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La trayectoria de resistencias de comunidades, movimientos ambientalistas y colectivos de activismo digital logró, en los últimos años, instalar en la agenda pública la discusión sobre los impactos socioambientales de las tecnologías emergentes. Hoy se habla, con cierta frecuencia y sustento técnico, sobre la huella hídrica alarmante y el consumo energético desmedido de los centros de datos que alimentan la infraestructura global de la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, existe un elemento menos visible, pero igualmente peligroso para la biodiversidad y los territorios, que viene pasando desapercibido: el acelerado ingreso de las Big Tech en los laboratorios para avanzar en la integración de la IA con la biología sintética, dando lugar a la “biología generativa”, también conocida como GenBio. A través de una impresora o sintetizadora de ADN que funciona con IA, esta industria puede construir ADN desde cero y construir secuencias genéticas totalmente nuevas.
Frente a esta confluencia de la IA con la biología, surge de inmediato la interrogante: ¿por qué este fenómeno merece un análisis y seguimiento, e incluso enciende ciertas alertas? A primera vista, podría argumentarse que los laboratorios de investigación biológica históricamente estuvieron integrados con los avances tecnológicos. No obstante, el problema medular del actual escenario radica en la “caja negra” de los modelos algorítmicos y en los conocidos intereses corporativos de las gigantes tecnológicas. La historia reciente nos demuestra que sus motivaciones difícilmente están enfocadas en el bienestar general de la población, el bien común o el respeto de los derechos de las comunidades y la naturaleza.
La biología generativa se presenta ante la opinión pública rodeada de una narrativa de “progreso” que promete avances científicos revolucionarios, como la erradicación de las enfermedades. Sin embargo, como muestran diversos estudios de investigación crítica, a los que nos referiremos a lo largo de este texto, en la práctica podría profundizar las desigualdades sociales existentes, multiplicar los riesgos ecológicos y reforzar la ya significativa concentración del poder corporativo.
“La caja negra de la biotecnología”, desarrollado en conjunto por Grupo ETC, African Centre for Biodiversity y Third Worl Network, es un estudio de referencia en este campo. Según explican, la biología generativa consiste en la aplicación directa de herramientas de IA generativa al diseño biológico funcional. A diferencia de las técnicas biotecnológicas tradicionales, estos sistemas no se limitan a analizar o clasificar datos existentes, sino que están capacitados para crear proteínas, editar genomas y generar secuencias completamente inéditas de ADN y ARN. Para lograrlo, los modelos procesan volúmenes gigantescos de datos genéticos, generan estructuras biomoleculares jamás observadas en la naturaleza y simulan la conducta de organismos en experimentos virtuales de alta velocidad.
Este campo se sostiene sobre la infraestructura de modelos fundacionales de gran escala como AlphaFold, desarrollado por Google y DeepMind, ESMFold de Meta o el más reciente Evo2, apoyados a su vez en la capacidad de cómputo masivo de corporaciones como NVIDIA, Amazon y Microsoft. Se trata de modelos de IA que aprenden el “lenguaje de la vida” y pueden generar predicciones sobre el comportamiento de proteínas y aminoácidos, entre otros. Así se describe en “¿Saqueo biológico a través de la IA? La siguiente frontera de la biopiratería”, un estudio de caso actualizado que forma parte de una colaboración de investigación entre el Grupo ETC e IT for Change, con apoyo del Center for Global Digital Justice. Aunque su mercado primario actual es la industria farmacéutica, la disciplina se está expandiendo con rapidez hacia la agricultura, la energía y la ciencia de materiales. La magnitud de esta convergencia fue sintetizada por la propia industria a través de Mustafa Suleyman, consejero delegado de Microsoft AI y cofundador de DeepMind: “Ahora se están traspasando los límites. Nos acercamos a un punto de inflexión con la llegada de estas tecnologías de orden superior, las más profundas de la historia. La próxima ola tecnológica se basa principalmente en dos tecnologías de propósito general capaces de operar tanto a los niveles más grandiosos como a los más granulares: la inteligencia artificial y la biología sintética”.
En este escenario de transformación acelerada, el desarrollo de AlphaFold de Google representa el “momento ChatGPT” de la biología generativa. Tras haber entrenado un modelo supuestamente capaz de predecir la estructura de las biomoléculas básicas de la vida, las corporaciones tratan ahora la predicción como un hecho consumado y afirman que pueden generar de forma fiable proteínas, ADN y ARN para la ingeniería genética mediante biodiseño asistido por algoritmos. De esta manera, la biología generativa se viene consolidando como una industria autónoma en un tiempo récord.
Se trata de un ecosistema comercial que prácticamente no existía hace apenas tres años y que hoy ya cuenta con casi un centenar de empresas activas dedicadas al diseño de proteínas mediante la IA. Las grandes multinacionales farmacéuticas, como Pfizer, Bayer, Roche y Merck, ya establecieron alianzas estratégicas con estas emergentes de GenBio, proyectando un mercado global que podría alcanzar 50.000 millones de dólares para el 2035. Para las Big Tech, este sector representa un mercado virtualmente infinito por su insaciable demanda de procesamiento de datos, potencia de cómputo y servicios en la nube.
Detrás del entusiasmo de las corporaciones, la expansión desregulada de la biología generativa conlleva graves peligros éticos, sociales y ambientales que impactan directamente en el Sur Global. En primer lugar, debido a que estos modelos necesitan nutrirse de gigantescas cantidades de datos biológicos para operar, presenciamos una renovada ola de biopiratería donde empresas del Norte Global recolectan y digitalizan la biodiversidad presente en nuestros territorios. Este proceso configura un biocolonialismo digital mediante el cual el patrimonio genético de los ecosistemas es privatizado y procesado sin consulta previa, consentimiento ni participación en los beneficios para las comunidades que habitan esas tierras.
A este despojo se suma la pesada huella ecológica que exige el mantenimiento de esta industria. La demanda de procesadores de alto rendimiento, energía eléctrica y agua dulce para refrigerar los servidores necesarios en el entrenamiento de estos modelos es altísima, conectando de forma directa a la biología generativa con la profundización de la crisis climática y el extractivismo de bienes comunes en nuestras regiones. Paralelamente, se incrementa el riesgo del uso dual de la tecnología y su aplicación en la industria bélica, donde la GenBio podría ser utilizada para diseñar toxinas o patógenos sintéticos en el marco de programas de defensa militar financiados por grandes potencias.
Para ponderar la gravedad de estos peligros resulta importante volver sobre la metáfora de la “caja negra”. Como explica el informe “When chatbots breed new plant varieties” de Save Our Seeds (SOS), este concepto describe el modo intrínsecamente oscuro en que un sistema de IA autogenera su propio modelo durante la fase de entrenamiento. Debido al incalculable número de operaciones matemáticas simultáneas, el razonamiento del algoritmo se vuelve casi indescifrable para la interpretación de la mente humana, incluso para el personal técnico experto que diseñó el código. Por ende, cuando una IA generativa produce una secuencia genética o hace una predicción biológica, es imposible rastrear el motivo o la lógica exacta detrás de ese resultado.La combinación entre opacidad algorítmica, las famosas “alucinaciones” de la IA y errores en las bases de datos de origen configuran un riesgo latente: el diseño no intencionado de cultivos u organismos con rasgos imprevistos que terminen siendo liberados al medio ambiente sin evaluaciones de impacto.
Según las investigaciones de ETC, esta opacidad estructural plantea al menos tres implicaciones críticas para la gobernanza ambiental y social. En primer lugar, genera un gran problema de bioseguridad, ya que si el sistema que diseña una modificación genética no puede explicar por qué seleccionó determinada secuencia o de qué material de origen la extrajo, resulta técnicamente imposible realizar un análisis independiente de bioseguridad antes de autorizar su presencia en los ecosistemas. En segundo lugar, quiebra los esquemas de acceso y distribución equitativa de beneficios. Si el desarrollador no revela las fuentes biológicas digitales utilizadas por el modelo, las comunidades y los países poseedores de los recursos genéticos no pueden ejercer sus derechos soberanos o recibir la compensación justa que establecen los tratados internacionales. Por último, la caja negra destruye los mecanismos de responsabilidad y reparación legal, ya que al tratarse de decisiones generadas de forma automatizada por un software probabilístico, las garantías de trazabilidad y control humano se diluyen, dejando a la sociedad desprotegida frente a daños ambientales o sanitarios imprevistos.
Frente a la pretensión corporativa de privatizar y encapsular la información básica de la vida mediante algoritmos, desde Derechos Digitales venimos planteando que la sociedad civil del Sur Global tiene el reto de articular una respuesta firme, basada en la protección de los derechos humanos, la justicia ecológica y la soberanía sobre nuestros datos y bienes comunes.
Para lograrlo, resulta indispensable demandar la creación de un marco regulatorio internacional y regional robusto que permita auditar, monitorear y gobernar democráticamente las aplicaciones de la biología generativa. La normativa debe ir acompañada del fortalecimiento urgente de las políticas de privacidad y gobernanza de datos para resguardar los conocimientos ancestrales, los saberes populares y la información genética de los territorios frente a la apropiación corporativa.
Asimismo, nuestros Estados deben mejorar de manera soberana sus capacidades técnicas para evaluar científicamente la biología sintética, evitando asumir los costos ecológicos y sociales de los fallos de una tecnología impuesta desde afuera. El principio de precaución, la justicia ambiental y la justicia de datos pueden guiar un horizonte ético deseable para impedir que la vida misma sea encapsulada por los intereses de las Big Tech.
Este informe de Derechos Digitales analiza las regulaciones sobre el trabajo en plataformas digitales aprobadas en América Latina, con foco en Chile, Colombia, México y Uruguay. A partir de un enfoque de derechos humanos, examina cómo estas normas responden a los desafíos que plantea la gestión algorítmica del trabajo y evalúa en qué medida fortalecen la protección de derechos como la privacidad, la protección de datos personales, la transparencia algorítmica, la no discriminación, la libertad sindical y el trabajo digno.
El análisis muestra que, aunque la región ha avanzado en la creación de marcos regulatorios específicos, persisten importantes desafíos para garantizar una protección efectiva de las personas trabajadoras. Las diferencias entre los modelos adoptados, las dificultades de implementación y la permanencia de esquemas que favorecen la informalidad evidencian la necesidad de seguir fortaleciendo las regulaciones para que el desarrollo de las plataformas digitales sea compatible con los derechos laborales y los derechos humanos.
Entre el 1 y 12 de junio, Ginebra reunió a representantes de gobiernos, empleadores y personas trabajadoras de todo el mundo en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) con el propósito de retomar uno de los temas centrales de la edición anterior: el borrador de un convenio y una recomendación sobre trabajo decente en la economía de plataformas. De aprobarse, dicho documento se convertiría en el primero de carácter normativo a nivel internacional orientado al reconocimiento y la regulación del ejercicio del derecho al trabajo a través de las nuevas tecnologías. Tras jornadas extenuantes de negociación, una noticia llegó para marcar un hito histórico para el sector: ¡se aprobó el convenio!
En esta columna, haremos un balance de las discusiones que rodearon la consecución del Convenio Nº 193, rescatando las principales demandas de los colectivos de trabajadores y trabajadoras, junto con sus matices y tensiones frente a los intereses y posicionamientos de los gobiernos y el sector privado. Nos detendremos en las disposiciones relativas a la gestión algorítmica del trabajo mediado por plataformas digitales, pues su inclusión en este instrumento representa uno de los grandes logros del proceso de negociación. Y es que, desde la expansión de esta modalidad de trabajo, las afectaciones que los sistemas algorítmicos generan en las condiciones de vida y laborales del colectivo han sido uno de los ejes de su lucha.
Un Convenio para plasmar y avanzar derechos
En publicaciones anteriores hemos explicado la relevancia de la CIT y de los acuerdos y recomendaciones que allí se discuten y adoptan para el mundo del trabajo. Cabe recordar que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tienen como objetivo establecer principios mínimos que garanticen condiciones dignas y derechos fundamentales para toda la fuerza laboral, en todos los sectores, sin importar su estatus contractual. Cuando un Estado miembro ratifica uno de estos instrumentos normativos, queda obligado a trasladarlo a su legislación y práctica nacionales.
Entre las demandas presentadas por las personas trabajadoras, e incorporadas desde 2025 a las discusiones en la CIT, se encontraban: rendición de cuentas significativa en la toma de decisiones algorítmica; estructuras salariales y de asignación de tareas transparentes; garantías de que los costos relacionados con el trabajo sean asumidos por las compañías; y protección frente a la clasificación errónea que hacen las aplicaciones sobre las personas prestadoras de servicios como independientes o autónomas. Además, se exigía: establecimiento de la primacía de realidad; transparencia en los procesos de evaluación del desempeño, así como en las métricas utilizadas y su impacto sobre futuras oportunidades laborales; protección frente a los riesgos para la salud y la seguridad derivados del trabajo en plataformas; salvaguardas para la privacidad y claridad sobre el uso de datos personales; y garantías para la negociación colectiva y la libertad de asociación.
La antesala de estas demandas se encuentra en los pliegos de peticiones de organizaciones sindicales en todo el mundo, que contribuyeron a esbozar un estándar internacional incluso antes de la CIT de 2025. La agenda impulsada por las organizaciones de trabajadores de la economía de plataformas y su notable capacidad de articulación colectiva se erigieron como una fuerza movilizadora fundamental para la adopción de la nueva normativa.
Aprobado con 406 votos a favor y 8 en contra, el Convenio N° 193 se aplica tanto a personas trabajadoras en plataformas basadas en la web como a aquellas basadas en la ubicación, como las de transporte y entrega, lo que amplía su radio de protección en comparación con versiones anteriores del texto. El documento determina que trabajadores y trabajadoras sean clasificados correctamente, basándose principalmente en los hechos relacionados con la realización del trabajo y no en interpretaciones corporativas o subjetivas sobre su carácter de independencia. También cubre y reconoce la promoción y respeto de la libertad de asociación y la libertad sindical, así como del derecho a la negociación colectiva; contempla el derecho a negarse a realizar trabajos peligrosos sin represalias; y garantiza el derecho a la protección contra la violencia y el acoso, incluso cuando son perpetrados en línea o impliquen a clientes.
El nuevo instrumento también reafirma que las personas trabajadoras de plataformas digitales tienen derecho a solicitar el acceso, la rectificación y la supresión de los datos personales procesados por estas aplicaciones; prohíbe la suspensión o desactivación de cuentas o la finalización del empleo o contratación en base a motivos discriminatorios; insta a la intervención y revisión humana en la toma de decisiones algorítmicas destinadas a retener pagos, suspender o desactivar una cuenta de trabajo o la relación laboral misma; y exige que las firmas tecnológicas informen, antes de la contratación, sobre el uso de sistemas automatizados y su impacto en las condiciones de trabajo.
El reconocimiento formal de estos derechos, así como el establecimiento de principios para determinar y comprender el tipo de relación laboral existente en estas modalidades, resultan críticos en un contexto donde persiste la paradoja de la supuesta flexibilidad y autonomía en estos empleos, y mientras se continúan documentando suspensiones y bloqueos injustificados y masivos a cuentas de trabajo en plataformas basadas en la ubicación.
Ahora, ¿por qué es tan significativo que se hayan logrado incluir disposiciones sobre la gestión algorítmica del trabajo?
La gestión algorítmica como punto de tensión
Durante las discusiones, el grupo de empleadores representantes de las empresas mostró una postura particular frente a los artículos que abordaban el uso de sistemas automatizados. Según ellos, no sería parte del mandato de la OIT “regular la tecnología”, y hacerlo podría suponer un obstáculo para la innovación y el crecimiento económico, además de constituir una intromisión en las operaciones de las compañías privadas y en información comercial protegida por propiedad intelectual. Sus argumentos fueron apoyados por algunos gobiernos como el de Estados Unidos.
Excluir la gestión algorítmica del ámbito de acción de la OIT, tal como planteó este grupo, implicaría dejar las reglas sobre cómo los algoritmos asignan tareas, fijan remuneraciones o desactivan cuentas en manos de políticas corporativas y diseños técnicos poco transparentes que no necesariamente tienen en cuenta los derechos reconocidos a las personas trabajadoras. En ese sentido, los principios de supervisión humana y acceso a la información aprobados en el Convenio resultan fundamentales para hacer efectivas las protecciones frente al uso de algoritmos en este tipo de empleos.
Ahora bien, aunque la versión final del documento logra reunir algunas de las preocupaciones y pedidos de las personas trabajadoras, en la última parte se dispuso de forma amplia que “al aplicar el presente Convenio, todo Miembro adoptará medidas apropiadas para proteger la información comercialmente sensible de las plataformas digitales de trabajo”. Esto, si es aplicado al uso de algoritmos, algo que ya alegan algunos gobiernos a nivel mundial y defienden empresas a nivel regional, reabre las tensiones abordadas en múltiples análisis sobre la naturaleza de los algoritmos cuando toman decisiones importantes, como las que fueron mencionadas algunas líneas atrás. Dichas tensiones se concretan en una pregunta clave: ¿la gestión algorítmica es puramente para la asignación de mercado o implica la supervisión del trabajo?
Una tecnología que restringe derechos
Según las demandas de los colectivos de trabajadores, la gestión algorítmica no puede considerarse un instrumento de mercado neutral, porque en la práctica influye en los salarios, el tiempo de trabajo y las medidas disciplinarias, ámbitos tradicionalmente regulados por el derecho laboral. Abrir la puerta a que los Estados limiten las garantías establecidas en el Convenio en favor del secreto comercial tiene implicancias sobre los derechos y las condiciones de trabajo. Si bien la disposición final parece sugerir un conflicto entre derechos fundamentales que requeriría por parte de los Estados una evaluación de la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la protección a la propiedad intelectual frente a los derechos laborales, eso no quedó explícito en el texto y puede dar margen para interpretaciones expansivas sobre las garantías ofrecidas a las corporaciones.
Pensemos por un momento: cuando una persona supervisa, asigna tareas y evalúa el desempeño, esto se reconoce como gestión y está sujeto a protecciones laborales. Las personas trabajadoras, en consecuencia, pueden exigir una remuneración justa, condiciones seguras y garantías de debido proceso. Entonces, ¿por qué cuando un algoritmo ejerce el mismo control, las empresas afirman que no se trata de gestión en absoluto, sino simplemente de una característica del diseño de servicios digitales? Las consecuencias son contundentes: está comprobado que los sistemas algorítmicos permiten la asignación de micro tareas en cuestión de segundos, la clasificación constante de sus empleados, la imposición de sanciones e incluso el bloqueo del acceso a la aplicación, a menudo con escasa o nula explicación.
Los argumentos sobre el carácter de secreto comercial de los algoritmos en estas modalidades de trabajo ya han sido objeto de decisiones judiciales en nuestra región. Que el Convenio introduzca una salvedad en el apartado de aplicación para proteger la información comercialmente sensible de dichas plataformas puede habilitar a que este principio se utilice para escudar los algoritmos opacos que subyacen a la gestión laboral. Esta opacidad no es incidental, es estructural al modelo de negocio y, dejar indefinido qué debe considerarse comercialmente protegible, sin reforzar la exigencia de evaluar su necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, puede traducirse en que millones de personas trabajadoras tengan que luchar aún mucho más para protegerse frente al despliegue de la IA en la economía de plataformas. Y es que la relevancia mundial de los convenios emitidos por la OIT es considerable, ya que los gobiernos suelen recurrir a ellos como guía en materia de normas y políticas laborales.
Una lucha que persiste
El Convenio N° 193, como documento histórico para el trabajo en plataformas, sorteó un equilibrio complejo: establecer principios lo suficientemente amplios para adaptarse a las realidades cambiantes del sector, sin perder por ello la capacidad de ofrecer garantías concretas; y ampliar los derechos laborales sin sacrificar la flexibilidad operativa de los modelos de negocio. Asimismo, la Recomendación que lo acompañaría, y hacia la cual se movieron diferentes artículos de los borradores como resultado del proceso de comentarios tripartitos, quedó finalmente pendiente.
La norma recién aprobada no operará de forma aislada en los países que decidan ratificarlo. Los esfuerzos para regular estas modalidades de trabajo ya existen en todo el mundo y, en particular, en América Latina. En nuestra región, cinco países cuentan con una regulación para el trabajo en plataformas digitales basado en la ubicación. En ese sentido, el Convenio entrará a dialogar con los desarrollos normativos previos de los Estados, tanto en materia de economía de plataformas, como de leyes de protección de datos personales, libertad de asociación y negociación colectiva, inteligencia artificial, acceso a la información, políticas de competencia y propiedad intelectual.
Consolidar y expandir los avances alcanzados en este documento requerirá un esfuerzo articulado y sostenido por parte de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, Estados y ámbito privado. El sector trabajador centrará ahora su atención en impulsar que los gobiernos de sus países de origen ratifiquen el Convenio. Esto resulta clave pues, aunque este instrumento aborda disposiciones sobre remuneración, sistemas automatizados, datos personales, salud y seguridad, lo hace desde un enfoque basado en principios que deja en gran medida la responsabilidad última sobre su desarrollo en la legislación y las prácticas nacionales. El comportamiento del voto de representantes de gobiernos latinoamericanos como Argentina, Chile, Paraguay, Panamá y Costa Rica, quienes se abstuvieron de votar por el Convenio, ya vislumbra un escenario donde las organizaciones sindicales tendrán que movilizarse con esfuerzos particulares para lograr la esperada ratificación.
Además, será fundamental que la sociedad civil acompañe a los Estados y recomiende, en materia de gestión algorítmica del trabajo, herramientas que garanticen la efectividad de las medidas establecidas en el Convenio. Uno de ellos podría ser la disponibilidad de registros públicos de los sistemas automatizados desplegados en cada plataforma con información sobre su propósito, diseño y funcionamiento. Otro posible es el desarrollo de evaluaciones de impacto en derechos humanos centradas en las personas trabajadoras, revisando el efecto de sus productos en los salarios, la jornada laboral, la salud y seguridad, y la libertad sindical. Estas evaluaciones deben desarrollarse en colaboración con sindicatos y organizaciones representantes de las y los trabajadores.
Los algoritmos nunca deberían tener la última palabra sobre las condiciones de trabajo, el derecho a la libre asociación, o el destino de una persona trabajadora. El derecho a impugnar decisiones automatizadas debe ser garantizado, así como acceder a una revisión humana y buscar reparación a través de mecanismos del derecho laboral.
Esta columna fue publicada originalmente en LatFem
Violetta lleva seis años creando y subiendo contenido sexual y erótico en una plataforma digital de alcance mundial que aloja miles de suscriptores. Decidió ingresar motivada por las historias de éxito económico de amigas, sumadas a las promesas de independencia, consentimiento, autonomía y seguridad de la intermediación tecnológica del trabajo sexual. Invirtió unos 1800 USD en computadora, cámara profesional, internet cableado, adecuación de una habitación para grabar, entre otros. La plataforma digital que aloja y amplifica su contenido se queda con cerca del 30% de sus ingresos. Violetta trabaja entre 4 y 6 horas al día y sube contenido diario para aumentar las posibilidades de tener suscriptores pagos.
Iris es una trabajadora sexual y el sostén económico de su familia y su hija. Durante la pandemia por COVID-19, ante dificultades para pagar sus estudios universitarios, ingresó a la industria webcam. Frente a la falta de un dispositivo tecnológico y conectividad a internet en su casa, se vinculó a un “estudio” que le proporcionaba el espacio y las herramientas tecnológicas necesarias. Allí, Iris cumple turnos y horas de trabajo a cambio de una remuneración y una supuesta flexibilidad, autonomía y libertad en sus actividades. La plataforma digital de alcance mundial que transmite sus sesiones se queda entre el 40% y el 65% de los ingresos generados, y el estudio el 60%. Para garantizar las visitas a su contenido, Iris llegó a trabajar hasta 10 horas seguidas sin descanso.
Acuarela es una trabajadora sexual que vende contenido erótico en plataformas digitales como un ingreso extra. Inició en la pandemia promocionando sus servicios digitales en redes sociales y enfrentando la censura de los algoritmos. Aunque al principio fue lucrativo, la inversión de tiempo en crear contenido y la exposición para promocionarlo no se veían del todo retribuidas. Luego de un tiempo, decidió no seguir siendo visible en espacios digitales ni exponer más su imagen, por lo que cerró sus perfiles públicos, cambió su nombre de usuario y evitó mostrar el rostro en fotos de perfil para cuidarse. Sin embargo, ha encontrado su contenido en otra plataforma bajo historias y perfiles falsos, y aunque hizo la denuncia, la plataforma nunca bajó las publicaciones.
Tanto las empresas de plataformas digitales como los estudios webcam requieren una revisión y transformación urgente de sus políticas de operación y de sus interfaces tecnológicas para abarcar el impacto y las violencias que están amplificando.
Las historias de Violetta, Iris y Acuarela representan modalidades distintas de trabajo sexual intermediado por plataformas digitales, y resuenan con la experiencia de miles de personas en América Latina y el mundo que tienen esta actividad como fuente de sustento económico.El trabajo sexual a través de plataformas se popularizó de la mano de discursos supuestamenteprotectores y emancipadores que prometen la eliminación de intermediarios, el respeto a los propios límites y el consentimiento de las personas trabajadoras sexuales, así como la posibilidad de ganar dinero desde la seguridad del hogar.
Sin embargo, como lo vienen señalando algunos estudios, ese lenguaje funciona en gran medida como una estrategia persuasiva. De esta manera, las plataformas digitales apelan a las violencias que históricamente han vivido las personas trabajadoras sexuales; se nutren de las dificultades socioeconómicas, la informalidad y el desempleo, y financian su modelo de negocio con el contenido que ellas crean, sin ofrecer garantías reales para sus derechos ni para su seguridad, tanto en línea como fuera de ella.
Organismos internacionales de derechos humanos reconocen que la decisión de ejercer trabajo sexual, la cual movimientos y activistas en América Latina y el mundo defienden como legítima y reivindican como parte de la capacidad de agencia y la autonomía corporal, enfrenta, al mismo tiempo, contextos de alto riesgo, violencia estructural y desigualdad que pueden verse amplificados por las tecnologías. Por ello, dicha actividad requiere la protección social, institucional y política debida para que, frente a esos riesgos, las personas que la ejercen tengan plenamente garantizados sus derechos humanos y laborales, como la salud, la privacidad y la protección de datos personales
Violencias de género facilitadas por las tecnologías en el trabajo sexual
El trabajo sexual a través de plataformas, en sus diferentes manifestaciones, se sitúa en la intersección entre el trabajo feminizado, el estigma y la economía informal de plataformas. Esta combinación lo convierte en una actividad susceptible a situaciones riesgosas, donde ocurren con facilidad múltiples violencias de género facilitadas por las tecnologías (VGFT).
Un estudio realizado junto a 42 personas trabajadoras sexuales que utilizan plataformas en Uruguay, evidenció que las tecnologías perpetúan y agravan la VGFT.Por ejemplo, denunciaron la circulación no consentida de imágenes íntimas; la creación de perfiles falsos en redes sociales y otras plataformas que usaban el contenido erótico para ganar seguidores; acoso digital manifestado en recibir material explícito no solicitado en chats personales; y chantaje y violencia psicológica por parte de suscriptores que presionan con difundir el contenido sexual si la persona trabajadora no accede a requerimientos específicos. Las personas entrevistadas dijeron tener poco o nulo control sobre su contenido en la medida que la duplicidad de imágenes es una estrategia empresarial común entre las plataformas digitales.
Cuando las trabajadoras piden que eliminen los perfiles y el contenido, algunas aplicaciones no responden, mientras otras guardan las imágenes y, tras un tiempo, vuelven a publicarlas. Acuarela, por ejemplo, sabe que el contenido erótico en entornos digitales es difícil de controlar y que puede filtrarse, por lo que se protege evitando mostrar su rostro. Ante la inacción de las plataformas frente a la divulgación no consentida de imágenes íntimas, Acuarela ha recurrido a la acción colectiva y a estrategias de solidaridad con compañeras para denunciar los contenidos de forma masiva.
La plataforma digital de alcance mundial que transmite sus sesiones se queda entre el 40% y el 65% de los ingresos generados, y el estudio el 60%. Para garantizar las visitas a su contenido, Iris llegó a trabajar hasta 10 horas seguidas sin descanso.
Estas experiencias, evidencian las tensiones en torno al control sobre la propia visibilidad y el consentimiento respecto del uso, circulación y permanencia en plataformas que median contenido sexual, donde los modelos de negocios evitan incorporar al consentimiento como un principio operativo, lo que se traduce en la ausencia de mecanismos efectivos de reporte, respuesta y reparación.
Situaciones como estas, que afectan de forma desproporcionada a grupos como las trabajadoras sexuales trans, no binarias, indígenas o migrantes, se agravan en modalidades de trabajo como la de Iris, el webcam, una industria que se despliega de la mano de una jerarquía de roles adicionales al de la persona trabajadora sexual, desempeñados en su mayoría por hombres, que potencian los escenarios de violencia y posible explotación laboral. Por ejemplo, el rol de los llamados “monitores” quienes, entre muchas funciones, responden los chats de las transmisiones en nombre de las trabajadoras.
“Cuentas recicladas” en la industria webcam como medio de coacción
En otro informe, 55 personas trabajadoras sexuales de la industria webcam en Colombia evidenciaron una dinámica de gran preocupación por sus impactos en los derechos y libertades fundamentales: las cuentas recicladas por parte de los estudios. Cuando Iris entró al estudio que facilitaría el espacio y la conectividad para sus transmisiones le fue asignada una cuenta “reciclada” de una trabajadora antigua. De esta forma, trabajaba con el nombre de usuario de esa trabajadora, utilizando su perfil y bajo las condiciones que este anunciaba.
Ante esta dinámica y estrategia comercial de los estudios, muchas trabajadoras sexuales de la industria webcam se ven ante el escenario de comprar sus cuentas al irse de los estudios, lo que se traduciría en pagar “por el uso de su propia identidad”. Si no pueden costear el precio de su cuenta, se encuentran con que los estudios las bloquean a través de disposiciones sobre fraude de identidad en las plataformas digitales que transmiten el contenido. El alquiler de cuentas genera una gran dependencia con el estudio, e impide a muchas de las personas trabajadoras buscar condiciones más seguras y autónomas, pues el costo de construir una audiencia de cero suele ser muy elevado.
Opacidad de las plataformas y el costo del descanso en el trabajo sexual
Según un estudio de RedTraSex, en el trabajo sexual en modalidades digitales surge con frecuencia la pregunta sobre qué tan automatizados están los procesos de recomendación de contenido o de perfiles (en el caso de Violetta y Acuarela), así como los mecanismos que determinan las visitas o el tráfico de clientes según la presencia en pantalla (en el caso de Iris). Iris, por ejemplo, duda si tomarse descansos durante sus jornadas, ya que en el estudio webcam le advirtieron que, si desaparece de la pantalla, la plataforma digital interrumpe la transmisión y las visitas de clientes se detienen, lo que significa empezar de cero.
Violetta y Acuarela, por su parte, no tienen claridad sobre hasta qué punto las calificaciones de los clientes inciden en la visibilidad de su perfil o si existen algoritmos de recomendación detrás. Por ejemplo, sospechan que si un suscriptor las califica mal por no acceder a alguna de sus peticiones, el alcance de sus perfiles se vea comprometido.
Los derechos a la desconexión y el descanso laboral deben ser plenamente garantizados a las personas trabajadoras sexuales en las plataformas digitales. Estas últimas, necesitan informar de manera suficiente sobre el grado de automatización de sus interfaces y cómo afecta el ejercicio de esos derechos, así como la autonomía corporal y capacidad de acción de las trabajadoras. En concreto, se debe asegurar que las trabajadoras cuenten con condiciones justas que permitan cubrir necesidades básicas como disponer de tiempos efectivos para comer, hidratarse e ir al baño (en el caso de los estudios), así como la capacidad de poder rechazar pedidos de los suscriptores (en el caso de las plataformas), sin que ello repercuta negativamente en su acceso al trabajo o en sus ingresos.
El rol y la responsabilidad de las plataformas digitales
Prácticas como las anteriormente descritas han sido abordadas en jurisprudencia previa en la región, exigiendo a las plataformas y a los estudios protecciones laborales específicas que permitan a las personas trabajadoras sexuales acceder a derechos básicos, así como mecanismos de remediación y reparación frente a la VGFT.
En las investigaciones consultadas, las trabajadoras manifestaron que, por diseño, las interfaces tecnológicas de las plataformas deberían prohibir las capturas de pantalla o la grabación de las mismas. En el caso puntual de las trabajadoras webcam, estas recalcaron la importancia de ponerse en contacto con un representante humano de las plataformas para denunciar abusos que se produjeran en los estudios. Asimismo, explicaron que el control absoluto que los estudios ejercen sobre todo lo que ocurre en la pantalla limita sus posibilidades de denunciar abusos ante las plataformas. Además, para hacerlo, necesitan tener control sobre sus cuentas y sobre los datos con los que fueron creadas.
Es por esto que se hace urgente abordar el trabajo sexual a través de plataformas digitales mediante políticas comprensivas, con enfoque de género e interseccional que reconozcan esta actividad como un trabajo ampliamente reivindicado y legítimo, cuyas situaciones de riesgo se profundizan con la intermediación tecnológica. Tanto las empresas de plataformas digitales como los estudios webcam requieren una revisión y transformación urgente de sus políticas de operación y de sus interfaces tecnológicas para abarcar el impacto y las violencias que están amplificando. Dicha revisión ha de hacerse garantizando la participación de personas trabajadoras sexuales en todo momento.
Las plataformas digitales apelan a las violencias que históricamente han vivido las personas trabajadoras sexuales; se nutren de las dificultades socioeconómicas, la informalidad y el desempleo, y financian su modelo de negocio con el contenido que ellas crean.
Personas como Iris, Violetta y Acuarela necesitan con urgencia: protocolos y políticas estrictas sobre salud y seguridad en el trabajo, descansos y desconexión; condiciones de trabajo públicas, en formatos y lenguajes de fácil comprensión; transparencia sobre el papel de la automatización y las calificaciones de los clientes en la visibilidad de su contenido; canales de denuncia confidenciales con representantes humanos, a través de los cuales puedan reportar abusos relacionados con salud, saneamiento, consentimiento, derechos de imagen y abuso; información clara y suficiente sobre si sus datos y videos serán almacenados, protegidos o revendidos, y de qué manera; protección sobre sus derechos de asociación colectiva.
Es necesario garantizar a las personas que realizan trabajo sexual a través de plataformas el pleno disfrute de los derechos humanos y laborales, así como la igualdad de acceso al conjunto de derechos sociales, económicos, culturales y sanitarios. También, debe asegurarse su derecho a la vida privada, a no sufrir discriminación y a decidir sobre su imagen y su cuerpo. El trabajo sexual requiere que, tanto a nivel social, institucional y corporativo, se cuestionen y desmantelen los discursos y las prácticas patriarcales y paternalismas que históricamente han limitado el reconocimiento y ejercicio de derechos para las persoans trabajadores sexuales. Dichas prácticas no sólo obstaculizan la construcción de marcos integrales de derechos, sino que también facilitan prácticas empresariales que restringen su autonomía. Frente a ello, es crucial reconocer el valor de la movilización social de este sector, que ha situado en el centro de su lucha la exigencia de protección, dignidad y respeto.
*Las historias presentadas en esta nota fueron reconstruidas (usando nombres diferentes) con la finalidad de narrar situaciones comunes del trabajo sexual, identificadas en las investigaciones recabadas durante la elaboración de la misma y en conversación con compañeras de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR).
Los precios de los alimentos en el mundo se incrementan día a día. Más allá de contextos específicos, como pueden ser guerras o desastres naturales, la responsabilidad de la inflación alimentaria se suele identificar fácilmente: el control monopólico de las corporaciones agroalimentarias.
En el contexto de penetración de las Big Tech en casi todos los ámbitos de la vida, la cadena productiva de alimentos no se queda afuera, y hasta puede empeorar ese escenario. Alianzas entre gigantes del agro (Bayer, Syngenta, Cargill, por ejemplo) con gigantes del sector de tecnologías (Google, Meta, Microsoft, Amazon, entre otras) encienden alarmas y preocupaciones, especialmente entre comunidades campesinas e indígenas. Investigaciones recientes alertan sobre la profundización de su dependencia, la conversión de saberes colectivos ancestrales en mercancía y una posible exacerbación en la contaminación. En las próximas líneas, analizaremos los impactos de esta digitalización de la agricultura en los derechos campesinos.
Gigantes del agronegocio digitalizado
La concentración corporativa en el agro no es una novedad: los oligopolios ya dominan la cadena alimentaria mundial. Estas empresas controlan desde las semillas, genéticamente modificadas, hasta los llamados insumos agrícolas: agrotóxicos y fertilizantes para monocultivos, insostenibles por su impacto ambiental y deterioro de la tierra. Un sistema que genera consecuencias directas en los modos de producción campesinos, quienes sostienen la “columna vertebral” de la alimentación en nuestra región.
Esta industria ha entrado ahora en una nueva etapa. Según el nuevo reporte del Relator de la ONU sobre Derecho a la Alimentación, las empresas agroalimentarias están recurriendo cada vez más, mediante la digitalización, a las nuevas tecnologías digitales y al procesamiento de grandes cantidades de datos para desarrollar sus negocios. El documento plantea que estas innovaciones crean “nuevos desafíos en materia de derechos humanos en los sistemas alimentarios”. El último informe del Grupo ETC sobre el tema, describe al fenómeno como un “Caballo de Troya en los campos”: bajo la promesa de tecnología e innovación, esconde más control corporativo y menos autonomía para las comunidades agricultoras.
Acelerada por la pandemia del Covid-19, la digitalización del agro es promocionada por las transnacionales del sector como solución a ciertos problemas del cambio climático, y una transformación inevitable para lograr un modelo productivo más eficiente, como lo viene planteando hace años también el Banco Mundial. Con ese bombo publicitario y marketinero, florecen las startups de agricultura digitalizada (“AgriTech” en sus términos) en la región, donde Argentina y Brasil albergan casi 3/4 partes de las empresas de esta índole.
La semilla del bot en los campos
Ya no resulta extraña la presencia de drones en los cielos, sensores en los suelos, tractores guiados por GPS o productores trabajando con tablets y dispositivos donde utilizan aplicaciones y sistemas específicos para sus tareas. La digitalización en la agricultura implica el uso generalizado de herramientas como la IA, la ciencia de datos y la biotecnología para mapear tierras, almacenar información y crear nuevos sistemas digitales para gestionar los modos de producción rural.
La alianza entre Big Tech y corporaciones monopólicas de la agroindustria está promoviendo una datificación del conocimiento vinculado a agricultura y del comportamiento de los ecosistemas y bienes naturales comunes, como nunca antes. Se trata de un extractivismo masivo de datos que, además, en muchos casos están vinculados con historias y tradiciones comunitarias y colectivas. Quienes tengan mayor capacidad de recolectarlos y controlarlos, serán quienes puedan modelar los sistemas alimentarios y las políticas agrícolas para su propio beneficio, un mercado de negocios que no considera a la alimentación como un derecho humano y menos reconoce la existencia de derechos campesinos. No se trata de cuestionar la introducción de nuevas tecnologías en abstracto, sino más bien de preguntarse al servicio de quién están, quiénes las controlan, qué modelos productivos profundizan y qué tratamiento de datos hacen.
Repasemos algunos de los principales riesgos de este proceso. Suscribirse a un modo de producción gestionado a través de una plataforma digital implica para las y los agricultores una dependencia aún mayor: se vuelve un circuito en el cual desde la toma de decisión de qué semilla plantar hasta el sistema de pagos y cobros, todo debe pasar por servicios virtuales. El Relator de la ONU lo plantea con claridad: “En estas nuevas explotaciones digitales, los agricultores dejan de actuar según su libre determinación y en su lugar pasan a ser objetos de cosecha”. Como en la mayoría de los trabajos regulados por plataformas, no hay reglas claras y transparentes sobre el uso de datos ni políticas de privacidad sólidas, lo cual no sólo da lugar a la explotación de esos datos en términos mercantiles, sino que también habilita nuevas prácticas de control, que algunos grupos denominan como “agricultura de la vigilancia”. Considerando que América Latina es una de las regiones más hostiles para defensores y defensoras ambientales, esta forma de espionaje resulta preocupante.
Además, en una región con una gran brecha digital, donde muchos de nuestros países enfrentan las tarifas más elevadas de internet móvil del mundo, el acceso a la red ocasiona nuevos gastos a las comunidades, lo cual empeora sus condiciones de vida en los territorios. Más aún si consideramos los altos costos de la maquinaria inteligente. Sumado a esto, y siguiendo las conclusiones del informe de ETC, se estima que millones de puestos de trabajo en el campo serán sustituídos por drones y robots, sin planificar nuevas fuentes laborales para el sector. En algunos países, incluso se les prohíbe reparar su maquinaria porque contiene software patentado. Por último, como ya venimos planteando en Derechos Digitales, la enorme demanda de recursos naturales, como agua y energía, para alimentar toda la infraestructura digital necesaria para estos emprendimientos, es posible que traiga mayores niveles de contaminación y profundización de la crisis climática.
El big data en la agricultura se convierte así en una herramienta de dependencia, vigilancia y control que pone en riesgo la autonomía campesina y la biodiversidad agrícola.
¡A desalambrar las tecnologías!
“El mundo no necesita ni más datos ni más alimentos, sino que las personas tengan más autoridad y control sobre los datos en los sistemas alimentarios”, advierte la ONU. Como se dijo unos párrafos más arriba, no estamos poniendo en discusión la incorporación de las tecnologías digitales, sino más bien qué uso se les da y los modelos que sustentan. Las comunidades campesinas pueden hacer una utilización favorable de las herramientas tecnológicas, que aporten al bien común y no a las ganancias concentradas en unas pocas manos. ¡Y muchas ya lo vienen experimentando!
Las organizaciones que planifican integralmente modelos agroalimentarios alternativos desde los territorios, piensan en cada etapa del circuito: desde que el alimento se siembra (sus insumos, la fuerza de trabajo, etc) hasta que llega al plato de comida de las personas en sus casas (el comercio, traslados, etc). Existe una idea-frase bastante utilizada, que sintetiza muy bien esta propuesta: “Del campo a la mesa”. Por ello, las experiencias de colectivos vinculados al trabajo rural, a la defensa del ambiente, a comunidades indígenas, y a los derechos digitales, pueden abarcar distintos eslabones de este modo de producción, basado en la nociones de Agroecología y Soberanía Alimentaria.
El proyecto Territorios Libres, Tecnologías Libres, impulsado por Intervozes junto a comunidades quilombolas y rurales de Brasil, fue una iniciativa que marcó un interesante precedente en lo que respecta a analizar los usos y concepciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en territorios campesinos. A la vez, existe la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina (Red TECLA) que abarca algunos proyectos dedicados a la agricultura. La Herramienta de monitoreo de los pueblos para el derecho a la alimentación, proyecto de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, sirve de guía a las comunidades, los movimientos, la sociedad civil, el mundo académico e incluso el funcionariado público en el monitoreo del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Además, la Asamblea de Innovaciones de Base para la Agroecología (GIAA en inglés) es una articulación global que está fortaleciendo experiencias de tecnologías de base aplicadas a la agroecología.
Si pensamos en la cadena productiva, hay desarrollos vinculados directamente con los momentos de la siembra y los cultivos, como por ejemplo la aplicación Lunagro (FIAN Colombia), un calendario agropecuario basado en la interpretación del ciclo lunar. Además, La Mierda de Vaca brinda cursos presenciales y a distancia sobre cómo llevar adelante una agricultura orgánica.
Tanto el aislamiento y distanciamiento preventivo que impuso la pandemia del Covid-19, así como también los debates que introdujo respecto a la alimentación saludable, llevaron a un incremento exponencial en la demanda de bolsones de verduras orgánicas o agroecológicas por parte de la ciudadanía. En Argentina, Más Cerca es Más Justo, y en Brasil, Alimento de Origem, son ejemplos de las decenas de plataformas pertenecientes a redes de comercio justo existentes en América Latina, las cuales buscan nuevas formas de intercambio, evitando intermediarios y sobreprecios, y conectando más estrechamente a productores con consumidores.
Para poder aprovechar las imágenes satelitales en beneficio de la producción local y la conservación de bienes comunes naturales, muchas organizaciones trabajan con Organic Maps, una aplicación GPS y de mapas sin conexión centrada en la privacidad, desarrollada por la comunidad de código abierto. También, existen numerosos proyectos que unen activismo, sector académico y comunidades, como por ejemplo “Gobernanza Hídrica con el pueblo originario Yaqui en México”, analizado en nuestro Glimpse 2024, ideado para desarrollar estrategias efectivas de gestión comunitaria del agua.
Por último, vale destacar la importancia de sitios de información y debate que impulsan la agenda de estos movimientos y favorecen la divulgación de ideas vinculadas con modelos alimentarios alternativos. Entre ellos, podemos mencionar a Agro é Fogo, quienes difunden “el rastro del fuego del agronegocio global”; BiodiversidadLA, desarrollado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina; y Agencia Tierra Viva, impulsada por la Mesa Agroalimentaria Argentina, entre muchas otras iniciativas regionales.
Soberanía alimentaria y digital para vivir mejor
Los desafíos que viene planteando la digitalización en el campo son variados y complejos. Mientras se impulsan tecnologías digitales desde la sociedad civil y el Estado para el beneficio de las comunidades y los territorios, es fundamental generar marcos normativos nacionales, regionales y globales, que puedan proteger la privacidad y los datos en manos de las corporaciones que están desarrollando la datificación en el sector rural. El Estado de Brasil diseñó hace algunos años el Cadastro Ambiental Rural (CAR), como una herramienta que podría ser útil para monitorear el ambiente y los territorios, lo que dio lugar a un debate más que pertinente desde Data Privacy en relación a los datos personales de integrantes de comunidades. Incluso, algunos sectores vienen planteando como alternativa tratar los datos del sistema alimentario como un bien público para abordar esta problemática. Necesitamos que se reconozcan y protejan los saberes tradicionales del campesinado, como así también sus derechos colectivos, para potenciar herramientas tecnologías que respeten estas particularidades.
La complejidad del tema y los gigantes involucrados nos obliga a afinar los diagnósticos y, sobre todo, propiciar articulaciones entre el movimiento de los derechos digitales y las organizaciones campesinas e indígenas para dar respuestas integrales. Por ejemplo, unos años atrás, IT for Change publicó el reporte “Las oportunidades del ecosistema digital para la agricultura india” como resultado de un ciclo de encuentros de debate e intercambio entre diversos actores implicados en estos asuntos.
Podemos discutir la digitalización, la datificación, cómo se obtienen los datos, dónde se alojan y quiénes tienen control sobre ellos, pero si no abordamos las preguntas radicales sobre nuestros modos de vida y de alimentación, es probable que nos perdamos en el camino. ¿Para qué necesitamos tecnologías digitales en los sistemas agroalimentarios? ¿Qué papel tienen las comunidades campesinas e indígenas en la definición de estas nuevas herramientas a incorporar en los modos de producción? ¿Qué modelos priorizan la soberanía alimentaria y digital, y los derechos campesinos y de comunidades indígenas en su autodeterminación?
Lo que está en juego no es solo el acceso a nuevas tecnologías, y el resguardo de los datos, sino, principalmente, la soberanía alimentaria de los pueblos y el derecho humano a decidir cómo producir y consumir nuestros alimentos, de manera justa y sustentable.
Hablar de derechos digitales en América Latina implica, muchas veces, enfrentarse a un ecosistema profundamente desigual. Las grandes empresas tecnológicas concentran poder económico y político, dictan las reglas de la comunicación en línea y, de manera sistemática precarizan la vida de millones de personas trabajadoras. Desde quienes desarrollan software sin estabilidad laboral, hasta repartidores que sostienen con su cuerpo la economía de plataformas, expandiéndose una lógica de extracción de datos, de recursos y de vidas.
Frente a eso, es posible imaginar otros futuros. Y no solo imaginar, también construirlos, poco a poco, en las decisiones cotidianas del presente. Una de esas formas ha sido reivindicar cómo trabajamos y con quién trabajamos. Elegir cooperativas, colectivos y tecnologías libres no es simplemente contratar servicios; es parte de un gesto político de coherencia. Una manera de decir que nuestros valores como la privacidad, la libertad de expresión, el trabajo colaborativo, la justicia social y la participación democrática, no se quedan en el papel, sino que atraviesan también nuestras prácticas.
Narrativas en disputa: del dominio corporativo a la cooperación
Las big tech han impuesto no solo sus plataformas, sino también sus narrativas: que el desarrollo tecnológico es inevitable, que la innovación es neutra, que el éxito depende de la escala. Ese relato invisibiliza las formas alternativas de producir tecnologías, desde economías solidarias hasta infraestructuras comunitarias, y también atraviesa debates más recientes, como los de la inteligencia artificial. En nuestro informe Latin America in a Glimpse 2024 mostramos que en la región ya existen miradas situadas que disputan esos discursos dominantes, y que impulsan una IA comunitaria, ética y decolonial, parte de un esfuerzo más amplio por pensar tecnologías desde nuestras realidades.
Allí también entran las cooperativas tecnológicas. Una cooperativa no es solo una empresa distinta, sino un intento del trabajo desde otros principios: decisiones compartidas, distribución más equitativa del valor y una mayor consideración de la vida de quienes participan. No es un modelo perfecto ni libre de tensiones, pero refleja una aspiración de alejarse de la lógica extractiva dominante y acercarse a formas de colaboración más horizontales y cuidadosas.
El informe Plataformas de propiedad de las personas trabajadoras e interseccionalidad (WOIP), realizado con cooperativas y colectivos de Brasil y Argentina que producen y gestionan tecnología desde sus propios espacios de trabajo, ya sea programando software, diseñando servicios digitales, sosteniendo infraestructuras comunitarias o creando alternativas de reparto, muestra que estas experiencias no solo enfrentan al poder corporativo, sino que también disputan la imaginación sobre lo que la tecnología puede ser. Desde la “soberanía digital popular” del Movimiento de Trabajadores Sin Techo en Brasil, hasta la “intercooperación” de la Federación Argentina de Cooperativas de Tecnología (FACTTIC), lo que aparece es un mosaico de alternativas que priorizan la diversidad, el cuidado y la dignidad laboral.
La investigación-acción de WOIP también muestra que pensar en cooperativas tecnológicas no es solo una cuestión organizativa, sino una forma distinta de ubicar la tecnología en nuestras sociedades. Uno de los aportes centrales del informe es la idea de “cuidar antes de programar”. En la práctica, esto significa incorporar principios de cuidado, diversidad e interseccionalidad en el diseño de plataformas y servicios. Cooperativas como FACTTIC en Argentina o colectivos en Brasil han mostrado que es posible organizar el trabajo tecnológico de manera que las decisiones no dependan únicamente de la eficiencia técnica, sino también de la inclusión de voces diversas y de la sostenibilidad de las comunidades involucradas.
Y no es solo el campo tecnológico. Por ejemplo, el libro CAPS LOCK: Cómo se apropió el capitalismo del diseño gráfico y cómo escapar de ello de Ruben Pater y Manuel Moreno nos recuerda que existen colectivos de diseño en distintas partes del mundo que han desafiado durante años las lógicas de competencia y explotación en su práctica profesional. Experiencias como Brave New Alps (Italia), Common Knowledge (Reino Unido), Cooperativa de Diseño (Argentina), Mídia NINJA (Brasil), Open Source Publishing (Bélgica) o The Public (Canadá) muestran que es posible sostener prácticas gráficas y culturales desde principios anticapitalistas. Sus trayectorias ofrecen aprendizajes útiles para entender las posibilidades, junto con los desafíos y obstáculos concretos que enfrentan quienes buscan cambiar la forma en que trabajamos y creamos.
La campaña internacional Hire a Coop, que comenzó animando a las universidades a contratar cooperativas para llevar a cabo servicios de desarrollo y diseño, va en la misma línea: visibilizar que existe un mundo alternativo al de Silicon Valley, un mundo donde la contratación de servicios tecnológicos puede ser un acto de justicia, una forma de redistribución y una apuesta por modelos más democráticos de innovación.
Por ello, vemos en esas experiencias y campañas un recordatorio potente: disputar el modelo de las grandes tecnológicas es regular o criticar sus excesos, y también huir de sus tentáculos y explorar y visibilizar las prácticas que ya existen en la región y el mundo. Cooperativas, colectivos y comunidades digitales están demostrando que es posible producir tecnología desde otros valores, y nuestro rol también es acompañar, amplificar y aprender de esas iniciativas.
Nuestra experiencia: prácticas que buscan coherencia
En Derechos Digitales también hemos intentado recorrer este camino. Cuando llegó el momento de crear nuestro nuevo sitio web, elegimos trabajar con el Maizal, una cooperativa de Argentina que no solo entendió nuestros criterios de privacidad y seguridad, sino que se relacionó con nosotras desde la horizontalidad y el respeto mutuo. No fue una elección meramente técnica, sino parte de un compromiso por alinear lo que defendemos en nuestra comunicación con la manera en que producimos esa comunicación.
Esta decisión se suma a otras que forman parte de nuestra práctica institucional, como optar crecientemente por software libre, mantener nuestra agencia en las comunicaciones internas, y resguardar el control sobre nuestra información y programas. Son pasos que buscan coherencia entre discurso y práctica. Y sabemos que es un camino aún en construcción, donde seguiremos aprendiendo, corrigiendo y equivocándonos.
Pero creemos que esa es la clave: atreverse a ensayar, a equivocarse y a volver a intentar. Porque disputar las narrativas sobre el futuro tecnológico no se hace solo con palabras, sino también con prácticas concretas, con elecciones cotidianas que nos recuerdan que otra tecnología es posible y que podemos demostrar a otras que no estarán solas en la exploración de ese camino. Y esa otra tecnología empieza también en cómo decidimos trabajar juntas, cómo elegimos organizarnos y cómo construimos, en colectivo, un futuro más justo.
Al igual que en la región y el mundo, el trabajo mediado por plataformas digitales se ha expandido aceleradamente en Colombia. Aspectos estructurales como las altas y persistentes tasas de desempleo e informalidad en el país, sumado a los flujos migratorios, han propiciado el crecimiento de esta modalidad de trabajo que, por demás, promete ficciones como el trabajo por cuenta propia y la diversificación de ingresos, que contrastan con realidades distintas en la práctica.
Tras más de una década de operación en el país de compañías tecnológicas que ofrecen servicios como transporte privado -Uber, Cabify, Didi-, reparto y mensajería -Rappi, Didi Food- e incluso servicios domésticos y de cuidado -Hogaru, AseoYa, AUX-, en junio del año en curso se aprobó una reforma laboral que extiende medidas para promover la formalización del trabajo del sector de plataformas digitales de reparto en específico. En ese contexto, es importante resaltar que esta reforma responde a años de organización sindical y lucha colectiva por parte de las personas repartidoras, quienes, a través de mesas de negociación con el gobierno y la principal plataforma de reparto en Colombia- Rappi- construyeron la antesala de las medidas que contempla la reforma actual.
Ahora bien, conforme analizaremos a lo largo de esta columna, aunque algunas demandas de este sector fueron abordadas en la normativa, disposiciones muy relevantes relativas a la transparencia algorítmica y protección de datos, requieren de mayor profundidad considerando su influencia determinante en el ejercicio del derecho al trabajo mediante plataformas.
Las luchas del colectivo de repartidores de plataformas como piedra angular de la reforma
Los estudios de sociología destacan el rol clave de los movimientos sindicales en los procesos de reconfiguración del rumbo de las políticas estatales y empresariales. Si bien no es el único caso en el país, en esta columna nos concentraremos en la organización sindical de repartidores, un movimiento atravesado por una alta precariedad y marcado por eufemismos corporativos que encubren la condición laboral bajo etiquetas como “usuarios” o “socios”. En este contexto, las personas repartidoras carecen de garantías mínimas de protección laboral y seguridad social, de salarios dignos y de mecanismos de réplica o de debido proceso frente a decisiones tomadas por un algoritmo.
Esta situación se agrava si consideramos que, aunque el trabajo mediado por plataformas se concibió inicialmente como una fuente extra de ingresos en el tiempo libre, terminó por convertirse en la fuente principal de sustento económico de más de 600 mil personas. En ese sentido, es importante mencionar que según investigaciones sobre el tema en el país, la fuerza laboral migrante forma una gran parte de este sector, experimentando riesgos y exclusiones diferenciadas.
Tales retos, reconocidos en varios informes de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), han dado lugar a múltiples iniciativas de organización colectiva que, desde 2020, han demandado la garantía de derechos laborales mínimos. Entre sus principales demandas se encuentran: el reconocimiento de una relación laboral; el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales; el reconocimiento y la garantía del derecho a la asociación colectiva; la adecuación de espacios públicos para la espera de pedidos- dada la constante exposición al sol y a la lluvia- y la transparencia algorítmica, que implica clarificar los criterios y posibles sesgos que alimentan los algoritmos, especialmente frente al bloqueo de las cuentas y las medidas de supervisión en el proceso de recogida y entrega de paquetes. La reforma tomó en cuenta algunos de los puntos de este pliego de peticiones, respondiendo – al menos en parte- a las demandas históricas de la organización sindical.
Considerando estos antecedentes, ¿qué demandas del colectivo de trabajadores fueron incluidas en la ley de reforma laboral, y qué desafíos y zonas grises persisten?
Los logros de la reforma laboral
La reforma se nutrió de un proceso participativo que incluyó al gobierno, las plataformas digitales agrupadas en el gremio Alianza In, los sindicatos de trabajadores de plataformas de reparto Unidapp y Asdiapp, así como a la academia y la sociedad civil. El resultado se plasmó en 7 artículos, que siguen ciertas tendencias de un impulso global y regional por regular el trabajo mediante plataformas. Entre los avances más relevantes se encuentran: el reconocimiento de una relación laboral entre las plataformas y las personas repartidoras bajo dos modalidades – dependiente o autónoma-, la obligación de establecer contratos acordes y garantizar la afiliación al sistema de seguridad social, con esquemas de aportes según la modalidad de relación laboral. Además, la reforma establece mecanismos de transparencia sobre la utilización de sistemas automatizados; incluyendo la supervisión humana de las decisiones automatizadas y la claridad en el tratamiento de los datos de las personas trabajadoras.
A la luz de las demandas de las organizaciones sindicales, la aprobación de la reforma laboral representa un avance en la lucha contra la precariedad y la elevada informalidad que ha caracterizado al trabajo de reparto por plataformas digitales en Colombia. Para el presidente de la organización sindical Unidapp, este paso supone ganar “una batalla muy importante” al incorporar, por primera vez, un reconocimiento mínimo de la seguridad social, uno de sus reclamos históricos. Sin embargo, considerando que las plataformas digitales de trabajo, como entornos digitales que median la prestación de servicios, se apoyan de forma sustancial en decisiones algorítmicas y en el tratamiento de datos personales -incluyendo las decisiones sobre bloqueo de cuentas- estos aspectos permanecen como puntos críticos que la reforma no abordó con la profundidad necesaria y que requieren una lectura desde los derechos humanos.
La caja negra del algoritmo y la necesidad de una política de gestión algorítmica integral
En resonancia con las discusiones respecto al trabajo decente en plataformas abordadas en la 113a Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), y con iniciativas legislativas en países como México, Chile y Uruguay, la reforma laboral colombiana incorpora dos artículos breves dedicados a la transparencia en el uso de sistemas automatizados que inciden en la toma de decisiones y la supervisión sobre el trabajo de las personas repartidoras. Estas disposiciones se centran en el deber de informar a las personas trabajadoras sobre los sistemas empleados por ejemplo para la asignación de pedidos o la suspensión de cuentas, mediante un documento conciso, transparente, inteligible y fácilmente accesible. Así mismo, se establece la necesidad de la supervisión humana de las decisiones automatizadas que afectan las condiciones laborales, incluyendo al evaluación constante de su impacto.
Si bien estas medidas representan un paso hacia el cumplimiento del principio de “explicabilidad” – fundamental para garantizar que las personas trabajadoras puedan impugnar decisiones tomadas de forma automatizada, persisten interrogantes sobre aspectos claves, como si esta información se entregará antes de la implementación de los algoritmos, si habrá un plazo entre la notificación y el despliegue de los sistemas, con qué periodicidad se evaluará su impacto; cuánto demorará la revisión humana prevista y cuáles serían los mecanismos para acceder a esta.
Según la asociación sindical referida, en las plataformas de reparto en Colombia los algoritmos se utilizan principalmente para decidir respecto a bloqueos y suspensiones de cuentas. Aún después de las negociaciones con plataformas como Rappi -antecedentes de las medidas de transparencia que contempla la reforma- persiste la falta de claridad sobre todas las causales posibles de bloqueos que aplican las plataformas. Informar sobre la existencia -ya conocida- de algoritmos para la gestión del trabajo es un paso relevante, pero no suficiente para abordar la complejidad de la transparencia algorítmica como dimensión del derecho a la información y como base para la auditoría y el control democrático de las plataformas. Conforme a las orientaciones internacionales, se requiere avanzar hacia una política de gestión algorítmica integral, interseccional y basada en el principio de no discriminación, que especifique qué datos se utilizan y con qué criterios, y que reduzca los sesgos que inciden en las condiciones de trabajo.
Por otra parte, la supervisión humana prevista en la reforma no considera las barreras que actualmente enfrentan las personas repartidoras para apelar las decisiones automatizadas. Según el sindicato referido, hoy este proceso solo ocurre como tercer paso después de un bloqueo y para acceder a éste es necesario interponer un derecho de petición o una acción de tutela. En la práctica, si un cliente presenta una queja, el algoritmo puede sancionar de forma automática a la persona repartidora sin garantizar un debido proceso. Aunque la reforma incorpora la posibilidad de una revisión humana tras una decisión automatizada, no detalla los procedimientos que deberán seguir las personas trabajadoras, ni los mecanismos a utilizar, los cuales, en la actualidad demandan tiempo, recursos y conocimientos que resultan incompatibles con las necesidades de este grupo para quienes un día sin trabajar impacta de forma considerable su mínimo vital.
El lugar de los datos personales.
La reforma laboral incorpora algunas disposiciones relevantes sobre el tratamiento de los datos personales de las personas trabajadoras. En primer lugar, establece que las finalidades de dicho tratamiento por parte de las plataformas deben presentarse de forma clara, sencilla y transparente, contar con la autorización previa de las personas trabajadoras y respetar el derecho de hábeas data. Esta medida es clave para el sindicato Unidapp ya que, sostienen que aunque existe conocimiento sobre los datos recopilados por las plataformas, persiste la falta de claridad respecto a los usos concretos que se les da, lo que refuerza la necesidad de mayor transparencia en este ámbito.
Si bien Colombia cuenta con la ley de protección de datos (Ley 1581 de 2012), que ampara el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos, no contiene disposiciones propias sobre el tratamiento de datos por parte de sistemas automatizados que aplican al caso del trabajo por plataformas digitales, un aspecto que será contemplado en la reforma recientemente anunciada por el gobierno actual a dicha ley.
En segundo lugar, la reforma incorpora la creación de un mecanismo “de reconocimiento de identidad plena que permita individualizar al trabajador digital en servicios de reparto” conforme al derecho de hábeas data. Sin embargo, el texto no precisa qué datos se utilizarán para esta verificación, lo cual abre interrogantes sobre aspectos relevantes como dónde se almacenará la información; si se incluirán datos sensibles, como los biométricos; bajo qué criterios de protección operará el mecanismo y si se prevén riesgos identificados en estudios previos, como la posible instrumentalización de estos datos para prácticas de vigilancia por parte de las plataformas.
Los desafíos de la reforma más allá del trabajo de reparto
En su estado actual la reforma laboral sólo contempló a trabajadores de plataformas digitales de reparto pero, no quedan claros los criterios que justifican la exclusión de sectores como el transporte privado – con más de 1 millón de conductores registrados -, el trabajo doméstico – intermediado por más de 5 aplicaciones digitales en el momento –, o las plataformas webcam – un segmento del trabajo por plataformas altamente expuesto a violaciones laborales y explotación sexual –. Estos son sectores que también se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, expuestos a decisiones algorítmicas opacas y a la falta de claridad en torno al uso de sus datos personales.
A lo largo de esta columna se han señalado aspectos que requieren revisión en la etapa de reglamentación e implementación de la reforma laboral, con la participación significativa de la sociedad civil y de organizaciones de personas trabajadoras. Eventuales avances hacia convenios internacionales vinculantes, que parten de las discusiones promovidas en el ámbito de la OIT, podrían tener un rol crucial para fomentar la cooperación e intercambio a nivel regional, nutriendo la experiencia colombiana y ofreciendo una oportunidad para cerrar brechas y avanzar hacia un trabajo en plataformas con garantías mínimas comunes en América Latina , que se extiendan a todos los sectores y servicios. Estas garantías deben de requerir a las compañías tecnológicas a implementar sistemas algorítmicos transparentes, que aseguren en todo momento la privacidad y protección de datos de las personas trabajadoras, en cumplimiento con estándares y orientaciones internacionales, así como con la legislación nacional vigente.
Las Tecnologías de Propósitos Generales -o GPTs- han tenido impactos significativos en el mercado laboral durante el último siglo. Esta última ola, caracterizada por las innovaciones en algoritmos e Inteligencia Artificial (IA), ya comienza a mostrar sus primeras consecuencias en términos de empleo. En general, los estudios identifican evidencia suficiente para afirmar que la IA generativa ha perjudicado la generación de empleo y los ingresos del sector freelance. Sin embargo, esto pareciera darse más que nada en las ocupaciones de ingresos medios y bajos, y más aún en los rangos etarios inferiores.
El avance acelerado de tecnologías como la IA y los sistemas automatizados de gestión del trabajo está transformando profundamente las dinámicas laborales a nivel global. En este contexto, la necesidad de contar con un marco normativo robusto y con alcance internacional se vuelve urgente: regular el trabajo en plataformas digitales implica también establecer límites y obligaciones claras sobre el uso de tecnologías como la IA en el mundo del trabajo, garantizando justicia algorítmica, protección social y derechos laborales efectivos para todas las personas trabajadoras, sin importar su estatus contractual o la ubicación de la empresa.
Es por ello que resulta crucial el abordaje sobre el Trabajo Decente en Plataformas y la importancia de su instalación en la agenda regulatoria internacional. La 113ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), celebrada en Ginebra en junio de 2025, marcó un hito en la agenda global del trabajo: por primera vez, se avanzó formalmente hacia la elaboración de un instrumento internacional para regular el trabajo en plataformas digitales. En un escenario laboral transformado por las tecnologías digitales, este paso no es menor. El mandato final fue claro: se acordó avanzar hacia la redacción de una convención vinculante, acompañada por una recomendación, como marco para garantizar derechos básicos a aquellas personas cuyo trabajo es intermediado por plataformas digitales.
¿Qué nos deja la CIT 2025?
Este avance implica el reconocimiento por parte de los Estados, empleadores y trabajadores -los tres pilares de la OIT- de que la economía de plataformas no puede continuar operando sin garantizar condiciones justas. Y sobre todo, que las reglas para el trabajo decente deben ser globales: las plataformas operan transnacionalmente y los vacíos legales que explotan hoy se convierten en nuevas formas de desprotección.
Uno de los aspectos centrales fue la definición del alcance del futuro instrumento. Se llegó a un consenso para que abarque tanto a quienes desempeñan tareas “basadas en la localización” -como reparto, transporte o cuidado- como a quienes realizan trabajo “remoto” a través de plataformas digitales. Esta concepción amplia resulta especialmente relevante para América Latina, donde la fuerza laboral en plataformas está conformada en buena medida por personas de ingresos medios y con escasa calificación requerida, involucradas tanto en actividades presenciales como en servicios digitales a distancia -como la traducción de textos o el procesamiento de datos-. Ambos sectores, como vimos anteriormente, enfrentan con especial énfasis los efectos de la innovación tecnológica y la falta de marcos regulatorios adecuados.
Desafíos persistentes
Sin embargo, la CIT también expuso las tensiones profundas que persisten sobre qué tipo de trabajo debe regularse y cómo. Los puntos más críticos donde no hubo avances sustantivos son los mismos que hoy generan disputas en nuestros países:
1- La presunción de laboralidad, es decir, reconocer como regla general que quienes trabajan para una plataforma lo hacen en relación de dependencia y no como “autónomos” ficticios.
2- La definición de una remuneración adecuada: la tecnologización aporta flexibilidad a muchas tareas e incluso impacta en la productividad. Sin embargo, esto implica en muchos casos la dedicación de jornadas largas debido a la acumulación de múltiples tareas no consideradas como remunerables. Asimismo, el debate instaura discusiones en torno al uso de indicadores para establecer estas remuneraciones: ¿qué consideramos como ingreso digno?
3- La determinación del tiempo de trabajo: una categoría básica en el derecho laboral, pero borrosa en un sistema que exige estar disponible sin garantizar ingresos mínimos.
4- Habiendo suficiente evidencia sobre los sesgos discriminatorios que reproducen los algoritmos más allá de su diseño u origen, un tema de especial relevancia fue la transparencia y auditabilidad algorítmica. Debido a la asimetría de información entre las personas trabajadoras y las plataformas, se discutió la necesidad de que las plataformas informen de forma clara y accesible cómo operan sus algoritmos de asignación de tareas, evaluación del rendimiento y determinación de ingresos. Sin embargo, aún resta brindar claridad sobre cómo regular las decisiones automatizadas y su impacto en las personas trabajadoras.
5- Y, finalmente, resta profundizar el debate sobre los mecanismos de control y la posibilidad de aplicar la legislación local para resolver conflictos, un punto clave para evitar que las plataformas operen en zonas grises de legalidad.
El caso latinoamericano es ilustrativo: la mayoría de los países no cuentan con legislación específica sobre plataformas, y muchas de las iniciativas que buscaron avanzar en esa dirección han quedado truncas o debilitadas. A la vez, las reglas existentes han mostrado limitaciones para garantizar protección efectiva a las personas trabajadoras, porque fueron desarrolladas sin tomar en cuenta estos escenarios, o por una debilidad de las instituciones encargadas de su supervisión y aplicación. Mientras tanto, las personas trabajadoras enfrentan bloqueos de cuentas sin justificación, ingresos inestables y jornadas extenuantes.
CIT 2026, una oportunidad histórica
En este contexto, el proceso iniciado en la CIT representa una ventana de oportunidad única. El próximo año será decisivo: en la CIT 2026 se definirá la aprobación (o no) del instrumento. Para que esta instancia sea efectiva, será necesario un trabajo articulado y sostenido por parte de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y gobiernos. La participación de América Latina -aunque presente en las delegaciones gubernamentales- fue aún limitada desde la sociedad civil. Fortalecer esa voz será clave para que las demandas del Sur Global tengan peso en la redacción final.
Las nuevas tendencias del mercado laboral ya son tangibles. Vemos una realidad teñida de nuevos esquemas de productividad, sectores con perfiles de mayor demanda y otros en estancamiento. Ahora llegó el momento de definir en qué condiciones seguirá esta transformación: que esta realidad garantice derechos fundamentales con mecanismos de protección será responsabilidad de quienes, desde distintos frentes, podamos incidir en esta etapa.
«Transforma esta foto como si perteneciera al universo visual de Studio Ghibli, conservando el fondo y la pose. Aplica sus rasgos característicos: colores, trazos y texturas», este es el tipo de instrucción con la que el modelo conversacional de Inteligencia Artificial “ChatGPT” generó las imágenes que, un tiempo atrás, fueron tendencia en redes sociales y que atrajo a nuevas personas usuarias a la plataforma. Medios digitales saturados de nuevas publicaciones y servidores de alojamiento remoto trabajando para almacenar los archivos recién creados fueron servicios muy demandados durante los días que duró la fiebre Ghibli. ¿Cuál fue el impacto ambiental? El más visible, sin duda, es el consumo de agua para el enfriamiento de servidores, con un promedio estimado de 3 litros de agua por imagen generada.
Ahora imaginemos el impacto ambiental de desechar mil computadoras de uso personal por segundo. Es el equivalente para los 62 millones de toneladas de residuos electrónicos generados a nivel mundial, según se registró en el año 2022. Considerando que el número de personas usuarias de internet en el mundo alcanzó los 5560 millones a principios de 2025, la demanda de recursos, tanto en software como de hardware, solo incrementará en los próximos años, dependiendo del tipo de tecnología que se despliegue. ¿La solución al evidente problema es detener el avance tecnológico y su uso?
La solución no puede estar más lejos de eso. Aunque los modelos de producción tecnológica se basan en una lógica extractivista, sin considerar costos sociales o ambientales, las tecnologías tienen potencial para reducir el impacto. El uso eficiente de la infraestructura tecnológica es clave para mitigar la huella ambiental. Ciertas innovaciones incluso permiten reducir el uso de recursos naturales si son desplegadas adecuadamente. Algunos ejemplos son la computación en la nube, computación grid y virtualización en centros de datos: modelos que se comportan como si fueran infraestructuras independientes mientras comparten recursos de un mismo servidor o red de servidores.
Si pensamos en el ciclo de vida de la tecnología, podríamos resumir las fases en: diseño, desarrollo y despliegue. Esta última etapa se realiza en infraestructuras robustas y resilientes, capaces de soportar altos niveles de demanda y peticiones por segundo garantizando respuestas rápidas. La magnitud del consumo varía según el tipo de servicio. Aunque en las fases previas también se requiera infraestructura, el consumo comienza a escalar cuando llega a su etapa de producción (despliegue), aumentando la demanda de energía y sistemas de enfriamiento para los centros de datos.
Algunas acciones para mitigar el impacto
Frente a un escenario que exige día a día más recursos, una de las alternativas es avanzar hacia la descarbonización del sector energético . Se trata de sustituir fuentes fósiles como carbón, petróleo y gas natural por insumos renovables como la energía solar o eólica. Algo de esto analizamos un tiempo atrás a raíz de la crisis energética en Ecuador.
Esta alternativa consolidó una nueva carrera por la neutralidad en emisiones de carbono. Así, multinacionales del sector tecnológico aseguran haber alcanzado esta neutralidad en emisiones de carbono y sostienen compromisos por lograr que toda su cadena de suministro y productos lo sean también. Sin embargo, la veracidad de las declaraciones y los mecanismos utilizados siguen bordeando el greenwashing, una práctica que busca confundir a las personas usuarias sobre el impacto medioambiental real de una empresa o producto. Así mismo, la sustitución de materiales al momento de construir piezas electrónicas o componentes, sin sacrificar rendimiento y calidad, ofrece una oportunidad competitiva a mercados que se aventuran a revolucionar la tecnología. Por ejemplo, en China, donde luego de atravesar limitaciones para el uso de microprocesadores basados en silicio, desarrolló un chip libre de este componente y lo reemplazó por bismuto reduciendo el consumo energético en un 10% e incrementando su velocidad en un 40%.
Otro esfuerzo es el diseño de infraestructuras para una economía circular, un modelo económico que busca minimizar el desperdicio y maximizar el valor de los recursos, productos y materiales. Desde el inicio, es importante pensar en medidas como plantas de producción modulares y que puedan ser actualizadas, reutilizadas y reciclados sus materiales, además de planificar la recuperación de productos al final de su vida útil. Esto es aún más urgente considerando que solo alrededor de la cuarta parte de la basura electrónica es reciclada correctamente, dejando toneladas de residuos sin tratamiendo adecuado y desperdiciando recursos valiosos, en su mayoría, no renovables.
Por otro lado, los centros de datos requieren condiciones mínimas para operar adecuadamente como seguridad, capacidad de almacenamiento, transferencia de datos, refrigeración y otros. Pensando en el enfriamiento de un data center promedio, se estima que consume 25 millones de litros de agua al año, lo que equivale a 68 mil litros por día. ¿Y si sumamos el consumo de todas las grandes empresas conocidas que gestionan redes sociales, navegadores web y tiendas en línea? Este consumo puede reducirse si se despliega en zonas con con climas fríos o cerca de aguas de mar profundas. Un esfuerzo que considera la eficiencia energética y uso de agua es Green Mark Certification for Data Centres en Singapur.
Un compromiso compartido
La gobernanza de las infraestructuras tecnológicas debería centrarse en la justicia ambiental, respetando y promoviendo derechos y sostenibilidad. Las decisiones sobre qué tecnologías se desarrollan, cómo y para quiénes, deben incorporar una perspectiva social y ambiental en todas sus etapas. Desde la planificación de explotación de minerales necesarios para la construcción de componentes electrónicos hasta el uso de una IA para enseñar idiomas en territorios indígenas, todo debe regirse por modelos de gobernanza comunitarios y no por lógicas extractivistas.
Además, es fundamental incentivar iniciativas que potencien proyectos como redes de Internet autosustentables en comunidades, centros de datos locales y uso de tecnologías, que potencien capacidades situadas. A esto se suma la ciencia abierta, el conocimiento libre y el código abierto como componentes estratégicos para la autonomía e independencia de infraestructuras corporativas y privadas.
El equilibrio entre tecnología y medio ambiente solo será posible si transformamos la infraestructura digital desde su origen, haciéndola parte de la solución y no del problema. Esto implica proyectar fábricas impulsadas con energía solar in situ, centros de datos enfriados con agua del mar sin riesgos ambientales, procesos de desmontaje eficientes en instalaciones de reciclaje adecuadas y redes inteligentes de distribución, como documenta Google con el proyecto IA de DeepMind, que redujo un 40% el consumo energético para refrigeración.
Pero nada de esto será suficiente sin una voluntad política y ética clara. Reconocer la interdependencia entre sostenibilidad ecológica y equidad social es solo el primer paso: lo que sigue es actuar colectivamente para transformar modelos tecnológicos actuales. Urge reducir la dependencia de sistemas corporativos opacos y avanzar, desde la sociedad civil, comunidades, gobiernos y el sector privado, en la construcción de de políticas públicas, normativas e infraestructura que prioricen el bien común, fomenten la justicia social y ambiental, y garanticen transparencia y rendición de cuentas a toda la ciudadanía.
