en que pretenden verificar este mal uso dista de ser proporcional y razonable.
Aunque pueda ser entendible querer proteger el modelo de negocio evitando que los hotspots informales se propaguen y, en definitiva, colapsen la red, de ello no se concluye necesariamente que la mejor forma de hacerlo sea a través del monitoreo del tráfico. Existen diversas maneras de evitar la sobrecarga de la red y que no ponen en riesgo la privacidad de quienes la usan.
Por lo demás, el “uso inapropiado de la red” es de aquellos conceptos que, por su amplitud, se convierten en el arma perfecta para hacer cualquier cosa. Es difícil de determinar qué constituye un uso “apropiado” de la red en estas condiciones. ¿Qué tal si decides subir todas las fotos de una vez a Instagram? ¿Si quieres compartir varios videos a través de Facebook? Sin ir más lejos, fue precisamente para evitar que privados sean quienes determinen el contenido de estos conceptos que en Chile terminamos teniendo una ley de neutralidad de red.
No contrates Wi-Fi de Lollapalooza hasta que sus políticas de privacidad mejoren.
Adicionalmente, muchas de las aplicaciones móviles más usadas -como por ejemplo Whatsapp- tienen conocidos y documentados problemas de seguridad, que hacen relativamente trivial poder desencriptar los mensajes enviados a través de esta plataforma en una red constantemente monitoreada. ¿Es ese el costo –adicional a los $6000 a pagar por poder acceder al servicio- que los usuarios debieran pagar por querer compartir sus mejores momentos a través de la red?
No existe un servicio público dedicado a la protección de nuestros datos, ni menos mecanismos efectivos que sancionen a quienes trafican nuestra información sin nuestro consentimiento. Mientras ello no ocurra, es necesario hacer un uso inteligente de la manera en que accedemos y usamos Internet.
No temerle a Internet significa también tomar medidas para evitar los abusos amparados en vacíos legales. Una de esas medidas es, hoy, no contratar el servicio Wi-Fi de Lollapalooza hasta que sus políticas de privacidad no pongan en riesgo la tuya. También, si quieres expresar tu protesta, puedes unirte a esta campaña en Twitter y pedirle a @LollapaloozaCL que no monitoree las redes, usando el hashtag #FreeLolla. Solo haz clic en el siguiente botón.
La tecnología crea nuevas oportunidades para el ejercicio de la libertad de expresión, pero también nuevos desafíos, cuya solución no puede ser alcanzada si se le plantea como un problema técnico, sino que debe considerar sus particularidades económicas, sociales y de derechos humanos.
Se ha escrito muchísimo sobre las oportunidades que las tecnologías de la información ofrecen para el desarrollo económico, cultural y social de la humanidad, al punto de definir una nueva era como la «sociedad del conocimiento». Sin embargo, las oportunidades que ofrecen estos avances técnicos no pueden entenderse sin que ese desarrollo sirva también para avanzar en el respeto y desarrollo de los derechos humanos, consagrados en diversos instrumentos internacionales.
BY (mushon) NC-SA
La doctrina actual coincide en reconocer que los derechos fundamentales, por su estructura y generalidad, pueden verse enfrentados y «colisionar». Estos conflictos no se resuelven mediante criterios absolutos de jerarquía, temporalidad o competencia; sino que se busca un equilibrio en el cual ambos derechos en conflicto puedan coexistir, aunque su aplicación al caso concreto se relativice en grado. Este proceso, conocido como «ponderación», involucra examinar las circunstancias del caso para determinar qué derecho prevalece, en qué forma, exclusivamente mirando el caso específico.
Los conflictos de derechos fundamentales y tecnologías, en esta línea, parten de la ya clásica contraposición entre [ref]libertad de expresión y vida privada[/ref] [fn]Con el advenimiento de Internet también han surgido con fuerza otras contraposiciones de derechos, relativas a acceso al conocimiento y propiedad intelectual, donde estos últimos derechos no pueden oponerse al derecho de participar en la vida social y cultural de un país (y ciertamente, tampoco al de libertad de expresión)[/fn], con lo que el trabajo en materia de derechos humanos será plantear las condiciones para que ambos derechos puedan maximizarse rescatando, en la medida de lo posible, el contenido esencial y los objetivos subyacentes a cada uno.
En todos los casos donde intervienen las nuevas tecnologías – ya sea como medio o como objeto de regulación – el nivel de argumentación y ponderación de derechos fundamentales debe ser tan o más complejo que el empleado en una situación regular o «del mundo real». No puede considerarse a la tecnología como un ente aparte, en el cual sólo pueden intervenir expertos, con regulaciones que consideran el problema ignorando las profundas particularidades económicas, sociales y de derechos humanos que pueden alcanzar estas regulaciones.
Pero, ¿cuáles son las particularidades que presentan las nuevas tecnologías para el análisis de derechos humanos? En especial, me referiré a los conflictos por la responsabilidad de intermediarios de Internet.
BY (net_efekt) NC-SA
Dado que en Internet la información transita entre múltiples puntos, para que un mensaje pase del emisor al receptor se necesita una serie de ‘eslabones’ entre los que circula la información: que quien cree y emita el mensaje cuente con una conexión de Internet, que alguien almacene ese contenido en un servidor, que ese servidor esté conectado a Internet y que quien reciba ese contenido cuente con una conexión a Internet.
En cada etapa o eslabón, la información puede intervenirse, manipularse y vigilarse de variadas formas, algunas obvias como la censura o prohibición directa de contenidos a nivel del prestador de servicios de Internet (quien provee las conexiones) o del proveedor de infraestructura (quien provee el servidor), y algunas mucho más sutiles.
Dentro de estas formas más sutiles, destacan particularmente dos:
Atacar de manera extrajudicial o invocando dudosas responsabilidades legales de otros intermediarios de Internet más invisibles a esta cadena, como los procesadores de pagos (tarjetas de crédito), de servicios a demanda de gran escala (los proveedores de aplicaciones de la «nube», como Amazon y su servicio de AWS) o de nombres de dominio (los .com o .net, por ejemplo, han sido incautados sumariamente por el gobierno de Estados Unidos).
Crear normas de atribución de responsabilidad a los intermediarios tradicionales. Invocando (o creando) diversas regulaciones como normas de propiedad intelectual, leyes de prensa o de protección de la honra, se suele atacar a estos intermediarios de Internet, convirtiéndolos en potenciales demandados por contenidos que circulan a través de ellos, sin que estos los hayan generado o hecho algún esfuerzo especial por difundir.
Mediante este expediente de reglas de atribución de responsabilidad se alteran principios legales, tales como que la responsabilidad de un acto cae primariamente en su autor, lo que a la vez afecta derechos como el debido proceso y presunción de inocencia. Lo más grave en este sentido es que con estas reglas se convierte a los intermediarios de Internet en verdaderos policías de la red, que deben controlar qué se hace y prohibir ciertas conductas, de manera de evitar incurrir en estas responsabilidades.
Además, e igualmente grave, lo anterior significa una forma de censura previa. Tal es el caso, por ejemplo, de las reglas de responsabilidad implementadas a fines de la década de los 90 en Estados Unidos, donde una simple notificación privada convierte a prestadores de servicios de Internet en responsables por las infracciones a la propiedad intelectual cometidas en sus redes o servicios.
Con esto, se confirma que la censura directa no es la única forma de limitar la libertad de expresión. La prohibición de censura, desde un punto de vista histórico, tuvo por objeto limitar al Estado de actuaciones dirigidas a prohibir la circulación de publicaciones escritas que contuvieran determinadas ideas. La evolución del concepto lo ha llevado a comprender distintas formas de discursos, tales como obras artísticas, audiovisuales y también aquellas obras que contienen discursos protegidos y que utilizan plataformas tecnológicas para su difusión.
En este último sentido, la prohibición de censura previa debe también analizarse desde el punto de vista de su ejercicio, ya no por el Estado, sino que por particulares con el fin de acallar discursos críticos. Dichas medidas son también formas de limitación de la libertad de expresión no autorizadas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Con lo anterior, se hace más que nunca necesario instalar la discusión sobre el ejercicio de los derechos fundamentales en el entorno en línea (principalmente libertad de expresión vinculada con privacidad y derechos de autor) y contar con herramientas para que personas y agrupaciones pueden defender y hacer exigir sus derechos ante autoridades públicas o terceros.
Guía para periodistas que busca indagar los nodos críticos en torno a Internet y que permite comprender de forma práctica cómo se desenvuelven temas tan polémicos como derechos de autor, privacidad, neutralidad en la red y delitos informáticos.
El apoyo del creador de la web, Tim Berners-Lee, al estándar que permitirá incorporar DRM en la Web ha causado desconcierto. Desde su inicio, Berners-Lee ha defendido los principios que modelarían la Web como un espacio abierto para compartir, comunicarse y hacer negocios. Más allá del problema puntual del DRM, las discusiones en las que se encuentra HTML5 nos hacen volver a pensar en cuáles son los principios originales de la Web y cuál es su vigencia.
Por [ref]Daniel Hernández[/ref] [fn]Investigador asociado ONG Derechos Digitales [/fn]
Tim Berners-Lee, uno de los creadores de Internet. Foto CC BY( mmmmmrob)-NC-SA
En el año 2002, Tim Berners-Lee presentó algunos principios que motivan la arquitectura de la Web y que nos hablan de una web independiente del hardware y del software. En sus palabras: “La descentralización del software ha sido siempre crucial para que la Web se desarrolle sin trabas. Esto impide que caiga bajo el control de una compañía o gobierno”. Esta independencia del hardware y del software son esenciales para que la Web sea un espacio global donde compartir y comunicarse, y donde la innovación sea posible gracias a estándares abiertos, sin trabas a las nuevas ideas.
Lamentablemente, los estándares de la Web no los deciden los ciudadanos del mundo, sino los representantes de las grandes empresas cuyos intereses se encuentran en juego. Es también así en el último polémico caso: la inclusión de los [ref]EME[/ref] [fn]Encripted Media Extensions [/fn]en [ref]HTML5[/ref] [fn]Indica la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web, HTML [/fn], donde los intereses apuntan a Google, Microsoft y Netflix. A pesar de que desde la [ref]W3C[/ref] [fn]World Wide Web Consortium: consorcio internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web.[/fn] indican que la propuesta “no ha agregado DRM a la especificación de HTML5”, para la Electronic Frontier Foundation y la Free Software Foundation esto es como decir que “no somos vampiros, pero estamos invitándolos a entrar a tu casa”.
Bibliotecarios contra los DRM en libros. CC BY(listentomyvoice)-SA
Los [ref]DRM [/ref] [fn]Digital Rights Managment [/fn] son tecnologías que permiten a quien ostenta el derecho sobre un material, controlar lo que se puede hacer con copias de ellos; por ejemplo, impedir copias o que puedan ser vistos en regiones donde no está autorizado. Seguramente, te preguntarás cómo pueden impedir que hagamos copias de un archivo o que no lo podamos compartir con otras personas, siendo que un sistema operativo y un hardware de uso general están hechos para que podamos hacer lo que queramos. Para que el DRM funcione es necesario que el computador no nos obedezca cuando deseemos hacer una de estas operaciones sobre un archivo protegido. Aún más, un DRM puede permitir que otros controlen nuestros equipos, por ejemplo, borrando libros que hemos adquirido de manera legal
Para poder agregar DRM a los navegadores de la Web, los EME extienden los elementos multimedia de HTML con funcionalidades para la gestión de recursos protegidos, en un nivel más abstracto que el que define una tecnología DRM en particular. Para realizar la decodificación del contenido es necesario agregar un módulo [ref] CDM [/ref] [fn]Content Decription Module [/fn] al cliente para cada sistema DRM. Este CDM recibe los metadatos de las llaves criptográficas, el objeto multimedia y los metadatos de la sesión multimedia para generar el objeto multimedia que podemos ver en una sesión. Los EME están diseñados para soportar una gran variedad de tipos de CDM, incluyendo aquellos que se componen de sólo software y aquellos que requieren hardware especializado.
La contradicción más profunda con los principios de la web es que los DRM requieren ocultar algo a usuarios y desarrolladores, ya sea como software o hardware. A pesar de que a veces es posible quebrar un DRM, en muchas legislaciones esto es considerado un delito, por consiguiente, se termina con la independencia del software y del hardware y aparecen barreras para la innovación software y hardware. Los más afectados, sin duda, serán los integrantes de las comunidades de software y hardware libre.
Foto CC BY(hemanth.hm)-NC-SA
Según Berners-Lee, la inclusión de EME es necesaria porque de lo contrario “gran parte de la web dejará de ser buscable y enlazable con el regreso a formatos como Flash”. Este es el mismo argumento de Jeff Jaffe, CEO del W3C, que ha anunciado que la EME no tiene vuelta atrás: “Habrá contenido protegido en la Web. Deberíamos tener una sola red que sea tan común como sea posible, donde se pueda acceder tanto a contenido libre como a contenido protegido. El otro camino es que quienes quieran tener DRM creen su propio jardín amurallado, separado y no queremos que la red sea un montón de aplicaciones separadas”.
Uno de los objetivos principales de HTML5 es competir con el éxito de las aplicaciones nativas (especialmente, las desarrolladas para dispositivos móviles). Algunos creen que la web y sus principios han muerto. O’Reilly afirma más bien que se está pasando de una juventud a un estado de madurez en la que se va cerrando a medida que el “factor red” hace que se concentre en menos actores. Además, según él, los ciclos de abierto a cerrado son históricos: “Es abierto durante el proceso de innovación y cerrado cuando se captura captura el valor”.
Las diferencias con Stallman. Foto CC BY(ubiquit23)-NC
La solución se encontraría en el medio: “Pensemos sobre lo abierto versus lo cerrado: el gran desafío no es mantener la Web completamente abierta (en la visión ‘stallmanesca’ en la que nadie captura algún valor), sino mantenerla lo suficientemente abierta para para que permita continuar generando nuevas oportunidades”.
Quizá sea ésta la lógica que sigue el W3C para tomar una decisión que rompería con los principios de la web. Pero la idea de que la Web pierda universalidad es estremecedora para quienes defendemos sus principios. Este temor se refleja en las justificaciones de Berners-Lee y Jaffe. Sin embargo, deberíamos preguntarnos cuán universal es aún, cuando gran parte de lo que nos muestra son pequeñas ventanas a aplicaciones cerradas que acumulan grandes cantidades de datos fuera de ella.
Mi opinión personal es que el DRM es como las cláusulas abusivas, que en muchas legislaciones son prohibidas. Incorporar EME en la web es como contar con una legislación permisiva frente a los abusos y que dejaría desprotegidos a los chicos frente a los grandes. Sin embargo, me temo que el problema no sea sólo causado por los estándares, sino de una sociedad que permite leyes que fomentan este tipo asimetrías en el control sobre la cultura, el software, el hardware y los datos de la humanidad.
La revolución digital prometida por Sebastián Piñera ha quedado reducida a un puñado de proyectos de escaso aliento y dudosa efectividad. Mientras que la participación de Chile en los foros mundiales ha sido irrelevante, ninguno de los nueve candidatos a la presidencia considera la importancia de las tecnologías digitales en el camino al desarrollo.
CC BY (Tu foto con el Presidente)
El año 2010, y luego de un proceso de deliberación relativamente rápido en el Congreso, Chile se convirtió en uno de los primeros países del mundo en tener una ley de neutralidad de la red. A través de ella, y por vía legal, se prohibe a las empresas de telecomunicaciones discriminar contenidos, aplicaciones y servicios a través de sus redes.
El mismo año, y con solo meses de diferencia, fue aprobada en el Congreso la reforma más importante que se le haya hecho a la ley de propiedad intelectual desde el año 1970. En ella, se incluye una serie de excepciones y limitaciones que favorecen el acceso al conocimiento y la cultura, junto con un sistema de limitación de responsabilidad de prestadores de servicio de Internet de avanzada, que cumple con estándares de protección de la libertad de expresión.
Estos hitos normativos sitúan de alguna manera a Chile en la avanzada regulatoria cuando se trata de políticas públicas y nuevas tecnologías. Lamentablemente, ninguno de estos proyectos fue parte de una estrategia común o de un plan de desarrollo digital que ayudara a posicionar a Chile como un referente a nivel regional y global. Estos proyectos son un par de buenos ejemplos que ilustran la falta de una política digital consistente y robusta de largo plazo desde la óptica de los derechos fundamentales.
Hace un par de años, en una cena con la industria de tecnología, el presidente Piñera anunció la llegada de una ‘revolución digital’, que se ha quedado en un par de proyectos de escaso aliento y en un puñado de políticas denominadas ‘open’ —siempre en estado beta, por cierto- de dudosa efectividad práctica.
La falta de una estrategia digital en serio, de largo plazo y con énfasis en los derechos, además se ve demostrada en la práctica inexistencia ni de proyectos de ley que refrenden esta promesa de ‘revolución’ tecnológica.
A nivel internacional, la situación lamentablemente no cambia de manera sustantiva. En el Internet Governance Forum, foro convocado por Naciones Unidas y que probablemente sea el espacio de diálogo más importante del mundo en materia de regulación de Internet, jamás ha asistido un representante del gobierno de Chile. Conocida es, además, la gris participación de Chile en los últimos foros de la [ref]Unión Internacional de Telecomunicaciones[/ref][fn]foros que son de mucha importancia últimamente, dado que podría significar un cambio sustantivo en la gobernanza de Internet, con mayores atribuciones para los gobiernos.[/fn] (ITU) -donde ante la pregunta sobre la posición de Chile el subsecretario a cargo se limitó a decir que “la contaría en Dubai”.
En temas de gobernanza de Internet, donde foros como [ref]ICANN[/ref][fn]Corporación para la Asignación de Nombres de Dominio y Números IP[/fn] son fundamentales, la realidad no es tan disímil. De acuerdo a Cancillería, Chile sólo ha participado en dos reuniones del [ref]Governmental Advisory Committee de ICANN[/ref][fn]Comité compuesto por gobiernos de todo el mundo que asesora a ICANN en materia de políticas públicas.[/fn] (de 47 a la fecha) y sólo para cerrar filas en defensa del dominio ‘patagonia’ ante la embestida de la empresa homónima norteamericana.
La revolución digital no va a llegar a través de la pantalla de iPad de un funcionario de turno. Las buenas políticas públicas tampoco aparecerán como los frutos del bosque, sino que debieran ser parte de una estrategia, de un plan de ruta, que ojalá convoque a toda la comunidad nacional.
Al día de hoy, no queda sino mirar con cierta melancolía el pasado y cierta pesadrumbre el futuro cercano donde, ad portas de una elección presidencial, ninguno de los nueve candidatos a La Moneda pareciera ver en las tecnologías digitales una puerta de entrada a un desarrollo más inclusivo y democrático.
Policy paper de análisis sobre la responsabilidad que le cabe a los prestadores de servicios a través de las redes digitales por los perjuicios producidos por terceros, incluyendo propuestas de políticas públicas en la materia.
No hay espacio para el diálogo. El gobierno ya no solo hace oídos sordos a las críticas a la negociación del TPP y los nulos beneficios que obtendría Chile, sino que aún conociendo los diversos argumentos en contra del tratado, no se hace cargo de ellos. Acá te contamos un resumen de las últimas señales del gobierno.
Las malas noticias vienen de Bali, Indonesia, en el marco de la cumbre de líderes de [ref]APEC[/ref] [fn]Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico[/fn], donde los países envueltos en el [ref]TPP[/ref] [fn]Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Cooperación Económica[/fn] han aprovechado de reunirse. Si bien en alguna medida habían buenas señales con la declaración de Sebastián Piñera al pedir más flexibilidad a Estados Unidos debido a la diversidad de naciones que participan en la negociación, pronto las cosas cambiaron. Y para peor.
Primero nos enteramos que Álvaro Jana, cabeza del organismo que lleva adelante las negociaciones desde el gobierno, [ref]DIRECON[/ref] [fn]Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales [/fn], declaraba toda la intención de que las negociaciones secretas del TPP fueran finalizadas este año de manera de firmar el acuerdo “lo antes posible”. Pero las cosas no quedaron allí. En una entrevista al Diario Financiero, Jana desestimó las críticas técnicas que le han hecho, por ejemplo, ex directores de su departamento, además de las realizadas por organismos gremiales y de la sociedad civil. Sobre los nulos beneficios para Chile de concretarse el tratado, declaró:
“Quien hace la afirmación lo hace con información errada o muy parcial, por lo tanto la afirmación es totalmente desmentible y no tiene ningún asidero con la realidad. […] Lo que va a pasar es que el TPP va a representar un proceso de integración tremendamente relevante para las economías que están participando, hay ganancias concretas y por supuesto que van a haber algunas adecuaciones, pero comparado con esas ganancias, todos esos ajustes van a ser adecuados”
Protestas mundiales sobre el TPP. (Foto CC BY(Caelie_Frampton) -NC-SA).
Pero, ¿cuáles son las ganancias de las que habla Jana? No lo sabemos. La negociación es secreta. Tampoco lo sabe el Congreso, porque el futuro del país hoy está siendo negociado por tecnócratas y las autoridades públicas elegidas por los ciudadanos solamente podrán aprobar o rechazar el acuerdo, como el mismo Senado chileno reconoció. Como también lo cuestiona en una reciente editorial, nada más ni nada menos que el diario conservador La Tercera:
«La opacidad con que han sido conducidas las negociaciones que buscan concretar el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (Trans-Pacific Partnership, TPP) genera cuestionamientos válidos que deben ser atendidos, pues rompe con la manera en que Chile ha llevado adelante en las últimas décadas una exitosa política de apertura comercial y amenaza con deslegitimar el proceso».
Y ¿cuáles son las “adecuaciones” que debemos hacer a cambio de las “ganancias concretas” según Jana? Tampoco lo sabemos porque no solamente las negociaciones son secretas, sino que además no hay hoy ningún foro público donde el gobierno exponga o discuta esta información. Tan dudoso es todo, que el comando de Michelle Bachelet ya ha declarado su escepticismo con respecto a los costos y beneficios del TPP.
Y en un contexto poco transparente, hermético y nada democrático, la única información concreta que se tiene hoy del TPP es gracias a la filtración de algunos capítulos de la negociación (especialmente el de propiedad intelectual), que han sido informadas debido al legítimo interés de otros actores de la sociedad, como las organizaciones civiles. Gracias a eso, hoy sabemos de las consecuencias del tratado en nuestro derecho a la cultura, la salud, a los consumidores y los derechos digitales, entre otros.
En cambio, ¿qué información ha obtenido la ciudadanía del gobierno? Por ahora, y al parecer hasta que firmen el TPP, solo escuetas y esporádicas declaraciones en la prensa que deberían dejarnos conformes. Eso deja solo una salida: seguir haciéndonos cargo. Que los ciudadanos sigamos legítimamente pidiendo información transparente y fidedigna sobre un tratado que afectará nuestro día a día, levantando alertas y diciendo #NoTPP.
