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Pese a innumerables críticas, el mecanismo de “notificación y retirada” recibió el aval reciente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en México. La medida trae riesgos al derecho al debido proceso y a la libertad de expresión y ya fue utilizado para silenciar opositores durante las elecciones recientes en el país.

Nuevamente se hace necesario abrir el tema sobre la propuesta de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines en Venezuela, resaltando la opacidad del proceso y los riesgos que representa para las organizaciones de la sociedad civil en el país y las implicaciones en la reducción del espacio cívico.

Desconocemos qué está pasando en cuanto a protección de datos y seguridad digital en las plataformas educativas. El paradero de los miles de datos recopilados durante una hora pedagógica por software “de ayuda” -intervenciones de estudiantes, materiales educativos, métricas de uso, etc.- es una incógnita.

En junio de 2024, se elegirán más de 20 mil cargos públicos en México. Las elecciones no solo traerán consigo una nueva presidencia de la república, sino una renovada conformación del Congreso de la Unión, gobernaturas, municipalidades, entre muchos otros cargos. Al ser las plataformas digitales, especialmente las redes sociales, canales de difusión de información sobre el proceso electoral, nos cuestionamos qué acciones están llevando a cabo estas plataformas en colaboración con las autoridades para garantizar que su actuación sea transparente y fomente el combate a la desinformación.

Entre los temas abordados en los tres días de la 31‭ᵃ Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa (WPFD, por su sigla en inglés), hay uno que nos importa destacar de aquí a las próximas discusiones sobre gobernanza de internet que tendrán lugar hasta el cierre de este año. Con la Cumbre Global de la Sociedad de la Información y la Conferencia de Internet para la Confianza a la vista, desde Derechos Digitales apostamos por ampliar la mesa de estos debates para todas las personas que quieren contribuir a un futuro en línea más justo, inclusivo, interoperable, es decir: libre.

El viernes 5 de abril de 2024, más de un año después de que se declarara la inocencia de Ola Bini, un tribunal de apelaciones revocó el fallo de inocencia dictado en 2023 y lo condenó a un año de prisión y a una multa. Tres días después del fallo, un tribunal de la provincia de Pichincha aceptó la solicitud de la defensa de Ola de suspender la condena solicitada. ¿Qué opinan Ola y su abogado de la situación actual del acusado, considerando el estado del juicio?

Persecuciones, silenciamiento, ataques físicos, y violencia digital. Son algunas de las amenazas a las que están expuestas las personas que trabajan para informar a la población en El Salvador, donde la censura y las violaciones al derecho de acceso a la información son moneda corriente.