Comentarios a la Estrategia Digital de Chile 2007-2012

El 1 de Octubre la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital publicó un documento que han denominado Estrategia de Desarrollo Digital, donde pretenden sentar las directrices sobre el Chile digital para el período 2007-2012.

ONG Derechos Digitales no ha querido estar ajeno a los comentarios solicitados por la Secretaría Ejecutiva y ha enviado un documento con una serie de observaciones y aportes para una estrategia digital que tome en serio los desafíos de un Chile de cara al bicentenario y los derechos fundamentales de todas las personas.

Destacamos que se tomen en consideración temas tales como la regulación de los delitos informáticos, los datos personales y la propiedad intelectual, pero consideramos que es necesario definir un norte específico respecto de lo que se pretende, toda vez que la regulación que nos rige en estas materias dista de ser respetuoso con los derechos fundamentales y atenta muchas veces a los intereses públicos que debieran primar en una regulación.

Creemos que es urgente que una Estrategia Digital como la que se propone asuma una posición activa en una serie de otros temas regulatorios que se omiten en forma inexcusable, como son la neutralidad de la red, el fortalecimiento de los derechos de los consumidores, y el enforcement de las normativas técnicas adoptadas por el estado.

Especialmente destacamos la necesidad de tener una institucionalidad de la que Chile hoy carece para enfrentar los desafíos que supone la sociedad de la información. Es por eso que alentamos a que existan mayores canales de participación por parte de la sociedad civil, más allá de los gremios y entidades académicas.

ONG Derechos Digitales valora positivamente la Estrategia Digital propuesta por parte del Gobierno, en especial la discusión pública de la misma, con el anhelo que ello constituya un paso adelante para disponer de una institucionalidad y políticas adecuadas para un país que pretende una inserción exitosa en la sociedad del conocimiento. Pero tales esfuerzos deben también asumir y fomentar la participación de la sociedad civil, junto con los derechos fundamentales de todos y todas.

Lea al documento completo

¿Equilibrio en la Agenda del Desarrollo de la OMPI? *

Tener acceso a libros, computadores, música, películas, software, medicamentos, semillas, tecnologías, artes y ciencias en general, o cualquier otro producto o servicio, directa o indirectamente protegido por la denominada propiedad intelectual (PI), está siendo intensamente debatido en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En la Asamblea General de la OMPI, del año 2004, un grupo de 14 países (liderado por Brasil y Argentina, e incluyendo Sudáfrica, Bolivia, Cuba, Egipto, Ecuador, Irán, Kenia, Perú, República Dominicana, Sierra Leona, Tanzania y Venezuela) presentó una propuesta para incluir elementos del desarrollo y el acceso a conocimiento en los debates de la OMPI. Tal propuesta es conocida como Agenda del Desarrollo de la OMPI. En este contexto, «conocimiento» debe ser entendido en su más amplia forma, abarcando cuestiones relativas a acceso a libros, a la educación, las artes, la cultura, la salud, las tecnologías y los conocimientos en general.

Falta de equilibrio entre los intereses privados y los intereses público

El pasaje que resume los aspectos relativos a los incentivos económicos para la protección de la propiedad intelectual, el Grupo de los Amigos del Desarrollo – como más tarde se conoció al grupo de 14 países- muestra que «si bien es posible que en determinadas circunstancias la protección de la propiedad intelectual fomente la creatividad y la innovación, no es la única manera ni necesariamente la más eficiente o adecuada para hacerlo en todas las oportunidades y en todos los sectores de la economía. De manera análoga, es muy objetable que la armonización ascendente de las normas sobre propiedad intelectual, es decir, aplicar criterios más rigurosos de protección en todos los países con independencia de sus niveles de desarrollo, deba percibirse como un fin en sí mismo.» (1).

Esto es, la propiedad intelectual no es el único medio para incentivar la creatividad y la producción industrial. Incentivos fiscales, políticas económicas y donaciones de países más ricos son sólo algunas formas, de entre muchas otras, que pueden ser utilizadas en ese sentido. Además, diversos sectores de la economía, tales como el sector fonográfico, farmacéuticos, agropecuario, etc., deben recibir tratamiento específico y no necesariamente idéntico entre sí. La propiedad intelectual, un cesto repleto de diferentes institutos – sea por el origen, sea por la función – no debe ser tenida como la finalidad del sistema. O sea, la propiedad de un bien inmaterial no es el fin mayor del sistema; pero sí la búsqueda de la creatividad y del desarrollo y diseminación tecnológicos. Propiedad intelectual no es el fin en si mismo, pero sí es el medio.

Aún según el mismo Grupo, la OMPI debe tener en cuenta los costos económicos y sociales que la protección a PI puede imponer a los países en desarrollo (“PED”) y de menor desarrollo relativo (“PMDR”), así como a consumidores de conocimientos y tecnologías, tanto en los países ricos como en los pobres. La OMPI debe estar abierta a sistemas alternativos a la PI que promueven la creatividad, la innovación y la transferencia de tecnología. Modelos alternativos como las licencias Creative Commons, el software libre y/o de código abierto, entre otros.

Esta cuestión es de tanta importancia que académicos del mundo entero, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Organizaciones Intergubernamentales (OIG), representantes de la sociedad civil, del interés público y de consumidores, como CPTech, EFF, ICTSD, UPD, CPSR-Peru, IP Justice, eIFL, TWN, South Centre, CIEL, MSF, ONG Derechos Digitales, además del CTS – FGV Rio, así como la agencia de noticias IP-Watch, han actuado de forma cada vez más creciente en las cuestiones de acceso al conocimiento, o A2K (“Access to Knowledge”,por sus siglas en inglés), en contrapeso a las posiciones tradicionalmente más privativas, como las defendidas hace décadas por ONGs de iniciativa privada, tales como ICC, AIPPI, ALAI, FICPI, y, más recientemente, por IIPA.(2)

En ese sentido, se resolvió en la Asamblea General de la OMPI de 2004, la inclusión de la Agenda del Desarrollo en la pauta de negociaciones de la Organización. De pronto, fue adoptada la sugerencia del Grupo de los Amigos del Desarrollo para la realización de una Reunión Intersesional Intergubernamental (“IIM”, por sus siglas en inglés), la cual debería reportar directamente a la Asamblea General de la OMPI de 2005 de forma que la Agenda de Desarrollo y cualquier otra propuesta realizada por países miembros fueran discutidas. Y, de hecho , ocurrieron tres Reuniones (IIMs), con duración de tres días cada, en abril, junio y julio (finalizada en septiembre) de 2005, en la OMPI, en Ginebra.

Las reuniones intergubernamentales entre sesiones (IIM)

En la primera IIM, el Grupo de Amigos del Desarrollo presentó una nueva propuesta con cuatro ítemes principales:

Revisión del mandato y de la administración de la OMPI;
Búsqueda de la promoción de establecimiento de normas pro-desarrollo en la OMPI;
Propuesta de principios y directrices para evaluación de la asistencia técnica de la OMPI a los PED y PMDR; y,
Sugerencia de directrices para trabajo futuro sobre transferencia y difusión de tecnología y sobre políticas relacionadas con prácticas anticompetencia.

Estas propuestas enfatizan la necesidad de distinguir entre la adopción de una agenda de desarrollo que involucre a todos los órganos de la OMPI y una simple mejora en la asistencia técnica a Miembros que sean PED o PMDR. La propuesta llama la atención para que la OMPI reafirme su papel de agencia especializada de la ONU y, en consecuencia, adopte el compromiso del derecho al desarrollo establecido por la ONU.

Además de la propuesta del Grupo de Amigos del Desarrollo, e incluyendo las otras dos reuniones IIM, otras cinco propuestas fueron presentadas por EEUU, México, Reino Unido, un grupo de 11 países Árabes, y el Grupo Africano. Tanto la propuesta de EEUU como de México rechazan cualquier cambio significativo en el mandato de la OMPI. Reino Unido adopta una posición estratégica idéntica, al no ver razones que justifiquen un cambio concreto en la OMPI. En tanto, el grupo de países árabes presenta una propuesta aparentemente poco ambiciosa, sin nuevas contribuciones relevantes. Finalmente, el Grupo Africano reafirma diversas propuestas hechas por el Grupo de Amigos del Desarrollo. Cabe resaltar que, por hábiles maniobras de los pocos países dominantes, en contraste a la gran mayoría de países pobres; las dos últimas reuniones IIM sirvieron, básicamente, para discusiones procedimentales, sin avances relevantes en materia de fondo.

De esa forma, a pesar de la realización de tres reuniones IIM, la mayoría de los países miembros de la OMPI(3) entendió que, además de ser un tema de extrema importancia, es de alta complejidad y, que, por lo tanto, debería continuarse la discusión del asunto, por cierto plazo de tiempo, en el ámbito de las IIM. Las discusiones ocurridas en las IIM serían entonces reportadas a la Asamblea General de la OMPI de 2005, recomendando dar continuidad al asunto, respetando así la decisión de la Asamblea de 2004.

Ocurre, sin embargo, que EEUU y Japón, en la tercera y última IIM, impidieron que se llegara a un consenso en la materia, por que entiendan que las discusiones sobre la Agenda de Desarrollo deberían proseguir dentro del Comité Permanente sobre Cooperación para Desarrollo relacionado a la Propiedad Intelectual (PCIPD, por sus siglas en inglés). Es la visión de la mayoría de los países miembros de la OMPI, pero el referido Comité no es el foro adecuado, toda vez que presenta limitaciones presupuestarias, se reúne sólo ocasionalmente y trata prácticamente sólo de cuestiones relacionadas a la asistencia técnica a los PED y PMDR. Además de eso, tales países temían que la discusión sobre el asunto se quedara limitada sólo un órgano de la OMPI y, de acuerdo con su opinión, es fundamental que la cuestión del desarrollo sea considerada en absolutamente todos los órganos de la OMPI, para no aislar el asunto. Por último, un punto que les preocupa es el hecho que las decisiones tomadas en el ámbito del Comité no crearan obligaciones para los miembros, mientras que decisiones en las IIM tenían mandato porque responden directamente a la Asamblea General de la OMPI.

De esta manera, por barreras impuestas por los países con posiciones dominantes, en vez de -conforme establecido en la Asamblea de 2004- que las reuniones IIM hayan servido para elaborar un informe con ‘propuestas’ a la Asamblea General de la OMPI de septiembre/agosto de 2005, hubo sólo la elaboración de un informe ‘fáctico’ de lo discutido en ellas. Claro es el temor de esos países dominantes, que de manera sutil buscan extender las discusiones, sacando cuestiones procedimentales, en vez de que traten sobre las propuestas en sí mismas. Mientras el agua corre a lo largo del río, tratados bilaterales y regionales que incluyen protección de la propiedad intelectual en niveles más elevados que los actualmente exigidos por la OMC son firmados de modo poco democrático entre países ricos y miserables Además de eso, otros tratados (vea abajo), discutidos en el ámbito de la OMPI, continúan avanzando en dirección de los intereses de la industria de países ricos, mientras la discusión de la Agenda de Desarrollo continúa siendo obtaculizada a propósito. Parece que la táctica soterrada de los países dominantes, de extender las discusiones, así como de mantenerlas de manera superficial, viene surtiendo efecto.

La Asamblea de la OMPI de 2005

De este modo, quedó a cargo de la Asamblea de 2005 decidir sobre el rumbo de las discusiones. A pesar de la fuerte presión de Reino Unido (en nombre de la Unión Europea), así como de EEUU y Japón, que se manifestaron en contra de continuar con las reuniones IIM, la mayoría de los 183 países miembros de la OMPI se pronunció favorablemente por su continuidad. Así, conforme decisión de la Asamblea de 2005, se decidió la creación de un Comité Provisional para llevar adelante las discusiones de las IIM, por medio de dos reuniones adicionales, de dos semanas cada, en el primer semestre de 2006, en Ginebra. La primera de ellas se realizará los próximos días 20 a 24 de febrero, y la segunda entre los días 26 al 30 de junio.

Tal Comité Provisional deberá reportar cualquier recomendación de reforma, en el ámbito de la OMPI, a la Asamblea de 2006. Las propuestas adicionales de Estados Miembros, sometidas hasta el primer día de la primera sesión, serán consideradas por el Comité Provisional.

Hay que resaltar que en las Asambleas Generales son tratados diversos asuntos, cada cual con sus complejidades; lo que deja poco tiempo para cada uno de ellos, individualmente considerados. Por ejemplo, cuestiones de extrema importancia como el Tratado Sustantivo en Cuestión de Patentes (SPLT, por sus siglas en inglés) y el Tratado sobre Protección de las Organizaciones de Difusión por cable, (y, según el interés aislado de EEUUque incluya también las transmisiones vía Internet) fueron discutidos en la Asamblea de 2005, además de la aprobación del programa y del presupuesto propuestos para el periodo 2006-2007. En este último ítem está incluido el informe de la Unidad de Inspección Conjunta de la ONU, que evidenció el escándalo de la mala administración y gestión de la OMPI, así como levantó asuntos de improbidad administrativa por parte de su Director. Como se observa, poco tiempo queda para la importante discusión de la Agenda de Desarrollo De ahí la necesidad que se discuta la Agenda en reuniones específicas reunidas al efecto.

Por otra parte, se decidió en la Asamblea de 2005 que todas las solicitudes de acreditación permanente en la OMPI fueran aceptadas, gracias, quizá al Manifiesto para la Transparencia, la Participación, el Equilibrio y el Acceso, que juntó más de 1.200 firmas de representantes de 63 países, del mundo de la academia, la industria, el gobierno y, asombrosamente, de la propia OMPI. Así, 22 ONG internacionales y 18 nacionales, incluyéndose ahí no sólo ONG de interés público sino que también privadas, fueron aceptadas para que tengan sus voces activamente representadas en la Organización

El Comité Provisional sobre la Agenda de Desarrollo para la OMPI

En pocos días, y ya más de un año después de la propuesta inicial, las discusiones sobre la Agenda de Desarrollo volverán a la pauta de la OMPI. Interesa observar si las discusiones entrarán en los temas propuestos por el Grupo de Amigos del Desarrollo, los cuales poseen hasta ahora el conjunto de propuestas más substanciales, o si la minoría de países dominantes conseguirá nuevamente ejercer su influencia de modo de impedir el avance en los debates, en detrimento del interés público. El autor de este post estará en Ginebra para acompañar de cerca e intervenir en la discusión en nombre de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) – Centro de Tecnología y Sociedad (CTS), de la Escuela de Derecho de Río de Janeiro (DERECHO RÍO).

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Cf. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/iim_1/iim_1_4.pdf, p. 06
Bogsch, Arpad (1992), ‘The first twenty five years of the World Intellectual Property Organization – from 1967 to 1992’, the International Bureau of Intellectual Property, Ginebra, pp. 89-90 y 515-18. Aún Siemsen, Peter Dirk (1997) ‘The Ruede of AIPPI in the 21st century’, in «AIPPI 1897-1997 Centennial Edition – AIPPI and the development of industrial property protection 1897-1997», AIPPI Foundation, Basle, pp. 494 y 496; Clark, Joan (1997) ‘The ruede of GATT/TRIPS, of WIPO and of AIPPI in the further development of intellectual property right protection’, in «AIPPI 1897-1997 Centennial Edition», pp. 481-6; Gaultier, Geoffroy (1997) ‘The History of AIPPI’, in «AIPPI 1897-1997 Centennial Edition», pp. 41-2, 51, 72 y 93; y Musungu , Sisule, y Dutfield , Graham (2003) ‘Multilateral Agreements and la Trips-Plus World: The World Intellectual Property Organisation (WIPO)’, TRIPS Issue Papers 3, (QUNO), Ginebra, y (QIAP), Ottawa, en (visitado en 18.04.2005), p. 14
Los 14 países del Grupo de los Amigos del Desarrollo, México (en nombre del Grupo Latino-Americano y de Caribe de la ONU – GRULAC), China, Marruecos (en nombre de los países africanos) y Chile.

* Por Pedro de Paranaguá Moniz. Master (LL.M.) en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de Londres, Reino Unido. Líder de proyectos del Centro de Tecnología y Sociedad (CTS) de la Escuela de Derecho de Río de Janeiro de la Fundación Getúlio Vargas (FGV DERECHO RÍO) y profesor del curso de postgrado en propiedad intelectual de la misma Escuela. Contacto: paranagua@fgv.br.

** Este artículo fue publicado originalmente en Cultura Livre. La traducción fue realizada por Daniel Álvarez Valenzuela, Director Ejecutivo de ONG Derechos Digitales, acogiéndose a los términos de la licencia CC utilizada y con el consentimiento expreso del autor.

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Transformación Tecnológica Superior v/s Dialéctica Obsoleta. Creémosla AQUÍ

Nace una nueva era y todo se transforma. Los descubrimientos científicos ofrecen la promesa cierta de la comunicación universal.
Es impresionante como la abundancia de medios esparce el conocimiento científico a la sombra de tecnologías maravillosas.
Todos hablamos de emprendimiento, crecimiento, creatividad, acuerdos, etc… Sin embargo, la filosofía que debe originar la nueva dialéctica, los valores y la ética necesaria que rijan las relaciones humanas e institucionales y la comunicación humana aun apelan sólo a maravillosos conceptos fundacionales que aun nos rigen desde el pasado.
El objetivismo Newtoniano, el razonamiento de Descartes y la también maravillosa lógica Hegeliana que no conoció a Plank ni Einstein, y más tarde Bohr y Heisenberg y ni se imaginó a Hawking buscando la unificación en la singularidad. Hoy parece posible en la materia obscura, como la nueva dialéctica para buscar la verdad para EVITAR el creacionismo positivista que solo busca eternizar la desigualdad. Veamos como se puede hacer realidad:

Y sin embargo otra vez, la búsqueda de la verdad complementaria solo es valida para demostrar la superposición coherente de la cuántica. No se usa para desterrar la desigualdad que crea deliberadamente la ignorancia y la exclusión que destruye la tierra, a los desamparados y permite la vergonzosa concentración de la riqueza natural de todos.

La guerra de Irak, la desigualdad universal explota en atisbos de la nostálgica guillotina francesa precisamente hoy, y en las cumbres de TLCS desiguales del imperio positivista y fundamentalista Anglo Estadounidense que lucha por masacrar a los fundamentalistas de Al Qaeda y a otros inocentes para imponer la globalización del creacionismo que crece a la luz de la genética y la nano tecnología y revela su retraso.

Nada malo con creer, ser creacionista o elegir al nuevo Cesar en dos elecciones fraudulentas y que puede ser el Nerón de la nueva era y quemar al mundo, son libres. Antes que eso suceda, los invito a crear la nueva dialéctica, aquí en una tribuna pluralista y docta que proponga la nueva y necesaria dialéctica natural. Esa que rige las partículas fundamentales que bullen en el CPU que muestra esta pantalla y producen millones de interacciones complementarias en nuestros genes que dirigirán el próximo latido de nuestro corazón.

Pospongamos las discusiones Bizantinas, esas conversaciones Griegas cuando los turcos estaban a punto de invadirlos mientras buscaban el sexo de los ángeles. Con la nueva dialéctica natural nuestras discusiones acerca del emprendimiento, la inversión, la neoliberalización global, etc., tendrán sentido, serán justas, en Chile se puede hacer y les cobraremos la palabra a los políticos que “hablan” de desigualdad mientras viven de ella. Hay millones de conceptos más, necesito ayuda para llevar a cabo mi tesis, contéstenme ya que llevo estudiándola por 50 años y aunque me quedan varios años, solo no puedo.

Escríbanme y dialoguemos aquí. rodalvach@vtr.net

Misión del Estado

Poniéndonos en el lugar del Estado, ¿cuál debería ser nuestra posición en cuanto al uso de software frente a los ciudadanos?

La posición del Estado frente a este tema, no necesariamente debe ser la misma a la de cualquier particular. El Estado se debe a los ciudadanos y debe responder ante ellos. Un particular en este punto se debe a si mismo. Por lo tanto, puede usar el software que desee porque no tiene que rendir cuentas.

El Estado tiene el mandato de la Constitución y las Leyes de velar por los derechos de todos los ciudadanos. Es un mandato irrenunciable, su razón de ser tal vez …
Por lo tanto es importante tener claro, tomar conciencia, que el Estado debe considerar ante todo, razones ideológicas, para cumplir con sus responsabilidades, en otro plano quedarán relegadas razones meramente comerciales o superficiales y que no se refieren estrictamente a sus funciones.

¿Como tendria que actuar o que posición debería tener el Estado frente a esta situación?.

Navegando en internet, encontré bastante información al respecto, otros ya se habian planteado esta temática en otros lugares del planeta y la verdad, bién vale la pena leer este resumen si se quiere, porque ya es hora que nos detengamos un minuto a reflexionar si lo estamos haciendo bién, mal o hay que hacer rectificaciones.

Hay un documento muy interesante, la respuesta del Senador Conde, de la Provincia de Buenos Aires, a la CESSI Argentina (Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos), en el marco de la discusión de un proyecto de ley para la implementación del uso de Software Libre por parte del Estado. En dicha respuesta están claramente planteados, principios fundamentales, a tener en cuenta.

MISION DEL ESTADO EN LA GESTION INFORMATICA.

La misión de la gestión informática por parte del Estado, es ser el guardián y garante del registro público, es decir, mantener la información actualizada y correcta, acerca de la identidad y el patrimonio de los ciudadanos, de su interacción con el ciudadano, de su propio accionar, etc. y garantizar que está y estará accesible durante todo el período de su vigencia.

Para cumplir adecuadamente con esta misión a través del uso de tecnologías informáticas y de comunicaciones, el Estado debe preservar tres aspectos esenciales:

1. SEGURIDAD.

En particular, el Estado debe extremar medidas para que sólo las personas autorizadas tengan acceso a los datos, y al mismo tiempo garantizar que el acceso por parte de estas personas no pueda ser denegado por terceros.

2. PERENNIDAD.

El Estado administra datos cuya vida útil a menudo se mide en cientos de años, por lo que debe existir garantía de que los datos estarán disponibles y serán accesibles por períodos muy largos de tiempo.

3. TRANSPARENCIA.

El Estado tiene la obligación de publicar todos sus actos, salvo aquellos cuya divulgación pueda afectar negativamente la seguridad nacional o el bienestar de sus ciudadanos.

Si el Estado, usara tecnología que descuidara alguno de estos principios, estaría faltando al cumplimiento de su misión.

Para poder cumplir con estos principios, seguridad, perennidad y transparencia, el Estado necesita fiscalizar y asegurar su cabal cumplimiento.
Algunas de las tareas requeridas e imprescindibles para esto son:

A.- AUDITORIA DE LA FUNCION DEL PROGRAMA.
Sin esta facultad, es imposible garantizar ninguno de los tres aspectos mencionados anteriormente.

1. Seguridad:
Existe en círculos académicos el debate acerca de si el software libre es inherentemente más seguro que el propietario, pero no es de esperar que esta cuestión si dirima a corto plazo. Sí existe consenso, sin embargo, sobre el hecho de que es muchísimo más sencillo esconder código malicioso (puertas traseras, bombas de tiempo, etc.) en software cuyo código fuente no está disponible públicamente que en software que puede ser inspeccionado por cualquier persona interesada y existe numerosa evidencia de funcionalidad escondida en incontables programas propietarios, aún en aquellos producidos por las empresas más prestigiosas.

2. Perennidad:
Sin la posibilidad de analizar el código fuente, también es imposible determinar si el autor del sistema incluyó mecanismos de inhabilitación temporales o remotos que puedan comprometer la posibilidad de acceso a los datos en el futuro. Asimismo, al usar software propietario, el usuario almacena sus datos mediante el uso de software desconocido, en un formato desconocido. Sin la posibilidad de inspección, es imposible saber si el formato utiliza tecnologías sujetas a patente o derechos de autor, que pudieran resultar en que el acceso a esa información en el futuro dependa de la posesión de las licencias correspondientes.

3. Transparencia:
Cuando el Estado utiliza software como soporte operativo de sus procedimientos, el mismo pasa a ser parte indisoluble de dichos procedimientos, y por lo tanto está sometido al requerimiento de publicidad de los actos de gobierno. El Estado no puede, en estos casos, utilizar software cuyo código fuente no esté públicamente disponible, sin violar principios constitucionales básicos relegados en la Constitución Política del Estado de Chile.

B.- MEJORIA DE LA FUNCION DEL PROGRAMA.
Con un programa licenciado bajo el modelo propietario, sólo su autor original tiene la facultad de corregir errores, agregar funcionalidad, o quitarla. Además de la obvia e inaceptable dependencia de un único proveedor que esta restricción implica, esto hace que el Estado queda sin curso aceptable de acción en muchas situaciones. Algunos ejemplos:

1. Ausencia o demora en la corrección de problemas:
Las prioridades del proveedor de software no son necesariamente las mismas de sus clientes. Si determinado problema de seguridad de un programa no está en la lista de prioridades del proveedor, o si éste se rehúsa a corregirlo o exige una compensación desmesurada para hacerlo (por ejemplo, exigiendo el pago de un upgrade), el Estado no tiene siquiera el recurso de utilizar sus propios medios para obtener una corrección por parte de un tercero.

2. Incompatibilidad con versiones previas:
Son conocidos los casos de versiones «mejoradas» de programas que tienen problemas leyendo datos de versiones anteriores. El cortísimo ciclo de obsolescencia del software, motivado mucho más por razones de marketing que por efectiva demanda de nuevas funcionalidades, obliga a los usuarios a mantener su software actualizado, y el precio de la actualización incluye (a menudo sin en conocimiento de los usuarios) la renuncia a acceder a datos valiosos almacenados en archivos.

3. Incongruencia entre el software y la ley:
El Estado usa el software para implementar el mandato de la ley. El problema es que cuando existe un conflicto (fruto, quizás, de una diferencia de interpretación) entre el texto de la ley y la función del programa, el ciudadano se encuentra con que el software es más poderoso que la ley, ya que es aquél el que gestiona su trámite, y la solución del problema depende de que el proveedor del programa esté dispuesto a corregirlo, y a hacerlo en un tiempo, forma y presupuesto razonables.

4. Desaparición del proveedor o del producto:
Abundan los ejemplos de programas propietarios cuyos usuarios se vieron obligados a emprender costosísimas migraciones debido a la quiebra del proveedor, a su adquisición por otro más grande, o a la simple discontinuidad del producto por decisión unilateral del autor.

C.- PRESERVACION DE LA NEUTRALIDAD TECNOLOGICA.
Al emplear software licenciado bajo el modelo propietario, el usuario renuncia a la facultad de tomar ciertas decisiones, ya que éstas le son dictadas por el autor del programa. Estas decisiones van desde la plataforma de hardware (ya que el autor decide sobre qué plataformas ofrecerlo) hasta los programas a usar para tareas relacionadas (ya que el autor se asegura de que sus productos funcionen mejor, cuando no únicamente, al interactuar con otros de su misma factura). Esto lleva a dificultades para garantizar la perennidad de los datos, ya que la obligación de acompañar al proveedor en sus decisiones puede llevar a situaciones insostenibles (por ejemplo, a través de una carrera desenfrenada de actualizaciones de hardware). De la misma manera, la elección de determinado software propietario por parte del Estado limita la libertad de elección del ciudadano en materia de los productos que puede usar para interactuar electrónicamente con la administración pública, lo que constituye una violación de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

D.- PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTE DE DETALLES DE LICENCIAMIENTO.
La prestación de los servicios del Estado no es optativa, ni admite demoras ni obstáculos. Los distintos modelos de licenciamiento propietario son fuente constante de confusión acerca de la legalidad de usar cierto programa para determinado propósito, en determinada computadora, por parte de un de un determinado grupo de usuarios, situación que se complica significativamente cuando hablamos de usar una combinación de varios programas. Esto conforma un grave riesgo a la continuidad de la prestación de los servicios, ya que un malentendido sobre términos de licenciamiento, un cambio en éstos, su caducidad o una suba de precios pueden llevar a que el Estado deba suspender la prestación de un servicio por carecer de las licencias necesarias.

Tres aspectos a resaltar:

1. Ninguno de los casos citados tiene interés meramente académico, sino que todos ellos son ejemplos concretos de problemas que se presentan en la práctica cada vez que la administración pública utiliza software licenciado bajo el modelo propietario, y ante los cuales el Estado, privado de una alternativa legítima de acción, termina actuando de manera desfavorable a sus propios intereses, y a los de los ciudadanos.

2. Dado que la ausencia de estas facultades no tiene su origen en características técnicas de los programas en cuestión, sino que surge directamente del modelo de licenciamiento propietario, es inmediato concluir que el modelo de licenciamiento es mucho más importante que el precio o las características técnicas, por lo que alguna sugerencia de dejarlo de lado como criterio prioritario de evaluación sería una irresponsabilidad por parte de la administración pública.

3. La única manera mediante la cual el Estado puede utilizar software para llevar a cabo a conciencia su rol de guardián y garante del registro público es a través de la aplicación de programas cuya licencia no afecte las facultades necesarias, es decir que le permita, sin límite en el tiempo ni en la cantidad ni tipo de computadoras, ejecutar, estudiar, corregir, mejorar, ampliar y adaptar el programa de acuerdo a sus necesidades, y no a las del proveedor.
No escapará a la atención de todos que precisamente esas son las facultades que las licencias libres otorgan.

El respeto de los derechos del ciudadano es un principio superior a las consideraciones comerciales, éstos deben ser considerados cuidadosamente a la hora de redactar cualquier tipo de proyecto. Nadie debe estar obligado a entregar al Estado sus productos y servicios libres de cargo. Los montos de las contrataciones deben estar fuera del marco del proyecto, dejando este aspecto liberado a la acción del mercado.

El Estado no tiene la misma libertad de acción en materia económica y tecnológica que cualquier otro usuario. Muy por el contrario, las contrataciones del Estado deben respetar normas mucho más restrictivas que las que debe cumplir una entidad privada. Eso se debe, a que la misión del Estado es muy distinta de la de el resto de las entidades que componen la sociedad y por lo tanto todas sus acciones deben reflejar esa misión y esas diferencias.

El Estado tiene el derecho y bebería tener la capacidad de optar por soluciones de software libre en cuantas ocasiones lo considere conveniente. Esta capacidad y este derecho, no son distintos en el fondo de los que tiene cualquier persona, o cualquier empresa, de fijarse una política respecto de la tecnología de información que emplea. Ahora bien, en función de los principios esenciales que han sido expuestos más arriba, estas ocasiones son todas aquellas en que sea posible emplear software libre. Corresponde a las ramas legislativas, en tanto, representantes del conjunto de las voluntades de los electores, fijar los lineamientos fundamentales de políticas públicas a través de las leyes.

Bibliografía:

http://www.gnu.org/home.es.html
Sitio oficial de la Ideología del Software Libre, en Español

http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.es.html
Filosofía del movimiento de Software Libre, en Español

http://proposicion.org.ar/doc/gob/Conde-281102/index.html.es
Exposición de los principios tratados en este documento

http://gugs.sindominio.net/licencias/
Licencias traducidas al Español

http://www.gnuchile.org/phpportal/index.php?modulo=home
Sitio GNU en Chile

http://www.cdsl.cl/
Centro de difusión Software Libre en Chile

http://www.educalibre.cl/
Por una Educación Libre en Chile

http://vrpd.universidadarcis.cl/ant/index.php
Universidad de Arcis, Chile

Propuestas nuevas y modificadas abren las reuniones de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI

OMPI Las reuniones del 20 y 22 de Junio de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual para discutir el posible establecimiento de una agenda para el desarrollo se abrieron, entre otras cosas, con una propuesta acerca de cómo discutir las propuestas.

Las negociaciones al comienzo de la segunda Reunión Intergubernamental Inter-sesiones (Inter-sessional Intergovernmental Meeting -IIM- en inglés) comenzaron el lunes escuchándose varias propuestas nuevas y otras modificadas, incluyendo una de Brasil para categorizar todas las propuestas presentadas hasta ahora en la reunión.

Después de un día entero de discusión, el moderador paraguayo decidió que el día dos comenzaría con consultas acerca de cómo estructurar la reunión, según los participantes.

La IIM fue designada por la Asamblea General de la OMPI en el otoño del 2004 para considerar una propuesta de Brasil y Argentina destinada a incorporar de mejor manera las preocupaciones de los países en desarrollo en el seno de Naciones Unidas con base en Ginebra. La propuesta fue co-patrocinada por otros 12 «Amigos del Desarrollo.» La primera IIM tuvo lugar en Abril, y la tercera IIM está programada para el 20 al 22 de Julio. Los resultados serán presentados a la Asamblea General el próximo otoño.

Hubo tres propuestas en tabla en la primera IIM, de los Amigos del Desarrollo, una del Reino Unido y otra de México. Pero la primera reunión se enfocó principalmente en aspectos procedimentales más que en lo fundamental de las propuestas. En el intertanto, se les solicitó a los gobiernos que hicieran sus propuestas «funcionales y demandables» y también se recibieron nuevas propuestas. Varios gobiernos respondieron al llamado.

Muchos países en desarrollo están ansiosos de ver mayor progreso y sustancia más que estructura en la segunda reunión, con la mirada puesta en la recomendación sobre un plan de trabajo para una agenda del desarrollo en la Asamblea General.

Brasil hizo circular una proposición de programa de trabajo para debatir las propuestas de los miembros y las que dividió en 4 categorías: establecimiento de normas en la OMPI; revisión del mandato y gobernabilidad de la OMPI; asistencia técnica y construcción de capacidades; y desarrollo tecnológico, acceso al conocimiento, transferencia tecnológica y políticas relacionadas con competencias. Estados Unidos indicó que esto no favorece la idea brasileña ya que puede «prejuiciar» un resultado, dijeron las fuentes.

India llamó a «considerar seriamente» la propuesta brasileña, y sugirió agregar una quinta categoría para ser debatida en los comités apropiados. Sugirió que el asunto del desarrollo como se relaciona con diferentes tópicos, por ejemplo patentes y derechos de autor, debiera ser asumida por los comités que tratan dichos temas, y no por un comité para todos los asuntos sobre desarrollo. Separadamente, Pakistán propuso durante la reunión que se juntaran todas las propuestas en un solo texto borrador que pudiese trabajarse, agrupado de tal manera que la asistencia técnica fuera sólo un aspecto que no dominara la discusión.

El Grupo B de países industrializados repitió su propuesta de la primera reunión de un «stock-taking» (toma de acciones) de las actividades la OMPI concernientes a las necesidades de los países en desarrollo. La propuesta de U.S.A. de crear un sitio web y un programa de asociación para países desarrollados y en desarrollo se mantuvo también en la tabla. Suiza estuvo de acuerdo con las propuestas de Bahrain y México, buscando examinar más de cerca los beneficios de la propiedad intelectual para el desarrollo. México previamente propuso una mirada al establecimiento de sistemas nacionales de propiedad intelectual. Suiza también dio su apoyo a las propuestas del Grupo B y del Reino Unido.

El Reino Unido puso su propuesta anticipada en términos operacionales, haciendo un llamado a un comité sobre cooperación técnica ya existente (el Comité Permanente sobre Cooperación para el Desarrollo relacionado con la Propiedad Intelectual o PCIPD) para que sea «revigorizado» y así sacar partido del hecho de que su mandato es más amplio que estrictamente lo relativo a asistencia técnica. También llamaron al comité a reunirse más seguido ya que su ciclo actual es de una vez cada dos años.

La propuesta del Reino Unido llama a un programa de trabajo para el comité que incluya el descuido de la investigación relativa a propiedad intelectual y desarrollo, la promoción de la transferencia tecnológica, mejor gestión de la cooperación técnica, y la «investigación de los méritos de futuras evaluaciones, incluyendo la posibilidad de evaluación externa, de las actividades de la OMPI [cooperación técnica y construcción de capacidades].»

En su declaración en el hemiciclo durante el primer día, el Reino Unido dijo que su propuesta reconoce que «dada la naturaleza diversas de esta materia vemos poco probable el alcanzar consenso en las próximas dos reuniones aún con las mejores intenciones de todas las partes.» También argumenta que los objetivos integradores del desarrollo en el trabajo de la OMPI no es un proceso de un solo paso. Además, ve los costos y efectividad de la gestión en la utilización de un comité permanente ya existente en vez de crear uno nuevo, dijo. Lo fundamental es que el plan de trabajo del comité puede ser flexible.

Mientras el gobierno del Reino Unido se ha ganado una buena reputación con los países en desarrollo en materias de propiedad intelectual, cierto número de países en desarrollo se ha resistido a cualquier esfuerzo de colocar completamente la agenda para el desarrollo dentro del comité de cooperación técnica, además de la preocupación por que éste será considerado allí como un trabajo extra y será limitado a más asistencia técnica. Actualmente la materia está a nivel de la Asamblea General a través de la IIM.

¿Discrepancia en los Estados del Golfo?

Otra materia que surgió durante el primer día fue que un grupo de Estados del Golfo salió con una propuesta distinta de la de los Amigos del Desarrollo. Pero en los pasillos surgieron preguntas acerca de la posición de estos gobiernos, tal como fue señalado durante la Segunda Cumbre Sur entre el 12 y 16 de Junio, los líderes de esos países del Golfo parecieron tomar una posición alineada con los Amigos del Desarrollo.

Por ejemplo, el Grupo de los 77 países en desarrollo, incluidos los Estados del Golfo, en la Cumbre Sur llamaron a la «OMPI, como organismo de Naciones Unidas, a incluir en todos sus futuros planes y actividades, y asesoría legal, una dimensión que comprenda la promoción del desarrollo y el acceso al conocimiento para todos, establecimiento de normas pro-desarrollo, establecimiento de principios y pautas amigables con el desarrollo para la estipulación de asistencia técnica y la transferencia y diseminación de la tecnología.» Este lenguaje refleja la propuesta de los Amigos del Desarrollo respecto de una agenda para el desarrollo de la OMPI y crea una posible discrepancia con la posición de la IIM.

En la IIM, Bahrain puso en tabla una propuesta que en general se alinea con las visiones de los países en desarrollo en la reunión, y difiere bruscamente de la de los Amigos del Desarrollo. Hace hincapié en la «importancia de la propiedad intelectual,» los beneficios económicos de la protección de la propiedad intelectual y del derecho de autor, y la positiva relación entre la propiedad intelectual y el desarrollo social y económico. Estas son visiones que muchas de las delegaciones comparan con la postura tradicional de los países desarrollados, cuyas compañías detentan muchas de la propiedad intelectual en el mundo. Los representantes de los Estados del Golfo no pudieron ser localizados para obtener sus comentarios.

La propuesta de Bahrain, que alabó el trabajo de la OMPI con los países en desarrollo, principalmente propuso el fortalecimiento de la asistencia técnica de la OMPI, incluyendo el establecimiento de estrategias nacionales de propiedad intelectual y «promoviendo una cultura de propiedad intelectual.» Bahrain, apoyado por Jordania, Kuwait, Libano, Libia, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Unión de Emiratos Árabes, también llamaron a la OMPI a idear una manera de ayudar a los inventores de los países en desarrollo para comercializar su trabajo, incluyendo la creación de un programa de colaboración en la OMPI a través de una propuesta hecha por los Estados Unidos en la primera reunión.

Bahrain llamó a la secretaría de la OMPI a entregar datos estadísticos acerca de la asistencia entregada a los países en desarrollo, la creación de un fondo de contribución voluntaria de la OMPI, y el estímulo de las instituciones de investigación y científicas de los países desarrollados para aumentar la cooperación con los países en desarrollo. Una sugerencia posterior fue mantener el mandato de la OMPI separado de las obligaciones que los estados miembros tienen y que emana de otros organismo internacionales y tratados.

Fuente: William New de IPWatch. Contenido bajo licenciamiento de Creative Commons: mundial, libre, reproducción y traducción no-comercial.

Traducción: Paula Jaramillo de Derechos Digitales.

Gobierno Electrónico y Derechos Humanos

En Chile se ha dado lugar preponderante y especial a las TIC’s como herramienta de apoyo a la gestión pública, planteándose la necesidad de modernización tecnológica en forma transversal, y por ello se hace necesario efectuar una revisión si dicha institucionalidad tecnológica, entendida como la infraestructura electrónica del Estado regulado por un marco jurídico adecuado, puede afectar o no garantías y libertades fundamentales.

En este contexto, ¿qué se debe entender por Gobierno Electrónico?. Según concepto de la propia administración, se define como «el uso de las TIC’s para mejorar los servicios e información ofrecidas a los ciudadanos, aumentar la eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia en el sector público y la participación ciudadana»

El desarrollo de esta institucionalidad electrónica puede crear una ciudadanía más activa y eficiente en el reconocimiento y defensa de sus derechos, lo que en último término representa un contrapeso efectivo a la acción de los entes públicos y privados; pero de otra parte, el establecer estos canales de comunicación con la administración puede generar odiosas discriminaciones que impidan, en último término, el ejercicio de la garantía de acceso a la información y que vulneraría además la igualdad ante la ley.

Es precisamente en este escenario que surge Internet, transformándose en una de las principales plataformas de las comunicaciones y eslabón esencial del Gobierno Electrónico, que con su estructura democrática y participativa ha ampliando el acceso a los medios tradicionales y promovido el pluralismo, ha fortalecido la sociedad civil a través de la creación de redes entre individuos y difundido el acceso a información gubernamental. Pero de nada serviría la creación de una institucionalidad electrónica si no se pudiera asegurar el acceso a la misma de todos los ciudadanos. La idea es que a través del gobierno electrónico se acerque el Estado a la gente y no acrecentar con el mismo las desigualdades que ya existen en la sociedad, ya que existe un período inicial de alto riesgo, en el cual los primeros que acceden a las innovaciones de carácter tecnológico son quienes tienen mayor poder económico y quienes se encuentren más cercanos a la difusión de los cambios tecnológicos. Precisamente es en este período en el que se encuentra nuestro país.

La administración del Estado ha estimulado la utilización de herramientas tecnológicas, ya sea como medio para presentar peticiones a la autoridad, como canal de comunicación efectivo entre gobernantes y gobernados y/o elevándolo a mecanismo capaz de proporcionar información y servicios a la ciudadanía. Lo importante es nunca perder de vista que dichas políticas pueden ser tremendamente peligrosas si dejan a parte importante de la población fuera de este espacio virtual de interacción y con ello afecten su libre e igualitario ejercicio a la expresión de ideas u opiniones y de acceso a la información.

En este sentido, constituye uno de nuestros principales desafíos el perseguir que la mayoría de las transacciones de los ciudadanos con el Estado se efectúen electrónicamente o en forma automatizada siempre y cuando se logre ampliar la cobertura del acceso electrónico. Asimismo, estimular la incorporación del uso de las TIC’s intraestado para mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión pública y que, en último término las nuevas plataformas electrónicas permitan al ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, permitiendo así abrir nuevos espacios y formas de participación.

De esta forma, en el entendido que puede ser de relevancia para la protección de las libertades civiles y pilar fundamental de una democracia moderna, planteamos como uno de los principales objetivos de Derechos Digitales el estimular políticas públicas que promuevan el desarrollo tecnológico en forma igualitaria e impulsar el posicionamiento del país en la Sociedad de la Información, fomentado con ello la existencia de una sociedad civil más participativa, dialogante y activa en el ejercicio de sus derechos.