Organizaciones de la sociedad civil rechazan la criminalización de la defensa de derechos digitales y el uso indebido del sistema judicial en el caso de Ola Bini en Ecuador y exigen el respeto al debido proceso y a los derechos humanos

Las organizaciones y activistas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación y nuestro firme rechazo ante las múltiples irregularidades, ilegalidades y vulneraciones al debido proceso observadas durante 5 años en el caso de Ola Bini, programador y defensor de derechos humanos. Este caso no solo ha expuesto deficiencias críticas y la debilidad en el sistema judicial ecuatoriano, sino que también ha revelado cómo las prácticas gubernamentales amenazan continuamente los principios fundamentales de justicia y libertad en el Ecuador.

Las irregularidades en el caso incluyen:

La sentencia emitida por los jueces Pacheco y Fabara, este último actualmente bajo investigación por supuestos actos de corrupción por parte de la Fiscalía (https://inredh.org/dos-de-tres-jueces-revocaron-la-sentencia-que-declaraba-inocente-al-activista-digital-ola-bini), parece haber sido influenciada por presiones políticas externas, pues no existe prueba alguna que justifique dicha sentencia. Esta decisión no solo ignora la falta de evidencia, sino que además sentencia a Bini a un año de prisión y al pago de multas económicas, basándose en la presunta «tentativa» de acceder a un sistema de telecomunicaciones de la CNT, una acusación que ni siquiera fue objeto de la teoría del delito inicial de la Fiscalía. 

La decisión judicial no solo suma a un manejo terriblemente irresponsable y manipulado del caso, sino que también establece un precedente alarmante para las libertades en general.[1] En particular, la criminalización de herramientas como Tor, que son vitales para garantizar la seguridad y privacidad en línea, junto con el intento de penalizar la adquisición y posesión de conocimientos técnicos, apunta a una tendencia peligrosa de interpretar habilidades tecnológicas como amenazas potenciales, en lugar de reconocerlas como componentes esenciales para la innovación y la seguridad informática. Este enfoque no solo socava los derechos fundamentales a la privacidad y la libre expresión, sino que también pone en riesgo la integridad y la evolución de un entorno digital seguro en el Ecuador.

Por todo lo anterior, instamos a las autoridades competentes a:

  • Revisar y corregir de inmediato las irregularidades presentadas en este caso.
  • Asegurar un proceso justo y transparente en la apelación de Ola Bini y en todos los casos judiciales en el país.
  • Cesar el uso de sistemas judiciales y de seguridad como herramientas de represión.
  • Adoptar medidas para fortalecer un sistema judicial justo, imparcial y libre de influencias políticas.
  • No criminalizar el conocimiento ni las capacidades técnicas individuales o colectivas.
  • No criminalizar el uso de herramientas tecnológicas que son fundamentales para el libre ejercicio de la libertad de expresión y la privacidad, derechos humanos esenciales.

Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que continúen observando de cerca este caso y exijan al Ecuador el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.


[1] Al respecto, la Misión de Observación del caso Ola Bini ya ha expresado las implicancias para la vigencia de los derechos digitales de una sentencia dictada al margen de criterios técnicos y jurídicos: https://articulo19.org/ola-bini-inocente-una-sentencia-clave-para-la-defensa-de-derechos-digitales/ 

Firmamos en orden alfabético:

Access Now – Internacional

Article 19 – Internacional

Association for Progressive Communications (APC) – Global

Associació Pangea Coordinadora Comunicació per a la Cooperació – España/Cataluña

Barracon Digital – Honduras

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) – Ecuador

Centre for Information Technology and Development – Nigeria

Código Sur – Costa Rica

Conexión Educativa – Ecuador

Cooperativa Autogestionaria Sulá Batsú – Costa Rica

Cooperativa Tierra Común – Mexico

CryptoRave – Brasil

Derechos Digitales – América Latina

Digital Defenders Partnership – Internacional

Electronic Frontier Foundation – Internacional 

Fantsuam Foundation – Nigeria

Front Line Defenders – Internacional

Fundacion Acceso – Costa Rica

Fundación InternetBolivia.org – Bolivia

Fundación Karisma – Colombia

Fundación Openlab – Ecuador

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) – Ecuador

JCA-NET – Japan 

Jokkolabs Banjul – Gambia

LaborNet – Estados Unidos

LaLibre.net Tecnologías Comunitarias – Ecuador

MariaLab – Brasil

May First Movement Technology – Estados Unidos/México

Rhizomatica – México

Saravá – Brasil

SeguDigital – México

Ser Valiente en Red – Perú

SocialTic – México

Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital – México

Taller de Comunicación Mujer – Ecuador

TEDIC – Paraguay