Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

Las recientes reformas legales en México consolidan un sistema de vigilancia biométrica que profundiza tendencias preocupantes en América Latina. Sin control ciudadano ni garantías democráticas, estos paquetes de leyes erosionan libertades, amenazan la privacidad y exponen, aún más, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo adaptarse al nuevo contexto de financiamiento internacional sin morir en el intento? En un año que nos trajo desafíos significativos, la adaptación es clave. Nuestra estrategia incluye una actualización en los procesos de los Fondos que otorgamos desde Derechos Digitales. A días del cierre de una de nuestras convocatorias de financiación regional, reflexionamos sobre este escenario global y compartimos las novedades de nuestras iniciativas de apoyo para organizaciones de la sociedad civil de América Latina.

A raíz de las transformaciones en el mercado laboral y del debate sobre el trabajo decente en plataformas en la 113a Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), compartimos algunas reflexiones sobre los principales desafíos que se avecinan. La CIT 2026 presenta una oportunidad histórica para hacer efectiva la garantía de derechos laborales a las personas trabajadoras en plataformas.

El uso masivo de redes sociales y el desarrollo intensivo de la Inteligencia Artificial demandan numerosos recursos en diferentes niveles, entre ellos la infraestructura tecnológica para su funcionamiento y posterior procesamiento de datos. El impacto ambiental es una de las mayores consecuencias a enfrentar por parte de las Big Tech y la sociedad en general. Alcanzar una coexistencia justa entre el medio ambiente y la tecnología exige repensar desde el origen cómo se diseñan y despliegan estas infraestructuras.

La libertad de expresión y la protección de las comunidades en línea no deberían ser fuerzas opuestas. Sin embargo, la moderación automatizada de los contenidos convierte esa tensión en un silenciamiento o en una modificación forzada de nuestro lenguaje en línea. La moderación algorítmica silencia las voces críticas y desplaza la memoria de quienes quieren hacerse escuchar, obligándonos a hablar en clave para que nuestras luchas no desaparezcan.

Sostener una organización de sociedad civil enfocada en la promoción de derechos humanos en América Latina no es tarea fácil. El hito merece ser celebrado a pesar de una coyuntura internacional que intenta arrebatar incluso los pocos momentos de alegría. En la fecha que formalmente marca el hito de la fundación formal de Derechos Digitales hace 20 años, recuperamos nuestros orígenes y buscamos renovar nuestro compromiso de seguir luchando por un futuro más justo, equitativo y democrático.

La reciente decisión del gobierno argentino de otorgar el control de la ciberseguridad a la Secretaría de Inteligencia del Estado marca un peligroso precedente para la región. Este modelo, lejos de proteger derechos, refuerza lógicas autoritarias en América Latina. La pregunta que ahora se impone con fuerza es ¿quién vigila a quienes vigilan?

Nuestro trabajo administrativo es tan intenso como invisible. La mayor parte del tiempo transcurre detrás del telón, apreciándose con más claridad en aquellos momentos donde las cosas fallan o enfrentamos situaciones complejas. A pesar de esto, en los momentos de mayor exigencia, encontramos los signos de creciente madurez y capacidad de respuesta que hemos forjado, y seguimos consolidando, después de 20 años. En un momento en que la labor de las ONGs y activistas es más necesaria que nunca, mantener la calma, tomar decisiones informadas y trabajar en alianza son las claves para enfrentar la incertidumbre presente y futura.

Políticas inacabadas de creación de laboratorios de informática y distribución de computadoras fueron reemplazadas más recientemente por el uso indiscriminado de IA, cámaras de reconocimiento facial y celulares en las escuelas de nuestra región. La aceleración en la adopción de herramientas digitales en el ámbito educativo, herencia de la pandemia de COVID-19, ha dado nuevo impulso a acuerdos entre instituciones educativas y empresas tecnológicas, abriendo espacio para nuevas preocupaciones y discusiones normativas sobre el rol que tienen las tecnologías en los procesos educativos.