Regulación, enfoque jurisprudencial y evolución doctrinaria a nivel nacional relativo a la operación y utilización de herramientas de privacidad y anonimato en Argentina.
Temática: Libertad de expresión
Chile bajo Examen Periódico Universal de obligaciones de DDHH: El futuro es ahora
El próximo 22 de enero, Chile se someterá al Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, uno de los instrumentos más importantes para medir el compromiso efectivo de los Estados con los derechos fundamentales. El proceso consiste en un examen de la situación de derechos humanos en el país y, en ese sentido, es una excelente oportunidad para visibilizar las situaciones de vulneración que puedan existir, al igual que revisar y hacer efectiva la vigencia de los tratados internacionales suscritos por el país, así como proponer soluciones de mejora a través de la posibilidad que tienen los 193 países miembros de la ONU para hacer recomendaciones.
La sesión de revisión tendrá lugar en enero y, como preparación, entre el 10 y 21 de diciembre se desarrollaron las pre-sesiones del Período 32 del EPU en Naciones Unidas, donde distintas organizaciones de la sociedad civil plantearon a los representantes de los Estados miembros sus recomendaciones. En el caso de Derechos Digitales, estas fueron formuladas en dos reportes alternativos presentados en julio pasado, en colaboración con Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Acceso, Privacy International y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). En la pre-sesión de Chile, Derechos Digitales fue invitada como una de las oradoras de la jornada, lo que representó una oportunidad única para poner en conocimiento de la comunidad internacional la situación crítica de derechos humanos que vive Chile en relación al uso de la tecnología.
Además, durante estas dos semanas Derechos Digitales sostuvo más de 30 reuniones bilaterales, dando a conocer a representantes de diversos países la forma en que los derechos humanos están siendo impactados por la tecnología en Chile, exponiendo a sus habitantes a situaciones de desprotección y vulneración.
Con estupor los representantes de los Estados mienbro nos escucharon describir la operación Huracán y cómo en Chile se restringen ilegítimamente los derechos civiles y políticos del pueblo Mapuche, al intentar interceptar comunicaciones privadas de sus representantes, vulnerando no solo su derecho a la privacidad, sino además ejerciendo nuevas formas de violencia institucional a través del uso de la tecnología, intentando criminalizarlos a través de la implantación de pruebas falsas en sus teléfonos celulares. También compartimos con los representantes de diversos Estados la preocupante acción de agentes de la policía y de servicios de inteligencia que han vigilado y monitoreado a activistas políticos, periodistas y medios de comunicaciones, tanto en espacios físicos como digitales, restringiendo la libertad de expresión y su habilidad de organizarse políticamente.
En ese sentido, Derechos Digitales ha propuesto que los Estados recomienden a Chile mejorar los estándares legales que rigen a las fuerzas de inteligencia y policía, exigiéndoles mayores niveles de responsabilidad y control en el ejercicio de sus facultades. Del mismo modo, hemos instado para que los países recomienden garantizar el respeto de la privacidad, la libertad de expresión y de asociación, tanto en espacios físicos y digitales, como lo han repetido insistentemente los órganos y procedimientos especiales de Naciones Unidas.
Otro de los puntos relevantes a la que quisimos llevar la atención de los representantes de los Estados miembros de la ONU se relaciona con el uso creciente de diferentes tecnologías de vigilancia – tanto de parte de los privados, como por el Estado – y la vulneración de derechos que se produce, por ejemplo, en la implementación de sistemas de identificación biométricos en Malls de la capital (cámaras de reconocimiento facial) y en las medidas de efienciencia implementadas por JUNAEB (enrolamiento de huellas digitales de menores de edad beneficiarios de alimentación). Hemos puesto en conocimiento de la comunidad internacional que el Estado chileno ha decidido enfrentar la seguridad pública mediante una vigilancia distópica, propia de países autoritarios como China, así como enfrentar sus problemas de eficacia en la entrega de alimentos con sistemas que no tenemos idea ni cómo funcionan, ni qué estándares de seguridad tienen, ni cómo pueden utilizar en el futuro o poner en riesgo los datos biométricos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la población. Así, hemos hecho un llamado a los representantes de distintos Estados a formular recomendaciones para la implementación de procesos de evaluación de impacto que puedan prevenir la desproporción en la afectación de derechos que este tecnosolucionismo genera.
Además hemos solicitado a los representante de Estado que recomienden incorporar el uso responsable de tecnologías por parte de compañías privadas al Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile, y que el Estado de Chile limite su colección de datos personales para la implementación de políticas públicas, siguiendo los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, e incorporando además mecanismos participativos de la comunidad afectada por tales políticas.
Por último, y no menos importante, hemos solicitado a los representantes de Estados que transmitan a través de sus recomendaciones la necesidad de que el Estado chileno se haga cargo en forma integral de la violencia contra las mujeres en su expresión digital, incorporando la temática en sus programas y políticas de prevención, y capacitando a los operadores del sistema judicial (policía, ministerio público y jueces) en el manejo adecuado de los casos para dar una atención oportuna a los reclamos de las víctimas, y proveer a su reparación y reestablecimiento de derechos.
Esperemos que el 22 de enero del 2019, cuando los Estados recomienden a Chile qué medidas adoptar, Chile reconozca la necesidad de hacerse cargo del impacto del uso de las tecnologías en el ejercicio de los derechos humanos en la era digital. La tecnología es ya parte integral de cada aspecto de nuestra vida, y el Estado chileno tiene la obligación de que su uso sea consistente con la garantía y promoción de los derechos humanos de sus habitantes.
No hay tiempo que perder, la tecnología está aquí y llegó para quedarse; el Estado chileno tiene en sus manos la decisión crítica de alinear su uso con un mayor respeto por los derechos humanos. No podemos esperar 4 años más para hacernos cargo de este desafío. El momento de las decisiones y de un compromiso efectivo con la vigencia de los derechos humanos hacia el futuro es ahora.
Vigilancia en México: ¿Estos son los resultados?
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como Presidente de México se vivió un despliegue de reformas estructurales e implementaciones tecnológicas que dieron pie al desarrollo de un sistema de vigilancia estatal distinto al que habíamos conocido.
Si bien en México no son nuevos los ejercicios de brutalidad policiaca, los abusos de poder Estatal ni las alianzas corruptas entre las administraciones públicas y empresas privadas, esta vez las estrategias gubernamentales contra la soberanía ciudadana supieron combinar el amedrentamiento, técnicas de manipulación de la información y sofisticadas tecnologías para desarrollar una oleada de abusos que no solo devino en coronar al país como uno de los más peligrosos para ejercer periodismo, sino también como un lugar en el que la desinformación y el miedo han anestesteciado a las personas frente la violencia.
Sabemos hoy que este despliegue de tecnologías de vigilancia fue usado para espiar a la oposición política, lo cual es un acto claramente ilícito y que atenta directamente a la libertad de expresión, la seguridad de las personas afectadas y el ejercicio de la democracia, al amordazar a quienes investigan, comunican, disienten con el gobierno y defienden a la ciudadanía: miembros de la oposición política, defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas.
A finales del año 2012 y durante 2013, el Gobierno mexicano marcó una pauta firme al buscar imponer la censura a los medios de comunicación y periodistas independientes que hacían eco a las protestas de la sociedad civil, comenzando una época marcada por las manifestaciones contra los abusos del gobierno. Entre detenciones arbitrarias, censura a sitios web en colaboración con el gobierno estadounidense, actividades opacas por parte de la policía de investigación y la conformación de la llamada “Estrategia Digital Nacional”; en 2014 se incorporaron las medidas de vigilancia masiva en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sentando así un precedente que permitía al Poder Judicial tener una suerte de cheque en blanco que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) usaron para omitir consideraciones fundamentales sobre el derecho a la privacidad en México.
Coherentemente con esta política, en los últimos años fue posible establecer que los periodistas que fueron víctimas de los ataques de software de vigilancia por parte del Estado eran aquellos investigando temas relacionados a la seguridad nacional, tráfico de drogas, corrupción e incluso salud alimenticia.
Sin importar el número de recomendaciones por parte de la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas en materia de libertad de expresión y algunas instituciones internacionales que se sumaron al malestar de las organizaciones locales y la sociedad civil mexicana, el gobierno continuó haciendo tratos comerciales con actores como Hacking Team y NSO Group por cifras exhuberantes, que incluso rebasaron las inversiones realizadas por países que suelen representarse como estandartes de la represión en el imaginario colectivo. Una vez que se consiguieron los datos suficientes, a través de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas estipulados por la ley mexicana, fue la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) quien sacó a la luz la información para exigir la revisión del uso de mecanismos de vigilancia por parte de las instancias gubernamentales involucradas con Hacking Team y NSO Group en 2016.
En 2017 R3D -con el apoyo de Citizen Lab, la oficina de México y Centroamérica de ARTICLE 19 y SocialTIC- documentó 22 casos de personas que fueron objetivo de las infecciones con el spyware Pegasus, fortaleciendo la investigación que permitiría llevar la evidencia a los tribunales nacionales en el caso denominado #GobiernoEspía.
Este caso no solo tuvo repercusiones en México, ya que la abundante evidencia del uso de software Pegasus (desarrollado por NSO Group) aunada a las negativas por parte del gobierno local y la empresa para colaborar en las investigaciones terminó en una demanda ante los tribunales de Israel y Chipre por complicidad y negligencia en las violaciones a los derechos humanos en agosto del 2018.
Por si fuera poco, a pesar de las evidentes faltas de transparencia y compromiso hacia la seguridad de la ciudadanía por parte del gobierno mexicano, se suman dos nuevas víctimas a las que se intentó vulnerar con las mismas estrategias de infección con spyware que a los otros 22 casos registrados entre 2014 a 2016.
Los casos fueronn dados a conocer en una conferencia de prensa, donde se le confirió a la administración que tomará el poder este primero de diciembre el cumplimiento de acciones concretas contra el espionaje digital. No se puede pasar por alto que los objetivos de estas infecciones fueron periodistas que trabajaron con Javier Valdez, quien fue asesinado en mayo del 2017 y cuyo trabajo de investigación sobre el crimen organizado en México ha sido galardonado internacionalmente; siendo estos también periodistas que ocupan puestos importantes en el semanario Ríodoce reconocido por la cobertura en temas narcotráfico y la guerra entre carteles de Sinaloa.
Ante esto es imposible no mirar con sospecha las subsecuentes propuestas que promueven mayor control sobre la ciudadanía y su libertad de expresión, no solo en el ámbito digital. Frente a estrategias corruptas y abusos de autoridad que persisten en México: la seguridad es privilegio de quienes tienen el poder para proteger sus intereses a costa de los derechos de la mayoría… Y la seguridad de quienes trabajan por defenderlos.
Más allá del malware…
Las manifestaciones digitales de la represión y la violencia por parte del estado -cualquier estado y en cualquier región- son parte de la violencia sistémica que nace de las relaciones de poder que se desarrollan entre los gobiernos (dentro de ellos y con otros) y actores como empresas y el crimen organizado: desde la ilegalidad.
Para que la democracia exista y sea efectiva, el periodismo y las voces que se contraponen a los discursos establecidos desde los medios hegemónicos -muchas veces coludidos con los gobiernos- son fundamentales. La presencia de este tipo de prácticas represivas es un reflejo de la crisis gubernamental, democrática y de derechos humanos que se vive en México; misma que resuena ante prácticas similares que se han propagado en la región latinoamericana y el mundo.
Nunca es tarde para frenar estos abusos y, con la administración entrante que tomará el poder este 1º de diciembre, existe la esperanza de entablar un diálogo que permita construir mecanismos de seguridad que velen por los derechos humanos y cumplan la función de asegurar el bienestar de la ciudadanía.
Es necesario señalar las responsabilidades e incluso castigar a quienes promovieron el abuso de estas tecnologías, del mismo modo que se precisan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan tener el control sobre el poder de las agencias de investigación, así como vías de comunicación entre diferentes actores para desarrollar soluciones que nos lleven construir un futuro más justo donde ningún atropello a los derechos humanos sea pasado por alto.
La delgada línea roja del cifrado y la desinformación en Brasil
En septiembre, el New York Times reportó sobre la existencia de una habitación en las oficinas de Facebook cuya función era combatir la interferencia en las elecciones. Este lugar es denominado el “cuarto de guerra” de Facebook y monitoriza las tendencias en los diferentes sitios que la compañía maneja, tales como artículos que se hacen virales o alzas en la adquisición de anuncios políticos.
El 7 de octubre, durante la primera jornada de las elecciones presidenciales brasileñas, los expertos notaron un alza en los reportes de discurso de odio orientados hacia usuarios específicamente en la zona noreste de Brasil, región donde -según las encuestas- el candidato de izquierda, Fernando Haddad, llevaba ventaja. Según Facebook, todo el contenido infractor fue removido, lo que la compañía consideró un éxito que demostraba cuán efectivos son al responder a este tipo de amenazas. Sin embargo, Brasil es apenas el caso más reciente en una larga serie de países donde la desinformación a través de redes sociales ha sido utilizada como una herramienta política.
A pesar de los esfuerzos de Facebook en hacer visible su trabajo en el combate de contenido relativo a las elecciones, Brasil sigue enfrentando un grave problema de desinformación, y la mayor parte de ésta parece estar siendo distribuida no través del sitio principal de Facebook, sino mediante otro de sus servicios: WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en el país, cuyos mensajes son difíciles de monitorear dado que se transmiten bajo un protocolo de cifrado. Según señaló el New York Times, 120 millones de usuarios brasileños están en WhatsApp, y en meses recientes han enfrentado una ola sin precedentes de spam en torno a las elecciones, incluyendo desde información falsa hasta instructivos sobre cómo votar.
En el contexto de las elecciones presidenciales brasileñas, esta ola de desinformación parece haber beneficiado a Jaír Bolsonaro, el candidato de derecha que enfrenta denuncias de fraude por parte de su contendiente, Fernando Haddad, quien lo ha señalado por difundir noticias falsas, por uso inadecuado de WhatsApp y por recibir donaciones corporativas ilegales para su campaña. No existen dudas de que Facebook y WhatsApp han jugado un rol significativo durante la campaña, según escribe Taisa Sganzerla para Global Voices:
Los productos de Facebook han aparecido de manera destacada en la marejada de apoyo a Bolsonaro. Junto con la amplia cobertura de medios regionales y nacionales que reflejan diversas perspectivas sobre Bolsonaro y los demás candidatos, Facebook y WhatsApp han visto oleadas de publicaciones falsas y engañosas que promocionan al candidato de extrema derecha.
Un documental reciente de VICE Brazil entrevista a integrantes de las fuerzas que apoyan a Bolsonaro, mostrando a un usuario que administra varios grupos de WhatsApp donde se difunde contenido político a favor del candidato; dicho usuario declara que la mayor parte de este contenido es recibido directamente de la plataforma electoral de Bolsonaro.
Debido a la característica cerrada de Whatsapp, que se origina tanto en su cifrado como en su carácter de aplicación de mensajería (en lugar de red social u otro tipo de plataforma), se dificulta en gran medida verificar o confirmar si el contenido que se difunde es falso o engañoso de manera deliberada. Un estudio reciente analizó el contenido de 347 chats de Whatsapp abiertos al público, encontrando que de 50 imágenes seleccionadas (consideradas las “más compartidas” en estos grupos) el 56% eran engañosas de alguna manera, y solo un 8% podían ser clasificadas como completamente veraces.
No obstante, en días recientes, WhatsApp declaró haber identificado y eliminado 100.000 cuentas “fraudulentas”, en las cuales habría detectado cuentas que llevaban a cabo prácticas de spam y comportamiento identificado como “anormal”. Por otro lado, a pesar de que el Tribunal Superior Electoral de Brasil había prometido tomar medidas contra la difusión de información falsa en el contexto de las elecciones y anunciado planes de crear un Consejo Consultivo sobre Internet y Elecciones en diciembre de 2017, las medidas anunciadas no fueron ejecutadas y desde la fecha de su creación el Consejo solo se ha reunido en dos ocasiones. Además, el tribunal no llegó a aprobar ninguna directiva en cuanto a la información falsa, ni a lanzar las herramientas y aplicaciones que había ofrecido para que los usuarios pudieran denunciar el contenido infractor.
La segunda vuelta de las elecciones en Brasil se llevará a cabo el 28 de octubre y son pocas las personas que parecen tener fe alguna en que estas medidas pudieran resarcir el daño a tiempo para tener cualquier tipo de efecto sobre los resultados. Por otra parte, como señalan Francisco Britto Cruz y Mariana Giorgiani Valente en El País, no sería inteligente pretender que manipular la opinión pública es tan sencillo como entregar el mayor número de mensajes de propaganda al mayor número de personas: la eficiencia de la campaña de Bolsonaro viene irremediablemente ligada al hecho de haber sabido apelar a las emociones de un grupo político.
Si bien no es posible ignorar las consecuencias reales de la desinformación y la manipulación de información sobre la opinión pública -particularmente sobre el derecho a la libre expresión e información de los ciudadanos- es importante no perder de vista la relevancia de proteger el cifrado y el anonimato: herramientas indispensables para la supervivencia de periodistas, activistas y ciudadanos trabajando en situaciones de riesgo. Muy probablemente la solución no se encuentre en qué plataformas o redes sociales se conviertan en mediadoras y en filtros del contenido que los usuarios reciben, sino en ofrecerle a las personas herramientas y mecanismos para diferenciar, verificar y reportar ese contenido bajo un criterio informado y crítico.
Desafíos de la armonización de la Convención de Budapest en el sistema legal paraguayo
Investigación que tiene por objetivo exponer las preocupaciones,vacíos y desafíos del marco normativo que presenta el Convenio de Budapest, las normas internas vigentes y las autoridades locales para una eficaz persecución de los delitos informáticos en el marco del respeto de los tratados internacionales de los derechos humanos y los más altos estándares de protección de datos personales.
Prohibido soñar
A principios de agosto, un joven estudiante escribió un tuit sobre un sueño que incluía a una ministra de Estado, la portavoz del actual gobierno chileno. El tuit relataba un intento de seducción de la ministra con el propósito de poner una bomba. Semanas después, se volvió sujeto de una investigación penal: tras una denuncia personal por parte de la ministra, la policía uniformada comunicó de la investigación al estudiante personalmente, un domingo por la mañana.
La situación se volvió polémica rápidamente. El uso del aparato estatal estaba volcado a investigar una supuesta amenaza, que poco se condecía con el texto y el contexto de la expresión utilizada. Y a la vez, puso en relieve la actitud de la autoridad frente a expresiones que, en principio, creemos libres y protegidas por el marco de derechos fundamentales.
“Amenazas” en línea
En Chile, la ley sanciona a quien amenaza “seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho”. Se requiere amenazar un mal, de forma seria y verosímil. El relato de un sueño que contenía un propósito difícilmente podría tomarse como el anuncio de siquiera intentar la comisión de un delito. Menos aún de forma seria o medianamente verosímil.
La puesta en marcha de la actividad de la policía y del Ministerio Público, sin una ponderación suficiente del lenguaje del tuit y del contexto general, muestra una particular falta de criterio para el uso de recursos públicos destinados a la prevención y persecución del delito. Es decir, se moviliza al estado a reprimir una situación que, aun a simple vista, constituye una expresión sin importancia.
Pero no es solamente esa persecución la que resulta problemática. En un contexto social donde cada hora decenas de personas, especialmente mujeres, son objeto de acoso, amenazas serias de daño físico, incitaciones a la violencia y mucho más, la persecución de una expresión menos seria, debido a la sensación de una figura de autoridad, resulta una forma de desconocer y banalizar actos mucho más serios y mucho más frecuentes. Una utilización selectiva de los recursos del estado, denegada a personas más vulnerables, incluso con resultados fatales.
La vigilancia de las redes sociales
La policía también reveló su modo de actuar sobre las redes sociales: un “patrullaje” sobre las redes sociales, vigilando potenciales actos delictuales a partir de lo discutido de forma abierta en aplicaciones y sitios de internet. Profesionales, dedicados activamente a seguir conversaciones “públicas” en busca de amenazas.
Es difícil olvidar el caso de otro joven acusado hace varios años de agredir a la policía, identificado erróneamente, a partir de la vigilancia de sus redes sociales, y la inclusión en una lista de perfilamiento. Es decir, no es una novedad que esta forma de investigación proactiva existe. Sin embargo, la falta de transparencia a ese respecto es significativa, y deja a la ciudadanía en una importante desventaja frente a los riesgos que implica ser parte de una opaca base de datos policial. ¿Cuáles son los límites y los procedimientos que hoy usa la policía? ¿Cómo está acumulando y sistematizando la información de individuos? ¿Qué resguardos existen? Relatar los sueños propios, o la ubicación, u otras expresiones usadas en redes sociales, también es una muestra de aspectos íntimos de cada persona. Acumular y procesar datos publicados en una red social también tiene impacto sobre la privacidad. ¿Qué evaluación de riesgos ha hecho la policía?
Asimismo, parece paradójico que la misma policía cuyos funcionarios daban poca importancia al hecho puntual, haya requerido hacerse del dispositivo del investigado, obteniendo así acceso a la vida completa del mismo. Sin perjuicio del carácter voluntario de la entrega, ello es a todas luces el acceso a una cantidad desproporcionada de información privada en relación con la situación investigada.
Expresiones vigiladas, expresiones menos libres
La divulgación del hecho por la prensa fue exagerada y hasta falaz. La policía se refirió abiertamente a las (inexistentes) advertencias de instalación de un artefacto explosivo. Un periódico de circulación nacional puso el hecho en portada. Varios medios sostuvieron que el investigado había sido detenido, aun cuando no era cierto. De la misma forma, varios titulares daban a entender la existencia de una amenaza real contra una ministra de estado. Con esto, se produjo la amplificación de la noción de la amenaza en redes sociales, y del involucramiento de la policía en su persecución. Como denunciaran desde la asociación de estudiantes de la escuela del investigado, ello afectó su honra, además de su libertad de expresión.
Pero es relevante considerar que hacer de esta situación un evento con tal nivel de difusión, ayudada por los medios, afecta no solamente a las personas investigadas. La existencia de “ciberpatrullajes” y de visitas de la policía por expresiones aparentemente inocuas, pero referidas a autoridades de gobierno, termina incidiendo en la capacidad para expresarse. Porque no solamente se vulnera el derecho a la libertad de expresión cuando se reprime una marcha o se censura una publicación. También se amenaza a la libertad de expresión cuando se usa selectivamente la persecución estatal, mientras tantos casos de violencia en línea resulta en la no participación en espacios digitales. También se amenaza a la libertad de expresión cuando se invita a la autocensura, por el riesgo de una visita de la policía tras la osadía de contar un sueño.
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Una reforma adecuada permitiría que los mecanismos para la investigación penal aseguren la correcta guía y salvaguarda de los derechos humanos y garantías procesales reconocidos por tratados internacionales y la Constitución.
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