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El desarrollo de estándares técnicos para la comunicación cifrada entre dos o más personas es un paso gigante en la defensa de la privacidad, pero no es suficiente. También es necesario promover su implementación, contrarrestar la centralización de estos servicios y reducir la cantidad de datos requeridos para el establecimiento de las comunicaciones.

Una nueva política nacional de ciberseguridad se discute en Chile, mientras gobiernos en el mundo discuten las reglas que guían la acción de los estados en el ciberespacio en todo el mundo. ¿Qué rol le cabe a la sociedad civil organizada?

Avanza a paso firme la elaboración de una “Convención de Cibercrimen» en el Comité Especial de las Naciones Unidas. Derechos Digitales participó de su cuarta sesión de trabajo en Viena entre el 9 y el 20 de enero. ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones?, y ¿por qué creemos que deberíamos prestarle más atención al tema desde América Latina?

Utilizamos las redes sociales a diario para compartir lo importante y lo irrelevante. Momentos, paisajes, memes, bromas, conversaciones serias y hasta el debate político sucede en estas redes. ¿Qué hay detrás de las mismas? ¿Quién pone las reglas para su funcionamiento? ¿Podemos participar en la toma de decisiones sobre su funcionamiento?

El paso de una vida remota a una vida híbrida ha sido un recordatorio de que la lucha por la justicia en la era digital no está solamente en internet

Las filtraciones dadas a conocer por el grupo Guacamaya nos enfrentan a una paradoja. Por una parte, las acciones de este tipo son esenciales para tener acceso a información de interés público sobre cómo funcionan y ejercen el poder los órganos del Estado frente a la ausencia de mecanismos efectivos de control. Por la otra, nos cuestionan acerca del balance con la ciberseguridad. ¿Qué consecuencias trae para la ciudadanía implicada y los países que su información sensible y estratégica sea expuesta?