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La persecución migratoria a personas latinas en Estados Unidos ya no empieza con una redada. Empieza semanas antes, en servidores de empresas privadas que le venden al gobierno la capacidad de rastrear a cualquier persona que no quiera ser encontrada. El ICE dejó de ser una agencia de deportaciones para convertirse en una de vigilancia masiva, y entender cómo funciona es el primer paso para saber qué se puede hacer frente a ella.

La guerra de Israel y EE. UU. contra Irán va mucho más allá de los bombardeos: también se desenvuelve en los ámbitos de la inteligencia y las tecnologías. Si bien hace tiempo la tecnología digital ya está presente en los aviones de caza y drones, estamos siendo testigos de su renovada utilidad con fines bélicos. La intervención de infraestructura estratégica como cámaras de tráfico y de videovigilancia genera una nueva alerta en ciberseguridad para todos los Estados. ¿Qué lecciones nos pueden dejar estos acontecimientos para repensar los límites de la seguridad y la soberanía nacional en América Latina?

Las tecnologías digitales se están convirtiendo en infraestructuras clave para la intensificación de la violencia a gran escala. Como evidencian las discusiones en curso en Estados Unidos sobre la adopción de herramientas comerciales para tales fines, el uso de sistemas de IA en contextos militares dejó hace mucho la ficción y es parte de una dura realidad. Frente a tal escenario, resulta urgente examinar cómo estas infraestructuras se entrelazan con las dinámicas de violencia de género, especialmente en escenarios de guerra y conflicto armado.

Costa Rica mantiene una buena reputación en libertad de expresión, pero esa fortaleza convive hoy con señales de deterioro. Tras un reciente proceso electoral donde se decidió la continuidad del proyecto de gobierno, el país enfrenta un escenario donde la confrontación con la prensa, los vacíos legales, el hostigamiento en entornos digitales y la normalización del silenciamiento configuran señales tempranas de una erosión que no ocurre de forma abrupta, sino progresiva. Esta columna examina esas tensiones y los riesgos de asumir que la tradición democrática es suficiente para protegernos.

En un contexto marcado por la concentración del poder tecnológico y la creciente dependencia de las grandes plataformas, la forma en que las organizaciones gestionan su infraestructura digital no es un detalle técnico. Por el contrario, se trata de una decisión que incide directamente en el cuidado de los datos, la autonomía institucional y la seguridad de las personas y comunidades con las que se trabaja. Frente a este escenario, surge una pregunta clave: ¿qué tan real es la posibilidad de tener infraestructura propia o autogestionada, considerando las limitaciones técnicas y organizativas que muchas organizaciones enfrentan?