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Persecuciones, silenciamiento, ataques físicos, y violencia digital. Son algunas de las amenazas a las que están expuestas las personas que trabajan para informar a la población en El Salvador, donde la censura y las violaciones al derecho de acceso a la información son moneda corriente.

“El que corta, no cobra”, decía Javier Milei en su primer discurso como presidente argentino, hace algunas semanas. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué alcance tienen las nuevas medidas contra la protesta social? Y sobre todo ¿cómo han reaccionado las organizaciones sociales y la ciudadanía?

En un mundo que va de crisis en crisis, la defensa de los derechos digitales puso en relieve la necesidad de repensar la justicia a nivel global

Con el apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Derechos Digitales ha mapeado casos de uso abusivo de normas de ciberdelitos para silenciar y criminalizar a mujeres y personas LGBTQIA+ en todo el mundo. Los resultados son preocupantes y alertan de los peligros inherentes de avanzar en estándares internacionales en este ámbito sin considerar los contextos nacionales ni incluir salvaguardias a la protección de derechos humanos, particularmente de grupos históricamente marginados. La investigación busca contribuir a las discusiones que están teniendo lugar en el marco del Comité Ad-Hoc de Naciones Unidas (ONU) , un comité que tiene el objetivo de elaborar una Convención Internacional sobre Ciberdelincuencia, de las cuales tanto Derechos Digitales como APC han sido activas participantes.

Surge en Ecuador una figura particularmente preocupante para activistas , defensores de derechos humanos, especialistas téncnicos y, en general, cualquier persona que pueda verse en oposición al gobierno de turno en un tema específico.

Hace algunas semanas se celebró el 67 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67) bajo el tema prioritario “Innovación y cambio tecnológico, educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”.

En Ecuador se han aprobado recientemente nuevas funciones del Sistema Nacional de Inteligencia, agentes encubiertos informáticos, recopilación de información digital sin autorización judicial, mientras continúa el retraso en la protección de datos personales.