Navegamos en una tormenta de información: cada día, cientos de tuits, mensajes de Facebook, cadenas de WhatsApp, videos, audios y noticias llegan a nuestras pantallas, a las que cada día nos encontramos más pegados a causa del necesario aislamiento social y de la ansiedad por estar informados. Incluso para los más duchos en la materia, se ha vuelto cada vez más difícil discernir entre la información confiable y útil y la que es falsa o busca confundir, y el esfuerzo constante por filtrar este ruido genera una fatiga que hace más costoso mantenerse informado.

Ya en Febrero, el director de la OMS advertía sobre los peligros de una “infodemia”, una abundancia de información imprecisa con respecto al contexto de la salud pública que dificultaría a los ciudadanos guiar sus acciones y decisiones en momentos de necesidad.

En momentos como este, se hace necesario poder recurrir a fuentes confiables y autorizadas que puedan transmitir información verificada. En su ausencia, la necesidad de información confiable genera un entorno fértil para el flujo de la desinformación: el rol de los gobiernos, al entregar información cruzada y cambiante, ha sido fertilizar ese entorno. Los propios gobiernos latinoamericanos han sido culpables de difundir información errada e imprecisa con respecto a la salud: mientras Nicolás Maduro recomendaba brebajes de hierbas como cura, López Obrador llamaba a los mexicanos a “salir de sus casas y seguir con su vida normal”. Actos como estos no solo generan en sí mismos desinformación, sino que contribuyen a la pérdida de valor de las fuentes autorizadas, pues el sector que no termine creyendo en estas falsedades dejará de escuchar lo que las autoridades tengan para decir.

El pánico, la incertidumbre y la angustia hacen que sea fácil pescar en río revuelto: vender mentiras a cambio de clics. En este momento, las redes están plagadas de información falsa vendida como verdadera, ya sea para generar mayor pánico o para promover pretendidas soluciones que representan riesgos graves para la salud: señalar dióxido de cloro pueda curar el covid-19, sostener que el coronavirus es un arma biológica creada en los Estados Unidos, los flujos informativos actuales están plagados de pseudociencia, noticias falsas, manipulación y rumores, y sus efectos pueden ir desde fomentar acciones de odio, afectar la economía y influir sobre la agenda política hasta producir daños graves a la salud de quienes terminen creyendo en estos bulos.

Los riesgos de la censura

Por otro lado, tanto la desinformación misma como su presunto “combate” son utilizadas como herramientas políticas. Del mismo modo en que los gobiernos han aprovechado el momento para imponer medidas de mayor control y vigilancia, también lo han hecho en lo que respecta a este tema. El pasado 25 de marzo, el gobierno boliviano dictó un decreto “para hacer frente al COVID-19” que, entre otras medidas de diferente índole, señalaba que se perseguirá penalmente a quienes “desinformen o generen incertidumbre a la población”. También Perú decidió sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes difundan noticias falsas. Circunstancias similares suceden en varios otros países; entre tanto, en Venezuela se utiliza la acusación de “generar zozobra” para llevar a las personas a la cárcel en el contexto de la pandemia.

Este tipo de medidas no solo resultan completamente inútiles para combatir la desinformación, sino que al mismo tiempo desincentiva la libertad de expresión y el libre flujo de información. Las fronteras que distinguen lo aceptable de lo inaceptable y lo cierto de lo falso en este tipo de leyes suelen ser borrosas, lo que genera una incertidumbre inaceptable que causa un efecto de enfriamiento, llevando a las personas a autocensurarse por temor a represalias.

De acuerdo con una encuesta de Reuters Institute, la gente joven es más propensa a creer en la información que recibe por vía de redes sociales, así como la gente con grados más bajos de educación, lo que los sitúa en una posición de riesgo combinado. Si es alto el costo (en términos de tiempo y energía) que tiene verificar y contrastar constantemente la información que recibimos, lo es mucho más para quienes no cuentan con las herramientas tecnológicas, el conocimiento o el tiempo, para quienes se encuentran desempleados o precarizados y enfrentan situaciones de inestabilidad e inseguridad en sus vidas, es decir, para quienes necesitan más el acceso a información veraz.

La sociedad civil y un sector de los medios de comunicación se han hecho cargo de la responsabilidad de verificar información: iniciativas como Latam Chequea se han convertido en repositorios de la veracidad en medio de la tempestad. Sin embargo, otros medios han sido perjudiciales, y no se limita

Casi la totalidad de las grandes plataformas de internet han creado espacios donde dan presencia prominente a información oficial pertinente al sitio desde el cual se accede, pero -al mismo tiempo- han sido los mayores caldos de cultivo para la información falsa: ni la baja de contenido ni el cese de cuentas masivo han sido efectivos para poner coto al modo en que se replican.

Esta situación muestra, una vez más, que el problema de la desinformación no puede ser resuelto mediante una medida única, sino que requiere de educación, responsabilidad de medios, plataformas, usuarios y gobiernos. Si bien no puede permitirse que el Estado, los medios y el sector empresarial se laven las manos de responsabilidades en cuanto a cómo se difunden las mentiras, tampoco podemos dar luz verde a un sistema que trate al ciudadano de manera infantilizada, teniendo que confiar en la verdad de lo que le cuentan meramente por una apelación a la autoridad: es necesario que cada uno de nosotros cuente con las herramientas y la capacidad crítica para distinguir las señales de una noticia falsa, que nos dicen que debemos combatirla, no replicarla, pues esa también es nuestra responsabilidad.