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Con el apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Derechos Digitales ha mapeado casos de uso abusivo de normas de ciberdelitos para silenciar y criminalizar a mujeres y personas LGBTQIA+ en todo el mundo. Los resultados son preocupantes y alertan de los peligros inherentes de avanzar en estándares internacionales en este ámbito sin considerar los contextos nacionales ni incluir salvaguardias a la protección de derechos humanos, particularmente de grupos históricamente marginados. La investigación busca contribuir a las discusiones que están teniendo lugar en el marco del Comité Ad-Hoc de Naciones Unidas (ONU) , un comité que tiene el objetivo de elaborar una Convención Internacional sobre Ciberdelincuencia, de las cuales tanto Derechos Digitales como APC han sido activas participantes.

Hace algunas semanas se celebró el 67 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67) bajo el tema prioritario “Innovación y cambio tecnológico, educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”.

La economía digital nos da la oportunidad desde la responsabilidad y la sostenibilidad para actuar más allá de lo preestablecido, para dejar las desigualdades de género atrás y construir un futuro más justo para todas las personas.

La presencia de mujeres en la industria de las TIC no sólo es importante por una cuestión de equidad de género, sino también porque las mujeres pueden aportar perspectivas únicas, amplias, diferentes y habilidades valiosas a la industria.

Desde una perspectiva de género, ¿qué valor se da en el espacio digital  a los derechos de las mujeres? ¿Existe mayor libertad e igualdad para las mujeres, o se trata de un espacio con más violencia machista y con menor reconocimiento de derechos?

Es fundamental que los gobiernos reunidos en la CSW67 construyan sus conclusiones a partir de la noción, duramente comprobada en la experiencia vivida de millones de personas, de que la tecnología no va a resolver problemas estructurales relacionados al hecho de que ciertas poblaciones han sido históricamente marginadas del acceso a derechos fundamentales.