Nos manifestamos con extrema preocupación ante la disposición adicional incluída en el Decreto Supremo 4231, por la cual se amplían los alcances del Decreto Supremo 4200 que preveía de manera genérica la criminalización de desinformación, para explicitar la posibilidad de denuncia penal contra cualquier persona que difunda contenidos que “pongan en riesgo o afecten a la salud pública”.  La medida ignora las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional por su ambigüedad y sus posibles afectaciones a la libertad de expresión y no responde a las preocupaciones relacionadas a la imprecisión de los términos adoptados.

Según el texto, “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”. Como en el texto del decreto anterior, los términos utilizados para tipificar la conducta son genéricos. Además, no hay ninguna precisión sobre cuales serían los delitos implicados una vez que la “desinformación” no está contemplada en el Código Penal y, por tanto, no es un delito. 

Si bien el Decreto Supremo 4200 prevé penas de uno a diez años para personas que comentan delitos contra la salud pública, el artículo 216 del Código Penal, correspondiente a delitos contra la salud pública, no incluye delitos de opinión de ningún tipo.

La medida introducida por el Decreto resulta atentatoria contra los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, los cuales están contemplados en el  Art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en la Constitución Política del Estado, y contraría las recomendaciones específicas en materia de libertad de expresión, formuladas con anterioridad por los relatores de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano quienes han afirmado que “prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos […] son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y deberían ser derogadas”. Ellos recuerdan además que “los Estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de libertad de expresión de conformidad con el test previsto en el derecho internacional para tales restricciones, que exige que estén estipuladas en la ley, alcancen uno de los intereses legítimos reconocidos por el derecho internacional y resulten necesarias y proporcionadas para proteger ese interés”.

Por su parte la reciente Resolución 1/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha referido a la materia recomendando a los Estados “asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para atender la finalidad legítima de proteger la salud.”

La redacción del Decreto 4231 deja amplio espacio para abusos interpretativos y  se teme una intención política de acallamiento de disidencias detrás de ambos decretos. Desde la publicación del Decreto Supremo 4200 el último 21 de marzo, 67 personas fueron arrestadas bajo la alegación de que estarían desinformando y con completa falta de transparencia acerca de sus identidades, los cargos, cuándo y cómo habrían sido aprehendidas. Se sospecha que varias de esas personas sean activistas, siguiendo las declaraciones del propio  Gobierno se trataría de “agentes políticos”. Llama la atención que entre las personas arrestadas, 37 habrían tenido un juicio abreviado y estarían presas cumpliendo condena.

A lo anterior se suman declaraciones públicas del Ministro de Gobierno, Sr. Arturo Murillo, en el sentido de que la Policía está realizando “ciberpatrullajes” para poder identificar a las personas que presuntamente estarían desinformando. Esta acción, en tanto no fue esclarecido su alcance ni su base jurídica, puede ser interpretada como una medida de vigilancia y monitoreo de sociedad civil, lo que es inconstitucional e ilegal, además de atentar en contra de los compromisos de derechos humanos firmados por el Estado Boliviano. La democracia no puede ser ejercida cuando los derechos básicos son limitados y coaccionados.

Es inaceptable que la emergencia de salud que afecta a los distintos países de la región sirva de excusa para la vulneración de derechos fundamentales. Como afirman expertos internacionales de derechos humanos, la epidemia del COVID-19 no debe ser usada como base para monitorear minorías, grupos o individuos específicos o funcionar como un disfraz para la acción represiva o el silenciamiento de defensores y defensoras de derechos humanos. “Restricciones adoptadas para responder al virus deben ser motivadas por un objetivo legítimo de salud pública y no usadas sencillamente para eliminar la disidencia”, señalan los expertos.

La Fundación InternetBolivia.org, siguiendo su mandato de defensa y promoción de los derechos digitales, Derechos Digitales y las organizaciones nacionales e internacionales acá firmantes, suscriben la presente declaración y exigen al Gobierno de la presidente transitoria Jeanine Añez, la inmediata abrogación de los decretos mencionados y el esclarecimiento de los 67 casos de arresto en aplicación de estos.

Firmas

Organizaciones:

• Electronic Frontier Foundation (EFF)
• Mexiro AC, México
• Access Now
• R3D: Red de Defensa de los Derechos Digitales, México
• TEDIC, Paraguay
• Fundación Datos Protegidos, Chile
• Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina
• OBSERVACOM, Latinoamérica
• Hiperderecho, Perú
• Fundación Construir, Bolivia
• RadiosLibres.net, Ecuador
• Radialistas Apasionadas y Apasionados, Ecuador
• Asuntos del Sur, Argentina
• IPSOAR, Argentina
• Espacio público, Venezuela
• Ciervos Pampas Rugby Club 
• Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital, México
• MigrantesxMigrantes, Argentina
• Usuarios Digitales, Ecuador
• World Association for Christian Communication
• Agencia de Prensa Internacional Pressenza
• Fundación Hábitat Verde
• Cooperativa Tierra Común, México
• Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social, Brasil
• Feminismo Comunitario Antipatriarcal Bolivia
• MundoSur, Argentina
• Fundación Nemboati, Bolivia
• Diario Digital: “El Popular”, Bolivia
• Autonomía Frente Universitario
• Federación Estudiantil Boliviana Anarquista (FEBA)
• Fundación Integral para el Desarrollo Regional (FINDER) El Salvador
• Oficina Jurídica de la Mujer, Bolivia
• Lab TecnoSocial, Bolivia
• Manodiversa, Bolivia
• Café Wayruru, Bolivia
• Agrupación Ciudadana CREANDO OPORTUNIDADES – CREO
• Coordinadora de la Mujer, Bolivia
• ONG Realidades, Bolivia
• ASUNCAMI, Bolivia
• Crea País, Venezuela.
• Feeling, Colombia
• Revista Muy Waso, Bolivia 
• Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti

Personas:

• Esteban Calisaya, Bolivia 
• Cristian León, Bolivia
• Edgar Navarro, México
• Fernanda Galicia, México
• Eduardo Carrillo, Paraguay
• Tatiana Cárdenas, Colombia
• Sofía Castro Mariel, Argentina
• María José Barlassina, Argentina
• Agustina Salas, Argentina
• Ignacio Fernando Lara, Argentina
• Nayra Abal, Bolivia
• Georgia Rothe, Venezuela
• María Belén Arroyo, Argentina
• Antonella Perini, Argentina
• Catalina Rodas, Colombia
• Fiorella Wernicke, Argentina
• Natalia Rodriguez Blanco, Bolivia
• Alvar Maciel, Argentina
• Caio Fabio Varela, Argentina 
• Guillermo Movia, Argentina
• María Lois, España
• Domenico Fiormonte, Italia 
• Lourdes Bermúdez Bring, Cuba
• Orietta E. Hernandez Bermúdez, Cuba
• Danhiela Hernandez Bermúdez, Cuba
• Gustavo Siles, Bolivia-España
• Adriana Bolívar, Venezuela-Argentina
• Camilo Vallejo Giraldo, Colombia
• Enrique Pomar Meneses, Bolivia
• Natalia Antezana Bosques, Bolivia.
• Roberto Savio, Presidente de Othernews, Roma Italia
• Ximena Argote Tarachi – Bolivia
• Esteban Tavera, Colombia. 
• Daniel Botero, Colombia
• Gabriela Ugarte Borja, Bolivia
• Rubén Elvis Mendoza Aiza, Bolivia
• Andrés Agudo, Bolivia
• Inés Gonzáles Salas, Bolivia
• Jorge Vladimir García, Bolivia
• Eugenia D’Angelo, Argentina
• Susana Saavedra, Bolivia
• Nataly Alvarado, Bolivia 
• José Luis Claros López, Bolivia
• Luis Fernando Villegas Pacasi, Bolivia
• Adriana Pinaya Johannessen
• Alex Jimmy Verduguez, politólogo, Bolivia
• Gabriela Melgar, Comunicadora, Guatemala 
• Moisés Ernesto Uceda, El Salvador
• Manuel Antonio Menacho Céspedes, Bolivia 
• Francisco Canedo S.de L., Bolivia 
• Jinky Irusta Ulloa, Bolivia
• Patricia Telleria Saavedra- Bolivia
• Vir Martí Patzi Mamani – Bolivia
• Dan Maitland, Canadá
• Alex Ojeda, Bolivia
• Mayra Barzaga  García, Cuba
• Patricia Vargas Pacheco, Bolivia
• Dennis Vallejos Usnayo, Bolivia
• Huascar Berrios Copa, Bolivia 
• María Vasquez Licona, Bolivia
• Ignacio Morales, Bolivia
• Ricardo Quiroz Gutiérrez, Bolivia
• Solangeles Ortiz Bedregal, Bolivia 
• Marco Antonio Saavedra Mogro Ph.D, Bolivia
• Marieliza Vasquez, Bolivia
• Juan Manuel Crespo, Bolivia
• Jenny Lourdes Montero, Bolivia
• Lucas De La Cruz, Perú
• Liseth P. Jaen Hurtado, Bolivia
• Bethel Núñez Reguerin, Bolivia
• Alessandra Saavedra Tamayo, Bolivia
• María del Pilar Apaza Pinto, Bolivia
• Lila Andrea Monasterios, Bolivia
• Gabriela Blas Chumacero, Bolivia
• Cecilia Saavedra Tamayo, Bolivia
• Emma Bolshia Bravo Cladera, Bolivia
• Jorge Molina Carpio, Bolivia
• Pablo Collada, México
• Adriana Pérez Piegard, Venezuela
• Olga Paredes Alcoreza, Bolivia
• Ilze Monasterio Zabala, Bolivia
• Javier Arteaga, Colombia
• Daniel Willy Montoya Ugarte, Bolivia
• Pablo Andrés Rivero, Bolivia 
• Jorge Molina Carpio, docente-investigador UMSA, Bolivia
• Francisco Ergueta Acebey, docente-investigador UMSA, Bolivia
• Enrique Castañón Ballivián, Bolivia
• Paola Yañez Inofuentes, Bolivia
• Zulema Alanes, Bolivia
• Pamela Gómez, Bolivia
• Sylvana B. Exeni, Bolivia
• Hardy Beltran Monasterios, Bolivia
• Grecia Cecilia Tardío Rodríguez, Bolivia
• Ruben Hilare Quispe, Nación aymara
• Dardo Ceballos, Uruguay
• Angus McNelly, Reino Unido
• Kathryn Ledebur, Andean Information Network, Bolivia
• Nicole Fabricant, Estados Unidos
• Daniel Willis, Reino Unido