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Costa Rica, país pionero en América Latina en protección de datos personales, atraviesa un clima electoral complejo. El actual presidente enfrenta un juicio por fraude y abuso de autoridad. Mientras tanto, organizaciones sociales solicitan reformas en la ley de protección de datos personales e iniciativas que aseguren la protección, seguridad y privacidad de toda la población.

La Suprema Corte de México está a punto de juzgar casos que impugnan la constitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Con el pretexto de combatir la extorsión y los secuestros, se aprobaron cambios legales para condicionar el acceso a los celulares contra entrega de datos personales sensibles, de 88 millones de personas. ¿Qué está en juego?

El Tribunal Superior Electoral aprobó varias reglamentaciones en el contexto electoral de 2022 para evitar la viralización de noticias falsas. Entre varias disposiciones, el organismo se encuentra realizando convenios con las principales plataformas de comunicación. ¿Es esto el camino a la solución, o el inicio de nuevos problemas?

El viernes 28 de enero se celebró el “Día internacional de la protección de los datos personales”, fecha que tiene su origen en la suscripción del Convenio 108 del Consejo de Europa. ¿En qué está hoy la protección de los datos personales en América Latina? En esta columna revisamos la situación de algunos de los países de la región.

El proceso de la app Coronavirus.uy evidencia algunos riesgos en la protección de los datos de las personas: “la rapidez en el despliegue implicó la no participación pública en el diseño y la no evaluación formal de impactos de los sistemas de procesamiento de datos”, afirma Dina Yael en el informe “El caso Coronavirus.uy” impulsado por Derechos Digitales.

La vida en internet se ha vuelto aun más importante que los vaticinios tecnoptimistas de principios de siglo. Por la misma razón, defender la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, los derechos a la protesta y participación en línea se hizo aún más fundamental.

Logramos algunos avances en 2021 en el marco legal internacional sobre inteligencia artificial (IA), pero necesitamos medidas más concretas para defender los derechos humanos en la aplicación de estas tecnologías porque los impactos son reales, negativos y catastróficos, como destacó Michelle Bachelet.