Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

A pesar de la eficiencia que brinda al sistema, en América Latina podría implicar el control de empresas privadas sobre los procesos democráticos de cada país, con consecuencias para el derecho a la privacidad y el voto secreto de los ciudadanos.

Para muchos, el acceso y uso de tecnologías como Internet es suficiente para creer que las democracias de nuestra región puedan mejorar su calidad. Un repaso a algunas iniciativas legales muestran que nuestras democracias, por el contrario, han respondido con más represión y vigilancia.

Tras revisar la última filtración del capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo Trans-Pacífico, es posible constatar que no hay avances significativos en ninguna de las materias sensibles para los intereses de los ciudadanos de las doce naciones que forman parte de la negociación. Conoce acá nuestro análisis hecho gracias a una colaboración investigativa con WikiLeaks.

El TPP está cambiando significativamente el nivel de compromisos de los gobiernos en la persecución criminal de la infracción a la propiedad intelectual, aumentando el número de acciones que constituiría delitos, así como las penas aplicables e imponiendo a las autoridades públicas el deber de perseguir dichas infracciones, incluso si los supuestos afectados no reclaman. Esto amenaza con crear más espacio para la arbitrariedad policial, más riesgos para nuestros derechos fundamentales y más presión en el gasto público para proteger intereses privados.

La aprobación de dos proyectos de acuerdo opuestos y excluyentes en la Cámara de Diputados puso al software libre en el centro de la discusión pública. ¿Cuáles son los factores a considerar al momento de decidir el gasto estatal en tecnología? Las revelaciones de espionaje político aportadas por Edward Snowden dan nuevas pistas al respecto.

Las diputadas UDI Andrea Molina y Claudia Nogueira anunciaron la presentación de un proyecto de ley que sanciona la publicación en Internet de imágenes de connotación sexual sin el consentimiento del involucrado, medida que plantea la pregunta sobre el modo en que los males sociales son replicados en la red y de qué manera es posible combatirlos.