Democracia y tecnología

¿Son los sistemas electrónicos de votación realmente más seguros?

A pesar de la eficiencia que brinda al sistema, en América Latina podría implicar el control de empresas privadas sobre los procesos democráticos de cada país, con consecuencias para el derecho a la privacidad y el voto secreto de los ciudadanos.

Hay quienes dicen que elegir a nuestras autoridades en una papeleta es anacrónico, que el papel nos es cada vez más ajeno y que utilizarlo en procesos eleccionarios es hacerlos susceptibles a “errores humanos” e intentos de fraude, mediante fotocopias o el robo de las boletas. El voto electrónico, dicen, haría el sistema más eficiente y solucionaría los problemas anteriores. Pero, ¿acaso las máquinas son infalibles? ¿Son los sistemas electrónicos de votación realmente más seguros?

La decisión sobre el soporte en que votamos depende de la autoridad y legislación electoral de cada país, en pleno ejercicio de su soberanía nacional. Hasta ahora en Latinoamérica, Argentina, Brasil, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela tienen sistemas de voto electrónico en diferentes niveles de gobierno y con distintos alcances.

Pero en vez de resolver los problemas de la votación en papel, el voto electrónico los desplaza a un ámbito distinto, con sus consiguientes implicaciones democráticas. Los fraudes ahora pueden hacerse mediante ataques informáticos y manipulaciones a los códigos de las máquinas. Según el proyecto Burla Electrónica, las máquinas para votar tienen tres millones de líneas de código y se necesitan solo tres o cuatro para introducir una programación maliciosa que desvíe votos de un candidato a otro.

En América Latina el debate sobre el voto electrónico tiene una implicación adicional: los mecanismos de elección, voto y conteo se delegan a empresas privadas que tienen el control último sobre los procesos electorales, preferencias y datos privados de los ciudadanos.

En Brasil y Venezuela, países en los que existe el voto electrónico desde 1996 y 1997 respectivamente, los organismos electorales han delegado el sistema de automatizado de la votación a la empresa Smartmatic.

Smartmatic ha sido investigada por su participación en fraudes en las elecciones de Venezuela de 2006 y en Brasil cuando Dilma Rousseff ganó las elecciones en 2014 con apenas un margen de 3.28% sobre su contrincante. Su blindaje frente a ataques externos tampoco es perfecto. A pesar de esto, la empresa sigue con planes para entrar a Ecuador y México.

El poder de la empresa, de origen estadounidense con subsidiarias en los países donde opera, es enorme, pues tiene control sobre el proceso electoral completo, incluyendo hardware y software, tabulación, resguardo, transmisión y adjudicación de resultados electorales. Surge así un nuevo tipo de intermediarios electorales: empresas privadas encargadas de facilitar las transacciones de voto entre los ciudadanos y el gobierno de cada país.

¿Qué regulación y legislación les será aplicada? ¿Cómo garantizar la independencia entre la empresa y el gobierno que la contrató? Frente al voto secreto, un principio democrático básico que impide las presiones externas sobre los votantes, ¿qué hacer para proteger los datos privados y preferencias políticas de los ciudadanos? De manera inevitable, este tipo de preguntas tienen que empezar a plantearse dentro de la regulación de cada país.

El caso de Argentina es distinto. En julio de 2015 se celebrarán “elecciones electrónicas” por primera vez en la provincia de Buenos Aires. El proceso licitatorio sembró dudas, pues en lugar de Smartmatic que a pesar de todo tiene más experiencia, quedó seleccionada la local MSA (Magic Software Argentina): una empresa a la que se acusa de estar relacionada con el Gobierno de la ciudad y porque las condiciones establecidas en la convocatoria fueron diseñadas a su medida.

En suma, las dudas sobra la transparencia y mecanismos de reconteo de votos e impugnación electoral son bastante amplias. El voto electrónico no es una panacea. Para resguardar la democracia hay que poner especial atención en las reglas procesales y sustanciales que la rigen. Votar en máquinas no es la excepción.

Hasta ahora, ningún país latinoamericano se ha hecho el planteamiento sobre el rol de los intermediarios, su poder en las elecciones y cómo regularlos. Para evitar la implementación de tendencias autoritarias en manos de máquinas privadas, tendríamos que empezar a hacerlo.