El miércoles 16 de agosto, Derechos Digitales participó de “Capacity Building in the context of AHC negotiations: Reflections from the LAC region”, una instancia organizada por el Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) para conversar sobre los desafíos identificados por los y las expertas latinoamericanas para la construcción de capacidades en la región, en el marco de un eventual tratado internacional sobre cibercrimen, actualmente en discusión en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Durante la sesión, las y los participantes discutieron sobre las implicancias regionales de las negociaciones sobre ciberdelincuencia en la ONU, compartieron experiencias en materia de construcción de capacidades sobre cibercrimen y analizaron la manera en que los mecanismos del GFCE pueden servir para comprender y priorizar las necesidades de los países en materia de creación de capacidades.

En representación de Derechos Digitales participó de la sesión Paloma Lara Castro, coordinadora de políticas públicas de la organización, quien enfatizó la necesidad de aplicar la perspectiva de género (gendermainstream) en cada artículo de la convención, puntualizando que la inclusión solamente en el preámbulo del texto es insuficiente para asegurar que la Convención no sea utilizada en detrimento de los derechos humanos de comunidades en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres y la comunidad LGTBIQ. Lara Castro mencionó además que en la versión actual del borrador se eliminó una mención específica sobre la necesidad de aplicar perspectiva de género a la asistencia técnica y la creación de capacidades.

Junto con ello, la especialista señaló una nueva investigación realizada por Derechos Digitales, con apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que evidencia que las legislaciones de cibercrimen en distintas partes del planeta están siendo utilizadas para criminalizar a defensoras y activistas de derechos humanos, con impactos diferenciados en el activismo de comunidades históricamente excluidas del debate público. Por ello, recalcó la importancia de considerar los impactos de género en la criminalización.

La GFCE es una comunidad de múltiples partes interesadas, con más de 180 miembros y socios de todas las regiones del mundo, que tiene por objetivo fortalecer las capacidad en entornos digitales a nivel mundial.