Agenda SCCR 43

OMPI: Apertura al debate y logros en el acceso al patrimonio cultural

Debemos trabajar por una legislación con excepciones y limitaciones claras a los derechos de autor. Este es un tema que apremia: No repitamos el caso de Brasil, que en 2018 un incendio destruyó 200 años de cultura.

CC:BY (Gilda Martini)

El 13 de marzo en Ginebra, dio inicio a una intensa semana llena de debates, paneles y expositores de primer nivel, provenientes de todo el mundo. La Agenda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reunió a autoridades, organismos intergubernamentales y ONGs a que se sumen al debate público en torno a los derechos de autor.

Derechos Digitales forma parte de la coalición Access to knowledge (A2K), y nuestra posición es (y siempre ha sido) asegurar el acceso al patrimonio cultural mundial, amparado en la protección de los derechos humanos, el acceso a la educación y al conocimiento. Aquella semana abarcó como temas principales, la discusión del segundo borrador del tratado sobre organismos de radiodifusión y el debate sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor.

En el día 1, Ucrania fue el primer país en presentarse. Lo manifestado se podría resumir, en una palabra: PRESERVACIÓN. Pero ¿Qué es la preservación y por qué es tan importante en esta Agenda?

La preservación es una excepción al derecho de autor que no existe en todos los países y que afecta en forma importante a las bibliotecas y otras instituciones patrimoniales. Su objetivo es salvaguardar el patrimonio de la humanidad, promover la paz y fomentar la resiliencia, a través de la conservación y la documentación de los archivos y fondos históricos.

La preservación de este patrimonio se ve afectado por guerras, incendios, inundaciones o vandalismo, entre otros factores. En el caso de Ucrania, al 13 de marzo, llevaba 383 días luchando por su historia, su cultura y su integridad territorial. Sus tradiciones quieren ser cambiadas por otras, cientos de bibliotecas, museos y otras instituciones son deliberadamente destruidas, su identidad está en juego, es por ello que, como país, se han sumado a las excepciones y limitaciones para las bibliotecas e instituciones y personas con discapacidades, finalizando con un llamado a la paz.

En el segundo día de encuentro, se trabajó sobre el Tratado de Radiodifusión. Como parte de la coalición A2K, abogamos por un tratado más flexible en cuanto a los derechos de las personas usuarias, en que se incluyan excepciones obligatorias, se indiquen los usos permitidos por el derecho de autor, y que éstos figuren expresamente como permitidos en el texto, para evitar confusiones y problemas futuros. 

Sobre la definición de los organismos de radiodifusión, consideramos que es amplia y poco clara, sus alcances exceden el objetivo del tratado, que entendemos, es la lucha contra la retransmisión no autorizada de señales (“piratería”). Esto es importante, porque el borrador del tratado pretende establecer nuevos “derechos exclusivos” para los radiodifusores, como derechos de retransmisión, derechos de fijación y derechos de transmisión diferida. Encontramos innecesaria la creación de una nueva capa de derechos a estos organismos, como el derecho de fijación, ya que, con ello, los usuarios atravesarían procesos más costosos, largos y complejos para conseguir la autorización de utilizar el contenido transmitido, e inclusive, sería muy difícil comprender con quién deben negociarse estos derechos

El tercer día, un grupo de expertos presentó la caja de herramientas sobre la preservación. Consiste en una guía con todas las consideraciones pertinentes relacionadas a la copia con fines de preservación, que servirá de base para que los países redacten textos jurídicos más coherentes y legítimos respecto de esta materia. Destacamos de este toolkit el concepto preservación preventiva, que promueve la digitalización completa de los acervos de bibliotecas, archivos y museos, para afrontar riesgos potenciales, como desastres naturales, conflictos humanos y el cambio climático. Este concepto, además de ser una práctica de conservación, constituye un importante principio ético, por su deber de preservar el patrimonio, convirtiendo a las organizaciones de patrimonio cultural en instituciones de confianza.

Durante el cuarto día, fue aprobada la propuesta del Grupo Africano para un plan de trabajo sobre excepciones y limitaciones . Esto significa que se trabajará en temas prioritarios para el interés público, como promover la adaptación de las excepciones al entorno en línea y transfronterizos, permitiendo la enseñanza, el aprendizaje y la investigación a través de herramientas digitales y online. Trabajar en el establecimiento de limitaciones y excepciones en temas como la inteligencia artificial y minería de textos y datos promueve la divulgación científica, democratizando el conocimiento y la IA. Según un estudio de Datysoc, los países latinoamericanos necesitan aprovechar el impulso de la IA como motor de crecimiento económico. Para ello deben generar competencias y desarrollos propios mediante la construcción de un ecosistema de incentivos hacia la I+D basada en ciencia de datos.

Y en Chile, ¿esperaremos a que las obras pasen a dominio público?

En Derechos Digitales consideramos que debemos trabajar por una legislación con excepciones y limitaciones claras a los derechos de autor. Este es un tema que apremia: no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, quizás, después sea demasiado tarde. No repitamos los casos como el de Brasil, en que un incendio catastrófico en 2018 provocó la destrucción de un fondo acumulado durante 200 años, o Pakistán, en que museos y lugares del patrimonio sufrieron graves daños tras las lluvias monzónicas y las inundaciones repentinas, o Sudáfrica, después de que los incendios forestales provocados por la sequía se apoderaran de la Biblioteca y parte del campus universitario.

En Chile tuvimos que esperar 20 años más desde el 2002, para que las obras pasaran a dominio público tras firmar un TLC con E.E.U.U que nos obligó a adoptar su estándar en materia de Propiedad Intelectual, modificando nuestra ley y ampliando el plazo de protección de una obra de 50 a 70 años desde la muerte de su autor. El comité esta vez abogó por el interés público, acordando un plan de trabajo que incluye la continuidad de la discusión y análisis de la Propuesta del Grupo Africano, así como su inclusión en la próxima sesión, que se realizará en noviembre de 2023.