Del 21 al 25 de julio se llevó a cabo de manera virtual el 193 período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de un espacio destinado a la escucha sobre la situación de los Derechos Humanos en países específicos o en la región en torno a temáticas concretas, contando con la participación de organizaciones de la sociedad civil, los Estados y la Comisión, y sentando demandas y recomendaciones para la garantía de los derechos y libertades fundamentales. Derechos Digitales siguió de cerca este conjunto de sesiones, donde se desarrollaron siete audiencias dedicadas a la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos y el cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe.

Este período es resultado del monitoreo continuo que realiza la CIDH al deterioro de la institucionalidad democrática y los graves retrocesos en Derechos Humanos en la región. En esta ocasión, reunió las voces de representantes de la sociedad civil de Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Como tendencia evidenciada en las audiencias públicas, encontramos la creación de un paquete legislativo sistemático para ahogar a la sociedad civil y amedrentar el ejercicio de defensa de los Derechos Humanos, las bien nombradas leyes anti-ONG. Distintos gobiernos latinoamericanos han instrumentalizado discursos de fiscalización y marcos legales contra el lavado de dinero para imponer controles desproporcionados y sanciones arbitrarias a este tipo de organizaciones. Estos mecanismos, basados en criterios ambiguos, no solo intensifican modelos de vigilancia y control hacia personas defensoras de Derechos Humanos, sino que también ponen en riesgo su integridad física y facilitan la persecución financiera contra las entidades.

A la fecha, se conocen cuatro leyes anti-ONG que han impactado directamente el espacio cívico en América Latina: la Ley APCI en Perú, la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, la Ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay, y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro en Venezuela. En términos generales, las normativas autorizan el reporte periódico de todas las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, dando lugar a modelos de vigilancia física y digital, así como a estrategias de control político que amenazan derechos como la libertad de asociación y la vida privada. Diversos mecanismos regionales e internacionales de Derechos Humanos se han expresado con preocupación ante las limitaciones a los valores democráticos que estas legislaciones representan.

Lo que vemos es un patrón alarmante: la instrumentalización de la vía legal para legitimar la persecución, la vigilancia y la criminalización hacia personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y periodistas, paralizando, silenciando y generando miedo en el ejercicio de su labor. A este escenario se suma la denuncia recurrente, expresada en cada una de las audiencias en cuestión, sobre el hostigamiento y acoso facilitados por las TIC contra miembros de la sociedad civil y periodistas. Prácticas como el descrédito en redes sociales, las campañas y los discursos de odio, el hackeo a dispositivos personales y cuentas de correo institucionales, así como el espionaje mediante el uso del software Pegasus –en el caso específico de El Salvador-, fueron señaladas como patrones represivos que amenazan a las democracias.

Desde Derechos Digitales rechazamos la sistematicidad del cierre del espacio cívico en América Latina y el Caribe. Los marcos legales que están siendo utilizados para tal fin se multiplican día a día, obstaculizando la defensa y promoción de los Derechos Humanos tan necesaria en nuestra región e, incluso, llevando al cierre de operaciones de organizaciones que brindan asistencia y acompañamiento a personas y colectivos víctimas de vulneraciones de derechos, como el caso reciente de Cristosal en El Salvador.

En un contexto regional y global marcado por crecientes desafíos en derechos humanos, el trabajo de las personas defensoras se vuelve no solo esencial, sino apremiante. Los patrones de criminalización y persecución física y digital a las voces críticas en la región, manifestados en este período de audiencias públicas de la CIDH, intensifican todas las alertas y amenazan la democracia en nuestras comunidades. Las organizaciones de la sociedad civil prestan servicios esenciales y vitales a individuos y grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad, defendiendo sus derechos ante violaciones de diferente índole. La protección de la sociedad civil es un elemento clave de cualquier democracia, por esto es imperioso el establecimiento de mecanismos de control institucionales efectivos en la formulación e implementación de las leyes mencionadas.