Temática: Acceso al conocimiento

De seguro tienes en tu videoteca algún registro familiar musicalizado: niños bailando alguna canción, cantando sobre un tema que les trae recuerdos, o quizás, haciendo una versión de alguna canción de un grupo que nos emociona. De hecho, no es extraño pensar que cada vez más son las personas que –para que estos videos no queden olvidados en una estantería– los suben a la web para compartirlos con sus amigos y familiares. Con estos antecedentes, ¿cabe la posibilidad de pensar que los protagonistas de estos videos están mermando los derechos de autor?

Veamos el caso de Stephanie Lenz. Esta ciudadana norteamericana fue demandada por el sello Universal por haber vulnerado sus derechos de autor. ¿Una pirata? ¿La persona detrás de una industria que lucra por los derechos de propiedad intelectual de otros? No exactamente. A Lenz le pareció una buena idea guardar como recuerdo un video que mostraba a sus hijos bailando una vieja canción de Prince que luego subió al portal Youtube. Para Universal fue suficiente excusa para exigir que se bajara el video de la red porque lesionaba los derechos de autor de los cuales son propietarios. La demanda fue retirada, finalmente, por tratarse del concepto de fair use o uso legítimo.

Como pueden suponer, este caso es paradigmático para retratar los absurdos en los que se puede caer por concebir los derechos de autor de manera absolutamente restrictiva sin posibilidad de admitir excepciones y límites a este régimen legal. Lo cierto es que en legislaciones como la norteamericana, existe el concepto de uso legítimo que permite un uso limitado de los derechos de autor sin la necesidad de requerir permiso de sus titulares. Este es evidentemente el caso de Stephanie Lenz, que permitió que el video de sus hijos bailando siga estando en la red.

Ahora bien, hagamos en ejercicio de pensar que existe una Stephanie Lenz en Chile. ¿Qué ocurriría si algún sello la demanda? Podemos señalar que la mujer no tenía la intención de lucrar con el video ni menos de obtener beneficios que dañen los derechos de los titulares. Pero también podemos señalar que, lamentablemente, en la actualidad en nuestro país no existe un régimen de excepciones como el uso legítimo, por lo que podemos suponer que a la ciudadana Lenz le caería toda la maquinaria jurídica de una desmedida visión de los derechos reservados.

¿Cómo proteger a una ciudadana como Lenz en Chile ante absurdos como estos? ¿Cómo lograr un sistema legal de derechos de autor equilibrado donde se protejan a los artistas y creadores, a los titulares de esos derechos intelectuales y también a todo el resto de la sociedad civil? La única forma conocida en la actualidad es que el Estado garantice excepciones y límites en la legalidad de la propiedad intelectual. Y es precisamente eso lo que el proyecto de ley de propiedad intelectual busca hoy en su discusión en el Congreso. A pesar de versiones poco claras, lo cierto es que hoy existe un intento concreto por equilibrar mejor el sistema dando trato justo para todos los actores de la sociedad. Ya es hora de garantizar que en Chile las Stephanie Lenz sean también protegidas por la ley.

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Artículo hecho con la colaboración del pasante Francisco Argel.

El comisario para el Mercado Interior de la Unión Europea (UE), Charlie McCreevy, señaló que ya es hora de que los agentes afectados por la piratería pongan freno a la situación a través de acuerdos y busquen salidas más allá del polémico canon por copia privada. Para eso propuso crear un «foro» de debate entre industriales, organismos recaudadores, artistas y consumidores. Como constata la agencia EFE, en el mes de mayo, el personero declaró:

«La industria debe ponerse de acuerdo para establecer filtros, sanciones y un procedimiento de respuesta ante ataques informáticos».

Lo cierto es que la UE parece convencerse que las leyes siempre irán detrás de los cambios tecnológicos, por lo que es imperioso que antes los actores afectados lleguen a un acuerdo que permita enfrentar el asunto de una manera más eficiente: «Las leyes no servirían para nada, pues antes de que la Comisión Europea propusiera una nueva normativa, el problema habría cambiado de rostro».

Pero todo indica que poner de acuerdo a los actores parece no ser tarea fácil, sobre todo cuando en muchos países europeos se ve cada vez con mayor agrado la Ley Sarkozy, impuesta en Francia y que pretende seguir las líneas de lucha antipirata de EE.UU. (bloquear el acceso a la red de los internautas más activos, a través de la denominada ‘Respuesta Gradual’) y que genera gran polémica entre los afectados. Por lo demás, en la próxima presidencia europea de Francia este tema tendrá un lugar destacado en la agenda.

Así, y como se desprende en el diario Nortecastilla, la regulación francesa ha sido recibida con los brazos abiertos por la industria y las federaciones antipiratería. Entre tanto, las asociaciones de internautas defienden la licitud de los programas P2P que permiten las descargas e intercambio entre particulares (eMule, KaaZa o bit Torrent) «y dicen estar preparadas ante la batalla legal que se va a librar en Europa». Por otro lado, si bien las operadoras proveedoras de Internet hablan de la posibilidad de autorregulación, los intentos de control son rechazados cuando existe la posibilidad de una fuga de clientes.

Con este panorama, la idea de McCreevy parece complicada de llevar a cabo, aún cuando pareciera que el problema de la piratería a través de Internet sea un asunto que sólo pueden resolver los proveedores de servicios de Internet y los propietarios de los derechos. En la triangulación de intereses de estos actores, hay derechos ciudadanos más profundos que pocos estarán dispuestos a ceder.

Gordon Brown aparece mirando fijo a la cámara, seguramente en la que es hoy su oficina. Con un tono agradable y expresión amistosa, llama a los ciudadanos británicos a hacerle cualquier pregunta de interés nacional pues él, personalmente, la contestará a través de la cámara. No hay periodistas en el intermedio. Tampoco canales de televisión. Solo Brown, una cámara, los ciudadanos, y por supuesto, Youtube.

Así se presenta el Primer Ministro británico en el lanzamiento del programa «Ask the PM» que tiene como lema: «What do you want to ask the PM? Gordon Brown will repond to questions right here on Youtube». Como explica Europa Press, se trata de una iniciativa con la que Brown aspira a captar a los sectores más jóvenes de los electores en un momento en el que las encuestas de intención de voto lo sitúan 20 puntos por debajo de los conservadores y su índice de popularidad se encuentra en el nivel más bajo de los once meses que lleva en el poder. Juan Varela es más explícito:

En horas bajas como las que sufre el premier británico, no viene mal un poco de exposición a las nuevas tecnologías. Sobre todo cuando su oponente, el conservador David Cameron, fue un pionero en usar el vídeo en Internet con las charlas a los británicos desde su cocina.

Además, según Varela, esta nueva estrategia de Brown se debe al informe «El poder de la información», donde se llama al gobierno a publicar toda su información en herramientas de Internet donde los ciudadanos puedan participar, excluyendo los derechos comerciales y de copyright de los datos y documentos públicos; de manera de hacer un gobierno más abierto y donde el uso de la información oficial sea en el beneficio de los ciudadanos.

Particularmente, en esta iniciativa de responder las inquietudes de los ciudadanos en Youtube, el público debe enviar sus preguntas las que serán publicadas para someterse a la votación popular, de modo que las favoritas serán respondidas por el Primer Ministro.

La pregunta de fondo es si este proyecto de verdad pueda ser un eje para que los ciudadanos noten una democracia más abierta y menos reservada a cuestiones de tecnócratas. Es que la hipermediatización de la información aún no es garantía de verdad y seriedad en los contenidos. Y si las respuestas de Gordon o del político de turno se remiten a construir un discurso poco claro a la ciudadanía, el descreimiento ante ellos continuará. La única diferencia será que ni la clase política ni los ciudadanos culparán a los grandes y tradicionales medios de comunicación como solemos hacerlo ahora.