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La filtración de los correos electrónicos de la empresa de espionaje Hacking Team confirmó el uso de software de vigilancia por parte de Panamá. El ex presidente Ricardo Martinelli estaría involucrado.

Junto con suprimir el derecho a la presunción de inocencia, la creación de bases de datos cada vez más grandes con el fin de agilizar la investigación policial crea una serie de peligros para la privacidad y la seguridad de los habitantes.

Nunca antes en la historia las agencias de persecución criminal tuvieron tantas capacidades para perseguir el delito como hoy. Basta una orden judicial para poder acceder con prontitud a una gran cantidad de datos de los ciudadanos. ¿Por qué entonces usar spyware y transgredir las garantías legales de las personas?

Las municipalidades han anunciado un agresivo plan de vigilancia masiva que, con la excusa de combatir la delincuencia, viola el derecho a la privacidad de todos los habitantes, incluso al interior de sus hogares.

Una década ha pasado desde la creación de Derechos Digitales y pareciera ser que mientras más trabajo hacemos, nuestra labor está cada vez más lejos de concluir: nuevas líneas se abren, nuevas oportunidades aparecen y viejos problemas mutan, en formas curiosas.

Una filtración reveló que distintos gobiernos de América Latina son clientes de “Hacking Team”, empresa que provee herramientas de vigilancia. Los alcances aún no son claros, pero sale a la luz la adquisición de herramientas de espionaje altamente intrusivas, que podría vulnerar el derecho a la privacidad, las libertades de expresión y opinión, y el principio mismo de democracia.