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Los días posteriores a las elecciones en Venezuela han puesto en evidencia nuevamente la poca tolerancia política del oficialismo. Una sucesión de elecciones sin avance a lo largo de la década pasada alimentó la situación actual donde el miedo se suma a la sensación de esperanza e indignación ante lo que se presentaba como una oportunidad para un cambio real en un país donde persiste una crisis humanitaria compleja que golpea sin piedad ni tregua a su población.

Se habilitó un nuevo marco de acción para la vigilancia de fuentes en línea. Su carácter de política enfocada en “labores preventivas”, reforzada a lo largo de toda la resolución, no quita los riesgos para la privacidad y para la libertad de expresión que implica una medida de estas características.

Mientras avanza la primera ronda de la Copa Libertadores de América, la preocupación por la seguridad en los estadios de fútbol de América Latina continúa manifestándose a través de medidas cada vez más intrusivas que convierten a cada hincha en una fuente de sospecha.

Persecuciones, silenciamiento, ataques físicos, y violencia digital. Son algunas de las amenazas a las que están expuestas las personas que trabajan para informar a la población en El Salvador, donde la censura y las violaciones al derecho de acceso a la información son moneda corriente.

“El que corta, no cobra”, decía Javier Milei en su primer discurso como presidente argentino, hace algunas semanas. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué alcance tienen las nuevas medidas contra la protesta social? Y sobre todo ¿cómo han reaccionado las organizaciones sociales y la ciudadanía?

En un mundo que va de crisis en crisis, la defensa de los derechos digitales puso en relieve la necesidad de repensar la justicia a nivel global