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Sin ser ley aún, el caso brasileño merece ser observado de cerca en el resto de la región, en especial de cara a la influencia excesiva que ciertos actores -como el sector de las Big Tech- tuvo al modular derechos y medidas de protección de derechos que perdieron potencia en el texto aprobado en el Senado.

La reciente reforma en México que regula los derechos laborales en las plataformas de reparto y transporte de pasajeros y las últimas acciones de cumplimiento legal de Glovo en España marcan un progreso significativo para un sector históricamente precarizado. Sin embargo, estos avances no siempre cuentan con la aprobación de las propias personas trabajadoras.

La falta de políticas públicas enfocadas en la alfabetización digital inclusiva afecta gravemente a las personas con discapacidad, limitando su capacidad para identificar y denunciar abusos.

Desconocemos qué está pasando en cuanto a protección de datos y seguridad digital en las plataformas educativas. El paradero de los miles de datos recopilados durante una hora pedagógica por software “de ayuda” -intervenciones de estudiantes, materiales educativos, métricas de uso, etc.- es una incógnita.

Pensar en el futuro del trabajo, y en especial, del trabajo mediado por las plataformas digitales, nunca fue tan poco esperanzador como ahora. La promesa y amenazas de la automatización, la precarización de antiguas formas de trabajo –el creativo y cultural, por ejemplo-, y la creación de nuevas formas de trabajo digital en condiciones de esclavitud – contribuyen a ese panorama.

El racismo algorítmico es un desafío significativo en la era de la IA. Es crucial que las personas en roles de desarrollo, investigación e, incluso, las usuarias sean conscientes de estos sesgos, y trabajen activamente para crear algoritmos más inclusivos y equitativos. Esto implica diversificar los conjuntos de datos, y también cuestionar y revisar constantemente los supuestos subyacentes en el desarrollo de tecnologías.

A dos semanas de concluida la séptima y última sesión del Comité Ad Hoc de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de elaborar un tratado sobre Cibercrimen que guíe el comportamiento de los Estados Miembros y fomente la cooperación internacional entre ellos de aquí al futuro, hay más dudas que certezas. Sin un resultado concluyente, y a la espera de la decisión que tome la Asamblea General de la ONU respecto de la continuación de las discusiones en los próximos meses, en esta columna revisamos los entretelones y las lecciones aprendidas en la ronda más reciente de una conversación que está lejos de finalizar.