En marzo de 2020, en un par de semanas, varios países de América Latina confirmaron sus primeros casos de Covid-19 y adoptaron medidas para evitar la propagación. Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia del virus, comenzaron los esfuerzos de confinamiento obligatorio en la región, y también en Chile.

En el marco de la iniciativa “Sonríe #estamosvigilando”, coordinada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el pasado 18 de marzo presentamos solicitudes de acceso a la información pública para conocer los aspectos asociados a las tecnologías utilizadas por el gobierno, CoronApp y el sitio web Comisaría virtual (comisariavirtual.cl). El objetivo es identificar las prácticas que busquen garantizar la transparencia y la protección de los derechos humanos frente a la ejecución de tecnologías de gestión de la información durante este periodo, además de saber cuánto se dirige a fines sanitarios, y cuánto a crear nuevas formas y mecanismos de vigilancia.

A medida que la pandemia ha avanzado, los Estados y los actores privados se han apresurado en implementar soluciones tecnológicas que prometen identificar y rastrear el virus para contenerlo. Pero, al mismo tiempo, estas soluciones recogen información que es útil para vigilar y seguir a las personas mediante datos telefónicos, reconocimiento facial, cámaras, georreferenciación, control de la temperatura y otros. En este proceso, las aplicaciones conservan datos personales y sensibles sin las suficientes garantías para su protección o tratamiento. Por esto, a raíz de los riesgos que presentan para los derechos humanos, resulta necesario saber las condiciones de diseño e implementación.

Tanto CoronaApp como el sitio web Comisaría virtual proponen varias funcionalidades sin dar a conocer cuál es su utilización real y, como Derechos Digitales ha destacado desde su activación, parecieran ser problemáticas. De acuerdo a la legislación vigente en Chile, los datos necesarios para activar la aplicación o para obtener permisos y salvoconductos en comunas con restricciones de movilidad, cada vez que dan cuenta del estado de salud o hábitos personales del usuario se trata de datos personales o datos personales sensibles.

Esto genera dudas respecto al uso de información recabada mediante CoronaApp, en tanto se solicitan datos que permiten identificar a las personas como el nombre, DNI y edad. Lo mismo sucede con la Comisaría Virtual, pues al no existir claridad acerca de sus condiciones de procesamiento, es posible que la herramienta administrativa se convierta en un mecanismo de perfilamiento y vigilancia. Asimismo, las políticas de privacidad de dichas tecnologías no precisan las medidas de seguridad y confidencialidad según las que serán guardados estos datos, y solo abordan de manera genérica las condiciones de almacenamiento, acceso y uso de la información recolectada. Tampoco se establecen con claridad las condiciones y periodos de almacenamiento de la información, ni un procedimiento para que los titulares puedan ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de esos datos de acuerdo a la Ley Nº 19.628.

A falta de mejores resguardos normativos, la transparencia sobre las condiciones de tratamiento de datos personales se hace más relevante. Por consiguiente, hemos solicitado a los distintos organismos involucrados tanto en la implementación de dichas plataformas, como en la fiscalización y promoción de las garantías fundamentales que podrían verse afectadas por estos sistemas de recolección y uso de datos personales. Además de una serie de requerimientos de información pública sobre el uso y el impacto de estas tecnologías, para garantizar que la vigilancia no viole otros derechos fundamentales, como la privacidad, el acceso a la información, la integridad personal, o los derechos a la igualdad y a la salud.

La información sobre las políticas de privacidad existentes no es suficiente y, del mismo modo, la forma en que los datos han sido manejados a lo largo del primer año de la pandemia se torna preocupante. Entre otras cosas, solicitamos información respecto a especificaciones técnicas de las tecnologías, las finalidades específicas de la recolección y tratamiento de las distintas categorías de datos recolectados, los mecanismos y plazos de almacenamiento, los datos que son objeto de transferencia y bajo qué condiciones, así como antecedentes y evaluaciones jurídicas que den cuenta de una evaluación previa a la puesta en marcha de los sistemas.

Cuando se despliegan herramientas tecnológicas con propósitos de interés público, las medidas adoptadas deben ser transparentes, y deben ser evaluadas para determinar su eficacia e impacto en los derechos fundamentales. Esto es importante, sobre todo cuando estamos frente a un patrón de adquisición o producción de tecnologías digitales susceptibles a convertirse en factores útiles para la vigilancia como parte de las funciones estatales.

La implementación de estas herramientas no puede llevarse a cabo afectando los derechos fundamentales. Cualquier persona debería tener derecho a acceder a toda la información relevante sobre las tecnologías de vigilancia desplegadas, incluyendo el alcance, el objetivo de los datos recogidos y los resultados.