Como parte de entrega de comentarios al borrador propuesto creemos importante poder formular algunas observaciones no solo a este texto, si no que también a la
estructura del proceso propuesto para su diseño.
Temática: Libertad de expresión
Una última mirada a los derechos digitales en 2022
Cuando comenzamos 2022, una esperanza comenzaba a crecer en buena parte del mundo: las vacunas para reducir los contagios y los síntomas de la COVID-19 surtieron efecto y llegaron a más grupos de la población. Lentamente, aspectos de la vida prepandémica volvían a materializarse y, después de dos años dramáticos, el mundo parecía realinearse.
Pero el año inició con tumulto mundial: una invasión en Europa oriental creaba una crisis humanitaria de incalculable costo humano, que a su vez desviaba la atención de otras crisis en África oriental, en Asia meridional, en América Latina. Nuevas desigualdades, internas y externas, se hicieron patentes, ahora bajo la presión del riesgo vital de una pandemia que no termina.
Como en buena parte del mundo, América Latina ha visto el agravamiento de las distintas crisis superpuestas, agudizadas por un horizonte de crisis económica que está en pleno desarrollo. Aun así, grandes aires de esperanza se sintieron en la región, en la resistencia al abuso y la injusticia, y en la participación política en varias elecciones.
En América Latina, el 2022 partió con revelaciones de hackeo a periodistas en El Salvador, en una réplica de lo que fue descubierto años antes en México, revelando que el espionaje ilegal estatal con herramientas importadas continúa en la región.
A la vez, la vigilancia masiva todavía es una disputa inconclusa. En una insigne victoria para el activismo local, en México el invasivo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), aprobado a fines de 2021, fue declarado inconstitucional, impidiendo la vinculación entre la identidad de un usuario de teléfono y su información biométrica, entre otros datos, en una decisión anunciada en abril. Poco antes, se había detenido en el metro de San Pablo, Brasil, el uso de un sistema de reconocimiento facial automatizado, aunque luego fue autorizado por la justicia. Esa batalla continúa, ahora contra una iniciativa por extender el reconocimiento facial a toda la urbe. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la justicia declaraba la inconstitucionalidad de un sistema de reconocimiento facial.
En Colombia, una preocupación constante por la incorporación de mecanismos legales para fórmulas riesgosas de identidad digital, como también un debate sobre neutralidad de la red y zero-rating se tomaron parte de la agenda después de la fuerte escalada de violencia de las protestas de 2021. El uso de máquinas digitales para el proceso electoral fue, como siempre, objeto de escrutinio.
Al igual que en Colombia, y ante los ojos del mundo, una nueva elección presidencial en Brasil ofrecía esperanza, pero también mostraba algunos de los peores temores de la región: torpes intentos de control de la desinformación amenazaban con alterar el funcionamiento de la mensajería personal, mientras varias acusaciones de desinformación enfrentaban al gobierno y a las iniciativas de empresas privadas por controlar el discurso en línea. Que todo eso ocurriera mientras aumentaba el gasto en tecnología de hackeo y vigilancia hacía temer por el futuro.
Por cierto, las protestas sociales de los últimos años no cesaron. En Ecuador, fuimos parte del reclamo de la sociedad civil en rechazo a la represión y la vigilancia en el marco de protestas sociales a mediados de año. Presentamos a la ONU múltiples antecedentes sobre situaciones de afectación de derechos, especialmente vinculados a la expresión y la protesta, en un informe dentro del contexto del Examen Periódico Universal. En paralelo, continúa el cuestionado juicio contra Ola Bini a pesar de las reportadas infracciones al debido proceso. También vimos que persiste la represión de la expresión y la protesta en Nicaragua, incluido el allanamiento y cierre de organizaciones y de medios de comunicación, alarmando a expertos internacionales que exigen visitar el país. Y, en Venezuela, informes tanto de la industria de las telecomunicaciones como de la sociedad civil, mostraron el nivel de vigilancia y represión en ese país.
Al mismo tiempo, Brasil progresaba en un área sensible para toda la región: la protección de datos personales. Sin ser un debate ajeno a la contingencia, Brasil avanzó en el otorgamiento de autarquía de carácter especial a su nueva autoridad de control de datos personales. Por su parte, Ecuador –que promulgó su ley en 2021– inició este año el proceso de reglamentación de la ley. En Chile, paso a paso se Avanza en un proyecto de reemplazo a una ley que hoy es ineficaz ante casos públicos de vulneración de los derechos sobre los datos.
También hubo otros relevantes debates legislativos en la región, para los que este recuento quizás no basta. Fuimos testigos de la discusión por una nueva ley de inteligencia artificial en Brasil, como también en iniciativas de leyes sobre ciberseguridad, sobre desinformación y sobre ciberdelitos en varios países de la región. Nuestro trabajo de monitoreo continúa con intensidad para identificar las oportunidades, los riesgos a las libertades y derechos que puedan acompañar a esas iniciativas. Nos involucramos en la discusión por una nueva constitución en Chile, con propuestas surgidas desde distintos lugares y grupos del país.
No obstante también aprovechamos instancias globales que afectan a América Latina. Como ejemplos, contribuimos a informes de oficinas de expertos de Naciones Unidas sobre apagones de internet y sobre inteligencia artificial y privacidad. Participamos en procesos como la reunión de plenipotenciarios de la UIT, en la peligrosa discusión por un nuevo tratado sobre ciberdelitos, en el debate global sobre normas para el comportamiento de los Estados en el ciberespacio, y mucho más.
Mirar hacia el futuro
Todo lo anterior es apenas una muestra de lo intenso que fue el trabajo del año desde nuestro activismo. No obstante, también hubo muchísima colaboración, la misma que creemos que es parte esencial de la proyección hacia el futuro de la labor de Derechos Digitales.
Como organización, el año también fue de oportunidades de cooperación cruciales para la región. Volvimos a albergar un evento virtual de difusión, intercambios y aprendizajes. Participamos muy activamente en la organización del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe, el LAC IGF. Nos reunimos con nuestras aliadas de la coalición Al Sur para comenzar a pensar en el futuro, en un primer encuentro presencial después de años. Mantuvimos numerosos talleres y reuniones con organizaciones e instituciones a nivel regional y global. Y nos sumamos como socios organizadores, con esperanza, al Movimiento por una Mejor Internet.
Logramos también apoyar a 21 iniciativas de acción de 12 países de la región a través de nuestro Fondo de Respuesta Rápida, no solo facilitando la respuesta ágil a situaciones de emergencia, sino también favoreciendo el aprendizaje en múltiples contextos de activismo. Es a través de procesos como este que la colaboración de 2021 con el ODIA argentino ayudó en la declaración de inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial en Buenos Aires. Mecanismos de apoyo como este Fondo demuestran que existen nuevas posibilidades para la articulación de organizaciones en la región.
Lo más importante: en una época global de grandes cambios, consolidamos un equipo sólido, de muy diversos orígenes y perfiles, fortaleciendo nuestra capacidad de trabajar en distintos ámbitos. Sabemos que en 2023 habrá más cambios, pero también que con ellos vendrán nuevas oportunidades de colaboración interna y externa.
Aunque ha sido un año desafiante, sentimos orgullo por el camino recorrido y mucha esperanza en el que queda por recorrer. La mirada introspectiva ha sido fuente de gran aprendizaje, como también de importante reflexión sobre lo que necesitamos seguir haciendo. Porque creemos en nuestro derecho y en nuestra capacidad de crear un futuro más justo para América Latina, reconocemos lo que significa el fin de 2022 y damos la bienvenida a 2023.
Discursos y plataformas: un campo minado
Recientemente, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de Chile dio a conocer un estudio titulado “Televisión y Derechos Humanos”, en el marco de las actividades de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado el 10 de diciembre. La investigación comprende una consulta a quienes han realizado reportes ante esta institución, denunciando contenido inapropiado en televisión. La metodología incluyó preguntas sobre el tratamiento a grupos minoritarios, expresiones del negacionismo y discursos de odio.
Sin embargo, algunas de preguntas incluidas en la consulta no se circunscriben específicamente a la televisión. Por ejemplo, frente a la pregunta sobre en cuáles medios es más frecuente encontrar discursos de odio o negacionismo, las alternativas contemplan televisión, radio y redes sociales, con un 69,3% de la muestra (N = 2.004 personas) de preferencia por esta última opción. Hemos argumentado anteriormente que la idea de que las redes sociales constituyen medios contraviene el principio de no responsabilidad de los intermediarios de internet, con una serie de problemas asociados a la defensa de la libertad de expresión. Al margen de este aspecto, tampoco es posible desconocer que, a pesar de los litros de tinta y caracteres derramados en tono ominoso anunciando su fin inminente, las redes sociales gozan de buena salud y siguen marcando la pauta de la conversación cotidiana. Lo que sucede ahí sin duda que tiene efectos en cómo percibimos y juzgamos lo que nos rodea.
Un ejemplo de ello sucedió hace algunas semanas en Chile: los dichos emitidos por una animadora de televisión sobre tallas de prendas de vestir desataron una ola de críticas, algunas acusándola de proferir discursos de odio, y el asunto culminó con ella pidiendo disculpas públicas. Señalamos en la prensa que la libertad de expresión “protege los discursos desagradables”, siendo el límite la incitación a la violencia y las amenazas, mientras sean creíbles y revistan gravedad. Es decir, este derecho garantiza tanto los dichos en cuestión como la reacción desatada en redes.
El mismo estudio mencionado al inicio indica que un 53% del universo muestral (2.037 personas) considera imprescindible que los discursos de odio estén sujetos a regulación, mientras que un 23,5% cree que esta medida es necesaria, pero equilibrándola con el resguardo a la libertad de expresión. Si aceptamos que las redes sociales no equivalen a medios de comunicación, la pregunta entonces es qué tipo de regulación es necesaria.
Nos enfrentamos, entonces, a un doble dilema: el límite de la libertad de expresión, por un lado, y el riesgo de que la sanción al discurso de odio devenga en obligaciones que puedan degenerar en censura, por otro. Encontrar el equilibrio perfecto entre ambas garantías reviste una especial dificultad, considerando el debate que se ha dado en torno a las directrices comunitarias de algunas plataformas, las condiciones laborales de quienes están a cargo de implementarlas, el carácter de interés público que puede revestir la discusión en plataformas que están administradas por empresas privadas, y la falta de transparencia respecto del modo en que se toman las decisiones de moderación de contenido. En última instancia, la pregunta es respecto a quién decide y bajo cuáles criterios.
En condiciones ideales, y mientras no impliquen la comisión de un delito, los discursos en línea deberían ser tratados al amparo de la igualdad en la participación de la palabra. Alguna vez fue así: los foros solían estructurarse de modo que la moderación del contenido inapropiado rotaba entre sus participantes. No obstante, pretender volver a ese estado prístino de internet ciertamente no es posible y los desafíos del presente requieren de una imaginación colectiva para resolver este nudo discursivo. Ni cegarnos ante el contenido desagradable evitará su crecimiento, ni combatir el fuego con fuego no hará que este amaine.
En los últimos años, no obstante, solo se acrecientan las dudas y los desacuerdos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información advirtieron este problema en 2019, apuntando a que la concentración de poder en el Big Tech, el crecimiento tecnológico sin precedentes y la automatización de procesos han contribuido a este confuso panorama; y, lamentablemente, las herramientas legales, aunque existentes, no han resultado suficientes. La única herramienta que contempla la restricción a la libertad de expresión, considerando en primera instancia la importancia que este derecho tiene para la vida democrática, es el test tripartito.
Sin duda es urgente volver a traer este tema a la mesa y discutirlo con altura de miras y teniendo siempre presente que, en los entornos digitales, sus reglas y tiempos tienen características propias que requieren una mayor prolijidad en el diseño de una arquitectura legal y técnica que asegure que tengamos derecho a expresarnos. Uno de los avances interesantes en esta materia es el trabajo desarrollado por Observacom en el reporte “Transparencia de la moderación privada de contenidos – una mirada de las propuestas de sociedad civil y legisladores de América Latina”, donde se repasan propuestas y directrices necesarias a considerar en esta materia.
No es posible regular los discursos de odio solo con buena voluntad y una mirada parcial de las cosas. Tampoco es admisible un concepto absolutista de la libertad de expresión sin barrera alguna, y se vuelva un instrumento que vulnere los derechos humanos.
Privacidad por diseño y otros asuntos necesarios
Hace algunas semanas se celebró la reunión 115 del IETF, un foro del que hemos hablado antes, donde se definen los protocolos técnicos con que funciona internet. Esta vez los derechos humanos fueron tema de conversación en varias sesiones de trabajo, incluyendo la reunión abierta del Comité de Arquitectura de Internet (IAB por sus siglas en inglés), su directiva técnica. Allí se discutieron los mecanismos de censura de internet, y en general el rol de la tecnología en la crisis política y social que se vive actualmente en Irán.
En esa misma sesión se presentó una primera versión del documento Particiones para la privacidad, que propone una terminología común para los distintos protocolos que buscan mejorar la privacidad manejando por separado la identidad (quién) y los datos (qué) de las personas usuarias. Este tipo de protocolos están siendo desarrollados en cuatro grupos de trabajo dentro de IETF, y desde el IAB se espera recibir comentarios de retroalimentación para definir mejor en qué consiste el principio de “partición”, reconociendo que no es una solución completa, sino apenas una herramienta para mejorar la privacidad en internet.
Uno de los primeros comentarios recibidos propone alimentar el documento con el RFC6973 sobre consideraciones de privacidad para los protocolos de internet. Allí se declara que la forma más simple de reducir los riesgos para la privacidad asociados al uso de cierto protocolo consiste en “limitar la cantidad de datos que se pueden recolectar” a través de este; otro comentario plantea la necesidad de aclarar que los efectos positivos o negativos sobre la privacidad en estas arquitecturas, dependen de quién tenga la capacidad de decidir hacia dónde se dirige el tráfico particionado, ya que las arquitecturas más complejas tienden a promover una mayor centralización del mercado.
Los dos comentarios apuntan a asuntos que transcienden el carácter técnico de la discusión, pues tienen que ver con el poder de decisión sobre la manera como las empresas implementan los protocolos, es decir, qué tipo de información se espera que manejen, y cómo. En lo técnico, la discusión no se ha centrado en cómo recolectar menos datos, sino en desarrollar protocolos más sofisticados para que la misma cantidad de datos se maneje con “mejor privacidad” para las personas usuarias. Y este asunto está presente en distintos escenarios de IETF. Por ejemplo, durante una reunión paralela cuya convocatoria partía de la siguiente pregunta: ¿es posible un filtrado web que preserve la privacidad?
Las opciones técnicas para responder a esa pregunta apuntan al cifrado, pero como mencionó uno de los asistentes, la cuestión no es técnica sino política y el foco del problema no es el filtrado sino el consentimiento de la persona usuaria. Sin su consentimiento, cualquier forma de filtrado se convierte en censura y requiere un despliegue técnico más complejo. ¿Y para qué se necesita? En este caso, para combatir la explotación sexual infantil. El problema con las infraestructuras de censura es que, una vez establecidas, se pueden usar para propósitos muy diferentes, y con casos como este se corre el riesgo de cerrar rápidamente el debate pues resulta difícil oponerse a la urgencia de proteger los derechos de los niños, niñas y niñes.
Como señala la antropóloga Corinne Cath-Speth en su artículo La tecnología que decidimos crear, la preocupación por el ejercicio de derechos humanos ha estado presente en IETF desde hace décadas. Sin embargo, la idea compartida de que quienes diseñan las tecnologías no deben ordenar la manera como estas deben ser usadas, dificulta mucho la posibilidad de sostener discusiones explícitas sobre derechos humanos durante el proceso de diseño de protocolos, pues se considera que todo lo que no pueda ser medido, probado estadísticamente y observado en la red, no puede hacer parte del proceso de diseño.
Este artículo fue ganador del Premio a la Investigación Aplicada en Redes 2022 por la descripción etnográfica que hace de la cultura organizativa del IETF y cómo esta limita la capacidad de quienes defienden los derechos humanos para incluir sus preocupaciones en los debates técnicos. Durante IETF 115 fue presentado en dos sesiones: la reunión abierta del Grupo de investigación de internet (IRTF por sus siglas en inglés) y el Grupo sobre consideraciones de derechos humanos en los protocolos (HRPC por sus siglas en inglés).
Para la autora, quien participó de la creación de HRPC en 2014, el panorama hoy ha cambiado bastante y este premio es una muestra de ello. Por eso, considera necesario pensar en cuáles son los siguientes pasos para continuar integrando las discusiones políticas dentro del desarrollo técnico. En concordancia, desde la coordinación de HRPC se propuso una revisión de los objetivos y alcance del Grupo, que se realizará de aquí a la próxima reunión, en marzo de 2023.
En nuestra experiencia como Derechos Digitales, que hemos intentado participar activamente desde 2017, en IETF se está abriendo un campo cada vez más propicio para la incidencia de temas de derechos humanos y justicia social, desde las etapas tempranas de diseño de tecnologías de internet. Todavía falta mucho, y vale la pena involucrarse en esta conversación.
Twitter: ¿El principio del fin?
Finalmente sucedió. Después de varios meses de especulación, y ante el riesgo de tener que ir a juicio, Elon Musk se convirtió en el dueño de Twitter. Y las cosas van más o menos como se esperaba: despidos masivos, una caída importante en los ingresos por avisaje y una sensación de caos generalizado al interior de la compañía.
Ciertamente, hay algo gratificante en ver fracasar a un multimillonario fanfarrón. Y, sin embargo, la eventual ruina de Twitter puede y debe ser entendida también como una pérdida para sus varios millones de usuarios y usuarias alrededor del mundo. Las expectativas crecen con cada nuevo chisme y con cada nuevo error. En este preciso instante, las oficinas de Twitter están cerradas, después de que una gran mayoría de los empleados haya optado por rechazar un ultimátum de Musk. Más que nunca, el futuro es incierto.
¿Es esto simplemente la obra de un hombre particularmente poco adecuado para el trabajo que compró o es sintomático de algo mayor? ¿Cómo nos afecta este fiasco a quienes usamos la plataforma? ¿Qué podemos aprender de todo esto y qué es lo que sigue?
La libertad de expresión en riesgo
La compra de Twitter ha estado ligada a una serie de declaraciones críticas realizada por Elon Musk sobre el rol de Twitter en relación con la libertad de expresión, que muchas veces hacen eco de predicamentos infundados de la derecha política estadounidense.
A fines de enero de este año, cuando recién había comenzado a comprar acciones en Twitter, Musk criticó a la plataforma por no “adherir a los principios de la libertad de expresión”. Tras la adquisición, a fines de octubre, Musk intentó clarificar su postura, señalando que por libertad de expresión entiende “aquello que la ley permite” (más precisamente, la ley de Estados Unidos).
Musk se autodefine como un absolutista en materia de libertad de expresión, pero su historial señala algo distinto: “Comedy is now legal”, decía una de las primeras publicaciones que realizó tras convertirse en dueño de Twitter, aludiendo a la idea de que la corrección política destruye no solo la comedia, sino a la civilización. Y sin embargo, quienes osaron burlarse del nuevo dueño vieron sus cuentas suspendidas. Tanto sus acciones como sus dichos demuestran la escasa comprensión que tiene Elon Musk de los complejos desafíos que supone defender la libertad de expresión en internet, en una plataforma de escala global.
Entre los primeros despidos estuvo el equipo de derechos humanos, el equipo encargado de la accesibilidad para personas discapacitadas y el equipo dedicado a la ética y transparencia algorítmica. Muy comentado fue el despido de Vijaya Gadde, jefa legal de la compañía y responsable de distintas decisiones en materia de libertad de expresión, moderación de contenido y seguridad de la plataforma: fue ella la que decidió vetar a Donald Trump y prohibir la venta de publicidad electoral en Twitter. En abril, Musk había compartido un meme burlándose de la ejecutiva, lo que le significó recibir gran cantidad de mensajes de odio.
La nueva administración está desmantelando la estructura creada por Twitter para combatir las verdaderas amenazas a la libertad de expresión: el discurso de odio, la violencia y la persecución política. Durante el fin de semana recién pasado, despidieron al equipo encargado de moderar este tipo de contenidos.
Los principales perjudicados de un brusco cambio de dirección en materia de libertad de expresión son los disidentes políticos, particularmente en países autoritarios y en las zonas de conflicto, además de las mujeres, las personas LGBTQI+ y los miembros de grupos históricamente marginados, quienes son las principales víctimas de acoso y violencia a través de Twitter.
Actualmente, Twitter está en medio de un litigio de muy alto perfil en India, enfrentándose a un Gobierno muy propenso a hacer uso de una ley que les faculta a exigir el bloqueo de plataformas y cuentas que han publicado información que consideran difamatoria. El impacto puede ser vasto, pero si continuarán con este proceso es un misterio. Como hemos mencionado antes, el respeto por los derechos humanos en la plataforma no puede depender de su propiedad, pero ese es el piso mínimo. Un verdadero compromiso con la libertad de expresión requiere tomar pasos extra, incluyendo enfrentar juicios que son largos, pesados y costosos. No obstante, la compleja situación económica en la que se encuentra Twitter hace difícil que esto pueda materializarse.
¿Cuánto vale Twitter?
¿De qué hablamos cuando hablamos del colapso de Twitter? No se trata de que, de un día para otro, la empresa simplemente deje de existir, sus servidores desconectados de internet, inaccesibles. Después de todo, los retazos de MySpace todavía están en línea. Más bien es el punto en el que, debido al desmantelamiento de los diferentes procesos y sistemas que establecen mínimos básicos de civilidad, la plataforma se torna suficientemente poco atractiva y las usuarios y usuarios dejan de utilizarla, al punto de la irrelevancia.
Se trata de un escenario plausible y frustrante, particularmente para quienes han invertido tiempo y esfuerzo creado redes y un número importante de seguidores en Twitter. Cambiar de plataforma implica no solamente dejar atrás un trabajo arduo y constante, sino que además es perder una audiencia. Tener que hacerlo por la incompetencia del hombre más rico del mundo es todavía peor.
Musk pagó 44 mil millones de dólares por Twitter y existe consenso respecto a que la cifra es excesiva, cuestión que él mismo ha reconocido (no olvidemos que intentó dar marcha atrás con el acuerdo y no pudo). Se estima que el valor real de la plataforma ronda los 25 mil millones de dólares. De cualquier forma, no valdría absolutamente nada si nadie la usara. El verdadero valor radica en la suma del esfuerzo invertido por cada persona que publica, comparte, comenta, lee, sigue y agrega a sus favoritos.
Siguiendo a Antonio Negri y Michael Hardt, podríamos denominar a esta lógica como bioeconómica, a partir del desarrollo del concepto foucaultiano de biopoder: “La vida ya no es producida en los ciclos de reproducción subordinados a la jornada laboral; por el contrario, la vida es la que infunde y domina toda la producción. De hecho, el valor del trabajo y la producción está determinado en las profundidades de la víscera de la vida. La industria no produce más excedente que el generado por la actividad social”.
No es la tecnología, son las personas. La plataforma y la tecnología constituyen los medios de producción para una forma particular de comunicación conocida como Twitter. La economía de las redes sociales está construida sobre la explotación de la totalidad de las relaciones sociales entre usuarios y usuarias, entendidas como trabajo y rentabilizadas en el mercado de valores y en la venta de avisaje. El producto no eres tú, si no los lazos comunicativos que estableces en la plataforma.
Por ello, tener que renunciar a Twitter es perder dos veces: es el despojo del valor de tu trabajo en la plataforma en tanto usuario, así como del capital social que has sido capaz de acumular. Por lo mismo, las especulaciones sobre un potencial modelo de suscripciones se siente como una estafa, y muy probablemente no funcione.
Sin embargo, no son muchas las opciones de Musk, quien está obligado a encontrar una forma en la que la plataforma genere dinero. Sin embargo, las transformaciones impuestas desde el inicio de su mandato apuntan en la dirección contraria.
Pero ¿es solo Twitter?
Mientras la atención estaba puesta en Elon Musk, Mark Zuckerberg aprovechó de despedir a 12000 empleados, aproximadamente el 13% del personal de la compañía y casi el triple de despidos que en Twitter. Las acciones de META han caído un 70% durante este año, perdiendo una capitalización de mercado cercana a los 800 mil millones de dólares.
Las razones son múltiples: demasiado personal contratado para trabajar en proyectos fracasados en un intento por retener un sitial que la compañía, alguna vez todopoderosa, ha comenzado a perder frente a competidores con los cuales no sabe cómo competir. La obsesión de Zuckerberg con construir el Metaverso tampoco ayuda. Reality Labs, la empresa encargada del desarrollo del Metaverso, perdió más de 21 mil millones de dólares entre 2019 y 2021, con otros 9.4 mil millones en pérdidas durante los últimos tres cuatrimestres.
Financieramente, las cosas son todavía peores en Twitter. En el último reporte cuatrimestral previo a la compra, la compañía reportó una pérdida de $344 millones de dólares. Para financiar la adquisición, Musk tuvo que reunir una deuda de alrededor de 13 mil millones de dólares, que acumulan anualmente alrededor de mil millones de dólares en intereses. Musk desesperadamente necesita hacer rentable la compañía, pero Twitter solamente ha logrado utilidades durante dos periodos en su historia.
Tanto la obsesión de Zuckerberg con la realidad virtual, como el desastroso intento de Musk de cobrar por verificación en Twitter dan cuenta de lo mismo: ambas compañías ven la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento, distintas del avisaje. Si a ese cuadro agregamos las múltiples dificultades asociadas a la moderación de contenidos en plataformas con pretensiones globales —que constituye el núcleo fundamental de una plataforma que necesita atraer usuarios y publicidad— y el surgimiento de nuevas lógicas respecto al modo en que nos relacionamos con el contenido online, quizás lo que estamos presenciando sea el estallido de la burbuja, el fin de una era, el abandono próximo de una forma de producción en línea que no es sustentable.
Varias voces comienzan a declarar el fin de las redes sociales (algunas, con argumentos más conservadores que otras). Puede ser, si de algo podemos estar seguros es que todo termina, todo muere. ¿Y ahora qué? Durante los primeros días del reinado de Musk en Twitter muchas personas acudieron a Mastodon, una plataforma caracterizada como el anti-Twitter. Y aunque Mastodon tiene sus propios problemas y es difícil saber si este influjo de nuevos usuarios se mantendrá en el tiempo, hay algo respecto de los postulados con los que está construido que puede dar pistas respecto a las amplias posibilidades de la experiencia online.
Quizás el futuro pueda ser a escala humana: más pequeño, más localizado, más comunitario, más silencioso.
Veremos.
Ola Bini: Daños colaterales
El pasado 28 de agosto, el periodista Diego Cazar publicó en línea Colateral, libro en el que, a través de un relato periodístico, cuenta la persecusión vivida por Ola Bini, pero además profundiza en el aspecto humano. Yo trabajaba con Ola Bini al momento de su detención y pasé un momento difícil al convertirme en un personaje secundario en esta historia.
Mi trama fue relativamente tranquila comparada con las de otras personas que, de forma colateral, han sufrido debido a la persecución del Estado ecuatoriano a Bini. Uno de estos casos es el de Ricardo Arguello, que fue involucrado por una estrategia de la fiscalía para conseguir 30 días más de instrucción fiscal; o el del perito Fabián Hurtado que, tras realizar una pericia de parte, sufrió el allanamiento de su casa por la fiscalía, sin motivos claros.
Muchas veces nos indignamos con las historias que vemos en la prensa o en redes sociales y luego nos olvidamos, pero ¿Qué sucede con la gente a la que le tocó ser protagonista de una de estas historias? ¿Cómo se sintió el perito Hurtado y su familia luego de haber sido allanados de forma violenta en la madrugada? ¿Cómo se sintieron Ricardo y su familia al saber que serían parte de un juicio politizado en el que el adversario es el poder del Estado? En Colateral, las y los protagonistas cuentan sus historias. Historias de terror.
Me gustaría que en el libro se hablara de la justicia ecuatoriana, pero, lamentablemente, se trata sobre la injusticia presente en mi país. Mucho se dijo durante el gobierno de Lenin Moreno sobre la independencia del poder. Sin embargo, una rueda de prensa de la Ministra del Interior hablando de ataques informáticos y planes de desestabilización bastó para que Fiscalía inicie una investigación y que un juez determine la prisión preventiva contra Ola, que duró 70 días.
Además de la privación de libertad, todos los dispositivos informáticos de Ola Bini fueron confiscados y en un iPhone encontraron la prueba madre de la que se lo acusa ahora: una fotografía de pantalla tomada en el año 2015 cuándo Lenin Moreno todavía no era presidente. En otras palabras, Ola estuvo preso 70 días por algo distinto a lo que se le acusa.
Cuando no existe independencia de poderes, se podría esperar que la prensa cumpla su rol de informar a la ciudadanía y cuestione al poder. En el caso de Ola Bini, los medios de comunicación masivos y varios portales de internet se encargaron de posicionar el relato del gobierno y de estigmatizar a Bini, exponiéndolo como un ser extraño, capaz de destruir cualquier sistema informático. Pocos se tomaron el trabajo de conocer el trabajo de Ola y tratar de entenderlo.
Uno de esos pocos es Diego Cazar, que en Colateral cuenta varias de las ocasiones en la que los medios de comunicación —en vez de investigar y cuestionar al poder— hicieron eco de su relato o inventaron historias (como la de Ola Bini espiando a favor del gobierno de Moreno desde la cárcel).
Algo que siempre me llamó la atención de este caso es que nunca vi en la prensa la versión de la fiscalía. El libro rompe con este silencio a través de una conversación con el fiscal Chávez, donde queda claro que él no tiene conocimientos básicos de informática.
El caso de Ola Bini todavía no termina y el 11 de noviembre de este año se reanudarán las audiencias, siempre y cuándo no se suspenda, como sucedió en octubre de 2021 y en agosto de este año. A medida que escuchamos más voces, nos adentramos en los daños colaterales que siguen surgiendo del caso. La privacidad en internet está en riesgo permanente y es tarea de todes escuchar a las personas expertas en seguridad digital en lugar de ignorarlas y perseguirlas.
Quien quiera acceder al libro puede escribir a: info@tizarron.com
Examen Periódico Universal
¿Qué es el EPU?
El Examen Periódico Universal (EPU) es una revisión del historial de derechos humanos de los Estados Miembro de Naciones Unidas. Cada cinco años, cada estado es sometido a examen. Todos los países son parte del proceso. Es una oportunidad para que los Estados analicen y comuniquen las mejoras implementadas en materia de derechos humanos. Además, pueden recibir recomendaciones por parte del resto de los estados miembro de Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar mejoras constantes en materia de derechos humanos a nivel global.
Mira el video aquí.
Examen Periódico Universal 4to ciclo, sesión 41
ECUADOR
Resumen de recomendaciones al estado ecuatoriano
Summary of recommendations to the Ecuadorian state
Campaña de difusión
BRASIL
Resumo das recomendações ao estado brasileiro
Summary of recommendations to the Brazilian state
Este relatório da sociedade civil, elaborado por Privacy Internaciona e Derechos Digitales, se concentra apenas nas preocupações relacionadas ao uso da tecnologia educacional (’EdTech’) no Brasil e ao processamento subsequente (coleta, análise, retenção e compartilhamento) de dados de crianças e professores nas escolas
Esta submissão, elaborada por APC , Artículo 19, Derechos Digitales, Intervozes centra-se no cumprimento de obrigações de direitos humanos no contexto digital pelo Brasil e busca fortalecer recomendações focadas na garantia do acesso universal à internet de modo a viabilizar a livre expressão e associação, o acesso à informação, conhecimento, cultura e o exercício de direitos econômicos e sociais demaneira segura, respeitosa à privacidade, à autonomia e livre de qualquer forma de discriminação.
This submission, made by APC , Artículo 19, Derechos Digitales, Intervozes, focuses on Brazil’s fulfilment of human rights obligations in the digital context and seeks to strengthen recommendations focused on guaranteeing universal access to the Internet in order to make possible free expression and association; access to information, knowledge and culture; and the exercise of economic and social rights in a manner that is secure, respectful of privacy and autonomy, and free of any kind of discrimination
Este informe, elaborado por APC , Artículo 19, Derechos Digitales, Intervozes, se centra en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el contexto digital por parte de Brasil y busca fortalecer recomendaciones enfocadas en la garantía del acceso universal a internet en orden de ejercer la libre expresión y asociación; el acceso a la información, al conocimiento y a la cultura; y el ejercicio de derechos económicos y sociales de manera segura, respetuosa de la privacidad y de la autonomía y libre de cualquier forma de discriminación.
Campaña de difusión
Examen Periódico Universal 4to ciclo, sesión 34 – Bolivia
Examen Periódico Universal 4to ciclo, sesión 32 – Chile
PRÓXIMOS EPUS PARA PAÍSES LATINOAMERICANOS
Los siguientes países de América Latina serán evaluados en el Examen Periódico Universal en los próximos años:
- 44º periodo de sesiones (Oct – Nov 2023)- Colombia, Cuba.
- 45º periodo de sesiones (Ene – Feb 2024)- México.
- 46º periodo de sesiones (Abr – May 2024)- Chile, Uruguay.
- 47º periodo de sesiones (Oct – Nov 2024)- República Dominicana.
- 48º periodo de sesiones (Ene – Feb 2025)- El Salvador, Bolivia.
- 49º periodo de sesiones (Abr – May 2025) Guyana.
- 50º periodo de sesiones (Oct – Nov 2025) Panamá, Honduras.
- 52º periodo de sesiones (Abr – May 2026) Paraguay.
- 54º periodo de sesiones (Ene – Feb 2027) Venezuela.
Revisa el calendario completo aquí.
Bloqueo de transmisiones: Un partido difícil
La idea de regular y dar de baja contenidos se viene discutiendo en el país hace ya tiempo. La búsqueda de soluciones a la “piratería” están en la mesa de diálogo de diferentes partidos políticos y cámaras empresariales. Sin ir más lejos, en el actual proyecto de “Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal» , que se encuentra a estudio del parlamento uruguayo, se incluyen algunos artículos referidos a la temática.
Específicamente, el tema es tratado entre los artículos 214 y el 216, siendo el 215 una herramienta fundamental para el análisis de la propuesta que el actual gobierno pretende que se apruebe.
El mencionado artículo indica (entre otros puntos) que “La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) podrá solicitar la inhabilitación en tiempo real del acceso a contenidos ilegales de eventos deportivos en directo en línea”. Esto se podrá realizar “tras denuncia del titular de los derechos o representante con facultades suficientes, podrá dictar medidas cautelares de bloqueo que se ejecutan temporalmente, con un máximo de treinta días, para bloquear el sitio web infractor durante la duración del evento,independientemente del nombre de dominio o dirección IP utilizada, y sin necesidad de que se emita un nuevo amparo”.
Una vez que la medida cautelar sea dictada, “los intermediarios o los proveedores de acceso a internet (ISP), según corresponda, deberán retirar las emisiones ilegales de eventos deportivos en directo en línea o la desactivación del acceso a ellas, lo más rápido posible y que, en cualquier caso, a más tardar dentro de los treinta minutos a partir de la recepción de la notificación del titular de los derechos o de representante con facultades suficientes de la existencia de dichas emisiones ilegales, identificando con altísima precisión la retransmisión ilícita y un casi nulo margen de error”.
Lo que se busca es modificar el artículo 712 de la actual ley de Presupuesto, que actualmente permite el bloqueo de páginas web que ofrecen servicios de televisión para abonados a través de internet, con previa denuncia, pero no menciona a las transmisiones en vivo, en particular.
Los bloqueos que se pueden realizar hoy en Uruguay no son inmediatos y el proceso puede demorar hasta cuatro días desde que se presenta denuncia. El cambio central, entonces, consiste en que, de aprobarse el artículo incluido en la rendición de cuentas, los bloqueos serían automáticos y estarían incluidas las transmisiones hechas por intermediarios en redes sociales.
El nuevo sistema, según indica la propuesta de ley, funcionaría a través de un software que bloqueará automáticamente todos los contenidos ilegales que encuentre en la red.
El próximo mundial de fútbol en Qatar, que se realizará entre noviembre y diciembre de este año, es uno de los incentivos para promover el bloqueo automático ya que, según las palabras del director nacional de Telecomunicaciones, “no sirve hacer un bloqueo de estos eventos importantes a los tres o cuatro días de hacer la denuncia. Tenés que bloquear en el momento”.
La Asociación Latinoamericana de Internet —organización que reúne a empresas de internet multinacionales, como Google, Amazon o MercadoLibre— había advertido hace unos meses que el sistema que se propone es “poco claro”. En una nota enviada a la comisión parlamentaria que discute el proyecto, plantearon que “Si bien compartimos el espíritu de combatir este tipo de transmisiones, los artículos propuestos aportan riesgos de grandes dimensiones (bloqueo de contenidos incorrectos, afectación a la libertad de expresión y posibilidad de fragmentación de internet, entre otros) en relación a los potenciales beneficios que podría aportar para el logro de los objetivos planteados”. Añaden que también “se podría no intencionadamente generar un incentivo equivocado en el que, a los efectos de evitar sanciones, el intermediario elimine contenido en exceso, afectando los derechos de libertad de expresión”. Indican que los intermediarios, quienes brindan servicios de internet, “no puede” tener “carácter de autor o editor” de contenidos, ya que “únicamente tiene un rol pasivo como proveedor de infraestructura”.
A nivel de libertad de expresión y derecho a la información, la reforma planteada presenta diversos problemas. Por un lado, se otorgan más potestades a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y, por otro, se exime de responsabilidad a las empresas proveedoras de internet.
El procedimiento planteado no es claro, como lo indicó la senadora opositora al gobierno, Silvia Nane. El nuevo articulado le entrega poder de censura a las empresas de telecomunicaciones. Nane manifestó que “Si las disposiciones son para partidos de fútbol, por qué se pone en la redacción “para contenidos en general» ; si defienden algo específico, pero lo redactan de forma genérica”.
Gustavo Gómez, Director ejecutivo de Observacom, analizó el articulado, indicando que el sistema que se propone no garantiza “el debido proceso”, sino que es “un tembladeral jurídico” ya que “Te denuncian y tenés que defenderte después del bloqueo y no antes”. Señaló también que la propuesta da “más poderes al regulador para ordenar a redes sociales y telefónicas a eliminar contenidos audiovisuales y bloquear cuentas y sitios Web sin orden judicial”.
Pablo Siris, director de la URSEC por el partido opositor al gobierno, indicó que la facultad de solicitar bloqueos a los proveedores implicaría “una nueva dificultad” para la URSEC, dado que “es previsible que se vea sometida a recursos y diatribas entre privados sobre quién tiene derecho o no a hacer tal o cual cosa”.
Los intentos por regular las transmisiones ilegales no son una novedad, sin embargo, cuando se analiza esta nueva iniciativa desde una perspectiva de derechos humanos, es inevitable encontrar numerosas interrogantes a las que el gobierno uruguayo debería responder —consideramos— antes de implementar cualquier cambio: ¿Qué tipo de contenidos son los que se bajarán? ¿Cuáles son los criterios que se tomarán para el bloqueo de contenidos? ¿Qué potestades tendrán las empresas de telecomunicaciones? ¿Qué tipo de software será el utilizado? ¿Hay un análisis de impacto realizado previo a la implementación?
Respuestas claras y a tiempo evitarán que la búsqueda de “contenidos piratas” resulte, finalmente, en censura y privación del derecho a la información de la sociedad.
Cuando la mentira se apodera de la realidad
La primera vuelta de las elecciones brasileñas terminó con algunas sorpresas y muchas lecciones. Contrariamente a las proyecciones de los principales institutos de investigación, Jair Bolsonaro obtuvo cerca del 43% de los votos válidos, contra el 48% del ex presidente Lula. Las ya frustradas tentativas de «tercera vía» no alcanzaron a sumar el 10% de los votos, un desempeño más insignificante de lo previsto.
El escenario se completa con la elección, para gobiernos provinciales y cargos en el Poder Legislativo, de importantes aliados/as y ex ministros/as del gobierno de Bolsonaro. Un gobierno marcado por escándalos de corrupción, una desastrosa y vergonzosa gestión de la pandemia —con más de 600 mil muertes— e innumerables denuncias de violaciones de derechos humanos.
Más allá de la sorpresa por la alta votación obtenida por Bolsonaro, cabe plantear dos preguntas a la sociedad brasileña: ¿Cómo se explica la diferencia entre los resultados y las estimaciones? ¿y cómo entender los más de 51 millones de votos que recibió el actual presidente?
Violencia, odio y manipulación
Las elecciones de 2018 pusieron en el centro de las preocupaciones a las «fake news» o noticias falsas, y su influencia en una opinión pública, al parecer, inocente. Fueron innumerables las acciones del Poder Judicial para contener la diseminación de este tipo de información, así como las iniciativas de medios de comunicación tradicionales, de la academia y de la sociedad civil, buscando entender y responder al fenómeno que, para algunas personas, era la raíz de la cada vez más frágil la democracia brasileña.
En cuatro años se desmantelaron redes de desinformación y discurso de odio, se retiraron contenidos de las redes sociales y se asumieron compromisos con las empresas para que contribuyeran con las investigaciones este fenómeno y adoptaran medidas para reducir la visibilidad de las noticias falsas. Sin embargo, nada de eso contuvo la máquina bolsonarista, que sigue fuerte y en campaña de cara a la segunda vuelta.
Circula en las redes un reportaje de CNN Brasil, editado y descontextualizado, que sugiere que de ser elegido, Lula confiscaría bienes financieros de la población. La publicación tuvo miles de visitas y fue compartida en las redes sociales por autoridades políticas, incluyendo a un diputado de Paraná. Otra publicación asocia al candidato del PT con el demonio, usando un video también manipulado. En ambos casos, vídeos reales se utilizan para crear un mensaje engañoso.
Pero las estrategias de manipulación de la opinión pública del presidente y sus partidarios/as va mucho más allá de la desinformación en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Incluyen declaraciones polémicas, conflictos fabricados, ataques e incluso pseudo-partidarios pagados para provocar tensiones políticas.
Los ataques bolsonaristas a periodistas y opositoras/es —especialmente mujeres— ha alimentado un ambiente de odio y violencia política, característico del espacio público en los últimos años y que ha producido graves daños al ejercicio de derechos online y offline, y al sistema democrático, como reconocen diversas autoridades internacionales.
El caso más reciente ocurrió durante la campaña electoral e involucra a la periodista Vera Magalhães, que, después de ser ofendida en vivo por el presidente durante el primer debate presidencial, fue atacada por sus partidarios/as en las redes, bajo un esquema que parece seguir una receta bien definida, pues se repite en diversos casos.
Brasil tiene alrededor de 12,5 millones de hogares sin acceso a internet, pero casi todos los hogares tienen un televisor. Entre una prensa fuertemente comprometida con algunos de los proyectos bolsonaristas —principalmente en el ámbito de un irresponsable liberalismo económico— y una prensa pautada por la voz de las autoridades, la organizada máquina de desinformación y odio en las redes logró amplificarse. Más que eso, fue efectiva en distraer la atención de escándalos de corrupción y del deterioro de las condiciones de vida en el país, evidente durante la pandemia de COVID-19.
La mentira se hace realidad
Las mentiras dichas por un presidente pasan a constituirse en verdades cuando las instituciones y las autoridades actúan en consecuencia. Al principio de su mandato y sin ninguna prueba, Bolsonaro acusó que algunas ONG estarían detrás de una serie de incendios en la Amazonia. Meses después, integrantes de organizaciones de la sociedad civil que operan en la región fueron detenidas/os, tras ser objeto de una investigación, bajo la acusación de haber incendiado el bosque.
Este fenómeno puede explicar el desempeño superior del presidente en la primera vuelta en relación a lo previsto en las encuestas de opinión. Desde 2021 Bolsonaro apuesta a un discurso de cuestionamiento a las urnas electrónicas y al sistema electoral (el mismo sistema que lo eligió en 2018), y ha tanteado la posibilidad de no reconocer los resultados si no le son favorables. Nuevamente, sin pruebas, pero creando suficiente tensión para movilizar a las instituciones en respuesta a un problema que el propio Tribunal Superior Electoral (TSE) considera inexistente.
El 7 de septiembre (Día de la Independencia en Brasil), el presidente comenzó a intensificar los cuestionamientos a los institutos de investigación electoral que predecían la victoria de Lula con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales en relación a Bolsonaro, y la posibilidad de victoria en primera vuelta. Las insinuaciones presidenciales fueron reproducidas por la prensa y luego se transformaron en ataques de los simpatizantes de Bolsonaro en las redes. Finalmente la violencia se volvió física, con registros de ataques contra investigadoras/es de esos institutos en su jornada de trabajo.
Lo que no se pudo averiguar en esta secuencia es si los votantes de Bolsonaro o de sus simpatizantes en los gobiernos provinciales y cargos legislativos fueron orientadas/os desde sus redes de mensajería organizadas a no responder a las encuestas de opinión o si fueron inducidos a ello a partir de las declaraciones del presidente. Esta es una de las diferentes hipótesis de las expertas/os para explicar la discrepancia entre las encuestas y el resultado de las urnas el domingo. Según la directora de Datafolha, uno de los principales institutos de investigación en el área, la hostilidad contra investigadoras/es durante la primera vuelta puede haber dificultado una medición más precisa de las intenciones de voto en Bolsonaro.
Después de los resultados, los/las partidarios/as del presidente volvieron a criticar a los institutos de investigación. Un ministro orientó, ahora explícitamente, a los/las electores a no responder a las encuestas para la segunda vuelta y otro solicitó la apertura de una investigación para identificar irregularidades en el funcionamiento de estas instituciones.
Enfrentar la verdad con los ojos abiertos
Otras hipótesis para explicar la diferencia de los votos de Bolsonaro tiene que ver con la ausencia de datos demográficos actualizados, debido a la negativa del propio gobierno federal a realizar el Censo que estaba previsto para 2020; o el cambio de votos a la última hora, influenciado o no por movilizaciones de última hora en las redes y difícil de ser considerado con antelación. Indicios de posible compra de votos y de coacción del empresariado hacia sus empleadas/os por el voto a Bolsonaro también comienzan a aparecer en los noticieros de la semana.
Más allá de las posibles justificaciones, lo que el resultado de las urnas manifestó es que el bolsonarismo sigue organizado y con fuerza, movilizando diversos segmentos conservadores y de extrema derecha en Brasil, con gran potencial para expandirse en la región. La masa verde y amarilla que ocupó los lugares de votación demuestra que las más de 600 mil muertes por COVID-19 en el país esto no impactaron en gran parte de la población, orgullosa de apoyar la agenda de Bolsonaro.
Bolsonaro es considerado por algunas personas como un «mito», por expresar el conservadurismo radical que nunca fue cuestionado después de la dictadura militar brasileña y por su defensa de la tortura y de los torturadores, del armamento, de la violencia y de la criminalización como políticas de seguridad. Para otras es un enviado de Dios. Y para otras tantas es el instrumento capaz de avanzar en pautas liberales y atraer el «mercado», que ahora manifiesta su preferencia.
Independientemente de los resultados de las urnas el 30 de octubre, cuando tenga lugar la segunda vuelta, la mirada a las declaraciones y comportamientos presidenciales y al papel de las redes tendrá que partir de esa constatación. Junto a las exigencias de responsabilización de aquellos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos, tendremos que construir una agenda capaz de disputar la humanidad y los imaginarios de futuro de aquellas personas que ya no se ven representadas por la democracia y sus instituciones. La tarea es ardua y va a demandar muchas alianzas, movilización y esperanza.
Colombia: amicus curiae en relación con el expediente D-0014516
Este es un caso de demanda de inconstitucionalidad propuesta contra del numeral primero del artículo 56 (parcial) de la Ley 1450 de 2011 por vulnerar los artículos 13, 15, 20, 75, 83 y 333 de la Constitución Política, al igual que los artículos 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).