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En el marco del #25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, vale la pena recordar que la violencia de género también se ejerce a través de las tecnologías de la información y comunicación, imprimiendo nuevas modalidades a viejos mecanismos de control, incluido el que se aplica sobre los cuerpos. Sin embargo, esas mismas tecnologías también pueden convertirse en espacios de resistencia y cuidado, como lo demuestran numerosas experiencias de América Latina.

El aumento de los casos de deepfakes en escuelas de América Latina generan cada vez mayor preocupación. Un análisis sobre apps de Android evidenció la falta de transparencia, sesgos en su desarrollo y un modelo de negocio que prioriza la monetización del abuso. Lejos de ser un “error del sistema”, estas herramientas fueron diseñadas para perpetuar violencia de género digital.

El primero de octubre se conmemoró el Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha designada por Naciones Unidas para el reconocimiento de este grupo social, sus contribuciones a la sociedad y sus necesidades específicas. A propósito de esta efeméride, y en el marco del mes de la concientización mundial sobre la ciberseguridad, esta columna ofrece un análisis que aborda la ausencia de las personas mayores en las políticas de ciberseguridad en la región, enfatizando en la importancia del acceso significativo, seguro y autónomo a las tecnologías para el ejercicio de los Derechos Humanos de todas y todos.

Las personas se acostumbran cada vez más a vivir con filtraciones de datos como si fueran inevitables, pero no lo son. Detrás de cada registro expuesto hay un sujeto de derechos que puede estar en peligro por la manipulación de sus datos personales. La seguridad digital no es solo una cuestión de sistemas, también involucra una responsabilidad institucional. La privacidad es dignidad, y defenderla debería ser la regla para empresas y Estados.