Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

En semanas marcadas por acaloradas discusiones sobre la protección de las infancias en el entorno digital en Brasil, proponemos una reflexión sobre los riesgos en línea que enfrentan niños, niñas y adolescentes, las tendencias regulatorias en desarrollo y los desafíos que implica enfrentarlas en el contexto latinoamericano.

Colombia es el cuarto país en América Latina en avanzar hacia la regulación del trabajo de reparto por plataformas digitales. Aún con aspectos valorados positivamente por el sector sindical, como el reconocimiento de las personas repartidoras como trabajadoras bajo dos modalidades de relación laboral y su afiliación al sistema de seguridad social; persisten interrogantes sobre la profundidad y el alcance de las disposiciones en torno a la transparencia algorítmica y la protección de los datos personales. En esta columna exploramos los avances y las limitaciones de la reforma aprobada en estos campos puntuales destacando la voz de una organización sindical comprometida con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras de plataformas en el país.

Hemos visto en los últimos años un discreto avance en el consenso sobre la necesidad de reequilibrar las relaciones globales de poder en materia de tecnologías. El concepto de “soberanía tecnológica” ha ganado espacio prominente en discursos de autoridades gubernamentales e internacionales. A la vez, nuevas oportunidades se han abierto para políticas fiscales que permitan la compensación a los países por la extracción de sus datos por parte de algunas pocas empresas. Aún cuando algunas de estas reivindicaciones se restringen a lo discursivo (y los países siguen ofreciendo beneficios a las mismas empresas para la explotación de recursos a nivel local), la alianza entre las Big Tech y el gobierno de extrema derecha de Estados Unidos ha puesto todos sus esfuerzos en hacerlas retroceder.

Una reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca un hito en la consolidación de una perspectiva de derechos frente a la crisis climática. Subraya la obligación de los Estados de actuar urgentemente para mitigar los impactos ambientales y proteger a las comunidades. ¿Cómo podrán enfrentar los países de la región la proliferación de centros de datos de las Big Tech que moldean un nuevo modo de extractivismo en los territorios?

En América Latina, la vigilancia se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente, especialmente en contextos de conflictividad social o bajo gobiernos autoritarios. Ésta suele centrarse en el teléfono celular, el dispositivo tecnológico más utilizado y también el más vulnerable. Las aplicaciones de mensajería que usamos para organizarnos, comunicarnos y compartir información personal, se convierten así en objetivos prioritarios de monitoreo e intervención. Esta columna analiza los desafíos que enfrentamos en materia de seguridad y privacidad al usar estas herramientas cotidianas.

Las recientes reformas legales en México consolidan un sistema de vigilancia biométrica que profundiza tendencias preocupantes en América Latina. Sin control ciudadano ni garantías democráticas, estos paquetes de leyes erosionan libertades, amenazan la privacidad y exponen, aún más, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo adaptarse al nuevo contexto de financiamiento internacional sin morir en el intento? En un año que nos trajo desafíos significativos, la adaptación es clave. Nuestra estrategia incluye una actualización en los procesos de los Fondos que otorgamos desde Derechos Digitales. A días del cierre de una de nuestras convocatorias de financiación regional, reflexionamos sobre este escenario global y compartimos las novedades de nuestras iniciativas de apoyo para organizaciones de la sociedad civil de América Latina.

A raíz de las transformaciones en el mercado laboral y del debate sobre el trabajo decente en plataformas en la 113a Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), compartimos algunas reflexiones sobre los principales desafíos que se avecinan. La CIT 2026 presenta una oportunidad histórica para hacer efectiva la garantía de derechos laborales a las personas trabajadoras en plataformas.

El uso masivo de redes sociales y el desarrollo intensivo de la Inteligencia Artificial demandan numerosos recursos en diferentes niveles, entre ellos la infraestructura tecnológica para su funcionamiento y posterior procesamiento de datos. El impacto ambiental es una de las mayores consecuencias a enfrentar por parte de las Big Tech y la sociedad en general. Alcanzar una coexistencia justa entre el medio ambiente y la tecnología exige repensar desde el origen cómo se diseñan y despliegan estas infraestructuras.