A mediados de agosto, Lo Barnechea y Las Condes comenzaron un agresivo plan de vigilancia masiva, por medio de globos aerostáticos equipados con cámaras de alta resolución que flotan sobre las comunas grabando todo lo que allí ocurre, incluso al interior de las viviendas que se encuentren bajo el radio de captura de los dispositivos.
La medida causó gran controversia, pues atenta contra el derecho a la privacidad de los vecinos y por el alto poder invasivo de los instrumentos de vigilancia, capaces de identificar a una persona en movimiento a 1,6 kilómetros de distancia. Por otra parte, es dudosa la legitimidad como prueba en un proceso criminal, al igual que las atribuciones de las municipalidades para implementar medidas de este tipo.
Muchos vecinos han manifestado su desacuerdo con la medida. Es el caso de Stephanie Söffge, quien es capaz de ver con perfecta claridad el globo ubicado a tan solo 90 metros de la ventana de su casa: “puedo imaginarme, con bastantes escalofríos, la nitidez con que se puede ver mi pieza. Y no solo durante el día, ya que la cámara posee también visión nocturna”.
La presencia del globo espía ha llevado a Söffge a cambiar sus hábitos: “me ha obligado a cerrar constantemente las ventanas y a no poder vivir una vida tranquila como estaba acostumbrada, a sentirme vigilada las 24 horas, los 7 días de la semana”.
Es por ello que Derechos Digitales, Fundación Datos Protegidos y Corporación Fundamental han interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que tiene como objetivo el cese de la medida intrusiva, restableciendo el imperio del derecho y asegurando la debida protección a la privacidad e inviolabilidad del hogar de los vecinos de Las Condes y Lo Barnechea.
Al respecto, Pablo Viollier, analista de políticas públicas de Derechos Digitales, fue enfático al explicar que una medida de este tipo implica “que todos los individuos de esas comunas serán tratados como sospechosos. Un estado de derecho democrático no resiste que se utilice la seguridad pública como excusa para la vigilancia masiva», agregó.
Branislav Marelic, presidente de Corporación Fundamental, calificó como preocupante la tendencia a “intentar militarizar la seguridad ciudadana, incorporando herramientas de zonas de guerra a un asunto que es policial”. Esto, pues la tecnología empleada se utiliza en zonas altamente conflictivas como Afganistán, la Franja de Gaza y la frontera México-Estados Unidos.
Marelic además enfatizó la dudosa legalidad de las imágenes recabadas por los globos como prueba en un eventual juicio penal, puesto que “es una prueba que se obtiene sin una habilitación legal previa”.
Romina Garrido, Presidenta de la Fundación Datos Protegidos, acusó la falta de transparencia de las municipalidades respecto del uso y tratamiento de las imágenes captadas por los globos: “como no existen términos contractuales claros entre los municipios y la empresa que presta el servicio, entonces no existen reglas en cuanto al límite de lo registrable”. Garrido además resaltó lo invasiva que resulta la videovigilancia, pues «termina por sacrificar la legítima expectativa de anonimato que los ciudadanos tienen en sus hogares».
Interpuesto el recurso de protección, será la Corte de Apelaciones la que tendrá que pronunciarse respecto a la medida, en un proceso que puede extenderse por los próximos dos meses.
