Como una organización de derechos humanos con un compromiso con la erradicación de toda violencia, nos toca referirnos a un episodio difícil y doloroso ocurrido al interior de Derechos Digitales y que involucra a Pablo Viollier, quien hasta el mes de agosto de 2020 se desempeñaba como analista de políticas públicas en la organización.

Pablo Viollier fue acusado y sancionado por una conducta de hostigamiento en el ámbito laboral, utilizando los canales de comunicación institucional con ese fin. La denuncia accionó el protocolo establecido en el Código de Conducta de la organización, vigente desde febrero de 2018, y fue investigada de acuerdo con los lineamientos allí descritos. El Directorio de Derechos Digitales determinó sancionarlo con una amonestación por escrito, con registro de la infracción al Código de Conducta en la hoja de vida del trabajador, preservada en los registros institucionales. Ello implica que, ante cualquier futura solicitud de referencias a Derechos Digitales sobre la persona, deberá mencionarse el caso y la sanción.

El procedimiento cumplió todos los estándares internos decretados para este tipo de casos, como también las obligaciones legales a las que la organización está sujeta. Aún así, es relevante mencionar que el proceso estuvo cruzado por ciertas condicionantes que delimitaron su resultado. Al momento de la denuncia, presentada a principios de agosto, Pablo Viollier ya había presentado su renuncia a la organización, lo que reducía de forma importante el abanico de acciones disciplinarias que podrían haberse tomado en su contra. Además, es importante notar que parte de las acusaciones no podían ser comprobadas, puesto que ocurrieron en el marco de una relación de carácter personal entre Viollier y la víctima, lo que excede el ámbito de competencia de Derechos Digitales. A la vez, el proceso reconoció expresamente la existencia de desigualdades estructurales de poder al interior de la organización, que impactaron en la presentación formal de la denuncia.

Este caso ha hecho evidentes los distintos desafíos que conlleva implementar una política organizacional consistente para responder a situaciones de violencia estructural de género, y nos ha obligado a hacer una reflexión profunda sobre cómo mejorar nuestras prácticas, en concordancia con nuestra misión de participar en la construcción de sociedades más justas, inclusivas e igualitarias.

Durante los últimos 15 años, Derechos Digitales ha buscado constantemente constituirse en un espacio seguro para quienes forman parte de la organización. Como tantas otras cosas, ha sido un proceso de aprendizaje constante. La creación oportuna del Código de Conducta es una parte ejemplar de este proceso. Tanto este como otros desarrollos y mejoras solo fueron posibles porque tuvimos el privilegio de contar con apoyo específico para el desarrollo institucional — algo todavía poco común para muchas de las organizaciones de sociedad civil en el Sur Global — y porque es un trabajo que se ha nutrido del valioso aporte de las distintas personas que han pasado por el equipo.

Sin embargo, podemos reconocer que la existencia de una política no siempre da cuenta de las complejidades y sutilezas involucradas en ciertas manifestaciones de la violencia, particularmente cuando las líneas que dividen el ámbito laboral del privado se vuelven difusas, cuando la necesidad de actuar con velocidad colisiona con la necesidad de tiempo y espacio de la víctima para procesar los hechos, o cuando las formalidades se ven desbordadas por la realidad.

Luchar contra la violencia de género es y debe ser un esfuerzo sostenido y demanda políticas, pero también prácticas concretas. Es por ello que asumimos nuestra responsabilidad y compromiso en la mejora constante de las condiciones internas, para garantizar que Derechos Digitales se constituya como un espacio seguro para todes.

En septiembre, y como parte de la respuesta institucional al caso, hemos iniciado un proceso de revisión de los mecanismos internos para el tratamiento, la detección y el abordaje de este tipo de situaciones, que incorpore los aprendizajes que hemos adquirido durante el desarrollo de este lamentable episodio. Creemos que esa es la manera de fortalecer la capacidad institucional para lidiar con situaciones como esta. Este caso, doloroso como es, solamente refuerza nuestra convicción institucional contra la violencia, empujándonos a reforzar las estrategias internas para su temprana detección y erradicación de nuestro espacio de trabajo.

Con ese compromiso, queremos expresar públicamente toda nuestra solidaridad con quien resultara víctima, cuya fortaleza y trabajo amerita todo nuestro respeto y admiración.

Miguel Flores, director de tecnología
Vladimir Garay, director de incidencia y comunicaciones
Paula Jaramillo, directora de proyectos
Juan Carlos Lara, director de investigación y políticas públicas
Jamila Venturini, coordinadora regional
María Paz Canales, directora ejecutiva