Misión del Estado

Poniéndonos en el lugar del Estado, ¿cuál debería ser nuestra posición en cuanto al uso de software frente a los ciudadanos?

La posición del Estado frente a este tema, no necesariamente debe ser la misma a la de cualquier particular. El Estado se debe a los ciudadanos y debe responder ante ellos. Un particular en este punto se debe a si mismo. Por lo tanto, puede usar el software que desee porque no tiene que rendir cuentas.

El Estado tiene el mandato de la Constitución y las Leyes de velar por los derechos de todos los ciudadanos. Es un mandato irrenunciable, su razón de ser tal vez …
Por lo tanto es importante tener claro, tomar conciencia, que el Estado debe considerar ante todo, razones ideológicas, para cumplir con sus responsabilidades, en otro plano quedarán relegadas razones meramente comerciales o superficiales y que no se refieren estrictamente a sus funciones.

¿Como tendria que actuar o que posición debería tener el Estado frente a esta situación?.

Navegando en internet, encontré bastante información al respecto, otros ya se habian planteado esta temática en otros lugares del planeta y la verdad, bién vale la pena leer este resumen si se quiere, porque ya es hora que nos detengamos un minuto a reflexionar si lo estamos haciendo bién, mal o hay que hacer rectificaciones.

Hay un documento muy interesante, la respuesta del Senador Conde, de la Provincia de Buenos Aires, a la CESSI Argentina (Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos), en el marco de la discusión de un proyecto de ley para la implementación del uso de Software Libre por parte del Estado. En dicha respuesta están claramente planteados, principios fundamentales, a tener en cuenta.

MISION DEL ESTADO EN LA GESTION INFORMATICA.

La misión de la gestión informática por parte del Estado, es ser el guardián y garante del registro público, es decir, mantener la información actualizada y correcta, acerca de la identidad y el patrimonio de los ciudadanos, de su interacción con el ciudadano, de su propio accionar, etc. y garantizar que está y estará accesible durante todo el período de su vigencia.

Para cumplir adecuadamente con esta misión a través del uso de tecnologías informáticas y de comunicaciones, el Estado debe preservar tres aspectos esenciales:

1. SEGURIDAD.

En particular, el Estado debe extremar medidas para que sólo las personas autorizadas tengan acceso a los datos, y al mismo tiempo garantizar que el acceso por parte de estas personas no pueda ser denegado por terceros.

2. PERENNIDAD.

El Estado administra datos cuya vida útil a menudo se mide en cientos de años, por lo que debe existir garantía de que los datos estarán disponibles y serán accesibles por períodos muy largos de tiempo.

3. TRANSPARENCIA.

El Estado tiene la obligación de publicar todos sus actos, salvo aquellos cuya divulgación pueda afectar negativamente la seguridad nacional o el bienestar de sus ciudadanos.

Si el Estado, usara tecnología que descuidara alguno de estos principios, estaría faltando al cumplimiento de su misión.

Para poder cumplir con estos principios, seguridad, perennidad y transparencia, el Estado necesita fiscalizar y asegurar su cabal cumplimiento.
Algunas de las tareas requeridas e imprescindibles para esto son:

A.- AUDITORIA DE LA FUNCION DEL PROGRAMA.
Sin esta facultad, es imposible garantizar ninguno de los tres aspectos mencionados anteriormente.

1. Seguridad:
Existe en círculos académicos el debate acerca de si el software libre es inherentemente más seguro que el propietario, pero no es de esperar que esta cuestión si dirima a corto plazo. Sí existe consenso, sin embargo, sobre el hecho de que es muchísimo más sencillo esconder código malicioso (puertas traseras, bombas de tiempo, etc.) en software cuyo código fuente no está disponible públicamente que en software que puede ser inspeccionado por cualquier persona interesada y existe numerosa evidencia de funcionalidad escondida en incontables programas propietarios, aún en aquellos producidos por las empresas más prestigiosas.

2. Perennidad:
Sin la posibilidad de analizar el código fuente, también es imposible determinar si el autor del sistema incluyó mecanismos de inhabilitación temporales o remotos que puedan comprometer la posibilidad de acceso a los datos en el futuro. Asimismo, al usar software propietario, el usuario almacena sus datos mediante el uso de software desconocido, en un formato desconocido. Sin la posibilidad de inspección, es imposible saber si el formato utiliza tecnologías sujetas a patente o derechos de autor, que pudieran resultar en que el acceso a esa información en el futuro dependa de la posesión de las licencias correspondientes.

3. Transparencia:
Cuando el Estado utiliza software como soporte operativo de sus procedimientos, el mismo pasa a ser parte indisoluble de dichos procedimientos, y por lo tanto está sometido al requerimiento de publicidad de los actos de gobierno. El Estado no puede, en estos casos, utilizar software cuyo código fuente no esté públicamente disponible, sin violar principios constitucionales básicos relegados en la Constitución Política del Estado de Chile.

B.- MEJORIA DE LA FUNCION DEL PROGRAMA.
Con un programa licenciado bajo el modelo propietario, sólo su autor original tiene la facultad de corregir errores, agregar funcionalidad, o quitarla. Además de la obvia e inaceptable dependencia de un único proveedor que esta restricción implica, esto hace que el Estado queda sin curso aceptable de acción en muchas situaciones. Algunos ejemplos:

1. Ausencia o demora en la corrección de problemas:
Las prioridades del proveedor de software no son necesariamente las mismas de sus clientes. Si determinado problema de seguridad de un programa no está en la lista de prioridades del proveedor, o si éste se rehúsa a corregirlo o exige una compensación desmesurada para hacerlo (por ejemplo, exigiendo el pago de un upgrade), el Estado no tiene siquiera el recurso de utilizar sus propios medios para obtener una corrección por parte de un tercero.

2. Incompatibilidad con versiones previas:
Son conocidos los casos de versiones «mejoradas» de programas que tienen problemas leyendo datos de versiones anteriores. El cortísimo ciclo de obsolescencia del software, motivado mucho más por razones de marketing que por efectiva demanda de nuevas funcionalidades, obliga a los usuarios a mantener su software actualizado, y el precio de la actualización incluye (a menudo sin en conocimiento de los usuarios) la renuncia a acceder a datos valiosos almacenados en archivos.

3. Incongruencia entre el software y la ley:
El Estado usa el software para implementar el mandato de la ley. El problema es que cuando existe un conflicto (fruto, quizás, de una diferencia de interpretación) entre el texto de la ley y la función del programa, el ciudadano se encuentra con que el software es más poderoso que la ley, ya que es aquél el que gestiona su trámite, y la solución del problema depende de que el proveedor del programa esté dispuesto a corregirlo, y a hacerlo en un tiempo, forma y presupuesto razonables.

4. Desaparición del proveedor o del producto:
Abundan los ejemplos de programas propietarios cuyos usuarios se vieron obligados a emprender costosísimas migraciones debido a la quiebra del proveedor, a su adquisición por otro más grande, o a la simple discontinuidad del producto por decisión unilateral del autor.

C.- PRESERVACION DE LA NEUTRALIDAD TECNOLOGICA.
Al emplear software licenciado bajo el modelo propietario, el usuario renuncia a la facultad de tomar ciertas decisiones, ya que éstas le son dictadas por el autor del programa. Estas decisiones van desde la plataforma de hardware (ya que el autor decide sobre qué plataformas ofrecerlo) hasta los programas a usar para tareas relacionadas (ya que el autor se asegura de que sus productos funcionen mejor, cuando no únicamente, al interactuar con otros de su misma factura). Esto lleva a dificultades para garantizar la perennidad de los datos, ya que la obligación de acompañar al proveedor en sus decisiones puede llevar a situaciones insostenibles (por ejemplo, a través de una carrera desenfrenada de actualizaciones de hardware). De la misma manera, la elección de determinado software propietario por parte del Estado limita la libertad de elección del ciudadano en materia de los productos que puede usar para interactuar electrónicamente con la administración pública, lo que constituye una violación de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

D.- PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTE DE DETALLES DE LICENCIAMIENTO.
La prestación de los servicios del Estado no es optativa, ni admite demoras ni obstáculos. Los distintos modelos de licenciamiento propietario son fuente constante de confusión acerca de la legalidad de usar cierto programa para determinado propósito, en determinada computadora, por parte de un de un determinado grupo de usuarios, situación que se complica significativamente cuando hablamos de usar una combinación de varios programas. Esto conforma un grave riesgo a la continuidad de la prestación de los servicios, ya que un malentendido sobre términos de licenciamiento, un cambio en éstos, su caducidad o una suba de precios pueden llevar a que el Estado deba suspender la prestación de un servicio por carecer de las licencias necesarias.

Tres aspectos a resaltar:

1. Ninguno de los casos citados tiene interés meramente académico, sino que todos ellos son ejemplos concretos de problemas que se presentan en la práctica cada vez que la administración pública utiliza software licenciado bajo el modelo propietario, y ante los cuales el Estado, privado de una alternativa legítima de acción, termina actuando de manera desfavorable a sus propios intereses, y a los de los ciudadanos.

2. Dado que la ausencia de estas facultades no tiene su origen en características técnicas de los programas en cuestión, sino que surge directamente del modelo de licenciamiento propietario, es inmediato concluir que el modelo de licenciamiento es mucho más importante que el precio o las características técnicas, por lo que alguna sugerencia de dejarlo de lado como criterio prioritario de evaluación sería una irresponsabilidad por parte de la administración pública.

3. La única manera mediante la cual el Estado puede utilizar software para llevar a cabo a conciencia su rol de guardián y garante del registro público es a través de la aplicación de programas cuya licencia no afecte las facultades necesarias, es decir que le permita, sin límite en el tiempo ni en la cantidad ni tipo de computadoras, ejecutar, estudiar, corregir, mejorar, ampliar y adaptar el programa de acuerdo a sus necesidades, y no a las del proveedor.
No escapará a la atención de todos que precisamente esas son las facultades que las licencias libres otorgan.

El respeto de los derechos del ciudadano es un principio superior a las consideraciones comerciales, éstos deben ser considerados cuidadosamente a la hora de redactar cualquier tipo de proyecto. Nadie debe estar obligado a entregar al Estado sus productos y servicios libres de cargo. Los montos de las contrataciones deben estar fuera del marco del proyecto, dejando este aspecto liberado a la acción del mercado.

El Estado no tiene la misma libertad de acción en materia económica y tecnológica que cualquier otro usuario. Muy por el contrario, las contrataciones del Estado deben respetar normas mucho más restrictivas que las que debe cumplir una entidad privada. Eso se debe, a que la misión del Estado es muy distinta de la de el resto de las entidades que componen la sociedad y por lo tanto todas sus acciones deben reflejar esa misión y esas diferencias.

El Estado tiene el derecho y bebería tener la capacidad de optar por soluciones de software libre en cuantas ocasiones lo considere conveniente. Esta capacidad y este derecho, no son distintos en el fondo de los que tiene cualquier persona, o cualquier empresa, de fijarse una política respecto de la tecnología de información que emplea. Ahora bien, en función de los principios esenciales que han sido expuestos más arriba, estas ocasiones son todas aquellas en que sea posible emplear software libre. Corresponde a las ramas legislativas, en tanto, representantes del conjunto de las voluntades de los electores, fijar los lineamientos fundamentales de políticas públicas a través de las leyes.

Bibliografía:

http://www.gnu.org/home.es.html
Sitio oficial de la Ideología del Software Libre, en Español

http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.es.html
Filosofía del movimiento de Software Libre, en Español

http://proposicion.org.ar/doc/gob/Conde-281102/index.html.es
Exposición de los principios tratados en este documento

http://gugs.sindominio.net/licencias/
Licencias traducidas al Español

http://www.gnuchile.org/phpportal/index.php?modulo=home
Sitio GNU en Chile

http://www.cdsl.cl/
Centro de difusión Software Libre en Chile

http://www.educalibre.cl/
Por una Educación Libre en Chile

http://vrpd.universidadarcis.cl/ant/index.php
Universidad de Arcis, Chile

Propuestas nuevas y modificadas abren las reuniones de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI

OMPI Las reuniones del 20 y 22 de Junio de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual para discutir el posible establecimiento de una agenda para el desarrollo se abrieron, entre otras cosas, con una propuesta acerca de cómo discutir las propuestas.

Las negociaciones al comienzo de la segunda Reunión Intergubernamental Inter-sesiones (Inter-sessional Intergovernmental Meeting -IIM- en inglés) comenzaron el lunes escuchándose varias propuestas nuevas y otras modificadas, incluyendo una de Brasil para categorizar todas las propuestas presentadas hasta ahora en la reunión.

Después de un día entero de discusión, el moderador paraguayo decidió que el día dos comenzaría con consultas acerca de cómo estructurar la reunión, según los participantes.

La IIM fue designada por la Asamblea General de la OMPI en el otoño del 2004 para considerar una propuesta de Brasil y Argentina destinada a incorporar de mejor manera las preocupaciones de los países en desarrollo en el seno de Naciones Unidas con base en Ginebra. La propuesta fue co-patrocinada por otros 12 «Amigos del Desarrollo.» La primera IIM tuvo lugar en Abril, y la tercera IIM está programada para el 20 al 22 de Julio. Los resultados serán presentados a la Asamblea General el próximo otoño.

Hubo tres propuestas en tabla en la primera IIM, de los Amigos del Desarrollo, una del Reino Unido y otra de México. Pero la primera reunión se enfocó principalmente en aspectos procedimentales más que en lo fundamental de las propuestas. En el intertanto, se les solicitó a los gobiernos que hicieran sus propuestas «funcionales y demandables» y también se recibieron nuevas propuestas. Varios gobiernos respondieron al llamado.

Muchos países en desarrollo están ansiosos de ver mayor progreso y sustancia más que estructura en la segunda reunión, con la mirada puesta en la recomendación sobre un plan de trabajo para una agenda del desarrollo en la Asamblea General.

Brasil hizo circular una proposición de programa de trabajo para debatir las propuestas de los miembros y las que dividió en 4 categorías: establecimiento de normas en la OMPI; revisión del mandato y gobernabilidad de la OMPI; asistencia técnica y construcción de capacidades; y desarrollo tecnológico, acceso al conocimiento, transferencia tecnológica y políticas relacionadas con competencias. Estados Unidos indicó que esto no favorece la idea brasileña ya que puede «prejuiciar» un resultado, dijeron las fuentes.

India llamó a «considerar seriamente» la propuesta brasileña, y sugirió agregar una quinta categoría para ser debatida en los comités apropiados. Sugirió que el asunto del desarrollo como se relaciona con diferentes tópicos, por ejemplo patentes y derechos de autor, debiera ser asumida por los comités que tratan dichos temas, y no por un comité para todos los asuntos sobre desarrollo. Separadamente, Pakistán propuso durante la reunión que se juntaran todas las propuestas en un solo texto borrador que pudiese trabajarse, agrupado de tal manera que la asistencia técnica fuera sólo un aspecto que no dominara la discusión.

El Grupo B de países industrializados repitió su propuesta de la primera reunión de un «stock-taking» (toma de acciones) de las actividades la OMPI concernientes a las necesidades de los países en desarrollo. La propuesta de U.S.A. de crear un sitio web y un programa de asociación para países desarrollados y en desarrollo se mantuvo también en la tabla. Suiza estuvo de acuerdo con las propuestas de Bahrain y México, buscando examinar más de cerca los beneficios de la propiedad intelectual para el desarrollo. México previamente propuso una mirada al establecimiento de sistemas nacionales de propiedad intelectual. Suiza también dio su apoyo a las propuestas del Grupo B y del Reino Unido.

El Reino Unido puso su propuesta anticipada en términos operacionales, haciendo un llamado a un comité sobre cooperación técnica ya existente (el Comité Permanente sobre Cooperación para el Desarrollo relacionado con la Propiedad Intelectual o PCIPD) para que sea «revigorizado» y así sacar partido del hecho de que su mandato es más amplio que estrictamente lo relativo a asistencia técnica. También llamaron al comité a reunirse más seguido ya que su ciclo actual es de una vez cada dos años.

La propuesta del Reino Unido llama a un programa de trabajo para el comité que incluya el descuido de la investigación relativa a propiedad intelectual y desarrollo, la promoción de la transferencia tecnológica, mejor gestión de la cooperación técnica, y la «investigación de los méritos de futuras evaluaciones, incluyendo la posibilidad de evaluación externa, de las actividades de la OMPI [cooperación técnica y construcción de capacidades].»

En su declaración en el hemiciclo durante el primer día, el Reino Unido dijo que su propuesta reconoce que «dada la naturaleza diversas de esta materia vemos poco probable el alcanzar consenso en las próximas dos reuniones aún con las mejores intenciones de todas las partes.» También argumenta que los objetivos integradores del desarrollo en el trabajo de la OMPI no es un proceso de un solo paso. Además, ve los costos y efectividad de la gestión en la utilización de un comité permanente ya existente en vez de crear uno nuevo, dijo. Lo fundamental es que el plan de trabajo del comité puede ser flexible.

Mientras el gobierno del Reino Unido se ha ganado una buena reputación con los países en desarrollo en materias de propiedad intelectual, cierto número de países en desarrollo se ha resistido a cualquier esfuerzo de colocar completamente la agenda para el desarrollo dentro del comité de cooperación técnica, además de la preocupación por que éste será considerado allí como un trabajo extra y será limitado a más asistencia técnica. Actualmente la materia está a nivel de la Asamblea General a través de la IIM.

¿Discrepancia en los Estados del Golfo?

Otra materia que surgió durante el primer día fue que un grupo de Estados del Golfo salió con una propuesta distinta de la de los Amigos del Desarrollo. Pero en los pasillos surgieron preguntas acerca de la posición de estos gobiernos, tal como fue señalado durante la Segunda Cumbre Sur entre el 12 y 16 de Junio, los líderes de esos países del Golfo parecieron tomar una posición alineada con los Amigos del Desarrollo.

Por ejemplo, el Grupo de los 77 países en desarrollo, incluidos los Estados del Golfo, en la Cumbre Sur llamaron a la «OMPI, como organismo de Naciones Unidas, a incluir en todos sus futuros planes y actividades, y asesoría legal, una dimensión que comprenda la promoción del desarrollo y el acceso al conocimiento para todos, establecimiento de normas pro-desarrollo, establecimiento de principios y pautas amigables con el desarrollo para la estipulación de asistencia técnica y la transferencia y diseminación de la tecnología.» Este lenguaje refleja la propuesta de los Amigos del Desarrollo respecto de una agenda para el desarrollo de la OMPI y crea una posible discrepancia con la posición de la IIM.

En la IIM, Bahrain puso en tabla una propuesta que en general se alinea con las visiones de los países en desarrollo en la reunión, y difiere bruscamente de la de los Amigos del Desarrollo. Hace hincapié en la «importancia de la propiedad intelectual,» los beneficios económicos de la protección de la propiedad intelectual y del derecho de autor, y la positiva relación entre la propiedad intelectual y el desarrollo social y económico. Estas son visiones que muchas de las delegaciones comparan con la postura tradicional de los países desarrollados, cuyas compañías detentan muchas de la propiedad intelectual en el mundo. Los representantes de los Estados del Golfo no pudieron ser localizados para obtener sus comentarios.

La propuesta de Bahrain, que alabó el trabajo de la OMPI con los países en desarrollo, principalmente propuso el fortalecimiento de la asistencia técnica de la OMPI, incluyendo el establecimiento de estrategias nacionales de propiedad intelectual y «promoviendo una cultura de propiedad intelectual.» Bahrain, apoyado por Jordania, Kuwait, Libano, Libia, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Unión de Emiratos Árabes, también llamaron a la OMPI a idear una manera de ayudar a los inventores de los países en desarrollo para comercializar su trabajo, incluyendo la creación de un programa de colaboración en la OMPI a través de una propuesta hecha por los Estados Unidos en la primera reunión.

Bahrain llamó a la secretaría de la OMPI a entregar datos estadísticos acerca de la asistencia entregada a los países en desarrollo, la creación de un fondo de contribución voluntaria de la OMPI, y el estímulo de las instituciones de investigación y científicas de los países desarrollados para aumentar la cooperación con los países en desarrollo. Una sugerencia posterior fue mantener el mandato de la OMPI separado de las obligaciones que los estados miembros tienen y que emana de otros organismo internacionales y tratados.

Fuente: William New de IPWatch. Contenido bajo licenciamiento de Creative Commons: mundial, libre, reproducción y traducción no-comercial.

Traducción: Paula Jaramillo de Derechos Digitales.

Gobierno Electrónico y Derechos Humanos

En Chile se ha dado lugar preponderante y especial a las TIC’s como herramienta de apoyo a la gestión pública, planteándose la necesidad de modernización tecnológica en forma transversal, y por ello se hace necesario efectuar una revisión si dicha institucionalidad tecnológica, entendida como la infraestructura electrónica del Estado regulado por un marco jurídico adecuado, puede afectar o no garantías y libertades fundamentales.

En este contexto, ¿qué se debe entender por Gobierno Electrónico?. Según concepto de la propia administración, se define como «el uso de las TIC’s para mejorar los servicios e información ofrecidas a los ciudadanos, aumentar la eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia en el sector público y la participación ciudadana»

El desarrollo de esta institucionalidad electrónica puede crear una ciudadanía más activa y eficiente en el reconocimiento y defensa de sus derechos, lo que en último término representa un contrapeso efectivo a la acción de los entes públicos y privados; pero de otra parte, el establecer estos canales de comunicación con la administración puede generar odiosas discriminaciones que impidan, en último término, el ejercicio de la garantía de acceso a la información y que vulneraría además la igualdad ante la ley.

Es precisamente en este escenario que surge Internet, transformándose en una de las principales plataformas de las comunicaciones y eslabón esencial del Gobierno Electrónico, que con su estructura democrática y participativa ha ampliando el acceso a los medios tradicionales y promovido el pluralismo, ha fortalecido la sociedad civil a través de la creación de redes entre individuos y difundido el acceso a información gubernamental. Pero de nada serviría la creación de una institucionalidad electrónica si no se pudiera asegurar el acceso a la misma de todos los ciudadanos. La idea es que a través del gobierno electrónico se acerque el Estado a la gente y no acrecentar con el mismo las desigualdades que ya existen en la sociedad, ya que existe un período inicial de alto riesgo, en el cual los primeros que acceden a las innovaciones de carácter tecnológico son quienes tienen mayor poder económico y quienes se encuentren más cercanos a la difusión de los cambios tecnológicos. Precisamente es en este período en el que se encuentra nuestro país.

La administración del Estado ha estimulado la utilización de herramientas tecnológicas, ya sea como medio para presentar peticiones a la autoridad, como canal de comunicación efectivo entre gobernantes y gobernados y/o elevándolo a mecanismo capaz de proporcionar información y servicios a la ciudadanía. Lo importante es nunca perder de vista que dichas políticas pueden ser tremendamente peligrosas si dejan a parte importante de la población fuera de este espacio virtual de interacción y con ello afecten su libre e igualitario ejercicio a la expresión de ideas u opiniones y de acceso a la información.

En este sentido, constituye uno de nuestros principales desafíos el perseguir que la mayoría de las transacciones de los ciudadanos con el Estado se efectúen electrónicamente o en forma automatizada siempre y cuando se logre ampliar la cobertura del acceso electrónico. Asimismo, estimular la incorporación del uso de las TIC’s intraestado para mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión pública y que, en último término las nuevas plataformas electrónicas permitan al ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, permitiendo así abrir nuevos espacios y formas de participación.

De esta forma, en el entendido que puede ser de relevancia para la protección de las libertades civiles y pilar fundamental de una democracia moderna, planteamos como uno de los principales objetivos de Derechos Digitales el estimular políticas públicas que promuevan el desarrollo tecnológico en forma igualitaria e impulsar el posicionamiento del país en la Sociedad de la Información, fomentado con ello la existencia de una sociedad civil más participativa, dialogante y activa en el ejercicio de sus derechos.