El caso
La publicación fue realizada en julio de 2024 por el dirigente del grupo La Resistencia, Juan Maelo, conocido en Perú por incitar a la violencia en línea y fuera de ella contra personas defensoras de derechos humanos. Para entonces, Perú vivía uno de los episodios más críticos de protesta social en contra del gobierno de turno.
La publicación mostraba el rostro de la secretaria ejecutiva de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la cual había sido manipulada con inteligencia artificial para mostrarla cubierta en sangre junto a un mensaje que la acusaba a ella y su organización de supuestos actos de corrupción y violencia. La publicación alcanzó más de 1000 visualizaciones y 100 reacciones.
A los tres días de la publicación inicial, ésta fue denunciada por un usuario de la red social por violar las políticas de Meta. La denuncia fue atendida por un moderador humano que determinó que la publicación debía permanecer en línea al estar conforme a las políticas. La decisión fue apelada, pero automáticamente cerrada por Meta, por lo que la publicación siguió circulando.
Meta con posterioridad interpretó que como la imagen compartida no mostraba heridas visibles en la defensora atacada, ni que la sangre fuese producida por estas, la imagen no constituía por sí misma una incitación a la violencia y el odio.
El caso llega con posterioridad a la Junta de Supervisión de Meta (Oversight Board, en inglés) luego de que fuera seleccionado para su revisión. En enero de este año, la Junta convocó a personas y organizaciones interesadas en comentar al respecto, proceso al que contribuimos con comentarios.
La decisión: la publicación incita a la violencia y se debe retirar de Facebook
La Junta de Supervisión de Meta decidió de manera unánime que la publicación en cuestión constituía una amenaza “implícita o velada” de violencia, en contravía de la Política de Incitación al Odio de Meta. Y rechazó, desde luego, la interpretación hecha por Meta respecto de la imagen como no problemática.
Nuestra tesis apuntaba a que la publicación debía ser interpretada y entendida en razón al contexto social peruano donde la imagen ensangrentada de una defensora de derechos humanos (generada artificialmente), constituye un tipo de violencia de género que implícitamente hace un llamado a la acción para atentar contra la integridad física de la defensora amenazada.
Recordemos que, desde 2022 y hasta ahora, Perú ha enfrentado un serio debilitamiento del espacio cívico, que ha hecho de las personas defensoras de derechos humanos un objetivo de ataques de actores públicos y privados. Altos niveles de represión durante las protestas sociales, leyes antiONG, acusaciones infundadas de corrupción de organismos de derechos humanos de trayectoria y prestigio, así como la violencia digital sistemática que se traslada a los entornos físicos, hacen de la defensa de los derechos humanos en Perú una labor de alto riesgo.
Esta situación ha sido documentada, de hecho, por distintos organismos internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que, en un informe de 2023, ya había alertado sobre la situación crítica que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y cómo varias de ellas, incluida la CNDDHH, habrían sido objetivo de los ataques de La Resistencia sin que se reportaran actuaciones contundentes por parte de las autoridades.
La Junta de Meta reprodujo de hecho la propuesta que sugerimos al sostener que se trataba de una publicación con una incitación velada o implícita de violencia pues (i) por su contenido, hacía un llamado de acción a la violencia física -ensangrentar el rostro de una mujer defensora de los derechos humanos-, y (ii) que, en razón a elementos del contexto peruano, se podía entender que una imagen como la difundida solo podría tener un efecto negativo y perjudicial para la defensora de derechos humanos atacada. Por tanto, la publicación resulta incompatible con la Política sobre Conducta que Incita al Odio
Qué sigue: Meta debe cumplir de manera consistente
La publicación sigue siendo reproducida por otras cuentas de usuario idénticas a las del autor original de la publicación, por lo que todavía circula en línea.
La Junta de Supervisión, en atención a este hecho, hizo un llamado de atención para que Meta actúe de manera consistente eliminando también esos contenidos, a menos que se compartan con el ánimo de sensibilizar a las personas o condenar los hechos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.
La Junta Supervisora también elevó otras recomendaciones a Meta, como evaluar en razón a la Política de Incitación al Odio las amenazas contenidas no solo en modalidad de texto sino de imagen, y a que genere reportes anuales sobre qué tan consistente es la compañía aplicando su propia política en esta materia cuando se trata de amenazas veladas, donde el contexto social es un elemento significativo en la determinación del potencial violento del contenido denunciado, y que informe sobre la frecuencia en que se presentan falsos positivos y falsos negativos en la aplicación de dicha política tratándose de personas defensoras de derechos humanos y la circulación de contenido con discurso político.
