Comprender las violencias facilitadas por las tecnologías

Cuando hablamos de privacidad en internet estamos hablando también de confianza. La privacidad es eso que nos permite actuar libremente sin temor a los juicios por parte de otras personas o instituciones. Para hacernos una idea, en las ciudades contemporáneas los baños pueden ser esos lugares donde esperamos tener privacidad plena: que nadie nos esté observando, que nadie nos moleste. Cuando entramos al baño en un local comercial, confiamos en que sus dueños no estarán espiándonos y cuidan que nadie más lo haga.

En internet, la confianza es la garantía de que nuestra privacidad está resguardada cuando utilizamos servicios que son ofrecidos por terceros como las apps, plataformas de redes sociales o sistemas de pago en línea. Con el desarrollo permanente de las tecnologías digitales, cada tanto es bueno volver a preguntarnos, ¿existe algún lugar en internet donde tengamos plena confianza de que nadie nos está observando?

Hace poco, en una sesión de trabajo de protocolos de internet donde se conversaba sobre distintos escenarios de conectividad, el presentador afirmó que en una conexión casera puede haber total confianza: “porque no me preocupa si mi perro ve mi dirección MAC, o mi esposa o mis hijos. No creo que ellos vayan a atacarme”. Por supuesto, aclaró, “soy un usuario ingenuo que vive en los Estados Unidos y cuyo vecino más cercano se encuentra a una milla y media de distancia”.

La dirección MAC es un identificador único para cada uno de los aparatos que se conectan a internet. En esa sesión se estaba discutiendo sobre la posibilidad de que la dirección MAC se asigne de manera aleatoria a los aparatos cada vez que se conectan, de manera que no permita la identificación de la persona que está utilizando cierto aparato para conectarse a internet. Supongamos que ese aparato es un celular y la persona que se conecta está buscando información sobre aborto seguro, o cómo denunciar violencia doméstica. Si la dirección es única y estática, alguien con capacidad de ver el tráfico de red en el hogar puede saber desde el aparato de quién se están haciendo dichas búsquedas.

Para el presentador “ingenuo” solo su vecino sería un posible atacante, es decir alguien con capacidad suficiente para conocer el tráfico de red en su hogar, y es evidente que su esposa, sus hijos o su perro, no. Pero como bien sabemos, esta situación puede ser completamente diferente para otras personas. La privacidad y la confianza, tanto en el hogar como en internet, están determinadas por relaciones de poder. Por ejemplo, ¿quién contrata el servicio de internet? ¿quién puede configurar los aparatos instalados? ¿cuántas personas acceden a cada aparato conectado, y en qué condiciones? ¿quién conoce y quién controla las credenciales de acceso?

La idea de que el hogar es un lugar de “total confianza” (o que la familia es un grupo de “mucha fraternidad”, parafraseando al actual presidente de México) ha sido ampliamente cuestionada por grupos feministas que combaten las violencias de género normalizadas en nuestra sociedad. Sin embargo, quienes diseñan las tecnologías que utilizamos y quienes gobiernan los países donde vivimos continúan pensando que una declaración es suficiente para garantizar espacios seguros y libres de violencias, tanto dentro como fuera de línea.

Pero concentrémonos en las tecnologías digitales. En esa misma sesión de trabajo, varias personas señalaron que, en términos de seguridad, el hogar no es un escenario de confianza pero una empresa sí lo es. ¿De qué confianza estamos hablando?, ¿y de qué seguridad? ¿Para quién?, ¿para qué? En una empresa, en una institución militar o de gobierno, es necesario proteger la información que se comparte. La confianza está mediada por contratos de trabajo, acuerdos de confidencialidad, políticas y protocolos de procedimiento que han sido meticulosamente diseñados para garantizar el correcto funcionamiento institucional.

La seguridad es una característica necesaria en cualquier sistema informático y quienes han estado a cargo de esta labor en los contextos empresariales e institucionales son principalmente ingenieros hombres, que viven en familias consideradas “normales”, en condiciones económicas muy cómodas, en países del norte. Pero hoy, cuando a través de un mismo dispositivo conectado a internet sostenemos por igual relaciones laborales, académicas, burocráticas e íntimas, la seguridad digital se ha quedado corta en responder a las necesidades de las -cada vez más y más diversas- personas que nos conectamos.

El campo de la ciberseguridad se ha construido sobre la base de identificar adversarios, amenazas y riesgos asociados al uso de tecnologías digitales, así como de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pero muy poco se ha estudiado sobre cómo el diseño de las tecnologías digitales afecta a las diferentes personas, y qué tipos de amenazas aparecen en los entornos privados e íntimos. Quienes trabajan en seguridad suelen pensar que estas amenazas son poco sofisticadas porque técnicamente son fáciles de ejecutar y no dependen de un diseño tecnológico complejo. Nada más alejado de la realidad.

Estas amenazas están basadas en una profunda conflictividad social que difícilmente es experimentada en el día a día por quienes diseñan, mantienen y analizan sistemas de seguridad: en su mayoría hombres cis, heterosexuales, no racializados en su contexto local y con cierta comodidad financiera. Hacerle frente a esta conflictividad implica entender, no solo la complejidad técnica de los ataques, sino las condiciones sociales en que configuraciones técnicas muy sencillas facilitan la ejecución y amplificación de prácticas normalizadas que son violentas, por ejemplo, la vigilancia y el control de los cuerpos de las mujeres por parte de sus familiares o parejas sentimentales. 

A tiempo que construimos tecnologías para acabar el patriarcado necesitamos hablar más de las violencias facilitadas por las tecnologías que hoy día estamos usando, esa condición de facilidad y simpleza con que permiten a los agresores (principalmente hombres allegados a las personas agredidas) ejercer violencia. No solo se trata de las aplicaciones para descubrir una infidelidad, que cada día se hacen más comunes en las tiendas de descarga, sino de las características de muchas aplicaciones que usamos cotidianamente, y que incitan a la vigilancia, el seguimiento y el abuso sobre la privacidad de quienes tienen (por condiciones estructurales que ya mencionamos aquí) menos habilidades o posibilidades de conocer el trasfondo del funcionamiento de estas aplicaciones.

Una internet feminista no es un ideal lejano, sino una realidad que debe ser construida a diario

La violencia de género en línea se inserta en un contexto de violencia estructural que en América Latina ha buscado alejar a las mujeres (especialmente las mujeres racializadas) y personas LGBTQ+ de espacios y debates públicos. Este tipo de violencia se suma y da continuidad a brechas y otras formas de violencia físicas o psicológicas que persisten y se intensifican en la región.

Si internet tiene el potencial de amplificar el acceso a la información y las posibilidades de expresión libre y democrática, las distintas formas de violencia en línea generan trauma y exclusión, cuando las víctimas se sienten forzadas a desconectarse para sentirse seguras. Como señaló en su más reciente informe la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, Irene Khan, la equidad de género sigue un objetivo distante cuando se trata de libertad de expresión. “En la era digital, internet se ha convertido en un nuevo campo en la disputa por derechos de las mujeres, aumentando las oportunidades para que se expresen, pero a la vez multiplicando las posibilidades de represión”.

Según datos de Unesco, de una muestra de 901 periodistas de distintos países que se identifican como mujeres, 73% ha experimentado alguna forma de violencia en línea – siendo la amenaza de agresiones físicas y sexuales dirigidas a ellas o sus familiares una de las más comunes. Más grave: 20% reporta haber sufrido ataques o abusos consecuentes de violencia en línea. 

Los daños son reveladores: además de afectar sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión, asociación, protesta y de participación en la vida pública, la exclusión digital restringe las posibilidades de las personas afectadas por la violencia de pedir ayuda y trae limitaciones al ejercicio de sus derechos sociales. Estos incluyen el derecho a la información —por ejemplo, información relevante sobre salud, incluida la salud sexual y reproductiva— el acceso a beneficios sociales, el derecho a la educación, acceso al conocimiento y cultura, entre muchos otros. Más todavía durante la pandemia en curso, cuando todos estos derechos pasaron a depender de manera mucho más dramática de la tecnología. 

Por otro lado, toda la sociedad pierde con el silenciamiento de voces, especialmente aquellas de defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones feministas, artistas y periodistas que ofrecen opiniones críticas a los poderes económicos y políticos establecidos. Mientras aumenta la represión, persecución y criminalización de discursos disidentes, la violencia de género representa una forma más de censura contra las mujeres y personas LGBTQ+.

En el día que marca la lucha contra la violencia contra la mujer nos parece fundamental recordar la urgencia de hacer de internet no solo un espacio seguro para la expresión de las mujeres en toda su diversidad, como un ambiente en el que tal expresión se dé de manera libre de la interferencia arbitraria de agentes públicos y privados.

Es inaceptable que la protección de grupos vulnerables sea utilizada como excusa para más vigilancia, criminalización y control. Al contrario: es crucial que las mujeres puedan participar activamente en las discusiones y la formulación de políticas relacionadas a las tecnologías y que se dé prioridad a fortalecer las iniciativas de acompañamiento a víctimas de violencia en línea y fuera de línea en la región, así como proteger aquellas que utilizan las redes para defender sus derechos.

Una internet feminista no es un ideal lejano, sino una realidad que debe ser construida a diario.

Vivir internet siendo queer: Autoexpresión, comunidad y problemáticas

En un grupo de Facebook cerrado alguien escribe para consultar por dudas legales. Cuenta que quiere cambiarse el nombre registral y que le gustaría acceder a una mastectomía. Comenta que se siente cómode con pronombres femeninos y masculinos, pero plantea lo siguiente: “¿Algune lo ha hecho siendo no binarie? ¿Cómo ha solucionado el tema con su nombre?”. Les participantes del grupo dan consejos amables.

Este tipo de situaciones se replica en otras redes, es un intercambio que ocurre en algunos barrios de TikTok cuando alguien muestra un binder –prenda de ropa interior usada para comprimir el pecho–, y en los comentarios se leen recomendaciones de cómo usarlos y dónde conseguirlos. A pesar de que internet es un espacio en que la comunidad LGBTQIA+ puede apoyarse para construir confianzas (a veces complejas de emular en el mundo físico), la estructura de los servicios web, es limitada porque no considera una diversidad más allá de lo binario y reproducen problemas de la vida offline. Tanto al llenar formularios de inscripción en las que se consideran género masculino o femenino únicamente, o al intentar editar tu nombre visible, entre otras. 

Antes de reconocerme como una persona queer, sentía miedo de ser aceptada. Primero por mi familia, entre mis amigues, en mi trabajo y de igual modo en internet. ¿He sentido miedo de exponer que me identifico como parte de las disidencias sexuales y de género en redes sociales? Sí. ¿He temido por mi seguridad en la vía pública por expresar mi orientación de género o por manifestar mi sexualidad de forma libre? Sí. Con el paso del tiempo, aprendí a desenvolverme con más confianza, porque existo todo el año (no solo en junio) y estoy orgullosa de amar y ser amada. 

Una vez que se toma conciencia de la interseccionalidad de las problemáticas que aquejan a la comunidad LGBTQIA+, es posible entender que el mundo online no está exento de una mirada heterocispatriacal, donde en términos género prima lo masculino y lo femenino, pero también la heteronorma obviando otras identidades. Lo vemos en las grandes compañías de servicios de internet, que acaparan la mayor cantidad de tráfico, como Facebook, Google y terminan dominando las interfaces y algoritmos de los dispositivos que excluyen otras experiencias.

Entonces, ¿qué podemos exigir a las tecnologías para visibilizar, incluir y proteger las experiencias de la comunidad LGBTQIA+? ¿qué problemáticas, riesgos, amenazas, existen? y ¿qué posibilidades ofrece internet para nuestras vivencias? Estas son algunas reflexiones.

Búsqueda de espacios seguros

Según un estudio de discriminación y violencia hacia personas LGBTQIA+ (2020) de la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) para la Subsecretaria de Prevención del Delito de Chile, un 89% de les encuestades dijo haber sufrido algún tipo de discriminación en su vida. Más de un 38% de les encuestades ha sido víctima de algún “delito cibernético, como hostigamiento por redes sociales”, y más de un 22% declaró que este tipo de vulneraciones habría ocurrido en el último año. 

En un intento por averiguar la visión de mis seguidores en Instagram, hice una encuesta a través de historias para conversar acerca de la forma en que las personas queer habitamos internet. Spoiler: la vida online no difiere mucho de la vida offline. 

A pesar de las posibilidades de conectarnos y construir espacios seguros, hay quienes se enfrentan a violencias en el entorno digital, como acoso digital, doxing, la proliferación de discursos transodiantes, descalificaciones por lesbodio o biodio, cuestionamientos y ataques a la visibilidad a diario. En este contexto, es pertinente citar el estudio de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, tras la agresión que sufrió Carolina Torres en Chile en 2019. En el caso de Estados Unidos, esta temática se advierte en el Índice de seguridad en redes sociales de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD). Es por eso que es relevante exigir la urgencia de la moderación de contenidos en las plataformas digitales, para combatir ejércitos de trolls, evitar que proliferen discursos odiantes, que se siembre la desinformación, o la viralización de mitos en torno a las disidencias. 

Al momento de configurar las biografías de Twitter, Instagram, aplicaciones de citas o plataformas, incluir o no el emoji de la banderita LGBTQIA+, compartir fotos o usar ciertos hashtags puede involucrar lidiar con ansiedades debido a la exposición. En ocasiones, es una forma de autoexpresión, una reafirmación y, así mismo, una forma de encontrarse, pero también un riesgo que muches no quieren correr. Si bien la visibilidad puede ser una opción, pero no una obligación como pretenden las plataformas web. Es necesario entender el derecho al anonimato como una forma de tener control sobre esa visibilidad. 

Entre los testimonios que recopilé (en su mayoría identidades lésbicas, no binarias  y bisexuales), hubo una lesbiana que dijo que tras googlear “lesbiana”, la llevaron a una psicóloga para que se rehabilitara. Según su relato, encontrar espacios en internet antes de 2008 era complicado, pero logró dar con un foro en el conoció a sus primeras parejas. Otra persona, cuyos pronombres son ella/elle, aseguró que cuando era niña todas las actividades las realizaba en soledad. Escuchaba programas de radios gays a escondidas, antes que existieran los podcasts. “Ahora se pueden hacer redes de una forma muy sencilla y bonita. Es fácil encontrar a alguien que esté pasando por lo que tú, nunca estás sola”, escribió. Alguien bisexual comentó que se siente fuera del closet con amigues, en su entorno laboral, pero que no así con su familia. Aunque cree que en los últimos años gracias a infografías en Instagram, ahora hay más bi-visibilidad.

Otras problemáticas

Cuando hablamos de internet, las brechas de acceso y conectividad son una clara barrera. De acuerdo a cifras de la Alliance for Affordable Internet, a nivel mundial cerca de 4 mil millones de personas no cuentan con conexión. La dificultad para mantenerse conectade en algunas latitudes se suma a bloqueos de internet, a censura y respuestas desde violencias a multas por difusión de contenido LGBTQIA+ .

Así como hablamos de identidad y representación, también vale la pena mencionar otros obstáculos que tienden a la exclusión, relacionados al abordaje de políticas públicas. Así se documenta en “Sistemas de identificación y protección social en Venezuela y Bolivia: Impactos de género y otras formas de discriminación”. Este reporte de Derechos Digitales, plantea cómo los sistemas biométricos afectan de forma directa a mujeres y población LGBTQIA+, familias homoparentales y en mayor medida a personas transgénero. No solo en cuanto a derechos a la identidad, a la privacidad de datos, si no también afecta directamente el acceso a ítems de desarrollo social como el acceso a la alimentación, la salud, la integridad y la dignidad, entre otros. 

No es un secreto que en lo que respecta al uso de tecnologías de reconocimiento facial, las que se vuelven más cada vez más cotidianas, solemos tenerlas a mano, pero también se utilizan a nivel de gobiernos e incluso en aeropuertos. El principal problema es que se construyen en base a sesgos de diseño, que discriminan a la población no hegemónica y entran en conflicto aspectos como género y raza, según reportes de Coding Rights en Latinoamérica. 

En un mundo en que cada vez más la tecnología determina cómo se organiza la sociedad, los sesgos en los sistemas como tecnologías automatizadas, inteligencia artificial, o en base a algoritmos, moldean y disciplinan las identidades a partir de los cuerpos. Esto determina qué corporalidades están permitidas, y cuáles no, dejando fuera a personas trans, o no binarias. Así, la forma de subvertir las estructuras vigentes, es cambiarlo todo, o en palabras de Audre Lorde: “las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo”. Desde ahí, la concepción del diseño es la clave para abolir las desigualdades entre grupos excluidos, con el objetivo de co-crear herramientas y prácticas de transformación social, tal como explica Sasha Costanza-Chock en Design Justice.

Ante las diversas problemáticas vigentes, el escenario se vuelve complejo y desesperanzador. Pero a pesar de los obstáculos, decido creer en un futuro más auspicioso, que se construirá únicamente de la mano de una perspectiva feminista interseccional, que busque hackear los parámetros que limitan las posibilidades de ser de las personas. 

Para ello, es vital construir espacios seguros, en el mundo online y en el offline, que nos permitan aprender y encontrarnos. Identificando problemas, documentando violencias, visibilizando nuestras vivencias y liderando conversaciones, a fin de descolonizar el impacto de las estructuras que han sido gestadas desde la mirada del hombre blanco y heterocis. 

Los impactos de la vigilancia más allá de la privacidad

Mientras a nivel internacional avanza la demanda por prohibir el uso de las tecnologías de vigilancia hasta alcanzar estándares rigurosos en materia de derechos humanos, en América Latina observamos una nueva y silenciosa tendencia a adquirir y usar dichos sistemas para controlar el acceso a la protección social, es decir, a las políticas desarrolladas para disminuir la pobreza, la vulnerabilidad social y la exclusión.

Nuestra región —la más desigual del mundo— durante las últimas décadas se ha convertido en ejemplo internacional en la puesta en marcha de programas de protección social. Sin embargo, el aumento de las condiciones impuestas para acceder efectivamente a los beneficios, tanto explícitas como implícitas, atenta contra la finalidad de proteger y garantizar derechos básicos. Si sumamos la mediación tecnológica a través de sistemas biométricos, como el reconocimiento facial, la recolección de huella dactilar, aplicaciones web o registros digitales unificados, se corre el riesgo de profundizar las desigualdades que se intentan erradicar.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos ha identificado algunos usos de tecnologías en los sistemas de bienestar alrededor del mundo. El listado incluye la verificación de identidad, la evaluación de criterios para recibir ayudas, el cálculo y pago de prestaciones sociales, la prevención y detección del fraude, la clasificación de riesgo y necesidades, así como la comunicación entre autoridades y las personas destinatarias de las políticas de protección social.

Varios de los usos señalados ya existen en América Latina. En Venezuela, se han implementado sistemas biométricos para controlar la adquisición de productos de primera necesidad, lo que resultó en varias denuncias de discriminación hacia personas extranjeras y, especialmente, personas transgénero. Sumado a las discriminaciones prexistentes contra poblaciones históricamente vulneradas, este tipo de iniciativa implica el ejercicio de una vigilancia diferenciada, que agrava la desprotección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y que, por lo tanto, más dependen del apoyo del estado.

Medidas similares se han implementado en otros países de la región e incluyen el uso de reconocimiento facial para controlar el acceso de beneficios especiales en los sistemas de transporte de distintas ciudades de Brasil o, incluso, el ingreso a instituciones educativas; propuestas similares han sido presentadas en el marco del retorno a clases presenciales en Chile. En el contexto de la pandemia mundial por COVID-19, en El Salvador y Perú se han utilizado sistemas de reconocimiento facial para controlar potenciales fraudes en exámenes educativos realizados de manera remota, situación particularmente delicada al tratarse de personas menores de edad. 

En el caso de Bolivia, observamos como la digitalización, presentada muchas veces bajo la promesa de mayor eficiencia en la gestión pública, no solo es insuficiente para solucionar problemas estructurales de acceso a servicios básicos del Estado, si no que además abre espacios para nuevas formas de discriminación. Un análisis exploratorio sobre el rol de las tecnologías en la entrega de ayudas económicas a la población en el marco de la pandemia de COVID-19 evidencia las diversas capas de complejidad que implica tal uso.

Brasil y su programa de auxilio de emergencia es otro claro ejemplo. La decisión de utilizar aplicaciones móviles para que las personas puedan solicitar la ayuda tuvo como consecuencia un incremento en las dificultades de acceso a los beneficios. Quienes más necesitan apoyo no siempre disponen de un dispositivo con conexión a internet, un número de teléfono o incluso (y más grave aún) un documento de identificación. El sistema propuesto no consideró las necesidades de las destinatarias. En este sentido, organizaciones brasileñas presentaron preocupaciones en relación a la transparencia y garantías de seguridad ofrecidas por la aplicación respecto a los datos recolectados.

Además, la implementación de tecnologías agrega nuevas capas y agentes al procesamiento de datos personales, e implica un aumento de vulnerabilidades en términos de seguridad y protección contra usos abusivos. Lo mismo es válido para las propuestas de integración e interoperabilidad de bases de datos, identidad única, automatización y predicción. En nuestra región estas prácticas abundan, sea en formato piloto o en propuestas de acción, impulsadas muchas veces por entidades financieras internacionales.

La publicación “Sistemas de identificación y protección social en Venezuela y Bolivia. Impactos de género y otros tipos de discriminación” aborda algunos de estos temas a partir de análisis de casos en ambos países, donde se alerta sobre las implicancias de la mediación tecnológica en relaciones entre estado y ciudadanía. Además, propone una reflexión sobre los impactos que las tecnologías de vigilancia pueden tener en el acceso a derechos sociales y económicos, y en cómo la digitalización puede profundizar la desigualdad, en especial, cuando implica el acceso a datos por parte de agentes privados o la mediación algorítmica por medio de sistemas de clasificación.

Consideramos que estos son puntos centrales que deben ser discutidos. Más todavía cuando la pandemia no muestra señales de detenerse en la región, y la pobreza y extrema pobreza alcanzan niveles inéditos.


“Sistemas de identificación y protección social en Venezuela y Bolivia. Impactos de género y otros tipos de discriminación” será lanzada el próximo miércoles 14 de abril, junto a un grupo muy especial de expertas y expertos que comentarán los  casos presentados y aportarán sus propias perspectivas a la discusión. El evento se transmitirá en vivo. Si te interesa participar, toda la información la encuentras aquí.

La otra pandemia: internet y violencia de género en América Latina

Decir que la pandemia por la propagación de COVID-19 ha transformado por completo nuestra vida y el mundo tal como lo conocíamos se ha vuelto un lugar común. Uno de los cambios más notorios tiene que ver con la necesidad de confinamiento de un porcentaje importante de la población. En América Latina, algunas regiones están próximas a entrar al quinto mes de cuarentena.

Mucho se ha hablado respecto al rol preponderante que ha adquirido internet y la tecnología en este contexto de encierro. Pero mientras algunos se han empeñado en celebrar la gran capacidad humana de adaptarse a casi cualquier situación gracias a internet, la realidad es mucho más compleja. A raíz de las medidas gubernamentales para frenar la pandemia en América Latina, la región ha experimentado una alza en las violencias de género. El fenómeno también ha sufrido transformaciones asociadas al nuevo contexto y los retos que plantea el confinamiento y las subsecuentes restricciones de algunas medidas de apoyo y limitaciones a la capacidad de atención a las víctimas.

Con la intención de entender mejor los efectos de la pandemia sobre las mujeres que enfrentan violencias, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer, hizo una convocatoria para recibir información que contribuya a comprender la violencia de género en este nuevo contexto y las medidas que tanto gobiernos como organizaciones no gubernamentales han tomado para enfrentar los desafíos que plantean las restricciones sanitarias y las limitaciones de los canales convencionales de ayuda.

Desde Derechos Digitales quisimos aportar a este proceso mediante una consulta a nivel regional a organizaciones feministas y defensoras de derechos digitales, con el objetivo de entender el impacto que la pandemia ha tenido sobre sus métodos de trabajo y saber si el incremento de la violencia de género se ha manifestado también en los entornos digitales. Con información de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y México hemos podido identificar que ante limitadas respuestas oficiales en buena parte de los países, las redes no gubernamentales de apoyo se han mantenido activas en los entornos digitales, enfrentando nuevos desafíos.

Observamos que a las múltiples brechas en el acceso a internet en la región se suman condiciones de género, raza y nivel socioeconómico que impactan en el acceso a los canales digitales de ayuda frente al incremento de la violencia doméstica y la falta de acceso a atención e información sobre salud sexual y reproductiva. Estas dificultades se han agravado ante la implementación de medidas de movilidad restringida y confinamiento en la región donde, en muchos casos, las víctimas se encuentran todo el tiempo bajo la vigilancia de sus agresores.

Mientras las respuestas por parte de los gobiernos de la región han mostrado no ser suficientes para atender la amplia gama de necesidades que surgen en este contexto ni para documentar los impactos que enfrentan las víctimas de violencia de género, activistas y organizaciones de la sociedad civil han asumido la responsabilidad de generar datos, para informar y prestar asistencia a las víctimas de violencia.

Estas organizaciones también han sufrido los impactos del alza de la violencia de género a través de las plataformas digitales con ataques como la suplantación de identidad, la exposición de datos personales, amenazas directas dirigidas a lideresas públicas, defensoras de los derechos de las mujeres y grupos LGBTIQ+. Del mismo modo, se identificó el incremento de reportes a los contenidos publicados por las comunidades que resisten y apoyan a víctimas de violencia en plataformas de redes sociales.

Estas acciones buscan silenciar sus voces y tienen impactos directos en la libertad de expresión, pero también en el acceso a información, asistencia y apoyo de las víctimas violencia doméstica. Se suman intentos de aumentar la vigilancia en línea durante la emergencia de salud en algunos países, que pueden impactar directamente el anonimato que es fundamental para la protección del derecho a la privacidad y la asistencia segura a las víctimas.

Ante las restricciones de derechos humanos en el ámbito digital y el auge de la violencia de género en línea, la defensa de los derechos digitales y el desarrollo de una internet feminista se vuelven condiciones esenciales para proteger a las defensoras de derechos humanos que enfrentan las agendas racistas, misóginas y patriarcales en América Latina. Ningún reto que enfrentemos, aún siendo en un contexto tan particular como es la pandemia por COVID-19, justifica la implementación de medidas abusivas que -más allá de no dar resultados positivos para el beneficio social- menoscaban los derechos humanos.

Puedes leer el aporte de Derechos Digitales a la consulta de la ONU sobre la violencia de género en pandemia, haz clic aquí.

Otros datos

Hoy más que nunca sabemos que los datos son una herramienta poderosa. Permiten visibilizar las dimensiones de los problemas sociales, transparentar las gestiones institucionales y medir el impacto de las acciones ciudadanas. A nosotras, el acceso a datos claros y confiables nos permite tomar decisiones más conscientes e informadas. Pero los datos son también, hoy más que antes, un objeto de valor, la moneda de cambio de los negocios que durante la pandemia se han vuelto más centrales y necesarios.

Hace pocos días, la organización Ciudadanía Inteligente publicó el informe “¿Qué tanta información están entregando los gobiernos latinoamericanos sobre COVID-19?”. Colombia aparece en el primer lugar y México en el segundo, lo cual significó que algunos medios reconocieran la buena actuación gubernamental. Pero al mismo tiempo generó polémica, pues el informe se limita a evaluar la cantidad de datos disponibles, pero no hace mención a la relación entre cantidad de datos y cantidad de pruebas realizadas, por ejemplo, lo cual supone una brecha que redunda en la percepción ciudadana sobre las dimensiones del riesgo.

Y es que la manera como se producen los datos es otro problema más complejo. A comienzos de mayo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, declaró que durante el confinamiento no necesariamente aumenta la violencia intrafamiliar, ya que “tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia”, y declaró luego que “el 90 %» de las llamadas sobre maltrato son «falsas»”. Frente a estas y otras declaraciones oficiales se creó la campaña #NosotrasTenemosOtrosDatos, para exigir respuestas contundentes de parte del gobierno, en la prevención y actuación efectiva contra la violencia hacia las mujeres, los niños y las niñas.

Durante la cuarentena, más de 347 mujeres han sido asesinadas en México, los ingresos de mujeres a refugios han aumentado en un 50% y 8 de cada 10 mujeres no han denunciado la violencia que enfrentan. Y si bien durante el pasado mes de abril en la Ciudad de México las investigaciones penales por violencia familiar bajaron un 20% respecto del año anterior, comparando en los mismos periodos, las llamadas a la Línea Mujer por violencia familiar aumentaron un 97%.

Aunque existan iniciativas gubernamentales para responder al aumento de la violencia contra las mujeres, es muy pobre el balance sobre su efectividad e impacto. En Chile, durante el mes de abril, las denuncias por violencia intrafamiliar se redujeron en casi todas las regiones, con respecto al mismo periodo del año anterior. Frente a este hecho, se implementaron líneas de atención telefónica y vía chat. Y, reconociendo las limitaciones de acceso que pueden tener las mujeres para denunciar, también se implementó una medida de ayuda que consiste en utilizar una clave en las farmacias -pedir una “mascarilla 19”- para levantar una alerta con las autoridades.

A pesar de la enorme promoción que se hizo de esta iniciativa, que también ha sido implementada en otros países, de acuerdo a lo que han denunciado algunas organizaciones, en la práctica muy pocas farmacias tienen información sobre dicho mecanismo de alerta. Esta situación no solo desincentiva la denuncia sino que puede significar mayor riesgo para cada mujer que intenta levantar una alerta y recibe una respuesta negativa de parte de quien la está atendiendo.

En Bogotá, Colombia, desde que comenzó la cuarentena obligatoria nacional el pasado 24 de marzo, también se implementó un sistema de alerta en farmacias, mercados y estaciones de gasolina, aunque hasta ahora no hay un balance oficial de la medida. Además se creó una ruta de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio durante la emergencia del Covid19 con distintos mecanismos de denuncia a nivel local y distrital, que incluye la Línea Púrpura, de atención telefónica gratuita y a través de WhatsApp, las 24 horas.

Aunque existe desde 2015 como una línea para que las mujeres sean escuchadas por mujeres, desde noviembre de 2019 el sistema de la Línea Púrpura permite llevar un “registro de las llamadas atendidas, perdidas o no respondidas, abriéndose la opción de devolverlas” y además es posible grabar “las llamadas, lo que posibilita una respuesta integral ante las autoridades judiciales y administrativas en caso de requerir las conversaciones como elementos probatorios”. Si bien esta parece una buena noticia, resulta frustrante la ausencia de datos disponibles sobre cómo ha sido la respuesta institucional hasta el día de hoy, y específicamente durante el la cuarentena obligatoria.

En respuesta a la poca transparencia, y a la efectiva dificultad que enfrenta una mujer para acceder a apoyo estatal en casos de violencia, en Bogotá se creó la Red Solidaria de Mujeres, una línea de atención durante la emergencia ocasionada por el COVID-19, que funciona a través de WhatAapp. De acuerdo con los datos publicados por ellas mismas en su sitio web, hasta el día de hoy han dado apoyo jurídico, asistencia psicosocial, asesoría de rutas y auxilio material a 137 mujeres en 15 de las 20 localidades del Distrito Capital. 

Pero más allá de los datos concretos, tanto movimientos como instituciones a nivel mundial han alertado sobre cómo las medidas de confinamiento propician un aumento en la violencia contra las mujeres, un problema que no es nuevo y no es menor. Solo en México, tanto las movilizaciones feministas de los últimos años como la emergencia de respuestas solidarias durante la pandemia son una muestra clara de las dimensiones del problema y la urgencia con que debe ser atendido y erradicado. La experiencia es similar en países como Chile o Colombia, donde quizás las últimas movilizaciones masivas que presenciamos antes que empezaran las medidas de confinamiento fueron precisamente las del 8 de marzo feminista.

Ahora que hablamos de datos y cómo nos permiten visibilizar un problema al cuantificarlo, vale decir que la cuantificación está en los detalles, y cuando hablamos de violencia, los detalles pueden también ponernos en riesgo. Por eso es necesario preguntarse quién, cómo y dónde se colectan esos datos, y para qué exactamente. Para el movimiento Data for Black Lives, frente a los sistemas de opresión impuestos “los datos son protesta, los datos son responsabilidad y los datos son acción colectiva”. Por eso han hecho un minucioso monitoreo de los datos oficiales disponibles, complementado con las voces de personas negras expertas en epidemiología, política, activismo y organización social.

Cuando hablamos de mujeres nos referimos a muy diversos tipos de mujeres y necesitamos encontrar maneras para que los datos no nos homogenicen ni nos invisibilicen. Ningún dato es neutral, como no son neutrales las narrativas ni las acciones de quienes capturan, procesan y publican datos. Durante la cuarentena en Bogotá se implementó una medida de Pico y Género que, de acuerdo con la administración distrital, resultó ser muy positiva para la prevención del contagio. Pero los datos parecen poco confiables y en últimas, como han reclamado muchas organizaciones, significó un aumento en la -tradicional- violencia institucional contra personas trans y no binarias en las ciudad.

Ante la enorme cantidad de datos que se producen, agregan y visualizan cada día, en estos tiempos de COVID-19 y big data, hagamos que los datos trabajen para la erradicación de todas las formas de violencia y opresión, porque no es lo mismo cruzar variables que mirar los problemas de manera interseccional.

#DíaDeInternet: Aquí también hacemos frente a la(s) violencia(s)

Hoy es 17 de mayo y celebramos el día de internet, pero también hoy se conmemora el “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”. En América Latina hoy es un día en el que vale la pena reflexionar sobre las experiencias de las víctimas de violencia de género que han tenido que sobrellevar sus manifestaciones también en los entornos digitales.

En distintos países de la región, la violencia de género existe de forma intrínseca a las estructuras que sostienen las sociedades que habitamos: sociedades que se basan en códigos hegemónicos, conservadores, con sesgos y con impunidad respecto a una serie de violencias que se han normalizado históricamente. Estas violencias no se han quedado en la cotidianidad de los espacios físicos, sino que se han trasladado a los entornos digitales donde se replican estrategias para intimidar, censurar, amedrentar e incluso ejercer acciones de desprestigio y/o exposición de información sensible con consecuencias fatales para las personas que son atacadas.

El discurso de odio y las vulnerabilidades que radican en las plataformas digitales implican que la participación de quienes pertenecemos a estos grupos esté acompañada de un riesgo inherente a la expresión de nuestras opiniones, preferencias e identidades que son usadas como punto de referencia para  quienes aún propagan el rechazo de la diversidad; la diversidad que existe y resiste en cada una de las personas que aún luchan por vivir libres, sin miedo y sin ser sometidas a prejuicios anacrónicos.

La existencia de la diversidad no es un tema a discusión. La realidad misma es diversa, está compuesta por un sinfín de perspectivas que se entrelazan para sostener los sistemas que dan sentido a lo que se manifiesta en nuestras sociedades; así como opera la “red de redes”, en nuestras sociedades diversas -pero aún no incluyentes- también hemos creado redes de resistencia en las que sostenemos a nuestras comunidades: donde nos informamos, compartimos, nos retroalimentamos y acompañamos frente a los retos que implica pertenecer a comunidades históricamente señaladas por “ser diferentes”.

Inclusión en internet

Internet es clave para el acceso a información, pero también es clave para la existencia de distintas iniciativas de apoyo fundamentales para quienes viven en contextos donde se impone la represión de su identidad como mecanismo de supervivencia frente a las violencias que el entorno ejerce en su contra. La participación de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en los espacios sociales, también en internet, es fundamental para permitir que esta(s) comunidad(es) formen parte de la construcción del mundo que queremos habitar. Censurar las expresiones de identidad, género y diversidad es coartar la posibilidad de transitar hacia entornos incluyentes donde genuinamente la libertad de expresión pueda habitar sin represalias.

Para identificar las violencias, nombrarlas, denunciarlas y hacerles frente es necesario tener acceso a información y redes de apoyo; para desactivarlas es necesario que logremos desarrollar sociedades incluyentes, donde la diversidad sea un elemento de construcción y no un reto en el que la identidad y seguridad de las personas se ponga en entredicho. Celebrar y potenciar la visibilidad de las identidades sexogenéricas y unirnos para erradicar las violencias en torno a la diversidad sexogenérica es una tarea que nos involucra a todas las personas, pues este tema está enraizado en los sesgos que alimentan las estructuras que han fomentado las violencias misóginas, raciales, capacitistas e incluso el prejuicio hacia las personas neurodivergentes.

Para llevar a acabo esta tarea es necesario escuchar a quienes forman parte de estos grupos, ya que son sus experiencias las que podrán alimentar las propuestas en torno a las medidas que podemos tomar como sociedad para responder a los llamados de apoyo que externen quienes enfrentan este tipo de discriminación en contextos tan plurales como los que habitan nuestra región. 

En el contexto de la pandemia que enfrentamos, la violencia doméstica representa un riesgo sumamente delicado para quienes han tenido que llevar el confinamiento en espacios donde también reciben agresiones constantes por su identidad sexogenérica. Frente a esto, el Hackerspace Marialab de Brasil publicó una guía para denunciar la violencia doméstica en portugués; esta iniciativa fue retomada por Florencia Goldsman y Graciela Nathanson para desarrollar una versión adaptada al español, disponible aquí.

Como en muchos otros temas que analizamos a través de la lente de la defensa de derechos humanos en los entornos digitales, no hay una forma sencilla de abordar esto; pero aquí cabe hacer un llamado hacia apelar a la empatía, hacia cuestionar los prejuicios y sus orígenes y ejercer la escucha activa de quienes valientemente han alzado la voz para compartir sus experiencias como víctimas y sobrevivientes de las violencias que aún existen hacia quienes cuestionan lo que se ha impuesto hegemónicamente en nuestras sociedades.


¡Libres y sin miedo, también en internet!

El lenguaje común de las mujeres y otra internet posible

Las historias de las dictaduras que avanzaron y plagaron a América Latina en el siglo XX, impregnaron la imaginación de los estudiantes durante muchas décadas. Como parte de la porción que creció en los años 90, crecí leyendo libros, asistiendo a clases y viendo películas sobre el tema. La dictadura chilena que terminó en los años 90, así como la lucha por la educación, marcaron imágenes de lucha y resistencia. América del Sur, además de ser escenario de dictaduras, también fue escenario de una sangrienta colonización, que incluso hoy deja huellas geográficas y socioeconómicas que impregnan la forma en que tratamos nuestra sociabilidad, nuestros dispositivos electrónicos e Internet. Sin embargo, los esfuerzos locales luchan por transformar la brecha y la educación tecnológica, los esfuerzos feministas trabajan para desarrollar otras infraestructuras. Pero, ¿cuáles son las bases de la tecnología que tenemos hoy?, ¿Qué tienen que ver con la cultura de dominación que buscamos transformar?

En tiempos difíciles de la dictadura, las familias quedaron devastadas, las personas desaparecieron, la violencia afectó los cuerpos de quienes resistieron, los libros se quemaron y la vida en el hogar ya no era la misma. En Chile, mientras las mujeres que perdieron parte de sus familiares queridos en la resistencia buscaron alternativas para alimentar sus hogares, también aprovecharon la oportunidad para contar sus historias y denunciar la violencia que afectó a su país. Las Arpilleras fueron una técnica ampliamente utilizada en el período por las mujeres, quienes tejían mensajes para denunciar los horrores de la dictadura y, con su venta, apoyaban y alimentaban a sus familias. En todo el mundo, las mujeres están buscando dentro de sus posibles tecnologías alternativas para mantenerse, hacer que se escuchen sus voces y transmitir sus mensajes.

También fue al final de las dictaduras latinoamericanas cuando los cables submarinos se convirtieron en una gran inversión internacional para las telecomunicaciones entre computadoras, formando la gran red de Internet que tenemos hasta hoy. En el siglo y décadas anteriores, los cables submarinos se usaban para las comunicaciones telegráficas.

Hoy en día, los cables submarinos de fibra óptica transmiten más del 90% de la Internet mundial. Fueron construidos bajo una política de guerra y siguen caminos previamente recorridos por senderos de exploración de las antiguas navegaciones. Estos cables de 2,5 cm de diámetro llevan los protocolos e infraestructuras que rigen la velocidad de los datos, el transporte de información y la codificación de mensajes. También son vulnerables a la vigilancia.

Si la ruta de los cables de Internet es tan antigua como el período de navegación, una explicación socioeconómica podría aclarar por qué más del 40% de la población mundial todavía no tiene acceso a Internet: sus protocolos e infraestructuras están concentrados y en poder de ciertos gobiernos e industrias.

Y esta concentración no es solo un reflejo socioeconómico, sino también de quiénes son los productores de esta tecnología. Cuando las computadoras comenzaron a poblar las casas de las familias en el Sur Global, ¿quiénes eran las personas con el poder de explotarlas? ¿Desordenar tus cables y circuitos, nombrarlos, encenderlos y apagarlos? En mi casa, nuestra primera computadora estaba en la habitación de mi hermano.

Tomar la conciencia y retomar la tecnología

El lenguaje común de las mujeres comunica la conciencia histórica y patriarcal que rige nuestras vidas. Pero para ser consciente, también es necesario ser interseccional y explorar las raíces de clase, raza y geografía propias.

El Sur Global -este espacio socioeconómico que incluye Asia (con la excepción de Japón, Hong Kong, Macao, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), América Central, América del Sur, México, África y Oriente Medio (con excepción de Israel)- tiene un porcentaje menor de su población con acceso a Internet, en comparación con los países del Norte Global; además, así como tiene notablemente menos backbones (cables submarinos) de la red global de Internet que el Norte global -nuestro hermano rico y arrogante- tiene no solamente la prevalencia en la transmisión de datos, sino también en su vigilancia y censura.

Para cambiar este escenario necesitamos retomar la tecnología. Esta noción común ha impregnado el feminismo tecnológico durante algunas décadas, pero también se refleja en las bibliografías académicas feministas, cuando leemos que las mujeres necesitan ocupar espacios de escritura, producción científica, política, entre otros espacios dominados por hombres; y principalmente, creados bajo una lógica de guerra y explotación. «Cyborg writing is about the power to survive, not on the basis of original innocence, but on the basis of seizing the tools to mark the world that marked them as other.», escribió Donna Haraway.

Pero también sabemos que no queremos que nuestros protocolos e infraestructuras se basen en la guerra, ni que el camino de nuestros datos sea colonial. No queremos llegar al mismo lugar, queremos navegar de otras maneras, llegar a lugares no explorados, que tienen otras razones en su base, razones distintas a la guerra.

“Sin una ética del amor que moldee la dirección de nuestra visión política y nuestras aspiraciones radicales, a menudo somos seducidos, de una forma u otra, hacia sistemas de dominación: imperialismo, sexismo, racismo, clasismo…”

– bell hooks, El amor como práctica para la libertad.

El lenguaje común de las mujeres es saber que nuestros cuerpos son una disputa de dominación -desde su superficialidad hasta nuestras mentes- y también saber que somos resistencia. Una resistencia que no se basa en la guerra, sino en la transformación de un mundo que construimos colectivamente. Desde las arpilleras hasta la huelga feminista, contamos y hacemos historia y tecnología.

La lucha de género en los protocolos de internet

El de internet es un mercado próspero y en permanente crecimiento, que cada día involucra más ámbitos de la vida social. En cifras oficiales, se calcula que el 53%  de la población mundial se encuentra hoy conectada, y tanto los estados como la empresa privada, los organismos multilaterales y la sociedad civil están desarrollando planes de diversa índole para conectar a la otra mitad. Con un 68%, el porcentaje de mujeres conectadas es un poco más alto que el promedio. Pero ¿qué nos dicen estas cifras? Más allá del tecnicismo de acceder a un dispositivo con conexión a internet, a propósito del día de la mujer trabajadora, vale la pena preguntarse por el potencial emancipador de nuestra inclusión en la internet.

De acuerdo con los expertos, hay tres ámbitos de desarrollo de la economía digital: el sector de información y telecomunicaciones, que incluye todos los bienes y servicios asociados al funcionamiento de internet; el sector propio de la economía dentro del entorno digital, que incluye los servicios digitales y las economías de plataforma; y otro que incluye todas las actividades económicas que utilizan tecnologías digitales para su desarrollo, una economía digitalizada. Pero para quienes utilizamos internet, la imagen es más difusa: es difícil establecer en qué punto estamos trabajando y dónde comienzan nuestros momentos de ocio y de descanso. Es difícil reconocer quiénes están trabajando para que podamos conectarnos. Es difícil, incluso, identificar la manera en que habitamos este entorno, y qué tanto podemos controlar nuestro cuerpo allí, expresado como ceros y unos, cuando la red es un entramado de relaciones políticas, económicas y técnicas donde difícilmente tenemos incidencia.

Pensemos en las grandes instituciones que gobiernan internet. Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), donde desde hace por lo menos dos décadas la inclusión digital de mujeres y niñas, así como de jóvenes, personas con discapacidad e indígenas, es parte de la agenda, mientras que la institución sigue estando encabezada por hombres, mayoritariamente blancos. El asunto de la inclusión, al parecer, está dirigido hacia fuera, no como parte de una política interna. La situación es distinta en otros organismos, como la Internet Engineering Task Force (IETF), donde desde hace años se han venido implementando planes para hacer más diversa la participación, así como para hacer más inclusivos los espacios de discusión y toma decisiones, y combatir el acoso y la hostilidad en el trabajo. Y, sin embargo, quienes participan efectivamente de estos espacios son en su mayoría hombres que viven y disfrutan los privilegios de las ciudades y los grandes capitales financieros, que cuentan con niveles de escolaridad e ingreso altos, que se traduce en indicadores altos de calidad de vida. 

¿Cómo dialoga eso con las realidades urbanas y rurales en el llamado “sur global”? ¿En qué punto coincide la inclusión digital con la lucha por una vida libre de violencias, con equidad y justicia, con autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios? ¿Qué implica la inclusión? ¿Basta con conectarnos? Idealmente deberíamos entenderla como la capacidad de apropiarnos del uso y beneficios de internet. La posibilidad de participar supone tener autonomía y capacidad de decisión sobre el tipo de internet que queremos. Entender la economía digital a través del género permite ver no solo las condiciones económicas, sino otras dimensiones como las normas culturales y sociales que impiden a ciertos grupos participar activamente en distintos escenarios. ¿Y acaso queremos alcanzar escaños en las grandes instituciones de la internet que existe?

En su más reciente reporte, el grupo de mejores prácticas de género y acceso del Foro de Gobernanza de Internet se ocupa de la participación de mujeres y personas de género diverso, así como otros grupos subrepresentados, en las economías digitales, y señala que las redes comunitarias, cuando están diseñadas con y para la comunidad, ofrecen oportunidades de participación en el desarrollo de la red construyendo narrativas y modelos propios. Frente al enorme mercado de internet, este tipo de redes son una alternativa, cuya existencia hoy día depende de la capacidad de incidencia que tengan en el entramado político que gobierna internet, donde las barreras de participación son muy grandes. Además, al interior de las comunidades que se organizan para construir redes propias y soberanía tecnológica, también hay muchos retos para una participación más equitativa y justa.