Esta semana se conocieron detalles sobre los planes del Reino Unido para regular la IA. Según el gobierno,la propuesta “desataría la innovación y aumentaría la confianza pública en la tecnología”, prometiendo tener una regulación menos centralizada, en comparación con el enfoque europeo. El Reino Unido también está trabajando en reformular las leyes de protección de datos y la información digital.

El enfoque británico tiene en cuenta seis principios fundamentales para desarrolladoras y usuarias de IA: seguridad (es técnicamente seguro y funciona según lo diseñado), transparencia y explicabilidad, justicia, identificación de la persona jurídica responsable e indicación de vías de reparación o impugnabilidad.

Desde  2021, la propuesta de la Ley de IA de la Unión Europea se ha ido materializando. La adopción de un enfoque basado en riesgos no ha eximido la presencia  de críticas. La propuesta también ha recibido múltiples sugerencias de reformas, inclusive la de  aumentar la participación de la sociedad civil desde el  proceso legislativo hasta la implementación de la futura ley.

Para la organización internacional  Access Now, la Ley de IA europea no aborda los impactos que esos sistemas pueden tener en personas que no son ciudadanas  de la Unión Europea, como migrantes y refugiadas de guerra que ya están sujetas a algoritmos de evaluación de riesgos, perfilado, detectores de mentiras, entre otros.

Construyendo la regulación de IA en Brasil

Luego de un apresurado y ampliamente criticado proceso de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados brasileña, un conjunto de tres propuestas de regulación de IA se están actualmente en debate en el Senado. Las propuestas aprobadas, como ha apuntado la Coalizão Direitos na Rede, son “superficiales e incapaces de cubrir la complejidad del tema”.

En el Senado, los proyectos de ley fueron enviados para el análisis y la  revisión de una comisión de juristas, encargada de elaborar un texto sustitutivo. Se trata de 18 profesionales del campo del derecho actuando en distintos sectores y con amplia experiencia en temas como protección de datos, derecho civil en internet y derechos del consumidor, entre otros, componen la comisión.

La instalación de la comisión recibió críticas por su composición, y se solicitó ampliar el nivel de participación con “profesionales de prestigio de diferentes áreas, regiones, con paridad de género y raza”.

En respuesta a tales demandas, la comisión abrió distintos procesos de consulta para subsidiar sus decisiones, incluyendo una serie de audiencias públicas, un seminario internacional y una consulta de insumos por escrito que en la que se recibieron más de 100 contribuciones. 

Han sido escuchadas más de  60 personas en las audiencias públicas que se llevaron a cabo entre el 28 de abril y el 13 de mayo. Con énfasis en diferentes ejes, se han discutido los conceptos, la comprensión y clasificación de la inteligencia artificial, los impactos de la inteligencia artificial, derechos y deberes, así como rendición de cuentas, gobernanza e inspección.

Reflexiones desde la sociedad civil

Luego  de más de veinte horas de sesiones híbridas de audiencias públicas con discusiones de alto nivel, se destacan algunos puntos. 

El primero es que todos los derechos humanos pueden verse afectados por los sistemas de IA en especial por los riesgos que trae en términos de expansión de la vigilancia, sesgos y discriminación y la opacidad en la toma de decisiones y la consecuente pérdida de autonomía de las personas e instituciones. Como señaló Jamila Venturini en una de las audiencias, los riesgos de discriminación en el ejercicio de derechos fundamentales ya es observado en la implementación de esos sistemas en el sector público y en áreas sensibles de políticas públicas, como apuntan investigaciones coordinadas por Derechos Digitales.

Segundo: los  principios éticos o dispositivos genéricos no son suficientes para la protección de la sociedad frente al avance de estas tecnologías. Son necesarios límites, procedimientos adecuados y normas concretas, como defendió Derechos Digitales en su participación escrita y como también recomiendan organismos internacionales como la Unesco. Eso incluye la necesidad de implementación de estudios de impacto a los derechos humanos que den cuenta de identificar los potenciales riesgos de un determinado sistema, así como las debidas medidas de mitigación.

Finalmente, el tercer punto se refiere a la necesidad de un sistema de reparación que considere la responsabilidad civil, pero también un análisis previo que permita limitar la implementación de sistemas que representen riesgos excesivos en el contexto brasileño. Una crítica a los textos en discusión es que se presenta la idea de un sistema de evaluación de riesgos de manera genérica y sin una exhaustiva descripción de los procedimientos y condiciones para su implementación.

Un concepto que no es inocente

El concepto de Inteligencia Artificial utilizado en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados fue duramente  criticado durante las audiencias. Mireille Hildebrandt, profesora de derecho y tecnología en la Universidad Vrije Universiteit de Bruselas, argumentó que el tema principal para la protección legal con respecto al uso de sistemas de IA debe centrarse en su impacto. Pues no se trata de impedir el desarrollo de tecnologías, sino de anticipar, mitigar y evitar riesgos. Venturini reforzó el punto, indicando que una interpretación acotada del concepto de IA puede dejar desreguladas preocupantes implementaciones de procesamiento y clasificación algorítmica de datos en la región, cuyo grado de autonomía o inteligencia es incierto.

Un ejemplo es el sistema utilizado en Brasil para la distribución de ayuda financiera durante la pandemia.Un estudio reciente de InternetLab, con apoyo de Derechos Digitales, sobre  la decisión algorítmica en el caso del programa Auxilio Emergencial evidencia una serie de problemas y riesgos al acceso a un derecho fundamental por parte de poblaciones en condición de vulnerabilidad debido a errores y desactualización en las bases de datos .

Otra preocupación relacionada a la conceptualización de IA tiene que ver con las distintas implementaciones que podrían abarcar y las consecuencias de ello. En particular, el hecho de que una regulación genérica sobre IA podría ser utilizada para legitimar el uso, por ejemplo, del reconocimiento facial – tecnología que puede estar basada en IA y que, según expertas internacionales, contraría a los estándares establecidos de derechos humanos. 

Los sistemas de reconocimiento facial han sido fuertemente cuestionados en la región y actualmente hay una campaña en curso en Brasil por su prohibición con más de 40 organizaciones firmantes. En junio de 2022, más de 10 proyectos de ley fueron presentados en distintos estados para formalizar tal demanda.

Un gran desafío por delante

El desafío de regular los sistemas de IA es grande, ya sea por los riesgos para los derechos humanos, o por la complejidad, opacidad y amplia gama de temas a regular. Las discusiones legislativas y las garantías de participación social deben estar a la altura de este desafío. La comisión de juristas ha ganado tiempo adicional para terminar su trabajo, y es nuestra expectativa que los resultados reflejen manera satisfactoria los aportes recibidos y  se logre una legislación que efectivamente proteja los derechos humanos.