Temática: Libertad de expresión

Twitter: ¿El principio del fin?

Finalmente sucedió. Después de varios meses de especulación, y ante el riesgo de tener que ir a juicio, Elon Musk se convirtió en el dueño de Twitter. Y las cosas van más o menos como se esperaba: despidos masivos, una caída importante en los ingresos por avisaje y una sensación de caos generalizado al interior de la compañía.

Ciertamente, hay algo gratificante en ver fracasar a un multimillonario fanfarrón. Y, sin embargo, la eventual ruina de Twitter puede y debe ser entendida también como una pérdida para sus varios millones de usuarios y usuarias alrededor del mundo. Las expectativas crecen con cada nuevo chisme y con cada nuevo error. En este preciso instante, las oficinas de Twitter están cerradas, después de que una gran mayoría de los empleados haya optado por rechazar un ultimátum de Musk. Más que nunca, el futuro es incierto.

¿Es esto simplemente la obra de un hombre particularmente poco adecuado para el trabajo que compró o es sintomático de algo mayor? ¿Cómo nos afecta este fiasco a quienes usamos la plataforma? ¿Qué podemos aprender de todo esto y qué es lo que sigue?

La libertad de expresión en riesgo

La compra de Twitter ha estado ligada a una serie de declaraciones críticas realizada por Elon Musk sobre el rol de Twitter en relación con la libertad de expresión, que muchas veces hacen eco de predicamentos infundados de la derecha política estadounidense.

A fines de enero de este año, cuando recién había comenzado a comprar acciones en Twitter, Musk criticó a la plataforma por no “adherir a los principios de la libertad de expresión”. Tras la adquisición, a fines de octubre, Musk intentó clarificar su postura, señalando que por libertad de expresión entiende “aquello que la ley permite” (más precisamente, la ley de Estados Unidos). 

Musk se autodefine como un absolutista en materia de libertad de expresión, pero su historial señala algo distinto: “Comedy is now legal”, decía una de las primeras publicaciones que realizó tras convertirse en dueño de Twitter, aludiendo a la idea de que la corrección política destruye no solo la comedia, sino a la civilización. Y sin embargo, quienes osaron burlarse del nuevo dueño vieron sus cuentas suspendidas. Tanto sus acciones como sus dichos demuestran la escasa comprensión que tiene Elon Musk de los complejos desafíos que supone defender la libertad de expresión en internet, en una plataforma de escala global.  

Entre los primeros despidos estuvo el equipo de derechos humanos, el equipo encargado de la accesibilidad para personas discapacitadas y el equipo dedicado a la ética y transparencia algorítmica.  Muy comentado fue el despido de Vijaya Gadde, jefa legal de la compañía y responsable de distintas decisiones en materia de libertad de expresión, moderación de contenido y seguridad de la plataforma: fue ella la que decidió vetar a Donald Trump y prohibir la venta de publicidad electoral en Twitter. En abril, Musk había compartido un meme burlándose de la ejecutiva, lo que le significó recibir gran cantidad de mensajes de odio.

La nueva administración está desmantelando la estructura creada por Twitter para combatir las verdaderas amenazas a la libertad de expresión: el discurso de odio, la violencia y la persecución política. Durante el fin de semana recién pasado, despidieron al equipo encargado de moderar este tipo de contenidos.

Los principales perjudicados de un brusco cambio de dirección en materia de libertad de expresión son los disidentes políticos, particularmente en países autoritarios y en las zonas de conflicto, además de las mujeres, las personas LGBTQI+ y los miembros de grupos históricamente marginados, quienes son las principales víctimas de acoso y violencia a través de Twitter.

Actualmente, Twitter está en medio de un litigio de muy alto perfil en India, enfrentándose a un Gobierno muy propenso a hacer uso de una ley que les faculta a exigir el bloqueo de plataformas y cuentas que han publicado información que consideran difamatoria. El impacto puede ser vasto, pero si continuarán con este proceso es un misterio. Como hemos mencionado antes, el respeto por los derechos humanos en la plataforma no puede depender de su propiedad, pero ese es el piso mínimo. Un verdadero compromiso con la libertad de expresión requiere tomar pasos extra, incluyendo enfrentar juicios que son largos, pesados y costosos. No obstante, la compleja situación económica en la que se encuentra Twitter hace difícil que esto pueda materializarse.

¿Cuánto vale Twitter?

¿De qué hablamos cuando hablamos del colapso de Twitter? No se trata de que, de un día para otro, la empresa simplemente deje de existir, sus servidores desconectados de internet, inaccesibles. Después de todo, los retazos de MySpace todavía están en línea. Más bien es el punto en el que, debido al desmantelamiento de los diferentes procesos y sistemas que establecen mínimos básicos de civilidad, la plataforma se torna suficientemente poco atractiva y las usuarios y usuarios dejan de utilizarla, al punto de la irrelevancia.

Se trata de un escenario plausible y frustrante, particularmente para quienes han invertido tiempo y esfuerzo creado redes y un número importante de seguidores en Twitter. Cambiar de plataforma implica no solamente dejar atrás un trabajo arduo y constante, sino que además es perder una audiencia. Tener que hacerlo por la incompetencia del hombre más rico del mundo es todavía peor.

Musk pagó 44 mil millones de dólares por Twitter y existe consenso respecto a que la cifra es excesiva, cuestión que él mismo ha reconocido (no olvidemos que intentó dar marcha atrás con el acuerdo y no pudo). Se estima que el valor real de la plataforma ronda los 25 mil millones de dólares. De cualquier forma, no valdría absolutamente nada si nadie la usara. El verdadero valor radica en la suma del esfuerzo invertido por cada persona que publica, comparte, comenta, lee, sigue y agrega a sus favoritos.

Siguiendo a Antonio Negri y Michael Hardt, podríamos denominar a esta lógica como bioeconómica, a partir del desarrollo del concepto foucaultiano de biopoder: “La vida ya no es producida en los ciclos de reproducción subordinados a la jornada laboral; por el contrario, la vida es la que infunde y domina toda la producción. De hecho, el valor del trabajo y la producción está determinado en las profundidades de la víscera de la vida. La industria no produce más excedente que el generado por la actividad social”.

No es la tecnología, son las personas. La plataforma y la tecnología constituyen los medios de producción para una forma particular de comunicación conocida como Twitter. La economía de las redes sociales está construida sobre la explotación de la totalidad de las relaciones sociales entre usuarios y usuarias, entendidas como trabajo y rentabilizadas en el mercado de valores y en la venta de avisaje. El producto no eres tú, si no los lazos comunicativos que estableces en la plataforma.

Por ello, tener que renunciar a Twitter es perder dos veces: es el despojo del valor de tu trabajo en la plataforma en tanto usuario, así como del capital social que has sido capaz de acumular. Por lo mismo, las especulaciones sobre un potencial modelo de suscripciones se siente como una estafa, y muy probablemente no funcione.

Sin embargo, no son muchas las opciones de Musk, quien está obligado a encontrar una forma en la que la plataforma genere dinero. Sin embargo, las transformaciones impuestas desde el inicio de su mandato apuntan en la dirección contraria.

Pero ¿es solo Twitter?

Mientras la atención estaba puesta en Elon Musk, Mark Zuckerberg aprovechó de despedir a 12000 empleados, aproximadamente el 13% del personal de la compañía y casi el triple de despidos que en Twitter. Las acciones de META han caído un 70% durante este año, perdiendo una capitalización de mercado cercana a los 800 mil millones de dólares.

Las razones son múltiples: demasiado personal contratado para trabajar en proyectos fracasados en un intento por retener un sitial que la compañía, alguna vez todopoderosa, ha comenzado a perder frente a competidores con los cuales no sabe cómo competir. La obsesión de Zuckerberg con construir el Metaverso tampoco ayuda. Reality Labs, la empresa encargada del desarrollo del Metaverso, perdió más de 21 mil millones de dólares entre 2019 y 2021, con otros 9.4 mil millones en pérdidas durante los últimos tres cuatrimestres.

Financieramente, las cosas son todavía peores en Twitter. En el último reporte cuatrimestral previo a la compra, la compañía reportó una pérdida de $344 millones de dólares. Para financiar la adquisición, Musk tuvo que reunir una deuda de alrededor de 13 mil millones de dólares, que acumulan anualmente alrededor de mil millones de dólares en intereses. Musk desesperadamente necesita hacer rentable la compañía, pero Twitter solamente ha logrado utilidades durante dos periodos en su historia.

Tanto la obsesión de Zuckerberg con la realidad virtual, como el desastroso intento de Musk de cobrar por verificación en Twitter dan cuenta de lo mismo: ambas compañías ven la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento, distintas del avisaje. Si a ese cuadro agregamos las múltiples dificultades asociadas a la moderación de contenidos en plataformas con pretensiones globales —que constituye el núcleo fundamental de una plataforma que necesita atraer usuarios y publicidad— y el surgimiento de nuevas lógicas respecto al modo en que nos relacionamos con el contenido online, quizás lo que estamos presenciando sea el estallido de la burbuja, el fin de una era, el abandono próximo de una forma de producción en línea que no es sustentable.

Varias voces comienzan a declarar el fin de las redes sociales (algunas, con argumentos más conservadores que otras). Puede ser, si de algo podemos estar seguros es que todo termina, todo muere.  ¿Y ahora qué? Durante los primeros días del reinado de Musk en Twitter muchas personas acudieron a Mastodon, una plataforma caracterizada como el anti-Twitter. Y aunque Mastodon tiene sus propios problemas y es difícil saber si este influjo de nuevos usuarios se mantendrá en el tiempo, hay algo respecto de los postulados con los que está construido que puede dar pistas respecto a las amplias posibilidades de la experiencia online. 

Quizás el futuro pueda ser a escala humana: más pequeño, más localizado, más comunitario, más silencioso.

Veremos.

Ola Bini: Daños colaterales

El pasado 28 de agosto, el periodista Diego Cazar publicó en línea Colateral, libro en el que, a través de un relato periodístico, cuenta la persecusión vivida por Ola Bini, pero además profundiza en el aspecto humano. Yo trabajaba con Ola Bini al momento de su detención y pasé un momento difícil al convertirme en un personaje secundario en esta historia.

Mi trama fue relativamente tranquila comparada con las de otras personas que, de forma colateral, han sufrido debido a la persecución del Estado ecuatoriano a Bini. Uno de estos casos es el de Ricardo Arguello, que fue involucrado por una estrategia de la fiscalía para conseguir 30 días más de instrucción fiscal; o el del perito Fabián Hurtado que, tras realizar una pericia de parte, sufrió el allanamiento de su casa por la fiscalía, sin motivos claros.

Muchas veces nos indignamos con las historias que vemos en la prensa o en redes sociales y luego nos olvidamos, pero ¿Qué sucede con la gente a la que le tocó ser protagonista de una de estas historias? ¿Cómo se sintió el perito Hurtado y su familia luego de haber sido allanados de forma violenta en la madrugada? ¿Cómo se sintieron Ricardo y su familia al saber que serían parte de un juicio politizado en el que el adversario es el poder del Estado? En Colateral, las y los protagonistas cuentan sus historias. Historias de terror.

Me gustaría que en el libro se hablara de la justicia ecuatoriana, pero, lamentablemente, se trata sobre la injusticia presente en mi país. Mucho se dijo durante el gobierno de Lenin Moreno sobre la independencia del poder. Sin embargo, una rueda de prensa de la Ministra del Interior hablando de ataques informáticos y planes de desestabilización bastó para que Fiscalía inicie una investigación y que un juez determine la prisión preventiva contra Ola, que duró 70 días.

Además de la privación de libertad, todos los dispositivos informáticos de Ola Bini fueron confiscados y en un iPhone encontraron la prueba madre de la que se lo acusa ahora: una fotografía de pantalla tomada en el año 2015 cuándo Lenin Moreno todavía no era presidente. En otras palabras, Ola estuvo preso 70 días por algo distinto a lo que se le acusa.

Cuando no existe independencia de poderes, se podría esperar que la prensa cumpla su rol de informar a la ciudadanía y cuestione al poder. En el caso de Ola Bini, los medios de comunicación masivos y varios portales de internet se encargaron de posicionar el relato del gobierno y de estigmatizar a Bini, exponiéndolo como un ser extraño, capaz de destruir cualquier sistema informático. Pocos se tomaron el trabajo de conocer el trabajo de Ola y tratar de entenderlo.

Uno de esos pocos es Diego Cazar, que en Colateral cuenta varias de las ocasiones en la que los medios de comunicación —en vez de investigar y cuestionar al poder— hicieron eco de su relato o inventaron historias (como la de Ola Bini espiando a favor del gobierno de Moreno desde la cárcel).

Algo que siempre me llamó la atención de este caso es que nunca vi en la prensa la versión de la fiscalía. El libro rompe con este silencio a través de una conversación con el fiscal Chávez, donde queda claro que él no tiene conocimientos básicos de informática.

El caso de Ola Bini todavía no termina y el 11 de noviembre de este año se reanudarán las audiencias, siempre y cuándo no se suspenda, como sucedió en octubre de 2021 y en agosto de este año. A medida que escuchamos más voces, nos adentramos en los daños colaterales que siguen surgiendo del caso. La privacidad en internet está en riesgo permanente y es tarea de todes escuchar a las personas expertas en seguridad digital en lugar de ignorarlas y perseguirlas.

Quien quiera acceder al libro puede escribir a: info@tizarron.com

Examen Periódico Universal

¿Qué es el EPU?

El Examen Periódico Universal (EPU) es una revisión del historial de derechos humanos de los Estados Miembro de Naciones Unidas. Cada cinco años, cada estado es sometido a examen. Todos los países son parte del proceso. Es una oportunidad para que los Estados analicen y comuniquen las mejoras implementadas en materia de derechos humanos. Además, pueden recibir recomendaciones por parte del resto de los estados miembro de Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar mejoras constantes en materia de derechos humanos a nivel global.

Mira el video aquí.

Examen Periódico Universal 4to ciclo, sesión 41

ECUADOR

Resumen de recomendaciones al estado ecuatoriano

Summary of recommendations to the Ecuadorian state

Campaña de difusión

BRASIL

Resumo das recomendações ao estado brasileiro

Summary of recommendations to the Brazilian state

Este relatório da sociedade civil, elaborado por Privacy Internaciona e Derechos Digitales, se concentra apenas nas preocupações relacionadas ao uso da tecnologia educacional (’EdTech’) no Brasil e ao processamento subsequente (coleta, análise, retenção e compartilhamento) de dados de crianças e professores nas escolas

Esta submissão, elaborada por APC , Artículo 19, Derechos Digitales, Intervozes centra-se no cumprimento de obrigações de direitos humanos no contexto digital pelo Brasil e busca fortalecer recomendações focadas na garantia do acesso universal à internet de modo a viabilizar a livre expressão e associação, o acesso à informação, conhecimento, cultura e o exercício de direitos econômicos e sociais demaneira segura, respeitosa à privacidade, à autonomia e livre de qualquer forma de discriminação.

This submission, made by APC , Artículo 19, Derechos Digitales, Intervozes, focuses on Brazil’s fulfilment of human rights obligations in the digital context and seeks to strengthen recommendations focused on guaranteeing universal access to the Internet in order to make possible free expression and association; access to information, knowledge and culture; and the exercise of economic and social rights in a manner that is secure, respectful of privacy and autonomy, and free of any kind of discrimination

Este informe, elaborado por APC , Artículo 19, Derechos Digitales, Intervozes, se centra en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el contexto digital por parte de Brasil y busca fortalecer recomendaciones enfocadas en la garantía del acceso universal a internet en orden de ejercer la libre expresión y asociación; el acceso a la información, al conocimiento y a la cultura; y el ejercicio de derechos económicos y sociales de manera segura, respetuosa de la privacidad y de la autonomía y libre de cualquier forma de discriminación.

Campaña de difusión

Bloqueo de transmisiones: Un partido difícil

La idea de regular y dar de baja contenidos se viene discutiendo en el país hace ya tiempo. La búsqueda de soluciones a la “piratería” están en la mesa de diálogo de diferentes partidos políticos y cámaras empresariales. Sin ir más lejos, en el actual proyecto de “Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal» , que se encuentra a estudio del parlamento uruguayo, se incluyen algunos artículos referidos a la temática.

    Específicamente, el tema es tratado  entre los artículos 214 y el  216, siendo el 215 una herramienta fundamental para el análisis de la propuesta que el actual gobierno pretende que se apruebe. 

El mencionado artículo indica (entre otros puntos) que “La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) podrá solicitar la inhabilitación en tiempo real del acceso a contenidos ilegales de eventos deportivos en directo en línea”.  Esto se podrá realizar “tras denuncia del titular de los derechos o representante con facultades suficientes, podrá dictar medidas cautelares de bloqueo que se ejecutan temporalmente, con un máximo de treinta días, para bloquear el sitio web infractor durante la duración del evento,independientemente del nombre de dominio o dirección IP utilizada, y sin necesidad de que se emita un nuevo amparo”. 

Una vez que la medida cautelar sea dictada, “los intermediarios o los proveedores de acceso a internet (ISP), según corresponda, deberán retirar las emisiones ilegales de eventos deportivos en directo en línea o la desactivación del acceso a ellas, lo más rápido posible y que, en cualquier caso, a más tardar dentro de los treinta minutos a partir de la recepción de la notificación del titular de los derechos o de representante con facultades suficientes de la existencia de dichas emisiones ilegales, identificando con altísima precisión la retransmisión ilícita y un casi nulo margen de error”.

Lo que se busca es modificar el artículo 712 de la actual ley de Presupuesto, que actualmente permite el bloqueo de páginas web que ofrecen servicios de televisión para abonados a través de internet, con previa denuncia, pero no menciona a las transmisiones en vivo, en particular.

Los bloqueos que se pueden realizar hoy en Uruguay no son inmediatos y el proceso puede demorar hasta cuatro días desde que se presenta denuncia. El cambio central, entonces, consiste en que, de aprobarse el artículo incluido en la rendición de cuentas, los bloqueos serían automáticos y estarían incluidas las transmisiones hechas por intermediarios en redes sociales.  

El nuevo sistema, según indica la propuesta de ley, funcionaría a través de un software que bloqueará automáticamente todos los contenidos ilegales que encuentre en la red.

El próximo mundial de fútbol en Qatar, que se realizará entre noviembre y diciembre de este año, es uno de los incentivos para promover el bloqueo automático ya que, según las palabras del director nacional de Telecomunicaciones, “no sirve hacer un bloqueo de estos eventos importantes a los tres o cuatro días de hacer la denuncia. Tenés que bloquear en el momento”.

La Asociación Latinoamericana de Internet —organización que reúne a empresas de internet multinacionales, como Google, Amazon o MercadoLibre— había advertido hace unos meses que el sistema que se propone es “poco claro”. En una nota enviada a la comisión parlamentaria que discute el proyecto, plantearon que “Si bien compartimos el espíritu de combatir este tipo de transmisiones, los artículos propuestos aportan riesgos de grandes dimensiones (bloqueo de contenidos incorrectos, afectación a la libertad de expresión y posibilidad de fragmentación de internet, entre otros) en relación a los potenciales beneficios que podría aportar para el logro de los objetivos planteados”. Añaden que también “se podría no intencionadamente generar un incentivo equivocado en el que, a los efectos de evitar sanciones, el intermediario elimine contenido en exceso, afectando los derechos de libertad de expresión”. Indican que los intermediarios, quienes brindan servicios de internet, “no puede” tener “carácter de autor o editor” de contenidos, ya que “únicamente tiene un rol pasivo como proveedor de infraestructura”.

A nivel de libertad de expresión y derecho a la información, la reforma planteada presenta diversos problemas. Por un lado, se otorgan más potestades a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y, por otro, se exime de responsabilidad a las empresas proveedoras de internet.

El procedimiento planteado no es claro, como lo indicó la senadora opositora al gobierno, Silvia Nane. El nuevo articulado le entrega poder de censura a las empresas de telecomunicaciones. Nane manifestó que “Si las disposiciones son para partidos de fútbol, por qué se pone en la redacción “para contenidos en general» ; si defienden algo específico, pero lo redactan de forma genérica”.

Gustavo Gómez, Director ejecutivo de Observacom, analizó el articulado, indicando que el sistema que se propone no garantiza “el debido proceso”, sino que es “un tembladeral jurídico” ya que “Te denuncian y tenés que defenderte después del bloqueo y no antes”. Señaló también que la propuesta da “más poderes al regulador para ordenar a redes sociales y telefónicas a eliminar contenidos audiovisuales y bloquear cuentas y sitios Web sin orden judicial”.

Pablo Siris, director de la URSEC por el partido opositor al gobierno, indicó que la facultad de solicitar bloqueos a los proveedores implicaría “una nueva dificultad” para la URSEC, dado que “es previsible que se vea sometida a recursos y diatribas entre privados sobre quién tiene derecho o no a hacer tal o cual cosa”.

Los intentos por regular las transmisiones ilegales no son una novedad, sin embargo, cuando se analiza esta nueva iniciativa desde una perspectiva de derechos humanos, es inevitable encontrar numerosas interrogantes a las que el gobierno uruguayo debería responder —consideramos— antes de implementar cualquier cambio: ¿Qué tipo de contenidos son los que se bajarán? ¿Cuáles son los criterios que se tomarán para el bloqueo de contenidos? ¿Qué potestades tendrán las empresas de telecomunicaciones? ¿Qué tipo de software será el utilizado? ¿Hay un análisis de impacto realizado previo a la implementación?

Respuestas claras y a tiempo evitarán que la búsqueda de “contenidos piratas” resulte, finalmente, en censura y privación del derecho a la información de la sociedad.

Cuando la mentira se apodera de la realidad

La primera vuelta de las elecciones brasileñas terminó con algunas sorpresas y muchas lecciones. Contrariamente a las proyecciones de los principales institutos de investigación, Jair Bolsonaro obtuvo cerca del 43% de los votos válidos, contra el 48% del ex presidente Lula. Las ya frustradas tentativas de «tercera vía» no alcanzaron a sumar el 10% de los votos, un desempeño más insignificante de lo previsto.

El escenario se completa con la elección, para gobiernos provinciales y cargos en el Poder Legislativo, de importantes aliados/as y ex ministros/as del gobierno de Bolsonaro. Un gobierno marcado por escándalos de corrupción, una desastrosa y vergonzosa gestión de la pandemia —con más de 600 mil muertes— e innumerables denuncias de violaciones de derechos humanos.

Más allá de la sorpresa por la alta votación obtenida por Bolsonaro, cabe plantear dos preguntas a la sociedad brasileña: ¿Cómo se explica la diferencia entre los resultados y las estimaciones? ¿y cómo entender los más de 51 millones de votos que recibió el actual presidente?

Violencia, odio y manipulación

Las elecciones de 2018 pusieron en el centro de las preocupaciones a las «fake news» o noticias falsas, y su influencia en una opinión pública, al parecer, inocente. Fueron innumerables las acciones del Poder Judicial para contener la diseminación de este tipo de información, así como las iniciativas de medios de comunicación tradicionales, de la academia y de la sociedad civil, buscando entender y responder al fenómeno que, para algunas personas, era la raíz de la cada vez más frágil la democracia brasileña.

En cuatro años se desmantelaron redes de desinformación y discurso de odio, se retiraron contenidos de las redes sociales y se asumieron compromisos con las empresas para que contribuyeran con las investigaciones este fenómeno y adoptaran medidas para reducir la visibilidad de las noticias falsas. Sin embargo, nada de eso contuvo la máquina bolsonarista, que sigue fuerte y en campaña de cara a la segunda vuelta.

Circula en las redes un reportaje de CNN Brasil, editado y descontextualizado, que sugiere que de ser elegido, Lula confiscaría bienes financieros de la población. La publicación tuvo miles de visitas y fue compartida en las redes sociales por autoridades políticas, incluyendo a un diputado de Paraná. Otra publicación asocia al candidato del PT con el demonio, usando un video también manipulado. En ambos casos, vídeos reales se utilizan para crear un mensaje engañoso.

Pero las estrategias de manipulación de la opinión pública del presidente y sus partidarios/as va mucho más allá de la desinformación en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Incluyen declaraciones polémicas, conflictos fabricados, ataques e incluso pseudo-partidarios pagados para provocar tensiones políticas.

Los ataques bolsonaristas a periodistas y opositoras/es —especialmente mujeres— ha alimentado un ambiente de odio y violencia política, característico del espacio público en los últimos años y que ha producido graves daños al ejercicio de derechos online y offline, y al sistema democrático, como reconocen diversas autoridades internacionales.

El caso más reciente ocurrió durante la campaña electoral e involucra a la periodista Vera Magalhães, que, después de ser ofendida en vivo por el presidente durante el primer debate presidencial, fue atacada por sus partidarios/as en las redes, bajo un esquema que parece seguir una receta bien definida, pues se repite en diversos casos.

Brasil tiene alrededor de 12,5 millones de hogares sin acceso a internet, pero casi todos los hogares tienen un televisor. Entre una prensa fuertemente comprometida con algunos de los proyectos bolsonaristas —principalmente en el ámbito de un irresponsable liberalismo económico— y una prensa pautada por la voz de las autoridades, la organizada máquina de desinformación y odio en las redes logró amplificarse. Más que eso, fue efectiva en distraer la atención de escándalos de corrupción y del deterioro de las condiciones de vida en el país, evidente durante la pandemia de COVID-19.

La mentira se hace realidad

Las mentiras dichas por un presidente pasan a constituirse en verdades cuando las instituciones y las autoridades actúan en consecuencia. Al principio de su mandato y sin ninguna prueba, Bolsonaro acusó que algunas ONG estarían detrás de una serie de incendios en la Amazonia. Meses después, integrantes de organizaciones de la sociedad civil que operan en la región fueron detenidas/os, tras ser objeto de una investigación, bajo la acusación de haber incendiado el bosque.

Este fenómeno puede explicar el desempeño superior del presidente en la primera vuelta en relación a lo previsto en las encuestas de opinión. Desde 2021 Bolsonaro apuesta a un discurso de cuestionamiento a las urnas electrónicas y al sistema electoral (el mismo sistema que lo eligió en 2018), y ha tanteado la posibilidad de no reconocer los resultados si no le son favorables. Nuevamente, sin pruebas, pero creando suficiente tensión para movilizar a las instituciones en respuesta a un problema que el propio Tribunal Superior Electoral (TSE) considera inexistente.

El 7 de septiembre (Día de la Independencia en Brasil), el presidente comenzó a intensificar los cuestionamientos a los institutos de investigación electoral que predecían la victoria de Lula con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales en relación a Bolsonaro, y la posibilidad de victoria en primera vuelta. Las insinuaciones presidenciales fueron reproducidas por la prensa y luego se transformaron en ataques de los simpatizantes de Bolsonaro en las redes. Finalmente la violencia se volvió física, con registros de ataques contra investigadoras/es de esos institutos en su jornada de trabajo.

Lo que no se pudo averiguar en esta secuencia es si los votantes de Bolsonaro o de sus simpatizantes en los gobiernos provinciales y cargos legislativos fueron orientadas/os desde sus redes de mensajería organizadas a no responder a las encuestas de opinión o si fueron inducidos a ello a partir de las declaraciones del presidente. Esta es una de las diferentes hipótesis de las expertas/os para explicar la discrepancia entre las encuestas y el resultado de las urnas el domingo. Según la directora de Datafolha, uno de los principales institutos de investigación en el área, la hostilidad contra investigadoras/es durante la primera vuelta puede haber dificultado una medición más precisa de las intenciones de voto en Bolsonaro.

Después de los resultados, los/las partidarios/as del presidente volvieron a criticar a los institutos de investigación. Un ministro orientó, ahora explícitamente, a los/las electores a no responder a las encuestas para la segunda vuelta y otro solicitó la apertura de una investigación para identificar irregularidades en el funcionamiento de estas instituciones.

Enfrentar la verdad con los ojos abiertos

Otras hipótesis para explicar la diferencia de los votos de Bolsonaro tiene que ver con la ausencia de datos demográficos actualizados, debido a la negativa del propio gobierno federal a realizar el Censo que estaba previsto para 2020; o el cambio de votos a la última hora, influenciado o no por movilizaciones de última hora en las redes y difícil de ser considerado con antelación. Indicios de posible compra de votos y de coacción del empresariado hacia sus empleadas/os por el voto a Bolsonaro también comienzan a aparecer en los noticieros de la semana.

Más allá de las posibles justificaciones, lo que el resultado de las urnas manifestó es que el bolsonarismo sigue organizado y con fuerza, movilizando diversos segmentos conservadores y de extrema derecha en Brasil, con gran potencial para expandirse en la región. La masa verde y amarilla que ocupó los lugares de votación demuestra que las más de 600 mil muertes por COVID-19 en el país esto no impactaron en gran parte de la población, orgullosa de apoyar la agenda de Bolsonaro.

Bolsonaro es considerado por algunas personas como un «mito», por expresar el conservadurismo radical que nunca fue cuestionado después de la dictadura militar brasileña y por su defensa de la tortura y de los torturadores, del armamento, de la violencia y de la criminalización como políticas de seguridad. Para otras es un enviado de Dios. Y para otras tantas es el instrumento capaz de avanzar en pautas liberales y atraer el «mercado», que ahora manifiesta su preferencia.

Independientemente de los resultados de las urnas el 30 de octubre, cuando tenga lugar la segunda vuelta, la mirada a las declaraciones y comportamientos presidenciales y al papel de las redes tendrá que partir de esa constatación. Junto a las exigencias de responsabilización de aquellos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos, tendremos que construir una agenda capaz de disputar la humanidad y los imaginarios de futuro de aquellas personas que ya no se ven representadas por la democracia y sus instituciones. La tarea es ardua y va a demandar muchas alianzas, movilización y esperanza.

Colombia: amicus curiae en relación con el expediente D-0014516

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Este es un caso de demanda de inconstitucionalidad propuesta contra del numeral primero del artículo 56 (parcial) de la Ley 1450 de 2011 por vulnerar los artículos 13, 15, 20, 75, 83 y 333 de la Constitución Política, al igual que los artículos 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Colombia: Amicus curiae en relación con el expediente T-8652060

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Este es un caso de demanda de la protección de los derechos a la libertad de de expresión, asociación y reunión por parte del  Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro, ante las interrupciones al acceso a internet en Cali en el marco de las manifestaciones del Paro Nacional, en abril y mayo de 2021.

Los límites para la libertad de prensa en Ecuador

El 23 de julio de 2022, la Asamblea Nacional de Ecuador envió al presidente de la República el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación, aprobado dos días antes.

Con ello, se daba comienzo a un plazo de 30 días para que el ejecutivo se pronuncie sobe la iniciativa, ya sea sancionando el proyecto o vetándolo, total o parcialmente. 30 días que han sido un periodo de ardua discusión entre el Gobierno, sus opositores en la Asamblea y quienes ejercen el periodismo.

No es la primera polémica por la regulación de las comunicaciones, la libertad de expresión y la prensa en Ecuador. Sin embargo, en esta ocasión los ánimos parecen estar más agitados y las consecuencias de la disputa política pueden ser más gravosas.

Una modificación polémica

La reforma, surgida del informe de minoría aprobado en la Asamblea tras rechazar el informe de mayoría (que incluía propuestas del Gobierno), modifica significativamente la ley vigente, en cuestiones tales como las reglas del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, el régimen de sanciones a las infracciones de la ley, la forma de entrega de frecuencias a medios de radiodifusión, la restitución de las defensorías de lectores y audiencias, entre otras.

La reforma ha sido fuertemente rechazada por parte de la sociedad civil y agrupaciones de periodistas en el país. En particular, se cuestiona la expansión de sanciones por infracciones a la ley, abriendo la puerta a la penalización de la expresión y habilitando con esto un régimen infraccional que resultaría en desincentivos al ejercicio de las libertades informativas y de expresión.

Además, la modificación introduciría la acción de la Defensoría del Pueblo en labores del Consejo de Comunicación antes mencionado, enfatizando su rol en la verificación y contextualización de hechos. En otras palabras, órganos públicos inmiscuyéndose en la definición de lo que constituye la verdad. Y aunque la resistencia a la desinformación es una preocupación global, la entrega a órganos públicos o privados de la definición de la verdad es siempre problemática. Además, la figura de defensores de audiencias y lectores implicaría una forma de tutela estatal del periodismo, contraria a la libertad para su ejercicio.

Las críticas también se han producido a partir de lo que el proyecto no incluye, en un contexto de intensa violencia ejercida contra periodistas, incluyendo ataques y hasta asesinatos por el ejercicio de la profesión. Aunque la reforma reitera derechos asociados a la expresión y al periodismo, las organizaciones opuestas al proyecto reclaman por la creación de mecanismos efectivos de protección de periodistas.

Lo que viene

La calificación de la reforma como una nueva “Ley Mordaza” no ha sido exclusiva del Gobierno y sus aliados, sino también desde los sectores del periodismo y la sociedad civil contrarios a la reforma. Por esta razón, tanto desde el gobierno como desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se han recogido opiniones para los pasos siguientes de la regulación. Se espera que el gobierno no promulgue la reforma tal como salió de la Asamblea, sino que la rechace mediante un veto. Pero la duda que persiste es sobre si ese veto sería total o si solamente aplicaría a parte de la ley. El rechazo a la ley desde organizaciones de periodistas se ha expresado como una petición al gobierno de dar un veto total a la propuesta de la Asamblea.

Un veto total significaría que la reforma volvería a la Asamblea, prolongando las dudas sobre el futuro de la ley. Y si bien esas dudas hoy se refieren a una ley modificatoria específica, el debate es mucho más amplio: cuáles son las condiciones de ejercicio de la labor periodística sin amenazas legales o existenciales, en un ambiente de alto riesgo. En esas condiciones, no puede ser la libertad de expresión la víctima de disputas políticas.

Derechos digitales en América Latina: los cambios que necesitamos y aún no llegan

Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe Anual 2021. En este instrumento se documentó, entre otras cosas, la situación de la libertad de expresión en internet y mediante el uso de tecnologías digitales en los países americanos. Las informaciones reportadas por la RELE nos permitieron conocer las acciones sistemáticas que los Estados implementan para vulnerar nuestros derechos digitales.

Ya bien entrado el 2022, buscamos conocer si el panorama de derechos digitales ha cambiado desde el 2021 hasta la fecha. Tomamos el informe de la RELE como nuestro punto de partida para explorar cuatro casos preocupantes en la región: Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

Brasil: la desinformación de la pandemia a las elecciones

No es novedad que Brasil navega por los mares de la desinformación, el informe de la RELE la destacó como una herramienta utilizada por el gobierno federal en el marco de la pandemia por COVID-19 desde 2020.

En 2021 se inició una investigación por órdenes del Supremo Tribunal Federal con el objetivo de conocer cuáles fueron las acciones del gobierno en la pandemia, lo que incluía indagar sobre la posible divulgación de noticias e informaciones falsas. En los resultados de dicha investigación, se reconoció que el presidente Jair Bolsonaro fue uno de los principales impulsores de este tipo de noticias, minimizando los efectos y consecuencias de la pandemia, así como generando información errónea sobre las vacunas.

En 2022 la desinformación sigue presente como una herramienta utilizada por el ejecutivo federal, pero en un contexto distinto: el electoral. Las próximas elecciones presidenciales  han generado múltiples debates sobre el combate a la desinformación y han llevado al Tribunal Superior Electoral (TSE) a aliarse con las plataformas digitales, especialmente las de redes sociales y mensajería como Meta, Twitter y WhatsApp. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro continúa ejerciendo su poder al sembrar dudas y divulgar información falsa sobre el sistema electoral brasileño, lo que ha impulsado a la sociedad civil ha denunciarlo ante la CIDH, para que rinda cuentas sobre las acciones que está realizando el gobierno para frenar la desinformación, acciones que deberían apegarse a los principios establecidos en Declaración conjunta sobre libertad de expresión y noticias falsas del 2017 .

Ecuador: ¿mejoras en los índices de libertad de expresión en internet?

La RELE destacó que en 2021, Ecuador se posicionó como uno de los 18 países que mejoró sus índices de libertad de expresión en internet, según la calificación de Freedom House. Además, que fue el país que demostró el avance más significativo. Puede entenderse que los indicadores del país mejoraron porque en ese año no se restringió intencionalmente la conectividad como había sucedido en las manifestaciones de 2019. Sin embargo, es seguro que el reconocimiento durará poco, pues las protestas de 2022 detonaron una serie de violaciones a los derechos humanos en línea y fuera de línea.

Durante las manifestaciones el Estado ecuatoriano violó los derechos digitales de periodistas y de la ciudadanía que protestaba. Esto a raíz de poner  en marcha prácticas de videovigilancia hacia las organizaciones indígenas que lideraron el movimiento, y también de denunciar  la incautación de dispositivos móviles de algunas personas manifestantes. De acuerdo con la organización ecuatoriana Fundamedios, durante las protestas se vivieron 190 agresiones y ataques, de las cuales doce significaron restricciones en el espacio digital.

Nicaragua: el exilio frente a la Ley de Ciberdelitos

Desde 2020 el gobierno ha aprobado una serie de legislaciones que le dan el poder para silenciar a personas opositoras, activistas y la ciudadanía en general.  “La evidencia recopilada por la Relatoría ha llevado a concluir que no existe en la actualidad ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país”, declaró RELE en su informe.

En el marco de la pandemia fue evidente la amenaza, pues las autoridades le dieron una advertencia al personal médico que opinó sobre la gestión de la pandemia por parte del gobierno, con el argumento de que opinar sobre ello contravenía a la Ley de Ciberdelitos.

La implementación de ese marco legislativo ha tenido consecuencias graves: personas presas políticas; el exilio de periodistas, activistas y opositores; cierre de organizaciones civiles; entre otras. La situación no ha mejorado en este año: se ha denunciado el cierre masivo de emisoras de radio y televisión, acto condenado por la CIDH. Recientemente, el diario La Prensa anunció que se exiliaría con su personal por el temor a ser encarcelados y encarceladas. El diario tomó la decisión luego de que periodistas y fotógrafos sufrieran allanamientos a sus hogares. Más que cambios positivos a favor de los derechos humanos, Nicaragua ha fortalecido un gobierno con tintes autoritarios y con capacidad para amenazar, hostigar y exiliar a su propia población.

Venezuela: la vigilancia en las comunicaciones

En 2021 la RELE documentó que Venezuela realizó “vigilancia a voces críticas” tanto en el entorno digital como fuera de línea. De acuerdo con la relatoría, la vigilancia aunada a las vulneraciones a la libertad de expresión, tuvo como consecuencia el inicio de procesos judiciales en contra de las personas que criticaron la labor del gobierno en redes sociales.

En este marco,  Telefónica Movistar lanzó un informe que dio cuenta de la intercepción de las comunicaciones más de un millón de personas usuarias de esta compañía. La intercepción se realizó por mandatos de instituciones gubernamentales y sin órdenes judiciales. Dado que se trata de un informe global, es fácil notar el contraste entre la cantidad de solicitudes de intercepción en Venezuela frente al resto de la región. Esta actividad representa una continuidad en las acciones del Estado por vigilar a su población, vulnerando su derecho a la privacidad.

Los cambios que aún no llegan

Los cuatro casos brevemente analizados evidencian una preocupante tendencia regional: los gobiernos no pretenden modificar sus conductas ni reafirmar su compromiso por los derechos humanos en los entornos digitales, lo que ha propiciado la permanencia de la desinformación, la censura, el exilio y la vigilancia. Para que el panorama de derechos digitales en la región cambie es necesario hacer una introspección sobre las problemáticas sistemáticas que vivimos en nuestros países, para desde ahí, proponer y demandar legislaciones y políticas que favorezcan un enfoque protector de derechos.

Los informes de la RELE, así como de otras relatorías de la CIDH, deben servir como un recordatorio a los Estados de que la comunidad internacional está atenta a sus acciones. Es fundamental que la sociedad civil organizada apueste por la documentación de la situación de los derechos digitales a nivel local, con la finalidad de acercar estas informaciones a las relatorías y otros mecanismos internacionales, y facilitar de ese modo la rendición de cuentas de los Estados.

Hacemos un llamado a los Estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, que legislen con base en los estándares internacionales y que trabajen para que, por fin, lleguen los cambios que necesitamos.

Organizaciones de la sociedad civil rechazan intentos de silenciar y criminalizar movimientos sociales en el contexto de protesta en Ecuador y exigen que se respeten los derechos humanos

Las organizaciones y activistas firmantes rechazamos firmemente la violenta represión, las detenciones arbitrarias y el uso de tecnologías de la vigilancia para amedrentar, hostigar, perseguir y silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador en el marco de las protestas iniciadas el pasado 13 junio de 2022.

Ecuador tiene un preocupante registro de abusos a los derechos humanos en los últimos años que incluyen la vigilancia y criminalización de movimientos sociales, así como intentos de silenciar voces críticas a los poderes establecidos. El uso que se ha dado al Servicio Integrado de Seguridad ECU911, una poderosa institución dependiente de la Presidencia de la República que concentra los sistemas de video vigilancia desplegados a nivel nacional, como aparato de espionaje contra opositores de los gobiernos de turno ha sido ampliamente documentado y denunciado.

Como consecuencia de los hechos registrados en los primeros días de protesta consideramos que tales prácticas abusivas no se han quedado en el pasado. Ellos incluyen:

Son igualmente preocupantes los reportes de amenazas y ataques a periodistas, así como denuncias de uso excesivo de la fuerza para la disolución de concentraciones en un contexto de rápida militarización de las calles. Cabe enfatizar que entre 2007 y 2021, se registraron 3.045 agresiones contra la prensa en línea y fuera de línea, de las cuales 289 sucedieron en el 2021 teniendo al Estado como principal agresor, con 130 incidentes.

El Estado ecuatoriano debe garantizar la libertad de reunión, asociación y de expresión, tanto en internet como en las calles, cumpliendo con lo establecido por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que ratifica, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como ha reconocido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este derecho se aplica también en los entornos digitales, pues posibilita la expresión y participación pública en las sociedades democráticas.

Es crucial que el pueblo ecuatoriano pueda utilizar las tecnologías digitales, particularmente internet, para coordinar acciones, informar sobre las protestas en tiempo real, denunciar actos de violencia policial, acceder a información de diversas fuentes, comunicarse para proteger su seguridad personal, pedir apoyo o solicitar asistencia médica o de otra índole.

Cualquier intervención estatal o privada orientada a restringir el libre flujo de información atenta contra el ejercicio del derecho a la protesta y otros derechos conexos, además de afectar el acceso a la información de millones de personas que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, dependen de los medios digitales.

Por lo tanto, hacemos un llamado al Estado ecuatoriano para que:

  • Detenga inmediatamente el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y el ejército, termine con la represión en todas las ciudades del país y cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho a la protesta.
  • Asegure el libre flujo de información de interés público y establezca todas las garantías necesarias para que los medios independientes y ciudadanos realicen su trabajo de cobertura de las protestas sin obstrucciones.
  • Refuerce los derechos de la sociedad civil a hacer uso de las tecnologías digitales que permitan ejercer su derecho a la protesta, dentro y fuera de línea.
  • Implemente medidas urgentes para garantizar un entorno seguro y propicio para todas las personas defensoras de derechos humanos e investigar las denuncias de ataques, hostigamiento e intimidación en línea y fuera de línea contra esas personas.  
  • Garantice que la aplicación de las medidas excepcionales se lleven a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales y nacionales de derechos humanos y en consonancia con los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y no discriminación.
  • Se abstenga de usar el sistema integrado de video vigilancia del ECU911 para la persecución y hostigamiento de defensores y defensoras de DDHH.
  • Atienda a las recomendaciones -hechas en 2018 y reiteradas en 2019- por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) de garantizar la protección del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de los y las manifestantes durante reuniones y manifestaciones pacíficas.

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