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Ante la búsqueda gubernamental por menoscabar los derechos humanos en entornos digitales, frente a un clima político tan delicado, es importante entender cómo se han ido sofisticando los mecanismos de represión en entornos digitales hacia las personas venezolanas.

La violencia en línea es una perpetuación de la discriminación y la desigualdad que existe hacia las mujeres en los espacios no digitales. Ante esto, es fundamental que se adopte una perspectiva de derechos humanos para contener y desactivar estas manifestaciones de violencia.

Una campaña internacional que promueve la articulación de diversas iniciativas para identificar, contener y contrarrestar la violencia en línea como parte de la lucha contra la violencia de género que existe fuera de los espacios digitales.

El cambio de gobierno se enfrenta al reto de analizar, continuar e implementar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que no incorporó una perspectiva de derechos humanos ni de género a pesar de que es uno de sus ejes transversales.

La semana pasada se anunció con bombos y platillos la implementación de un sistema de reconocimiento facial en un centro comercial del sector oriente de Santiago, a pesar de que su funcionamiento no cumple la normativa legal respecto a la recolección de datos personales sensibles.

Con sus principales protagonistas formalizados y detenidos, un año más tarde la Operación Huracán deja en evidencia más preguntas, vacíos y sensaciones amargas que claridades en la ciudadanía.

Lo verdaderamente importante acá es precisamente lo poco que sabemos respecto a los modos en que opera la vigilancia estatal, cubierta por un espeso manto de secretismo y nulas posibilidades de fiscalización externa.