Actualización: dos días después de la publicación de esta columna, Interferencia reportó que la Intendencia había retirado el proyecto. La razón es el alto costo de la iniciativa. A pesar de ello, como la misma nota sugiere, este no significa que las ansias de implementar un sistema de vigilancia más robusto hayan sido abandonadas. Lamentablemente, es muy probable que las lógica detrás de este proyecto reaparezcan de una forma u otra.
En las últimas semanas se ha conocido el plan Santiago Ciudad Inteligente, impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. El proyecto tiene como objetivo “resolver las limitaciones de cooperación y coordinación entre las distintas entidades públicas y privadas”, buscando aprovechar la instalación de una central de televigilancia en la Intendencia Metropolitana en 2019. Así, el proyecto busca actualizar los mecanismos de gestión urbana a partir del despliegue de infraestructura destinada a la vigilancia. Por cierto, este proyecto busca afincar una idea que hace años ronda a las distintas administraciones gubernamentales: cómo hacer de Santiago una “ciudad inteligente”.
Pero, ¿qué hay de inteligente en las denominadas “ciudades inteligentes”? “Smart city” es un concepto que muchas veces opera como un atajo ante el objetivo de revestir las dinámicas urbanas de un halo de eficiencia tecnológica, sin necesariamente indicar con precisión a qué nos estamos refiriendo con el término.* Sin embargo, existe relativo consenso en la comunidad científica respecto a que una “ciudad inteligente” es aquella donde se aplican las tecnologías de la información y comunicación como estrategias para la resolución de problemas urbanos relativos a la economía, movilidad, energía, medio ambiente, gobernanza y calidad de vida.** Lo anterior, mediante la gestión de los múltiples indicadores que provee una ciudad “sensorizada”, una ciudad donde existen diversos medios tecnológicos de generación de información en tiempo real.
El problema central del referido proyecto es que, en realidad, no supone una reconfiguración de los modos de abordar problemáticas urbanas como las arriba referidas. Se trata, más bien, de coordinar capacidades e infraestructura que ya están disponibles en Santiago, mediante la centralización de las diversas fuentes de datos e instituciones de alcance metropolitano. Así, el proyecto apunta a revestir las mejoras en coordinación y cooperación institucional, como si fuera una nueva manera de pensar la ciudad; cuestión valiosa en sí misma, pero que difícilmente alcanza a justificar la etiqueta de “inteligente”.
Por el contrario, el proyecto presenta una dislocación importante en lo que se refiere a los objetivos propuestos –todos muy loables, por cierto– y las medidas efectivas orientadas al logro de estos.
Existen tres aspectos particularmente problemáticos del proyecto que deben ser considerados. Por un lado, están cuestión como la de la infraestructura a partir de la cual se configura la idea de Santiago Ciudad Inteligente. Como se señaló, el proyecto busca aprovechar la infraestructura de televigilancia para, desde ahí, favorecer la coordinación y cooperación que llevaría a configurar una urbe inteligente. La problemática relación entre ciudades “inteligentes” y vigilancia ha sido ampliamente discutida. Para investigadoras como Fernanda Bruno, esfuerzos como el que supone la mencionada central pueden ser comprendidas como prácticas de vigilancia distribuida, que tendría efectos negativos en ámbitos como el derecho a la manifestación pública.
Un segundo ámbito problemático del proyecto dice relación con el manejo de datos personales. Atendiendo a que se busca recolectar, centralizar, compartir y procesar información para el mejoramiento de la gestión urbana, no se establecen los resguardos esperados en lo referente a la centralización de información potencialmente de carácter privada. Especialmente, el plan no considera problemático que distintas instituciones compartan datos entre ellas, más allá de sus propias competencias, omitiendo que los datos han de ser utilizados solo para la finalidad con la que fueron recolectados y no en vistas de un fin distinto al explícitamente señalado. Peor aun, el proyecto parece tratar la centralización e intercambio de datos entre organismos públicos y privados como un fin en sí mismo, cuestión que además genera eleva serias consideraciones respecto a la seguridad en el manejo de la información.
Adicionalmente, resulta sumamente problemático que el proyecto no considere mecanismos activos de participación ciudadana para el diseño y evaluación de los programas que darían pie al surgimiento de la “inteligencia” urbana. Antes bien, el rol de la ciudadanía aparece circunscrito a la provisión de datos e información a través de diversas plataformas. Resulta imperativo que la discusión en torno a estas materias sea objeto de un diálogo transparente y participativo a través de canales institucionales –como el Consejo Regional–, así como mediante la incorporación activa de representantes de la sociedad civil.
Un proyecto que busca orientarse hacia el mejor gobierno de la ciudad no puede partir por la exclusión de la propia ciudadanía. Por el contrario, y especialmente en contextos de baja confianza hacia las instituciones como el que presenciamos en Chile, la legitimidad de las medidas dispuestas por la autoridad requiere de un fuerte afincamiento en la propia ciudadanía. Difícil resulta pensar que tal objetivo puede ser alcanzado si el atributo “inteligente” no considera a las y los ciudadanos como agentes relevantes para la gestión de la ciudad.
* Anna Visvizi, Miltiadis D. Lytras, (2019) “Smart cities research and debate: what is in there?” págs. 1-14. En Smart Cities: Issues and Challenges. Editores: Anna Visvizi, Miltiadis D. Lytras. Elsevier
** Calderón M., López G., Marín G. (2017) “Smart Cities in Latin America”. En: Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence. Editores: Ochoa S., Singh P., Bravo J. Lecture Notes in Computer Science, vol 10586. Springer
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