El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso cíclico en el que, cada cuatro años, los Estados miembro de las Naciones Unidas se examinan mutuamente en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos. Los Estados evaluados se comprometen a cumplir en los próximos cuatro años a su realización, mientras que la sociedad civil y otros actores vigilan de cerca que las recomendaciones aceptadas por estos, no se queden tan solo en el papel.

En Derechos Digitales acumulamos ya dos ciclos de acompañamiento, monitoreo e incidencia frente a los compromisos asumidos por Chile en el marco del EPU. En estos ocho años hemos enfatizado en la importancia de que el Estado se comprometa también a la garantía, respeto y promoción de derechos humanos en la esfera digital.

Logros y compromisos del cuarto ciclo del EPU

Para el cuarto ciclo que concluyó hace poco, participamos en dos informes. Uno junto con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), en el que llamamos la atención sobre la importancia de recomendar al Estado el cierre de la brecha digital y la facilitación de formas alternativas de comunicación en beneficio de las comunidades rurales y menos favorecidas; la protección de la privacidad y protección de datos de las personas; y la garantía de entornos digitales libres de violencia en beneficio de mujeres y niñas. Y en un informe que suscribimos junto con Amaranta ONG y Women’s Link Worldwide, donde enfatizamos en la importancia de facilitar el acceso a la información, en línea y fuera de ella, para habilitar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

La publicación reciente del informe final sobre las recomendaciones sugeridas a Chile, y el informe que detalla las recomendaciones que el Estado aceptó cumplir, revelan un avance sustancial dirigido a fortalecer la vigencia de los derechos humanos en entornos digitales. En concreto, el Estado aceptó comprometerse a:

24.113 Integrar un enfoque de género y de derechos humanos en las políticas públicas encaminadas a cerrar la brecha digital en todas sus facetas, garantizando la privacidad y la seguridad de las personas en los entornos digitales (formulada por Panamá);

24.114 Seguir adoptando medidas eficaces para cerrar todas las brechas digitales y considerar la posibilidad de actualizar su legislación sobre protección de datos personales (formulada por la República de Corea);

24.115 Promover el acceso a las nuevas tecnologías en áreas rurales o urbanas de bajos ingresos, adoptando medidas para garantizar el respeto a la intimidad y la no discriminación (formulada por Uruguay);

24.118 Reforzar la protección y promoción del derecho a la privacidad mediante la actualización de los marcos normativos y la creación de la agencia de protección de datos personales (formulada por Brasil);

24.160 Adoptar medidas para garantizar el acceso a información sobre servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción del embarazo, particularmente en zonas rurales y entre personas en situación de vulnerabilidad (formulada por México);

24.191 Mejorar la accesibilidad de la educación en línea, entre otras cosas mediante la reducción de la brecha digital (formulada por Samoa);

24.227 Implementar medidas robustas para combatir la violencia de género en los entornos digitales y exigir responsabilidades a los autores (formulada por Islandia);

Qué esperamos en estos próximos cuatro años

Si bien celebramos que nuestro trabajo colectivo con organizaciones aliadas haya resonado en este ciclo del EPU, sabemos que el trabajo de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones recién comienza.

En los próximos dos años tendremos que informar a las Naciones Unidas sobre qué tan bien le ha ido a Chile en el cumplimiento parcial de estos compromisos. Para emprender ese trabajo, esperamos que el Mecanismo Nacional de Seguimiento, Monitoreo e Implementación de las recomendaciones en derechos humanos sea fortalecido para facilitar dicho proceso. De hecho, en este ciclo del EPU, se formularon a Chile cuatro recomendaciones enfocadas precisamente en la necesidad de fortalecer dicho mecanismo, dotarlo de capacidades institucionales, técnicas, humanas y financieras para que la participación de la sociedad civil en el marco del EPU sea un proceso continuo, y no uno que ocurre solo cada cuatro años en consultas cuya duración es insuficiente y no permite a todas las personas y organizaciones interesadas conocer y ser parte de este proceso.

También, esperamos que el Estado vaya más allá de la literalidad de los compromisos asumidos. Recordemos que las recomendaciones formuladas en el marco del EPU no son un techo ni un tope, sino un llamado de atención que constituye un punto de partida.

En ese sentido, esperamos, por ejemplo, que en el cierre de la brecha digital y el logro del acceso significativo a internet se fortalezcan también los medios comunitarios de comunicación, y que se promuevan mecanismos para facilitar la generación de contenidos relevantes para las comunidades. Esperamos también que en la protección de la privacidad de las personas se refuercen igualmente los mecanismos legales e institucionales que pongan límites a la vigilancia ilegal y arbitraria del Estado y que, en la lucha contra las formas de violencia facilitadas por la tecnología, se adopte un abordaje integral de atención, apoyo, reparación y acceso a la justicia en favor de las sobrevivientes de este tipo de hechos.

En este proceso de seguimiento y monitoreo, contribuiremos con informar sobre el Estado de implementación de las recomendaciones, con la expectativa de ir más allá de los compromisos asumidos. También esperamos enriquecer, junto con otras organizaciones aliadas, el ecosistema de protección y garantía de los derechos humanos en Chile.