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Desde las elecciones en Venezuela, han sucedido varios casos de bloqueos a sitios y aplicaciones de internet en el país. Si antes se dirigían mayormente a páginas de noticias, luego de los resultados electorales pasaron a incluir redes sociales y aplicaciones de mensajería. Estrategias de este tipo no son exclusivas del contexto venezolano o del periodo actual y han sido documentadas en otros países de la región. En esta columna explicamos cómo funciona la censura en Internet y las opciones que se tiene para evadirla y documentarla.

Es recurrente leer notas sobre incautación, análisis y extracción de datos en relación a investigaciones judiciales. Cuando se trata del entorno digital, las herramientas de análisis forense son las más utilizadas para este fin; y las comercializadas por la empresa israelí Cellebrite han tenido particular adhesión en la región, principalmente la herramienta UFED (Universal Forensics Extraction Device). Considerando posibles usos abusivos desde la perspectiva de derechos humanos, examinamos el funcionamiento de dichas herramientas y exploramos algunas recomendaciones de como protegerse contra la eventual intrusión maliciosa.

El viernes 5 de abril de 2024, más de un año después de que se declarara la inocencia de Ola Bini, un tribunal de apelaciones revocó el fallo de inocencia dictado en 2023 y lo condenó a un año de prisión y a una multa. Tres días después del fallo, un tribunal de la provincia de Pichincha aceptó la solicitud de la defensa de Ola de suspender la condena solicitada. ¿Qué opinan Ola y su abogado de la situación actual del acusado, considerando el estado del juicio?

Mucho hablamos de las distintas fragilidades a las que nos exponemos en nuestras comunicaciones en línea debido a agentes externos. Sin embargo, esa no es una excusa para olvidar nuestro rol y asumir una actitud de escepticismo. Mejorar el cuidado con nuestras comunicaciones es fundamental para protegernos, y también para mostrar a las nuevas generaciones la importancia de la privacidad y por qué la defendemos.

A dos semanas de concluida la séptima y última sesión del Comité Ad Hoc de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de elaborar un tratado sobre Cibercrimen que guíe el comportamiento de los Estados Miembros y fomente la cooperación internacional entre ellos de aquí al futuro, hay más dudas que certezas. Sin un resultado concluyente, y a la espera de la decisión que tome la Asamblea General de la ONU respecto de la continuación de las discusiones en los próximos meses, en esta columna revisamos los entretelones y las lecciones aprendidas en la ronda más reciente de una conversación que está lejos de finalizar.

Mientras gobiernos del mundo continúan discutiendo sobre las reglas para resguardar el ciberespacio a nivel global, normas y políticas nacionales crean nuevas expectativas sobre el rol de los Estados a nivel local.

La ciberseguridad ha sido muchas veces pensada como un asunto netamente técnico y, por tanto, “neutral”. Sin embargo, la incorporación de tecnologías a sociedades marcadas por desigualdades estructurales revela que los espacios y las tecnologías digitales distan mucho de ser neutrales y pueden profundizar brechas y violencias preexistentes. En ese sentido, las políticas que abordan a las tecnologías ocupan un rol central: ¿cómo debe aplicarse una perspectiva de género efectiva a políticas de ciberseguridad?