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La ciberseguridad ha sido muchas veces pensada como un asunto netamente técnico y, por tanto, “neutral”. Sin embargo, la incorporación de tecnologías a sociedades marcadas por desigualdades estructurales revela que los espacios y las tecnologías digitales distan mucho de ser neutrales y pueden profundizar brechas y violencias preexistentes. En ese sentido, las políticas que abordan a las tecnologías ocupan un rol central: ¿cómo debe aplicarse una perspectiva de género efectiva a políticas de ciberseguridad?

Desde el 2020, la Deepfake es considerada una de las amenazas criminales más serias de la inteligencia artificial y, aun cuando se han desarrollado sistemas que mediante ingeniería reversa pueden detectar la condición verdadera o falsa de un video, el daño reputacional que causa a las personas la circulación de material pornográfico simulado con sus características individuales es muy difícil de mitigar una vez que lo hecho ya está hecho.

Los discursos de odio son un reflejo de la violencia de la sociedad en América Latina. Lo vimos en Brasil con el caso de Marielle Franco y, reciententemente, en México con el crimen contra le magistrade Ociel Baena, una persona no binarie que fue víctima de un crimen de odio por defender los derechos humanos. Frente a la arremetida de mentiras y hostigamiento en plataformas digitales, abordamos estos casos para sumarnos al clamor por justicia, donde solo la unión y la visibilidad nos hará fuertes.

Estamos atentas a las últimas noticias, desde la Organización de las Naciones Unidas, sobre los alcances y avances de la inteligencia artificial, junto con las opciones barajadas para regular su implementación. En esta columna desglosamos la relevancia de cada una de las resoluciones emitidas por el organismo y los pasos a seguir en esta discusión.

América Latina constantemente presenta grandes desafíos y amenazas a quienes trabajamos en favor de los derechos humanos. Sin embargo, la región cuenta también con una gran oportunidad gracias a un ecosistema de organizaciones cada vez más fuerte, más preparado y con mejores capacidades.

Con el apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Derechos Digitales ha mapeado casos de uso abusivo de normas de ciberdelitos para silenciar y criminalizar a mujeres y personas LGBTQIA+ en todo el mundo. Los resultados son preocupantes y alertan de los peligros inherentes de avanzar en estándares internacionales en este ámbito sin considerar los contextos nacionales ni incluir salvaguardias a la protección de derechos humanos, particularmente de grupos históricamente marginados. La investigación busca contribuir a las discusiones que están teniendo lugar en el marco del Comité Ad-Hoc de Naciones Unidas (ONU) , un comité que tiene el objetivo de elaborar una Convención Internacional sobre Ciberdelincuencia, de las cuales tanto Derechos Digitales como APC han sido activas participantes.