Temática: Género

Otros datos

Hoy más que nunca sabemos que los datos son una herramienta poderosa. Permiten visibilizar las dimensiones de los problemas sociales, transparentar las gestiones institucionales y medir el impacto de las acciones ciudadanas. A nosotras, el acceso a datos claros y confiables nos permite tomar decisiones más conscientes e informadas. Pero los datos son también, hoy más que antes, un objeto de valor, la moneda de cambio de los negocios que durante la pandemia se han vuelto más centrales y necesarios.

Hace pocos días, la organización Ciudadanía Inteligente publicó el informe “¿Qué tanta información están entregando los gobiernos latinoamericanos sobre COVID-19?”. Colombia aparece en el primer lugar y México en el segundo, lo cual significó que algunos medios reconocieran la buena actuación gubernamental. Pero al mismo tiempo generó polémica, pues el informe se limita a evaluar la cantidad de datos disponibles, pero no hace mención a la relación entre cantidad de datos y cantidad de pruebas realizadas, por ejemplo, lo cual supone una brecha que redunda en la percepción ciudadana sobre las dimensiones del riesgo.

Y es que la manera como se producen los datos es otro problema más complejo. A comienzos de mayo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, declaró que durante el confinamiento no necesariamente aumenta la violencia intrafamiliar, ya que “tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia”, y declaró luego que “el 90 %» de las llamadas sobre maltrato son «falsas»”. Frente a estas y otras declaraciones oficiales se creó la campaña #NosotrasTenemosOtrosDatos, para exigir respuestas contundentes de parte del gobierno, en la prevención y actuación efectiva contra la violencia hacia las mujeres, los niños y las niñas.

Durante la cuarentena, más de 347 mujeres han sido asesinadas en México, los ingresos de mujeres a refugios han aumentado en un 50% y 8 de cada 10 mujeres no han denunciado la violencia que enfrentan. Y si bien durante el pasado mes de abril en la Ciudad de México las investigaciones penales por violencia familiar bajaron un 20% respecto del año anterior, comparando en los mismos periodos, las llamadas a la Línea Mujer por violencia familiar aumentaron un 97%.

Aunque existan iniciativas gubernamentales para responder al aumento de la violencia contra las mujeres, es muy pobre el balance sobre su efectividad e impacto. En Chile, durante el mes de abril, las denuncias por violencia intrafamiliar se redujeron en casi todas las regiones, con respecto al mismo periodo del año anterior. Frente a este hecho, se implementaron líneas de atención telefónica y vía chat. Y, reconociendo las limitaciones de acceso que pueden tener las mujeres para denunciar, también se implementó una medida de ayuda que consiste en utilizar una clave en las farmacias -pedir una “mascarilla 19”- para levantar una alerta con las autoridades.

A pesar de la enorme promoción que se hizo de esta iniciativa, que también ha sido implementada en otros países, de acuerdo a lo que han denunciado algunas organizaciones, en la práctica muy pocas farmacias tienen información sobre dicho mecanismo de alerta. Esta situación no solo desincentiva la denuncia sino que puede significar mayor riesgo para cada mujer que intenta levantar una alerta y recibe una respuesta negativa de parte de quien la está atendiendo.

En Bogotá, Colombia, desde que comenzó la cuarentena obligatoria nacional el pasado 24 de marzo, también se implementó un sistema de alerta en farmacias, mercados y estaciones de gasolina, aunque hasta ahora no hay un balance oficial de la medida. Además se creó una ruta de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio durante la emergencia del Covid19 con distintos mecanismos de denuncia a nivel local y distrital, que incluye la Línea Púrpura, de atención telefónica gratuita y a través de WhatsApp, las 24 horas.

Aunque existe desde 2015 como una línea para que las mujeres sean escuchadas por mujeres, desde noviembre de 2019 el sistema de la Línea Púrpura permite llevar un “registro de las llamadas atendidas, perdidas o no respondidas, abriéndose la opción de devolverlas” y además es posible grabar “las llamadas, lo que posibilita una respuesta integral ante las autoridades judiciales y administrativas en caso de requerir las conversaciones como elementos probatorios”. Si bien esta parece una buena noticia, resulta frustrante la ausencia de datos disponibles sobre cómo ha sido la respuesta institucional hasta el día de hoy, y específicamente durante el la cuarentena obligatoria.

En respuesta a la poca transparencia, y a la efectiva dificultad que enfrenta una mujer para acceder a apoyo estatal en casos de violencia, en Bogotá se creó la Red Solidaria de Mujeres, una línea de atención durante la emergencia ocasionada por el COVID-19, que funciona a través de WhatAapp. De acuerdo con los datos publicados por ellas mismas en su sitio web, hasta el día de hoy han dado apoyo jurídico, asistencia psicosocial, asesoría de rutas y auxilio material a 137 mujeres en 15 de las 20 localidades del Distrito Capital. 

Pero más allá de los datos concretos, tanto movimientos como instituciones a nivel mundial han alertado sobre cómo las medidas de confinamiento propician un aumento en la violencia contra las mujeres, un problema que no es nuevo y no es menor. Solo en México, tanto las movilizaciones feministas de los últimos años como la emergencia de respuestas solidarias durante la pandemia son una muestra clara de las dimensiones del problema y la urgencia con que debe ser atendido y erradicado. La experiencia es similar en países como Chile o Colombia, donde quizás las últimas movilizaciones masivas que presenciamos antes que empezaran las medidas de confinamiento fueron precisamente las del 8 de marzo feminista.

Ahora que hablamos de datos y cómo nos permiten visibilizar un problema al cuantificarlo, vale decir que la cuantificación está en los detalles, y cuando hablamos de violencia, los detalles pueden también ponernos en riesgo. Por eso es necesario preguntarse quién, cómo y dónde se colectan esos datos, y para qué exactamente. Para el movimiento Data for Black Lives, frente a los sistemas de opresión impuestos “los datos son protesta, los datos son responsabilidad y los datos son acción colectiva”. Por eso han hecho un minucioso monitoreo de los datos oficiales disponibles, complementado con las voces de personas negras expertas en epidemiología, política, activismo y organización social.

Cuando hablamos de mujeres nos referimos a muy diversos tipos de mujeres y necesitamos encontrar maneras para que los datos no nos homogenicen ni nos invisibilicen. Ningún dato es neutral, como no son neutrales las narrativas ni las acciones de quienes capturan, procesan y publican datos. Durante la cuarentena en Bogotá se implementó una medida de Pico y Género que, de acuerdo con la administración distrital, resultó ser muy positiva para la prevención del contagio. Pero los datos parecen poco confiables y en últimas, como han reclamado muchas organizaciones, significó un aumento en la -tradicional- violencia institucional contra personas trans y no binarias en las ciudad.

Ante la enorme cantidad de datos que se producen, agregan y visualizan cada día, en estos tiempos de COVID-19 y big data, hagamos que los datos trabajen para la erradicación de todas las formas de violencia y opresión, porque no es lo mismo cruzar variables que mirar los problemas de manera interseccional.

#DíaDeInternet: Aquí también hacemos frente a la(s) violencia(s)

Hoy es 17 de mayo y celebramos el día de internet, pero también hoy se conmemora el “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”. En América Latina hoy es un día en el que vale la pena reflexionar sobre las experiencias de las víctimas de violencia de género que han tenido que sobrellevar sus manifestaciones también en los entornos digitales.

En distintos países de la región, la violencia de género existe de forma intrínseca a las estructuras que sostienen las sociedades que habitamos: sociedades que se basan en códigos hegemónicos, conservadores, con sesgos y con impunidad respecto a una serie de violencias que se han normalizado históricamente. Estas violencias no se han quedado en la cotidianidad de los espacios físicos, sino que se han trasladado a los entornos digitales donde se replican estrategias para intimidar, censurar, amedrentar e incluso ejercer acciones de desprestigio y/o exposición de información sensible con consecuencias fatales para las personas que son atacadas.

El discurso de odio y las vulnerabilidades que radican en las plataformas digitales implican que la participación de quienes pertenecemos a estos grupos esté acompañada de un riesgo inherente a la expresión de nuestras opiniones, preferencias e identidades que son usadas como punto de referencia para  quienes aún propagan el rechazo de la diversidad; la diversidad que existe y resiste en cada una de las personas que aún luchan por vivir libres, sin miedo y sin ser sometidas a prejuicios anacrónicos.

La existencia de la diversidad no es un tema a discusión. La realidad misma es diversa, está compuesta por un sinfín de perspectivas que se entrelazan para sostener los sistemas que dan sentido a lo que se manifiesta en nuestras sociedades; así como opera la “red de redes”, en nuestras sociedades diversas -pero aún no incluyentes- también hemos creado redes de resistencia en las que sostenemos a nuestras comunidades: donde nos informamos, compartimos, nos retroalimentamos y acompañamos frente a los retos que implica pertenecer a comunidades históricamente señaladas por “ser diferentes”.

Inclusión en internet

Internet es clave para el acceso a información, pero también es clave para la existencia de distintas iniciativas de apoyo fundamentales para quienes viven en contextos donde se impone la represión de su identidad como mecanismo de supervivencia frente a las violencias que el entorno ejerce en su contra. La participación de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en los espacios sociales, también en internet, es fundamental para permitir que esta(s) comunidad(es) formen parte de la construcción del mundo que queremos habitar. Censurar las expresiones de identidad, género y diversidad es coartar la posibilidad de transitar hacia entornos incluyentes donde genuinamente la libertad de expresión pueda habitar sin represalias.

Para identificar las violencias, nombrarlas, denunciarlas y hacerles frente es necesario tener acceso a información y redes de apoyo; para desactivarlas es necesario que logremos desarrollar sociedades incluyentes, donde la diversidad sea un elemento de construcción y no un reto en el que la identidad y seguridad de las personas se ponga en entredicho. Celebrar y potenciar la visibilidad de las identidades sexogenéricas y unirnos para erradicar las violencias en torno a la diversidad sexogenérica es una tarea que nos involucra a todas las personas, pues este tema está enraizado en los sesgos que alimentan las estructuras que han fomentado las violencias misóginas, raciales, capacitistas e incluso el prejuicio hacia las personas neurodivergentes.

Para llevar a acabo esta tarea es necesario escuchar a quienes forman parte de estos grupos, ya que son sus experiencias las que podrán alimentar las propuestas en torno a las medidas que podemos tomar como sociedad para responder a los llamados de apoyo que externen quienes enfrentan este tipo de discriminación en contextos tan plurales como los que habitan nuestra región. 

En el contexto de la pandemia que enfrentamos, la violencia doméstica representa un riesgo sumamente delicado para quienes han tenido que llevar el confinamiento en espacios donde también reciben agresiones constantes por su identidad sexogenérica. Frente a esto, el Hackerspace Marialab de Brasil publicó una guía para denunciar la violencia doméstica en portugués; esta iniciativa fue retomada por Florencia Goldsman y Graciela Nathanson para desarrollar una versión adaptada al español, disponible aquí.

Como en muchos otros temas que analizamos a través de la lente de la defensa de derechos humanos en los entornos digitales, no hay una forma sencilla de abordar esto; pero aquí cabe hacer un llamado hacia apelar a la empatía, hacia cuestionar los prejuicios y sus orígenes y ejercer la escucha activa de quienes valientemente han alzado la voz para compartir sus experiencias como víctimas y sobrevivientes de las violencias que aún existen hacia quienes cuestionan lo que se ha impuesto hegemónicamente en nuestras sociedades.


¡Libres y sin miedo, también en internet!

El lenguaje común de las mujeres y otra internet posible

Las historias de las dictaduras que avanzaron y plagaron a América Latina en el siglo XX, impregnaron la imaginación de los estudiantes durante muchas décadas. Como parte de la porción que creció en los años 90, crecí leyendo libros, asistiendo a clases y viendo películas sobre el tema. La dictadura chilena que terminó en los años 90, así como la lucha por la educación, marcaron imágenes de lucha y resistencia. América del Sur, además de ser escenario de dictaduras, también fue escenario de una sangrienta colonización, que incluso hoy deja huellas geográficas y socioeconómicas que impregnan la forma en que tratamos nuestra sociabilidad, nuestros dispositivos electrónicos e Internet. Sin embargo, los esfuerzos locales luchan por transformar la brecha y la educación tecnológica, los esfuerzos feministas trabajan para desarrollar otras infraestructuras. Pero, ¿cuáles son las bases de la tecnología que tenemos hoy?, ¿Qué tienen que ver con la cultura de dominación que buscamos transformar?

En tiempos difíciles de la dictadura, las familias quedaron devastadas, las personas desaparecieron, la violencia afectó los cuerpos de quienes resistieron, los libros se quemaron y la vida en el hogar ya no era la misma. En Chile, mientras las mujeres que perdieron parte de sus familiares queridos en la resistencia buscaron alternativas para alimentar sus hogares, también aprovecharon la oportunidad para contar sus historias y denunciar la violencia que afectó a su país. Las Arpilleras fueron una técnica ampliamente utilizada en el período por las mujeres, quienes tejían mensajes para denunciar los horrores de la dictadura y, con su venta, apoyaban y alimentaban a sus familias. En todo el mundo, las mujeres están buscando dentro de sus posibles tecnologías alternativas para mantenerse, hacer que se escuchen sus voces y transmitir sus mensajes.

También fue al final de las dictaduras latinoamericanas cuando los cables submarinos se convirtieron en una gran inversión internacional para las telecomunicaciones entre computadoras, formando la gran red de Internet que tenemos hasta hoy. En el siglo y décadas anteriores, los cables submarinos se usaban para las comunicaciones telegráficas.

Hoy en día, los cables submarinos de fibra óptica transmiten más del 90% de la Internet mundial. Fueron construidos bajo una política de guerra y siguen caminos previamente recorridos por senderos de exploración de las antiguas navegaciones. Estos cables de 2,5 cm de diámetro llevan los protocolos e infraestructuras que rigen la velocidad de los datos, el transporte de información y la codificación de mensajes. También son vulnerables a la vigilancia.

Si la ruta de los cables de Internet es tan antigua como el período de navegación, una explicación socioeconómica podría aclarar por qué más del 40% de la población mundial todavía no tiene acceso a Internet: sus protocolos e infraestructuras están concentrados y en poder de ciertos gobiernos e industrias.

Y esta concentración no es solo un reflejo socioeconómico, sino también de quiénes son los productores de esta tecnología. Cuando las computadoras comenzaron a poblar las casas de las familias en el Sur Global, ¿quiénes eran las personas con el poder de explotarlas? ¿Desordenar tus cables y circuitos, nombrarlos, encenderlos y apagarlos? En mi casa, nuestra primera computadora estaba en la habitación de mi hermano.

Tomar la conciencia y retomar la tecnología

El lenguaje común de las mujeres comunica la conciencia histórica y patriarcal que rige nuestras vidas. Pero para ser consciente, también es necesario ser interseccional y explorar las raíces de clase, raza y geografía propias.

El Sur Global -este espacio socioeconómico que incluye Asia (con la excepción de Japón, Hong Kong, Macao, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), América Central, América del Sur, México, África y Oriente Medio (con excepción de Israel)- tiene un porcentaje menor de su población con acceso a Internet, en comparación con los países del Norte Global; además, así como tiene notablemente menos backbones (cables submarinos) de la red global de Internet que el Norte global -nuestro hermano rico y arrogante- tiene no solamente la prevalencia en la transmisión de datos, sino también en su vigilancia y censura.

Para cambiar este escenario necesitamos retomar la tecnología. Esta noción común ha impregnado el feminismo tecnológico durante algunas décadas, pero también se refleja en las bibliografías académicas feministas, cuando leemos que las mujeres necesitan ocupar espacios de escritura, producción científica, política, entre otros espacios dominados por hombres; y principalmente, creados bajo una lógica de guerra y explotación. «Cyborg writing is about the power to survive, not on the basis of original innocence, but on the basis of seizing the tools to mark the world that marked them as other.», escribió Donna Haraway.

Pero también sabemos que no queremos que nuestros protocolos e infraestructuras se basen en la guerra, ni que el camino de nuestros datos sea colonial. No queremos llegar al mismo lugar, queremos navegar de otras maneras, llegar a lugares no explorados, que tienen otras razones en su base, razones distintas a la guerra.

“Sin una ética del amor que moldee la dirección de nuestra visión política y nuestras aspiraciones radicales, a menudo somos seducidos, de una forma u otra, hacia sistemas de dominación: imperialismo, sexismo, racismo, clasismo…”

– bell hooks, El amor como práctica para la libertad.

El lenguaje común de las mujeres es saber que nuestros cuerpos son una disputa de dominación -desde su superficialidad hasta nuestras mentes- y también saber que somos resistencia. Una resistencia que no se basa en la guerra, sino en la transformación de un mundo que construimos colectivamente. Desde las arpilleras hasta la huelga feminista, contamos y hacemos historia y tecnología.

La lucha de género en los protocolos de internet

El de internet es un mercado próspero y en permanente crecimiento, que cada día involucra más ámbitos de la vida social. En cifras oficiales, se calcula que el 53%  de la población mundial se encuentra hoy conectada, y tanto los estados como la empresa privada, los organismos multilaterales y la sociedad civil están desarrollando planes de diversa índole para conectar a la otra mitad. Con un 68%, el porcentaje de mujeres conectadas es un poco más alto que el promedio. Pero ¿qué nos dicen estas cifras? Más allá del tecnicismo de acceder a un dispositivo con conexión a internet, a propósito del día de la mujer trabajadora, vale la pena preguntarse por el potencial emancipador de nuestra inclusión en la internet.

De acuerdo con los expertos, hay tres ámbitos de desarrollo de la economía digital: el sector de información y telecomunicaciones, que incluye todos los bienes y servicios asociados al funcionamiento de internet; el sector propio de la economía dentro del entorno digital, que incluye los servicios digitales y las economías de plataforma; y otro que incluye todas las actividades económicas que utilizan tecnologías digitales para su desarrollo, una economía digitalizada. Pero para quienes utilizamos internet, la imagen es más difusa: es difícil establecer en qué punto estamos trabajando y dónde comienzan nuestros momentos de ocio y de descanso. Es difícil reconocer quiénes están trabajando para que podamos conectarnos. Es difícil, incluso, identificar la manera en que habitamos este entorno, y qué tanto podemos controlar nuestro cuerpo allí, expresado como ceros y unos, cuando la red es un entramado de relaciones políticas, económicas y técnicas donde difícilmente tenemos incidencia.

Pensemos en las grandes instituciones que gobiernan internet. Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), donde desde hace por lo menos dos décadas la inclusión digital de mujeres y niñas, así como de jóvenes, personas con discapacidad e indígenas, es parte de la agenda, mientras que la institución sigue estando encabezada por hombres, mayoritariamente blancos. El asunto de la inclusión, al parecer, está dirigido hacia fuera, no como parte de una política interna. La situación es distinta en otros organismos, como la Internet Engineering Task Force (IETF), donde desde hace años se han venido implementando planes para hacer más diversa la participación, así como para hacer más inclusivos los espacios de discusión y toma decisiones, y combatir el acoso y la hostilidad en el trabajo. Y, sin embargo, quienes participan efectivamente de estos espacios son en su mayoría hombres que viven y disfrutan los privilegios de las ciudades y los grandes capitales financieros, que cuentan con niveles de escolaridad e ingreso altos, que se traduce en indicadores altos de calidad de vida. 

¿Cómo dialoga eso con las realidades urbanas y rurales en el llamado “sur global”? ¿En qué punto coincide la inclusión digital con la lucha por una vida libre de violencias, con equidad y justicia, con autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios? ¿Qué implica la inclusión? ¿Basta con conectarnos? Idealmente deberíamos entenderla como la capacidad de apropiarnos del uso y beneficios de internet. La posibilidad de participar supone tener autonomía y capacidad de decisión sobre el tipo de internet que queremos. Entender la economía digital a través del género permite ver no solo las condiciones económicas, sino otras dimensiones como las normas culturales y sociales que impiden a ciertos grupos participar activamente en distintos escenarios. ¿Y acaso queremos alcanzar escaños en las grandes instituciones de la internet que existe?

En su más reciente reporte, el grupo de mejores prácticas de género y acceso del Foro de Gobernanza de Internet se ocupa de la participación de mujeres y personas de género diverso, así como otros grupos subrepresentados, en las economías digitales, y señala que las redes comunitarias, cuando están diseñadas con y para la comunidad, ofrecen oportunidades de participación en el desarrollo de la red construyendo narrativas y modelos propios. Frente al enorme mercado de internet, este tipo de redes son una alternativa, cuya existencia hoy día depende de la capacidad de incidencia que tengan en el entramado político que gobierna internet, donde las barreras de participación son muy grandes. Además, al interior de las comunidades que se organizan para construir redes propias y soberanía tecnológica, también hay muchos retos para una participación más equitativa y justa.

Feministas latinoamericanas (re)construyen internet

En América Latina, internet ha sido un catalizador importante de iniciativas articuladas en torno a la lucha por la defensa de los derechos humanos en distintos frentes. Las apuestas feministas latinoamericanas, desde sus distintas vertientes, han sido clave para la construcción de propuestas que reclaman aquellos espacios que históricamente les han sido restringidos a las mujeres y que son fundamentales para la participación política y el desarrollo de sociedades más justas; sociedades que rechacen las violencias machistas que han sido normalizadas por siglos y que sean capaces de abrirse a nuevas aproximaciones a la diversidad sexo-genérica, así como a la inclusión de personas que han sido discriminadas por su origen étnico, raza, discapacidad, o edad. 

El trabajo realizado por las feministas ha visibilizado las brechas de género y ha aportado herramientas para combatir la discriminación, particularmente aquellos espacios que han sido estructurados sobre bases  impregnadas de una cultura patriarcal, machista y misógina; como la que se ha instaurado en ámbitos especializados —como los de desarrollo profesional— donde se normalizan las violencias y la justicia se apaga con impunidad. Además, vemos que en algunas propuestas feministas los entornos digitales adquieren un matiz de especial importancia como espacios de expresión, articulación social y acceso a la información ya que facilitan los intercambios entre mujeres de contextos -tan complejos como diversos- que luchan por construir entornos más justos, tanto en América Latina como a nivel mundial.

En ese sentido, las apuestas feministas latinoamericanas también han sido claves a la hora de cuestionar las (infra)estructuras que sostienen las tecnologías que utilizamos, a través de esfuerzos que van desde jornadas de alfabetización digital hasta espacios de reflexión e investigación sobre las violencias que se propagan a través de las tecnologías. Pero también existen dimensiones mucho más técnicas en torno a romper con la idea de “usuarios universales” -consumidores, pasivos- de estas tecnologías y  acabar con el perpetuo estigma que rodea a las mujeres que ejercen carreras en ámbitos relacionados a ciencia, tecnología e ingeniería.


Colaboraciones y hallazgos

Derechos Digitales ha intentado aportar a estos procesos de reflexión, cuestionamiento y trabajo, que progresivamente han comenzado a ocupar un lugar cada vez más importante para nuestra organización; tanto en relación a nuestra misión de influir en el diseño de políticas públicas y prácticas individuales, como en la reflexión interna e institucional sobre nuestro trabajo y cómo lo realizamos.  

Por otro lado, hemos participado en las reuniones del Internet Engineering Task Force (IETF), un grupo de trabajo dedicado a establecer normas regulatorias sobre internet, para incidir desde perspectivas y prácticas feministas en la construcción de protocolos que darán forma a las futuras innovaciones en torno a internet. 

Aunado a esto, actualmente estamos completando un ciclo de acompañamientos con organizaciones feministas en Chile, México y Colombia. Además, recientemente lanzamos la campaña 8 Consejos de seguridad digital contra la violencia en línea con el apoyo de expertas de distintas partes de latinoamérica para incentivar la adopción de prácticas que ayuden a mitigar los impactos de la violencia de género que se ejerce a través de las tecnologías. 

En años anteriores, abordando distintas perspectivas sobre la brecha de género en el uso de las tecnologías, hemos participado en espacios de reflexión a aprendizaje que han dado vida a publicaciones como “Que no quede huella, que no, que no” donde mujeres latinoamericanas se reunieron para analizar de forma colectiva las nociones de género, identidad, anonimato y tecnología a propósito de la reunión de la comunidad de Tor en México.

También hemos realizado investigaciones en torno a los “Derechos de las mujeres en línea”, donde evaluamos la brecha de género y cómo afecta el ejercicio de de los derechos en línea, esta investigación derivó en la publicación del fanzine “¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso?”. Siguiendo esta línea, ampliamos el espectro para analizar el modo en que los sistemas de vigilancia afectan de forma particular a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBTTTIQA.

Además, la versión 2017 de Latin America in a Glimpse estuvo dedicada a dedicada completamente a visibilizar esfuerzos realizados en el cruce entre tecnología y género en la región, esfuerzo que fue retomando en la versión 2019, en el capítulo “Recuperando, apropiando y aprendiendo: feminismo y tecnología en América Latina”.

Estas experiencias de análisis, acompañamiento y participación nos han aportado un panorama regional, donde hemos encontrado que son muchas -y cada vez más- las iniciativas que se están realizando en la región para reducir las brechas, acabar con las manifestaciones de violencia y proponer nuevas aproximaciones críticas para construir sociedades más incluyentes.


Apuestas desde distintas latitudes

En Argentina, desde Activismo Feminista Digital, se han articulado propuestas para promover los derechos digitales con perspectiva de género en el país y además reducir la brecha digital por medio de talleres sobre tecnología para mujeres.

En Bolivia, desde El Desarmador, la Imilla Hacker ha abierto la conversación sobre la violencia que enfrentan las mujeres en el país y cómo se ha trasladado a los entornos digitales, que también analiza a través de la promoción de herramientas libres.

En Brasil, desde Fuxico, se ha promovido la creación de redes libres feministas, derivando un proyecto de software libre hacia una apuesta que retoma la tecnología para construir espacios de autonomía digital para las mujeres.

En Chile, desde la Coordinadora Feminista 8M, se han hecho campañas digitales para informar sobre las movilizaciones feministas del país, fortaleciendo el uso de las tecnolgías como catalizador de las apuestas feministas.

En Costa Rica, TIC-as de Sula Batsú, es un proyecto que busca crear condiciones de empleo para las mujeres de contextos rurales en el campo de las tecnologías de la información y comunicación en el país.

En Guatemala, Ciberfeministas Guatemala, continúa desarrollando actividades y recursos para hacer de las tecnologías un punto de encuentro entre mujeres del país a través del desarrollo de capacidades y reflexiones sobre violencia en línea.

En México, La Clika, surgió como un esfuerzo entre Luchadoras y La Sandía Digital para abrir la conversación sobre violencia en línea entre adolescentes, además de compartir recursos e información para enfrentarla.

En Nicaragua, Enredadas por el arte y la tecnología, continúa siendo una plataforma feminista que gestiona espacios de intercambio y fortalecimiento para las mujeres diversas del país, usando internet como herramienta política.

En Paraguay, Data.cuenta de TEDIC, es una plataforma interactiva que busca hacer visibles las formas de violencia mediada por tecnología que se han normalizado en nuestro día a día y además ofrece consejos para enfrentarlas.

En Perú, Tecnoresistencias de Hiperderecho, es una página que surgió a partir de una investigación sobre violencia de género en línea que brinda información y recursos para desarrollar estrategias de autodefensa digital.

A nivel regional, iniciativas como Acoso.Online, Ciberseguras y Vita Activa continúan articulando esfuerzos para enfrentar las manifestaciones virtuales de la violencia de género a partir de redes de acompañamiento e información en torno a seguridad digital y mecanismos de denuncia.

También existen iniciativas como Chicas Poderosas, FemHack o IGFem que buscan sumar la participación de las mujeres a espacios de incidencia en el desarrollo de tecnologías a través del fortalecimiento de habilidades técnicas y los espacios de diálogo sobre gobernanza de internet, género y inclusión digital.

Si bien este listado no abarca todas las propuestas y esfuerzos que existen en la región, situamos estos puntos de partida para lanzar un llamado a la articulación de nuevas iniciativas,  donde la resistencia feminista a la violencia de género incorpora la tecnología como herramienta en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. 

En América Latina, en distintos frentes y desde la diversidad que alberga nuestra región, las mujeres no estamos solas. En la lucha contra la opresión tejemos alianzas para derribar las estructuras que solían sostener las prácticas de violencia y abuso. Por un futuro feminista, libre y diverso: ¡Sigamos construyendo juntas!

Poner en riesgo la libertad no va a asegurarnos vivir sin violencia

En México, la violencia de género es una constante que este año se ha abordado con gran impacto a lo largo del país. Más allá de las importantes tomas del espacio público por parte de la sociedad civil organizada y las voces de miles de mujeres que han tomado las plataformas digitales como amplificadores de sus mensajes de denuncia, la energía en torno a una transformación que permita caminar hacia una realidad más justa en el país también ha catalizado alianzas que actualmente han logrado incidencia en espacios que anteriormente habían estado cerrados a posibilidades de colaboración para desarrollar o intervenir en las políticas públicas sobre violencia de género.

En el 2018, tras más de 10 años de trabajo sobre la versión publicada en 2007, se hicieron importantes reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  (LAMVLV). Actualmente, se contemplan distintos tipos -y modalidades derivadas- de violencia y las medidas para atender a las víctimas de estas violencias: desde órdenes de protección hasta los servicios de albergue, sustento, salud y desarrollo (gratuitos, seguros e incluso confidenciales). En esta ley también se establecen algunas sanciones que corresponden a los tipos de violencia establecidos y aunque no se contempla de forma explícita alguna modalidad que haga énfasis en el uso de la tecnología, se abordan los diferentes tipos de violencia que se manifiestan a través de las plataformas digitales; las mismas manifestaciones de violencia que ya están tipificadas y para las cuales existen sanciones claras, por ejemplo: acoso, abuso, extorsión, difamación… E incluso se aborda la importancia de reconocer como violencia: “Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.”

Sin embargo, el descontento y el hartazgo persisten. Fuera de los slogans y la imposición del color rosa como estandarte de una “transformación incluyente” en la identidad gráfica de la Ciudad México, no ha habido una transformación que respondiera a las demandas de quienes viven diariamente con miedo a formar parte del promedio de 11 feminicidios que se llevan a cabo cada día en el país… Tampoco ha existido respuesta a las declaraciones de las mujeres que –de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)- han reportado un alza en las manifestaciones de violencia que viven, incluyendo al promedio de 9 millones de mujeres que han reportado ser víctimas de ciberacoso.

Victorias y retos

Este año, una iniciativa de reformas para tipificar los “delitos contra la intimidad sexual” y reconocer la violencia digital en la LAMVLV llegó a la Ciudad de México tras el éxito que anteriormente obtuvo en 19 de los 30 estados del país. Esta iniciativa es conocida como Ley Olimpia, a pesar de que no propone una ley en sí es importante reconocer el esfuerzo realizado por las mujeres que conforman la agrupación Defensoras Digitales (originalmente Frente Nacional para la Sororidad), así como sus aliadas en cada uno de los estados donde el proyecto impulsado inicialmente por Olimpia Coral logró consolidarse como una propuesta de articulación para que las mujeres víctimas de violencia a través de las tecnologías tuvieran un acercamiento a la construcción de la justicia que muchas veces suele omitirse ante la falta de funcionarios capacitados y sensibilizados para atender las denuncias de las manifestaciones de violencia que existen en las plataformas digitales y se traducen a impactos y consecuencias graves en las personas que las sufren, afectando todos los ámbitos de sus vidas y su desarrollo.

Si bien esta iniciativa refleja el descontento y la toma de acción por parte de las mujeres que buscan vías efectivas para encontrar justicia, es importante tomar en cuenta que esta también es la historia de mujeres que se han organizado en todo el país para hacerse cargo de las deficiencias que persisten por parte del las diferentes instancias para atender las falencias de un poyecto que lleva más de diez años en elaboración, sobre un tema que no solamente cuesta tiempo a quienes presentan denuncias que nunca se resuelven: es un tema que cada día cuesta vidas de mujeres que no son respaldadas en un sistema fundamentalmente machista y misógino.

Aunque la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a promover medidas para enfrentar las alertas de género de su dependencia, han sido pocos los espacios donde se pueden conocer, abordar de forma abierta y multidisciplinar en qué consisten las medidas que marcarán el rumbo de la consolidación del compromiso que adquirió. Más allá de posicionarse a favor del proyecto conocido como Ley Olimpia, no han existido verdaderos espacios de trabajo que incluyan a los grupos independientes de mujeres que llevan trabajando diversos ejes entorno a la violencia de género en la Ciudad de México y esto no es lo único alarmante, ya que al apostar por iniciativas que parten exclusivamente de una perspectiva punitivista también se deja de lado el análisis a fondo de las facultades que se le otorgan al Estado para fiscalizar cuestiones que podrían poner en juego tanto la libertad de expresión como el mismo desarrollo libre que se busca proteger al evitar la violencia de género en cualquier ámbito.

Además, como señala Agneris Sampieri desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), dentro de las modificaciones realizadas a la LAMVLV se “otorgan facultades a autoridades administrativas, como el Ministerio Público, para ordenar la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos en Internet”. Esto, además de ser una medida anticonstitucional, por ir en contra de los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana (así como el 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), supone sanciones desproporcionadas que además podrían desencadenar vías para legitimar la vigilancia de los espacios digitales.

Desde la organización Artículo 19, se ha advertido la importancia de analizar de forma más aguda las implicaciones de “limitar el debate a asuntos meramente contenciosos no abordará las raíces sociales que son base de los prejuicios que socavan la igualdad”; ya que esto ha demostrado construir brechas sociales donde el acceso a la justicia queda limitado a quienes ya cuentan con una serie de privilegios que podrían garantizar el respeto a sus derechos, mientras quienes viven en condiciones ya de por sí desiguales reciben medidas limitantes y fiscalizantes que actúan en detrimento de las necesidades básicas para ejercer y proteger sus derechos.

Por otro lado, desde Luchadoras y la coalición Internet Es Nuestra, hemos señalado la importancia de abrir espacios de diálogo que permitan poner estos temas a discusión para evitar que la contingencia por aprobar medidas contra la violencia de género nos prive de la elaboración de políticas públicas y medidas más sustantivas que permitan transitar a la construcción de procesos más justos para dar respuesta y atención a las víctimas de violencia, mientras construimos estructuras que incorporen la perspectiva de género y el respeto a los derechos fundamentales como ejes inalienables para el trabajo social así como las facultades que ejercen quienes representan al Estado.

La conversación que sigue pendiente

De 2017 a la fecha, en México y toda América Latina nos ha quedado claro que cuando el Estado no responde la sociedad se organiza. Este año, las mujeres han tomado las calles y los espacios digitales para dar un testimonio vivo de esto en diversas latitudes y es una celebración -un tanto amarga- que la lucha contra las violencias que vivimos diariamente sea cada vez más visible, cada vez más difícil de ignorar por quienes creían que podrían seguir impunes.

Sin embargo, ese hartazgo también viene de la simulación constante en torno a las medidas paliativas que se ofrecen para atender un problema que sigue desarrollándose sin mayor amenaza dentro de las mismas estructuras que supuestamente asumen compromisos para erradicar la violencia de género. El promover medidas sin un análisis detenido e incisivo no solamente refleja una forma lamentable de actuar para ganar puntos en la opinión pública, sino también un fuerte desconocimiento sobre el tema que se pretende atender; que además se agrava cuando no se abren espacios de diálogo diversos que puedan permitir -con tiempo, discusión, análisis y una planeación estratégica- la creación de medidas que respondan a la realidad que llevamos enfrentando por décadas. 

Resulta de una obviedad inmensa decirlo, pero los movimientos sociales que han tomado los espacios nacionales este año han sido el resultado de las violencias enfrentadas, heredadas y normalizadas por las mujeres mexicanas durante años: no son resultado de las tendencias en las redes sociales y la popularidad de Claudia Sheinbaum no es medida para grantizar que sus compromisos -a diferencia de administraciones previas- se cumplan.

Cuando hablamos de hacer frente a la violencia, no existen medidas universales que puedan atender de forma efectiva las implicaciones y el daño que las manifestaciones de la violencia de género tienen en las vidas de las mujeres que son victimizadas, en sus entornos inmediatos ni en el desarrollo de la sociedad que también se perjudica por el rezago que existe para evitar que la violencia siga existiendo en nuestras estructuras (familiares, escolares, profesionales, afectivas, etc.). Sin embargo, hacernos cargo de esto no debería suponer poner en riesgo los espacios que se han ganado, tanto para la libertad de expresión como para el goce de nuestra identidad, nuestra sexualidad y nuestro derecho a vivir sin miedo.

Represión contra mujeres periodistas y activistas en México

El viernes 16 de agosto en la Ciudad de México se convocó a una protesta ante las omisiones de justicia en casos de violación donde los culpables son elementos de las fuerzas policiacas. Estos casos, que no han sido pocos ni recientes, llevaron a que cientos de mujeres se encontraran en las inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes para dar lugar a lo que se denominó “Diamantada”: donde la diamantina fue retomada como símbolo de protesta durante la manifestación convocada tras los eventos del 12 de agosto.

Cabe recalcar que el tema de la violencia contra mujeres en México es un problema histórico que hoy en día se mantiene al alza, simplemente en este año hemos pasado de tener un promedio de 8 a 10 asesinatos de mujeres al día. Aunado a esto, la violencia también se ha ejercido a través de otros mecanismos y estructuras de poder. No hay que olvidar que hace unos meses atrás aún nos encontrábamos analizando la luz que arrojó la segunda ola del #MeToo sobre casos de acoso y otros tipos de violencia en diferentes gremios: incluso el periodístico.

Desde hace varios años, diversas instancias se han encargado de documentar las implicaciones que -en el contexto de violencia contra periodistas, donde México está consolidado como uno de los peores en América Latina para ejercer esta profesión- recaen en asumir el compromiso con documentar y comunicar la realidad como mujer periodista. No es gratuito que la renombrada periodista Lydia Cacho recientemente haya huido del país.

Por otro lado, existe una dimensión política que también aporta un matiz distinto a la polarización de la información que tanto medios de comunicación como algunos comunicadores han difundido, pues es claro que el feminismo -como la verdad- incomoda a quienes han consolidado su poder en los privilegios que existen para quienes se alinean con estructuras sociales profundamente patriarcales, machistas y misóginas como las que existen en México; estructuras que grupos de mujeres organizadas a través de distintas acciones claramente políticas han estado visibilizando, buscando derribar. Y no pasa por alto que vivimos en una época donde la participación de las mujeres en distintos espacios se ha potenciado y amplificado, evidenciando el recelo (manifestado, algunas veces, a través de agresiones) ante los cambios propios de una sociedad que se está transformando.

Sin embargo, algunos de los principales medios de comunicación han optado por abordar el tema con una mirada sesgada que promueve la polarización y desdibuja el descontento que ha movido a cientos de mujeres en todo el país. Este problema no solamente pasa por evidenciar una falta de perspectiva de género y mirada crítica en estos conglomerados comunicacionales, sino que también alimenta las posturas que suelen tomarse por quienes propagan discursos de odio e incluso dirigen agresiones a activistas y medios de comunicación feminista en redes sociales.

Imponer el silencio

Tras las denuncias públicas de medios independientes con perspectiva feminista como Luchadoras, otras iniciativas de derechos humanos y afines a las causas feministas se sumaron para denunciar la violencia manifestada a través de redes sociales en días posteriores a la marcha.

Además de los casos violencia explícita que se documentaron y los reportes de acoso y violencia en línea, se hicieron visibles estrategias de amedrentamiento que hacían uso de grupos de Facebook para convocar a “golpear feministas hasta la muerte”. Esto hace evidente la instauración del miedo como una herramienta para reprimir la legítima protesta de las mujeres que se han manifestado a través de las movilizaciones en el espacio público y la potencia de las plataformas digitales.

Desde Internet Es Nuestra hicimos un llamado a Facebook y Twitter para agilizar los procesos de reporte, aplicar sus normas comunitarias y promover acciones ante la violencia que se ejerce contra las mujeres en sus plataformas. Al día de hoy nos hemos reunido con Twitter para abordar este tema y pensar medidas conjuntas para hacer frente a los casos reportados, mientras que no hemos recibido respuesta por parte de Facebook.

Estrategias y resistencias

La violencia en línea contra las mujeres en México, así como la violencia contra mujeres periodistas en el mundo no son temas sencillos; tienen una vasta multiplicidad de matices que se complejizan cuando se sitúan en los diferentes contextos en los que aún queda camino por recorrer para alcanzar un punto en el que podamos vivir libres de violencia.

El sumar la dimensión técnica/tecnológica a las propuestas políticas y las acciones feministas no sólo nos permite repensar nuestra relación con las tecnologías, sino cuestionarnos las dependencias hacia ciertas estructuras que menoscaban la autonomía; mientras propagan ideologías que actúan en detrimento de nuestras libertades y derechos.

En México, el año pasado, un grupo diverso de mujeres que se autodenominó Tormenta habilitó un diálogo sobre identidad y feminismo en internet. El resultado fue una reflexión que pasó por abordar las estrategias de aprendizaje y cuidado colectivo por medio de una mirada crítica sobre nuestro uso de las tecnologías: mirando hacia alternativas que permitieran fortalecer la seguridad y la autonomía sobre la información.

Además, no son pocas las iniciativas feministas que trabajan seguridad digital en América Latina. Como Ciberseguras, que también tiene presencia en México y ha sido parte de procesos de acompañamiento y fortalecimiento digital para mujeres, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos en diferentes estados del país. 

Ante la omisión de justicia, la desinformación y la violencia, pensar la seguridad digital como una parte fundamental de nuestras actividades como comunicadoras, periodistas o activistas es fundamental para prevenir ataques o desarrollar estrategias que nos permitan actuar a tiempo: para que nuestras voces se amplifiquen y no sea el miedo lo que defina nuestro futuro.