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El proceso de la app Coronavirus.uy evidencia algunos riesgos en la protección de los datos de las personas: “la rapidez en el despliegue implicó la no participación pública en el diseño y la no evaluación formal de impactos de los sistemas de procesamiento de datos”, afirma Dina Yael en el informe “El caso Coronavirus.uy” impulsado por Derechos Digitales.

Logramos algunos avances en 2021 en el marco legal internacional sobre inteligencia artificial (IA), pero necesitamos medidas más concretas para defender los derechos humanos en la aplicación de estas tecnologías porque los impactos son reales, negativos y catastróficos, como destacó Michelle Bachelet.

La política chilena de inteligencia artificial surge desde un proceso de discusión y participación pública significativo y destacable en el contexto regional, pero sin dudas insuficiente respecto de los impactos que las tecnologías de inteligencia artificial puede tener en la vida cotidiana de las personas.

El análisis del uso de tecnologías presentadas como inteligencia artificial por órganos estatales latinoamericanos revela la falta de planificación, participación pública significativa y de modos de evaluación. Su implementación puede tener amplias consecuencias en la región.

La semana pasada concluyó la consulta abierta que busca contribuir al proceso de creación de la anhelada Política Nacional de Inteligencia Artificial en Chile. Sin embargo, la revisión de la propuesta deja importantes interrogantes.

Los algoritmos comienzan a tener un rol significativo en los criterios decisionales que articulan la implementación de políticas públicas.